La negativa a nombrar el femicidio tiene consecuencias materiales que se encadenan. Si el Ministerio de Seguridad no produce datos propios sobre femicidios, no puede diseñar políticas públicas específicas de prevención. Si el fiscal no investiga desde el inicio una muerte violenta de una mujer bajo la posible hipótesis de femicidio, la investigación puede avanzar sin incorporar los protocolos y criterios periciales específicos que ese tipo de casos requiere. Si los dispositivos territoriales de asistencia se desfinancian o eliminan, las mujeres en situación de violencia pierden los canales institucionales que podrían interrumpir el escalamiento de la violencia antes de su desenlace letal. Y si el gobierno celebra una reducción estadística mientras desmantela las políticas que la producen, lo que festeja es, en términos analíticos, la destrucción de su propia evidencia.

Agostina tenía 14 años. Dulce, 17. Noelia, 30. Tres provincias, tres contextos, tres momentos distintos del ciclo institucional en los que el Estado llegó tarde o no llegó. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, en el 81% de los casos la víctima tenía algún vínculo previo con el agresor y en dos de cada tres femicidios el crimen ocurrió en la vivienda de la víctima o en la compartida con el femicida.

Los femicidas no son sujetos anómalos que aparecen de la nada: son, en la abrumadora mayoría de los casos, personas conocidas, del entorno inmediato, con historiales de violencia que el sistema pudo haber detectado antes. Que no lo haya hecho no es un accidente: es el resultado de decisiones institucionales, de marcos normativos que no se aplican y de políticas que se desmantelan.

A once años del primer Ni Una Menos, las preguntas que atravesaron los casos de Agostina Vega, Dulce Candia y Noelia Romero permanecen abiertas, y su respuesta no puede ser delegada ni al activismo ni a la prensa. Cómo se investigan las desapariciones de niñas y mujeres, cuándo se incorpora la perspectiva de género, qué herramientas conserva el Estado para prevenir la violencia y cómo se construyen las estadísticas que miden su alcance son, en última instancia, decisiones institucionales con consecuencias jurídicas, políticas y humanas. Son, también, el terreno donde el Estado de Derecho se pone a prueba.