¿El mundial en el que perdemos todos?

25 de Noviembre de 2022
¿El mundial en el que perdemos todos?
Fuente: @goal

El mundial de Futbol que se celebra en Catar ha recibido críticas por celebrarse en un contexto generalizado de violación de derechos humanos. ¿De qué se tratan esas críticas?

El mundial de fútbol que se celebra en Catar pone el ojo del mundo en un Estado con una constitución basada en las tradiciones y reglas del Islam, la Ley Sharia y una estructura jurídica que resurgió en las últimas tres décadas con “la reaparición de las leyes de zina y la creación de nuevos delitos que penalizan las relaciones sexuales consentidas y autorizan la violencia contra la mujer”, como lo expresa Ziba Mir-Hosseini en uno de sus trabajos.

Además, está la sombra de la corrupción que se cierne sobre la forma en que Catar ganó la sede de estos juegos, proceso por el cual en 2019 fue detenido el ex futbolista y expresidente de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), Michel Platini, y acusado el propio Joseph Blatter, en ese entonces presidente de la FIFA, como lo consignaron medios de todo el mundo.

Parece que estas prácticas cuestionadas y denunciadas ante las autoridades de Suiza para asignar las sedes de los mundiales no fueron la excepción en Catar, como lo sugiere “Los entresijos de la FIFA”, título en español del reciente documental de Netflix.

Pero, en este caso, lo que más sobresale es la paradoja de realizar un evento que unifica a las sociedades, en un entorno de represión con leyes que son parte de “un sistema complejo que gobierna el comportamiento de la mujer, que se basa en una lectura patriarcal de los textos sagrados del Islam y es sostenido por un conjunto de supuestos y constructos jurídicos obsoletos sobre la sexualidad femenina que están en la raíz de la violencia contra la mujer”, en la interpretación de Mir-Hosseini.

Mujeres, Constitución y derechos humanos

La Constitución de Catar, creada en 2004 luego de un proceso de consulta para tener un Estado basado en tres poderes, establece la igualdad y la libertad de sus ciudadanos, pero se hizo “observando las profundas tradiciones árabes y las sublimes enseñanzas del Islam”, de manera que, en los hechos, restringe la libertad de las mujeres a través de las reglas de tutela masculina y otras como la ley zina; o las que regulan la sexualidad y se relacionan con las del matrimonio (nikah) y la vestimenta femenina (hijab), que son la raíz de la violencia contra las mujeres.

La propia Constitución en su artículo 57 señala que su cumplimiento y el de todas las leyes establecen el respeto por el orden público y la moralidad, la observación de las tradiciones nacionales y las costumbres y “es un deber de todos los que residen en el Estado de Catar o ingresan a su territorio”.

Así que lo de menos es el delito de beber alcohol o estar ebrio en un lugar público, que puede resultar en una pena de prisión de hasta 6 meses y/o multa o bien “maldecir y hacer gestos groseros” que se consideren actos obscenos por los cuales los infractores pueden ser encarcelados o deportados.

Human Rights Watch publicó un informe en el que da cuenta de que, si bien ha habido avances en la garantía de los derechos de las mujeres en Catar, aún hay enormes retrasos y por ello migraciones de Cataríes, incluso a costa de ser procesadas.

“Las reglas del gobierno prohíben que las mujeres Cataríes solteras menores de 25 años viajen fuera del país sin el permiso de su tutor masculino: generalmente su padre, hermano, tío o abuelo. Una mujer casada puede viajar al extranjero sin el permiso de su esposo, pero su esposo puede solicitar a un tribunal que le prohíba viajar”, apunta HRW en su publicación.

“No son solo los viajes los que están restringidos. Las mujeres deben obtener permiso de sus tutores masculinos para ejercer muchos de sus derechos básicos, incluido casarse, obtener una beca del gobierno para continuar la educación superior, trabajar en el gobierno y obtener algún tipo de atención de salud reproductiva”, expresa el reporte.

Además, las mujeres no pueden ser tutoras para tomar decisiones sobre la vida de sus hijos.

HRW recuerda casos de protesta en los que las mujeres han sido reprimidas por los sistemas de vigilancia del Estado: en 2019 mujeres tuitearon desde una cuenta anónima para exponer las reglas de tutela masculina, pero la cerraron en 24 horas porque una de ellas fue interrogada por funcionarios gubernamentales.

En ese mismo año se conoció a nivel internacional el caso de dos mujeres Noof Al Maadeed y Aisha al-Qahtani que solicitaron asilo en Reino Unido, lo que a la larga logró el levantamiento de la restricción de la tutela para que las mujeres pudieran obtener su licencia de conducir, pero a la vez instauró la exigencia a algunas mujeres que viajaban al extranjero para que llamaran a sus tutores con el fin de confirmar que no se estaban escapando.

Fútbol y derechos humanos de trabajadores migrantes

La prensa internacional ha expuesto las condiciones de los migrantes usados prácticamente como esclavos para levantar, en tiempo récord, la infraestructura que el país no tenía al momento de ser designado sede y que ha tenido que ser construida a marchas forzadas. “Catar, la copa mundial de la vergüenza”, ha señalado Amnistía Internacional que apunta que cientos de trabajadores, de Bangladesh, India y Nepal han sufrido abusos en sus contrataciones.

Sport Inside, de Alemania, publicó entrevistas con estos inmigrantes quienes denunciaron que sus pasaportes les habían sido sustraídos, no les pagaban a tiempo y los mantenían viviendo en condiciones infrahumanas.

La Fundación para la Democracia Internacional es otra organización que ha denunciado los abusos detrás del Mundial en el informe “Detrás de la Pasión”, en el que desgrana los abusos y violaciones a derechos humanos y asegura que “más de 7.000 trabajadores de la construcción han muerto en Catar desde que fue elegida como sede para el Mundial 2022”.

“Un mundial en el que perdemos todos”, es el subtítulo de la publicación y quizás eso sea en realidad.

Citación académica sugerida: Matus Martínez, María Fernanda: ¿El mundial en el que perdemos todos? Agenda Estado de Derecho; 2022/11/24. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-mundial-en-el-que-perdemos-todos/

Palabras clave: Medio Oriente; Derechos Humanos; fútbol; mundial

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ACERCA DE LA AUTORA
María Fernanda Matus Martínez

Comunicadora y periodista especializada en temas jurídicos, legales y de derecho. Escribo para reflexionar sobre temas de actualidad.

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Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

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Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

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Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

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Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

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Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

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Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Su investigación se enfoca en temas relacionados con Governanza Multinivel e Integración de Mercados, Regionalismo Comparado y Derecho Internacional Público. Obtuvo su PhD en la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Ha publicado en inglés y castellano, en Latinoamérica e internacionalmente.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.