Pensar las garantías jurídicas para una eventual transición en Nicaragua

8 de Enero del 2021

Nicaragua atraviesa momentos difíciles desde la ruptura definitiva de la senda democrática mediante el aparataje del terror puesto en práctica por el gobierno desde 2018. Las violaciones de derechos humanos no cesan y, tal como documenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una fase sucede a la otra con formas específicas y tristemente efectivas para restringir la vigencia de los derechos y libertades de las y los nicaragüenses. La última fase consiste en aprobar leyes que intentan crear un marco de legalidad controvertida para el ejercicio represivo del poder, sin importar si estas normas transgreden los compromisos internacionales del Estado. Estas iniciativas, como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la ley de ciberdelitos o la reforma constitucional para la imposición de la prisión perpetua, son un combo potente que busca desaparecer o silenciar permanentemente las voces críticas al desconcierto democrático.

El gobierno no llegó hasta abril de 2018 sin mostrar señales: la concentración del poder a través de la cooptación de los organismos y entidades autónomas, desconcentradas y descentralizadas del Estado fue una clara indicación, además del aumento inquietante de violencia policial contra la ciudadanía. No obstante, fue en ámbito jurídico donde progresivamente el gobierno obtuvo las herramientas para que, cuando llegara un momento tan explosivo como abril de 2018, no tuviera ningún contrapeso institucional que limitara los excesos en el control y gestión de las multitudinarias protestas acontecidas.

Por ello es por lo que desde lo jurídico el desmantelamiento del poder concentrado se debería encauzar desde las grandes decisiones que acompañen una futura transición, esta vez concentrada en la memoria, verdad y justicia para una democratización real, seria y franca. Las víctimas de la represión de 2018 son el lamentable saldo final de un proceso voraz de destrucción de las instituciones democráticas y del diálogo entre la sociedad y el Estado. Por tanto, este desmantelamiento debe hacerse pensando decididamente en que no se repita nunca más ni la desdemocratización acelerada ni la represión fatal como su punto culminante.

Este proceso y su camino hacia la verdad, la memoria y la justicia, podría instituirse jurídicamente ya sea en una nueva constitución o en una reforma constitucional. Es menester que a través de la máxima norma se institucionalice una nueva tarea del Estado: la de establecer qué pasó, quiénes lo hicieron, quiénes son las víctimas y cómo serán juzgados los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad cometidos desde abril de 2018. La constitucionalización del mandato, alcances materiales y temporales de una comisión de la verdad y las bases de un plan integral de reparación serán urgentes. En general, constitucionalización de la justicia transicional será una garantía imprescindible a fin de que los detractores políticos cuenten con menor margen para entorpecer o trabar el esfuerzo transicional.

Por otro lado, una transición que pretenda como bandera a la memoria, verdad y justicia, requerirá de un Poder Judicial independiente; no obstante, el actual es completamente adicto al gobierno. El sistema judicial ha sido una trinchera del partido en el poder incluso antes de llegar nuevamente al poder en 2007. ¿Este Poder Judicial que ha sido parte del engranaje represivo contra las y los presos políticos será el que conocerá la determinación y sanción de los culpables de los citados crímenes? Muy difícilmente.

A fin de propiciar una justicia pronta para las víctimas y de esquivar los cansados y tardados procesos de reforma judicial que requerirá ese poder del Estado, una medida certera podría ser la creación constitucional de una jurisdicción temporal, específica y extraordinaria en materia penal para juzgar y castigar a los responsables de la represión desatada desde abril de 2018. Aquí el apoyo decidido de la comunidad internacional, en especial la ONU y la OEA es indispensable. Ya sea con jueces nicaragüenses o que se celebre algún acuerdo con Naciones Unidas para conformar tribunales mixtos, no se podrá andar hacia la justicia sin el apoyo internacional.

Por otro lado, ¿cuál será el mandato temporal de una comisión de la verdad creada al amparo de la constitución? No puede circunscribirse solo a hechos sucedidos a partir de abril de 2018. Es preciso recordar que aún hay episodios que el Estado de Nicaragua no ha querido hurgar, sobre todo, en el marco de las violaciones al derecho internacional humanitario cometidas por las partes en conflicto en la guerra de agresión en los años 80. El perdón legal expresado en la amnistía general de marzo de 1990 (una de las 53 dictadas desde 1829) no debe obstar para que la comisión amplíe sus trabajos a esa etapa fundamental que permitirá tener un cuadro completo de la recurrencia de la violencia estatal en Nicaragua.

Los miles de víctimas de la guerra y de otros exabruptos del gobierno revolucionario se desconocen con precisión: la transición debe aprovechar la oportunidad para que la memoria y la verdad del pasado reciente sea lo más abarcadora. Pensamos que la falta de cuestionamiento social y enfrentamiento con la justicia de las responsabilidades por los episodios sucedidos en los años revolucionarios están conectados tanto con la desdemocratización que vivió el país hasta su punto cúspide en 2018 como en la brutalidad de la respuesta estatal para gestionar y controlar las protestas. Esta parte de la historia no puede quedar fuera del alcance de una comisión que pretenda sentar las bases de la verdad de la Nicaragua en llamas.

Por otro lado, no se trata de imponer una justicia simplemente vengativa o desprovista de sentido restaurativo para quienes cometieron violaciones de derechos humanos, en especial, civiles o el personal policial subalterno que participó en el aplastamiento del alzamiento popular. Tal como sucedió en la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica y en otras experiencias  ─ teniendo en cuenta sus falencias para no repetirlas- la comisión nicaragüense podría tener facultades de atenuación o de rebajamiento de penas a fin de que el testimonio de los perpetradores de baja responsabilidad facilite la reconstrucción precisa de los modos, patrones y formas de la represión ordenadas por los principales responsables, últimos de los que se ocuparía la jurisdicción extraordinaria ya mencionada.

La desmontada del aparato del terror y del Estado autocrático incluiría la derogación de las leyes que pretenden dar un marco de legalidad para seguir violando los derechos humanos, en especial, aquellas que limitan el accionar de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. La derogación de la ley de amnistía de junio de 2019 es un acto impostergable de reparación de las víctimas y sus familiares.

Sin embargo, las otras leyes que fueron sentando las bases de la acumulación desmedida del poder también deben ser derogadas pues condujeron a la desprotección de la población nicaragüense en abril de 2018: la habilitación de reelección presidencial constitucionalizada en 2014, las leyes relativas al Canal Interoceánico tan lesivas de la soberanía del país firmadas a espaldas de la sociedad y las leyes que dieron extensos privilegios a las cúpulas empresariales por causa de las que no ejercieron presión por una mejor situación democrática en todos los años que duró el modelo de “diálogo y consenso” entre el gobierno y el Consejo Superior de la Empresa Privada.

Finalmente, la ley en la transición debe proscribir cualquier organización que haya sido usada para la represión. Es preciso empezar a discutir si será necesario declarar la ilegalidad y disolución del Frente Sandinista de Liberación Nacional quien, totalmente apartado de su heroica otrora vocación emancipatoria, hoy es una gigantesca estructura territorial sin la cual la represión generalizada e intensiva no habría sido posible a través de miles de sus militantes. Las y los sandinistas que no participaron de las graves violaciones de derechos humanos, pueden fundar nuevos espacios políticos desde donde los ideales de Sandino pueden seguir alumbrando el desenvolvimiento histórico del país.

Citación académica sugerida: Ramírez-Ayérdiz, Danny: Pensar las garantías jurídicas para una eventual transición en Nicaragua - 2021/01/08, https://agendaestadodederecho.com/pensar-las-garantias-juridicas-para-una-eventual-transicion-en-nicaragua/

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ACERCA DEL AUTOR
Danny Ramírez Ayérdiz

Magíster en derechos humanos y democratización. Becario doctoral del CONICET (Argentina), doctorando en ciencias sociales y miembro del Grupo de Estudios sobre Centroamérica (GECA) en la UBA. Docente asociado y director de la revista Cuaderno Jurídico y Político del ICEJP-UPOLI (Nicaragua).

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