Coldplay: sostenibilidad y el nuevo consenso de la descarbonización

26 de Septiembre de 2023
Coldplay: sostenibilidad y el nuevo consenso de la descarbonización
Foto. New York Post.

Coldplay ha publicado un informe anual de sustentabilidad en el marco de su más reciente gira mundial. ¿Cuál es su importancia para el mundo de la música y los derechos humanos?

La renombrada banda británica, acaba de publicar un informe anual de sustentabilidad en línea con su gira mundial “Music of the Spheres”. Este innovador enfoque refleja su compromiso con la preservación del planeta, cuestión que ya había hecho Radiohead en 2008 y que, de forma más radical, ha promovido la banda Massive Attack, las que han propuesto “evitar más promesas y titulares ecológicos y, en su lugar, adoptar un cambio radical”. No obstante, como en toda gran iniciativa, surgen cuestionamientos y debates, poniendo de relieve la necesidad de profundizar en los desafíos que enfrentamos en el camino hacia una verdadera transición ecológica.

Entre la sostenibilidad y la sospecha

A pesar de los ejemplos propuestos, la industria musical, en su búsqueda constante de innovación y originalidad, rara vez se ha visto desde la perspectiva ambiental. En este contexto, Coldplay ha publicado recientemente que con sus medidas han logrado la reducción del 47% de las emisiones de CO2 durante su gira “Music of the Spheres, en comparación con su gira anterior en 2016-17. Estos logros no solo benefician al ambiente, sino que también establecen un ejemplo inspirador para sus seguidores y para la industria de la música en general.  A pesar de su encomiable compromiso, Coldplay no está exento de controversia. Para lograr la reducción de emisiones de carbono, se aliaron con empresas como DHL, Neste y BMW.

Así, por ejemplo, la colaboración de la banda con la compañía de petróleo Neste ha levantado una polémica en torno al fenómeno del greenwashing, una práctica que involucra presentar una imagen más ecológica de lo que realmente se está logrando. La crítica gira en torno al suministro de aceite de palma por parte de Neste, que ha sido vinculado a la deforestación en países como Indonesia y Malasia. Si bien Coldplay ha hecho esfuerzos por aclarar su asociación con Neste, es esencial que la banda aborde estas preocupaciones de manera transparente para mantener la confianza de su audiencia. Este debate pone de manifiesto la importancia de la coherencia y la responsabilidad en los esfuerzos por la sostenibilidad.

En la misma línea, para bajar las emisiones de carbono, Coldplay se habría asociado con la empresa alemana BMW, quienes suministraron 40 baterías recargables de vehículos eléctricos para alimentar los espectáculos. Sin embargo, hay voces que critican dicho acuerdo, toda vez que BMW estaría haciendo un lobby importante en la Unión Europea para evitar que esta fije el plazo de 2035 para que los vehículos sean sólo de cero emisiones.

Desde una perspectiva de empresas y derechos humanos, en su noble propósito de generar menor impacto ambiental, Coldplay debiese actuar con debida diligencia al generar acuerdos o contratar con empresas. Pero más allá de las precauciones sobre las contrataciones, el caso nos permite también explorar y cuestionar las ideas detrás de la transición energética verde.

Más allá del consenso verde y del greenwashing

La preocupación por el greenwashing destaca una inquietud más profunda relacionada con el actual movimiento de transición energética. La idea de una transición hacia energías “limpias” puede llevar a la ilusión de que, simplemente cambiando nuestras fuentes de energía, podemos resolver todos los problemas ambientales. Sin embargo, esta perspectiva es engañosa y limitada. Es esencial no caer en la trampa del consenso de la transición energética verde y recordar que la verdadera sostenibilidad debe abordar los problemas sociales y económicos que subyacen a la crisis ambiental. La sostenibilidad es un acorde compuesto por la justicia ambiental, social y económica.

La transición energética, impulsada -principalmente- por actores del Norte global y países emergentes hacia energías “limpias”, está presionando al Sur global. Esto ha llevado al surgimiento del término “extractivismo verde” o “colonialismo energético”, que se refiere a la extracción de recursos naturales en el Sur global para llevar a cabo la transición energética en el Norte. Tal como lo han señalado en un reciente artículo Maristella Svampa y Breno Bringel, hemos transitado del Consenso de Washington, al consenso de los commodities y hoy estaríamos en una tercera etapa: el consenso de la descarbonización.

Descarbonizar y generar menor impacto ecológico es fundamental, pero ello no puede hacerse a costa de comunidades afectadas por la deforestación o por la extracción de recursos a expensas de dejar a comunidades en zonas de sacrificio. La industria musical, a menudo enfocada en la creatividad y el entretenimiento, también tiene una responsabilidad en la preservación del medio ambiente y el respeto de los derechos humanos. La iniciativa de Coldplay resalta la necesidad de establecer estándares mínimos sobre derechos humanos y ambientales en la industria. Es imperativo que las prácticas sostenibles no se limiten a un acto puntual, sino que se conviertan en la regla general.

La decisión de Coldplay de abordar la sostenibilidad en su gira “Music of the Spheres” es un hito importante en la industria musical. Su reducción de emisiones de CO2, gestión de residuos y adopción de energía renovable son pasos en la dirección correcta. Sin embargo, las críticas en torno a su colaboración con Neste y BMW son una advertencia sobre los peligros del greenwashing y la superficialidad de la transición energética.

El camino hacia la verdadera sostenibilidad va más allá de las soluciones energéticas y requiere un enfoque integral que aborde los problemas sociales y económicos subyacentes. La industria musical también tiene una responsabilidad en este proceso y debe establecer estándares mínimos de sostenibilidad para garantizar un impacto positivo en el planeta y en las comunidades. Coldplay ha dado un paso audaz, pero es solo el comienzo de un camino más amplio hacia un futuro más verde y respetuoso de los derechos humanos.

Citación académica sugerida: Smart, Sebastián. Coldplay: sostenibilidad y el nuevo consenso de la descarbonización. 2023/09/26. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/coldplay-sostenibilidad-y-el-nuevo-consenso-de-la-descarbonizacion/

Palabras Clave: Derechos humanos, derechos medioambientales, sostenibilidad, Coldplay, industria musical y derechos humanos, empresas y derechos humanos.

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ACERCA DEL AUTOR
Sebastián Smart

Doctor en Derechos Humanos y Estudios Latinoamericanos, University College of London. Abogado, Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

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Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

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Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

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Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

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Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

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Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.