Estos estándares nos ayudan a entender cuándo nos encontramos ante restricciones directas al ejercicio de la libertad religiosa. En ese sentido, cuando tomamos en cuenta todas las medidas adoptadas por el gobierno nicaragüense en relación con las iglesias en el país, tanto católicas como evangélicas; entre ellas la restricción sistemática de celebraciones y manifestaciones religiosas en el espacio público; la confiscación y expropiación de bienes e instituciones religiosas; el desmantelamiento administrativo de organizaciones religiosas y obras cristianas; la represión penal, detenciones y hostigamiento contra líderes y fieles; la manipulación ideológica del contenido religioso y del mensaje pastoral; y el adoctrinamiento en el sistema educativo; es inevitable afirmar que el derecho a la libertad religiosa se ha visto limitado en múltiples ámbitos.

Más aún, esta serie de restricciones no debe entenderse como un fenómeno aislado, sino como una manifestación del debilitamiento del estado de derecho y de la reducción del espacio cívico en el país.

Dicho todo esto, es importante señalar que, desde 2018, el gobierno nicaragüense ha continuado dirigiendo acciones contra las iglesias, aunque la naturaleza de la represión ha evolucionado. Si bien las confrontaciones visibles y los ataques públicos han disminuido, se ha intensificado una forma más sutil de control sistémico. Actualmente, el control se ejerce no tanto mediante arrestos masivos, sino a través de vigilancia constante, restricciones burocráticas e incertidumbre legal. Esta “represión silenciosa” crea una apariencia de normalidad y forma parte de un patrón de control estatal que limita de manera gradual la autonomía de las comunidades religiosas y debilita la libertad de culto y la vida espiritual y organizativa de las iglesias en el país.

Por ejemplo, de acuerdo con la Base de Datos de Incidentes Violentos del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina y el International Institute for Religious Freedom, en 2024 las principales medidas fueron el cierre masivo de organizaciones religiosas, numerosos arrestos y casos frecuentes de exilio. En 2025, estas medidas altamente mediáticas disminuyeron de manera significativa, lo que da a entender un cambio hacia estrategias más locales, como el hostigamiento, seguimiento, intimidación y la presión estatal y social cuyo objetivo es generar división y debilitar a las comunidades religiosas.

Lo acontecido en Nicaragua, si bien, surgió de un contexto político, aún tiene consecuencias directas para el ejercicio de la libertad religiosa, especialmente para los líderes, feligreses y comunidades consideradas disidentes u opositoras. La disminución en el grado de visibilidad de estas restricciones no significa en lo absoluto que la situación haya mejorado, sino que estas prácticas se han normalizado o que, como consecuencia de la dificultad para documentar incidentes, no se cuente con datos suficientes y fiables sobre lo que verdaderamente está ocurriendo en el país.

Por ello, resulta fundamental dar espacio al trabajo de monitoreo y documentación, y no perder de vista la importancia de analizar la situación de los derechos humanos en Nicaragua incorporando específicamente el estudio de la libertad religiosa, siguiendo así los mandatos de los mecanismos de protección de derechos humanos a nivel regional y universal.