Los temas pendientes del Estado Plurinacional en Bolivia

1 de Marzo de 2023
Los temas pendientes del Estado Plurinacional en Bolivia
Crédito foto: RT

Bolivia cumple 13 años desde la fundación del Estado Plurinacional ¿Qué retos siguen vigentes?  ¿Qué ha sido positivo y negativo?

En el primer mes de 2023, se ha celebrado un aniversario más de la fundación y constitucionalización del Estado Plurinacional, como sucede cada año en Bolivia; ello por disposición del Decreto Supremo 405 de 2010, en virtud del cual se reconoció al 22 de enero de cada año, como día de la “Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia”, y asimismo, se declaró ese día feriado con suspensión de las actividades públicas y privadas a nivel nacional.

Ello nos brinda la oportunidad para repensar la idea de “Estado Plurinacional” que se tiene en Bolivia, el primero del continente y el mundo en adoptar ese modelo; cuyas repercusiones han llegado a otros lugares donde también discutieron la factibilidad de implementar este concepto como modelo constitucional, como fue el reciente caso del proceso Constituyente de Chile.

Como lo advertí en mi investigación  sobre Justicia Constitucional en Bolivia (2021) –en la que indagué sobre el origen de la configuración constitucional del Estado Plurinacional– fueron las propuestas de las principales organizaciones indígenas, las que enarbolaron esta idea, demandando el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos, así como también una mayor participación en las actividades del nuevo Estado que se tenía que construir en la Asamblea Constituyente.

Producto de ello, es que el primer artículo de la Constitución Política del Estado (CPE) aprobada el 2009, lo caracteriza como un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, que se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. Y el artículo tercero refuerza este entendimiento, al señalar que: “La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano”.

Algo similar sucedió en Ecuador, que en el primer artículo de su Constitución (2008), también se declaró como un: “Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. (…)”.

Ese modelo sui generis de Estado, implantado por el constituyente boliviano, conjuga varios elementos que los encontrarán explicados con mayor detalle doctrinal, y su desarrollo jurisprudencial, en el libro a que hago referencia.

Ahora bien, la implementación de este modelo en Bolivia —más allá de su teleología— da cuenta de importantes retos vigentes. Así por ejemplo, si bien la configuración del Estado Plurinacional tuvo la virtud de haber consagrado el autoreconocimiento de un país diverso; hay que reconocer que los pasos andados hasta ahora no han sido los más acertados para lograr satisfacer aquellas legítimas aspiraciones de los pueblos indígenas y de la población urbana en su conjunto, quienes hasta ahora siguen viendo la vulneración constante y sistemática de sus derechos.

Por ello, se ha manifestado un descontento generalizado en la población boliviana, dado que —en contraste con lo definido por la Constitución—, en estos últimos años, el Estado Plurinacional se ha debilitado a nivel institucional, sobre todo por la actitud arbitraria de un “presidente indígena” que no se subordinaba a la Constitución, sino que, por el contrario, la infringía de manera reiterada, a través de sus continuos intentos de perpetuarse en el poder, después de haberlo ejercido por más de una década, provocando graves conflictos sociales que finalmente derivaron en su renuncia y la posterior sucesión presidencial dentro de los márgenes previstos en la Constitución (lo que desvirtúa en consecuencia que hubiera existido un presunto golpe de estado). 

Por su parte, el Órgano Legislativo, se ha convertido en una instancia subordinada a las determinaciones del Órgano Ejecutivo, cuyas propuestas normativas suelen ser aprobadas por órdenes superiores, sin mayor debate ni discusión, y muchas veces sin ningún conocimiento de la ciudadanía, restringiendo además la participación de los sectores de oposición presentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

De igual forma, el Órgano Judicial no goza de independencia plena en el ejercicio de sus funciones, dado que existe una constante injerencia política en sus actividades; no siendo posible en ese contexto, garantizar a los bolivianos y bolivianas un acceso a una justicia independiente, imparcial, pronta y oportuna, como proclama la Constitución. (Recomendado: Observaciones del Comité de Derechos Humanos a Bolivia: Llamado de atención para la administración de justicia)

Asimismo, también es evidente que la elección por voto popular de los magistrados de los máximos tribunales de justicia del país, no ha sido una solución idónea a la actual crisis estructural del sistema judicial del Estado. Todo esto justifica adoptar una inmediata reforma judicial vía referendo popular; más aún si se considera que la corrupción judicial (falta de idoneidad), el retardo de la justicia (mora procesal) y la manipulación política del sistema judicial (politización de la justicia), han sido las causas determinantes del estado crítico en que ahora se encuentra. (Recomendado: Independencia Judicial: la persistente asignatura pendiente en Bolivia)

Asimismo, y a esta altura de los acontecimientos, no es posible enarbolar de manera aventurada las banderas del federalismo en el país, sin haber culminado la tarea pendiente de consolidar el Estado Plurinacional con autonomías que consagra la Constitución, lo cual ha sido refrendado mayoritariamente por voluntad popular, y que requiere mayores consensos, antes que atropellos a los gobiernos autónomos.

En consecuencia, resulta incoherente el mensaje presidencial, que aparentemente centrado en la unidad y estabilidad económica, ha sostenido que el reciente aniversario del Estado Plurinacional representaría “la consolidación de la Revolución Democrática y Cultural”; cuando en realidad, desde esferas del mismo Gobierno central se está persiguiendo a los opositores, promoviendo continuamente la confrontación entre bolivianos. Ello ha provocado a su vez, la aparición de voces regionalistas que pretenden profundizar la división entre los departamentos del país, lo que no nos asegura una sana convivencia.

Entonces, considero que ya es hora de deponer actitudes, y atender con prontitud los reclamos y necesidades que se están pronunciando en todos los departamentos, a través del diálogo de manera consensuada y sin condiciones entre las autoridades del Gobierno central y las autoridades electas, para así evitar mayores conflictos, preservando el bienestar de todos(as).

Citación académica sugerida: Vargas Lima, Alan. Los temas pendientes del Estado Plurinacional en Bolivia. Agenda Estado de Derecho. 2023/03/01. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/los-temas-pendientes-del-estado-plurinacional-en-bolivia/

Palabras clave: Bolivia, Estado Plurinacional, Reforma judicial.

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ACERCA DEL AUTOR
Alan E. Vargas Lima

Miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (ABEC), y del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica (LATIN IURIS – Bolivia).

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.