Pensar las garantías jurídicas para una eventual transición en Nicaragua

8 de Enero del 2021

Nicaragua atraviesa momentos difíciles desde la ruptura definitiva de la senda democrática mediante el aparataje del terror puesto en práctica por el gobierno desde 2018. Las violaciones de derechos humanos no cesan y, tal como documenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una fase sucede a la otra con formas específicas y tristemente efectivas para restringir la vigencia de los derechos y libertades de las y los nicaragüenses. La última fase consiste en aprobar leyes que intentan crear un marco de legalidad controvertida para el ejercicio represivo del poder, sin importar si estas normas transgreden los compromisos internacionales del Estado. Estas iniciativas, como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la ley de ciberdelitos o la reforma constitucional para la imposición de la prisión perpetua, son un combo potente que busca desaparecer o silenciar permanentemente las voces críticas al desconcierto democrático.

El gobierno no llegó hasta abril de 2018 sin mostrar señales: la concentración del poder a través de la cooptación de los organismos y entidades autónomas, desconcentradas y descentralizadas del Estado fue una clara indicación, además del aumento inquietante de violencia policial contra la ciudadanía. No obstante, fue en ámbito jurídico donde progresivamente el gobierno obtuvo las herramientas para que, cuando llegara un momento tan explosivo como abril de 2018, no tuviera ningún contrapeso institucional que limitara los excesos en el control y gestión de las multitudinarias protestas acontecidas.

Por ello es por lo que desde lo jurídico el desmantelamiento del poder concentrado se debería encauzar desde las grandes decisiones que acompañen una futura transición, esta vez concentrada en la memoria, verdad y justicia para una democratización real, seria y franca. Las víctimas de la represión de 2018 son el lamentable saldo final de un proceso voraz de destrucción de las instituciones democráticas y del diálogo entre la sociedad y el Estado. Por tanto, este desmantelamiento debe hacerse pensando decididamente en que no se repita nunca más ni la desdemocratización acelerada ni la represión fatal como su punto culminante.

Este proceso y su camino hacia la verdad, la memoria y la justicia, podría instituirse jurídicamente ya sea en una nueva constitución o en una reforma constitucional. Es menester que a través de la máxima norma se institucionalice una nueva tarea del Estado: la de establecer qué pasó, quiénes lo hicieron, quiénes son las víctimas y cómo serán juzgados los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad cometidos desde abril de 2018. La constitucionalización del mandato, alcances materiales y temporales de una comisión de la verdad y las bases de un plan integral de reparación serán urgentes. En general, constitucionalización de la justicia transicional será una garantía imprescindible a fin de que los detractores políticos cuenten con menor margen para entorpecer o trabar el esfuerzo transicional.

Por otro lado, una transición que pretenda como bandera a la memoria, verdad y justicia, requerirá de un Poder Judicial independiente; no obstante, el actual es completamente adicto al gobierno. El sistema judicial ha sido una trinchera del partido en el poder incluso antes de llegar nuevamente al poder en 2007. ¿Este Poder Judicial que ha sido parte del engranaje represivo contra las y los presos políticos será el que conocerá la determinación y sanción de los culpables de los citados crímenes? Muy difícilmente.

A fin de propiciar una justicia pronta para las víctimas y de esquivar los cansados y tardados procesos de reforma judicial que requerirá ese poder del Estado, una medida certera podría ser la creación constitucional de una jurisdicción temporal, específica y extraordinaria en materia penal para juzgar y castigar a los responsables de la represión desatada desde abril de 2018. Aquí el apoyo decidido de la comunidad internacional, en especial la ONU y la OEA es indispensable. Ya sea con jueces nicaragüenses o que se celebre algún acuerdo con Naciones Unidas para conformar tribunales mixtos, no se podrá andar hacia la justicia sin el apoyo internacional.

Por otro lado, ¿cuál será el mandato temporal de una comisión de la verdad creada al amparo de la constitución? No puede circunscribirse solo a hechos sucedidos a partir de abril de 2018. Es preciso recordar que aún hay episodios que el Estado de Nicaragua no ha querido hurgar, sobre todo, en el marco de las violaciones al derecho internacional humanitario cometidas por las partes en conflicto en la guerra de agresión en los años 80. El perdón legal expresado en la amnistía general de marzo de 1990 (una de las 53 dictadas desde 1829) no debe obstar para que la comisión amplíe sus trabajos a esa etapa fundamental que permitirá tener un cuadro completo de la recurrencia de la violencia estatal en Nicaragua.

Los miles de víctimas de la guerra y de otros exabruptos del gobierno revolucionario se desconocen con precisión: la transición debe aprovechar la oportunidad para que la memoria y la verdad del pasado reciente sea lo más abarcadora. Pensamos que la falta de cuestionamiento social y enfrentamiento con la justicia de las responsabilidades por los episodios sucedidos en los años revolucionarios están conectados tanto con la desdemocratización que vivió el país hasta su punto cúspide en 2018 como en la brutalidad de la respuesta estatal para gestionar y controlar las protestas. Esta parte de la historia no puede quedar fuera del alcance de una comisión que pretenda sentar las bases de la verdad de la Nicaragua en llamas.

Por otro lado, no se trata de imponer una justicia simplemente vengativa o desprovista de sentido restaurativo para quienes cometieron violaciones de derechos humanos, en especial, civiles o el personal policial subalterno que participó en el aplastamiento del alzamiento popular. Tal como sucedió en la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica y en otras experiencias  ─ teniendo en cuenta sus falencias para no repetirlas- la comisión nicaragüense podría tener facultades de atenuación o de rebajamiento de penas a fin de que el testimonio de los perpetradores de baja responsabilidad facilite la reconstrucción precisa de los modos, patrones y formas de la represión ordenadas por los principales responsables, últimos de los que se ocuparía la jurisdicción extraordinaria ya mencionada.

La desmontada del aparato del terror y del Estado autocrático incluiría la derogación de las leyes que pretenden dar un marco de legalidad para seguir violando los derechos humanos, en especial, aquellas que limitan el accionar de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. La derogación de la ley de amnistía de junio de 2019 es un acto impostergable de reparación de las víctimas y sus familiares.

Sin embargo, las otras leyes que fueron sentando las bases de la acumulación desmedida del poder también deben ser derogadas pues condujeron a la desprotección de la población nicaragüense en abril de 2018: la habilitación de reelección presidencial constitucionalizada en 2014, las leyes relativas al Canal Interoceánico tan lesivas de la soberanía del país firmadas a espaldas de la sociedad y las leyes que dieron extensos privilegios a las cúpulas empresariales por causa de las que no ejercieron presión por una mejor situación democrática en todos los años que duró el modelo de “diálogo y consenso” entre el gobierno y el Consejo Superior de la Empresa Privada.

Finalmente, la ley en la transición debe proscribir cualquier organización que haya sido usada para la represión. Es preciso empezar a discutir si será necesario declarar la ilegalidad y disolución del Frente Sandinista de Liberación Nacional quien, totalmente apartado de su heroica otrora vocación emancipatoria, hoy es una gigantesca estructura territorial sin la cual la represión generalizada e intensiva no habría sido posible a través de miles de sus militantes. Las y los sandinistas que no participaron de las graves violaciones de derechos humanos, pueden fundar nuevos espacios políticos desde donde los ideales de Sandino pueden seguir alumbrando el desenvolvimiento histórico del país.

Citación académica sugerida: Ramírez-Ayérdiz, Danny: Pensar las garantías jurídicas para una eventual transición en Nicaragua - 2021/01/08, https://agendaestadodederecho.com/pensar-las-garantias-juridicas-para-una-eventual-transicion-en-nicaragua/

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ACERCA DEL AUTOR
Danny Ramírez Ayérdiz

Magíster en derechos humanos y democratización. Becario doctoral del CONICET (Argentina), doctorando en ciencias sociales y miembro del Grupo de Estudios sobre Centroamérica (GECA) en la UBA. Docente asociado y director de la revista Cuaderno Jurídico y Político del ICEJP-UPOLI (Nicaragua).

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Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

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Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.