El tránsito hacia la reparación de las víctimas del estallido social en Chile: más dudas que certezas

18 de Octubre de 2022
El tránsito hacia la reparación de las víctimas del estallido social en Chile: más dudas que certezas
Crédito foto: El Tiempo

A tres años del estallido social en Chile, la autora presenta un análisis sobre el derecho a la reparación de las víctimas. 

Antecedentes: el “estallido” de octubre de 2019

En octubre de 2019, la sociedad chilena experimentó un despertar que impulsó el denominado “estallido social”. Tal circunstancia, en cuanto expresión pública del derecho a la reunión, protesta y utilización del espacio cívico, tuvo múltiples consecuencias. Entre ellas, la represión estatal en contra de personas que se transformaron para siempre en víctimas.

Como consecuencia de ello, entre octubre de 2019 a julio de 2021, surgieron al menos 10.796 denuncias penales por violencia institucional , consistentes en denuncias de homicidio, mutilaciones, torturas, apremios y otros graves ilícitos. Crímenes que, en su gran mayoría, permanecen en la impunidad y, en los pocos casos que han existido sanciones,  han sido desproporcionadas, en parte porque las autoridades han dado una respuesta lejana al estándar de debida diligencia,  exigido en esto tipo de contextos.

Entre los obstáculos al acceso a la justicia destaca el negacionismo, incluso cuando los hechos y la crueldad de estos son evidentes y aun cuando se perpetraron en contra de víctimas que, en una inmensa mayoría, pertenecen a grupos especialmente protegidos, tales como NNA, mujeres o personas defensoras de derechos humanos. Ante tal supuesto, la respuesta estatal, cuando no fue la represión fue el aquiescente silencio. En la práctica, aspectos tan relevantes como los homicidios en manos de agentes estatales no han sido apropiadamente visibilizados, así como tampoco la responsabilidad de los altos mandos.

La “respuesta estatal” del Gobierno actual

En marzo de 2022, instalado el nuevo gobierno, las esperanzas de las víctimas y sus comunidades se cifraron en que el negacionismo fuera superado por un impulso de políticas públicas destinadas a priorizar sus casos, sacarlos de la indiferencia y visibilizarlos para alcanzar la tan anhelada verdad, justicia y reparación. 

En este contexto, el Presidente de la República Gabriel Boric, en su primera rendición de cuenta pública, el 1 de junio de 2022, sostuvo: “Hace sólo tres años, las muertes de Manuel Rebolledo, Alex Núñez, Romario Veloz y Cristian Valdebenito, entre otros, en el marco del estallido social, nos obligaron a una tarea muy dura, que en nuestro país hay ocasiones en que protestar se termina pagando con la vida. Y eso no lo podemos seguir permitiendo. Verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición son nuestros compromisos como Gobierno”. A ello, agregó que dicho compromiso se plasmaría en una “Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación a víctimas en el contexto del estallido social, la cual contempla reformular los programas de salud para víctimas y aumentar sus pensiones de gracia. Pero, junto a esto, durante los próximos meses conformaremos una Mesa de Reparación Integral”.

La Agenda está conformada por tres pilares de trabajo: (i) verdad y justicia; (ii) reparación; y, (iii) medidas para la no repetición, memoria y educación.

Según lo descrito en la Agenda, un documento de cinco páginas, el primer eje (verdad y justicia) implementará medidas orientadas a promover que los procesos sean tramitados con especial dedicación y en un plazo razonable. Para ello se indica que presentarán un Proyecto de ley que asegure la persecución penal especializada en DD.HH. Asimismo, se señala que se inyectarán recursos al Servicio Médico Legal, con el propósito de realizar todos los Protocolos de Estambul pendientes.

En la Agenda, el eje de reparación se centra en la conformación de una Mesa de Reparación Integral, que incluye un proceso de diálogo participativo con las víctimas. La mesa partiría su trabajo en el mes de julio con sus “encuentros territoriales”, para dar inicio al proceso reparatorio participativo. Hasta ahora se ha dicho que la Mesa de Reparación tendrá 18 integrantes, entre autoridades y representantes de las mesas territoriales. Cabe mencionar que, en la web de la Subsecretaría de Derechos Humanos, todos los detalles relativos a la Mesa se limitan a información general de los encuentros participativos, caracterizadas como instancias de escucha y diálogo entre autoridades estatales y víctimas, quienes deben auto identificarse como tales e inscribirse en el sitio respectivo.

En este sentido, no existe información específica respecto a qué autoridades participarán ni si son las mismas en cada encuentro. Además, tampoco existe detalle sobre la caracterización de las víctimas, lo que parece un dato de especial trascendencia en un país donde la identificación con el concepto de víctima no siempre es fácil, especialmente respecto de torturas, tal como lo señalaba Sir Nigel Rodley en su informe de visita a Chile de 1995. Otra dificultad derivada de la ausencia de conceptos en esta materia, es representada por las víctimas de graves violaciones de derechos humanos que fueron objeto de procesos penales en su contra y que, no tienen certeza de si están siendo convocados.

Por otra parte, las personas defensoras de derechos humanos, representantes legales de las víctimas u organizaciones de la sociedad civil, no están siendo convocadas a los encuentros participativos ni se sabe qué rol tendrán en la Mesa de Reparación. Además, tampoco se conoce el rol de los organismos estatales que han desarrollado un papel crucial en materia de reparaciones de víctimas de la dictadura, como el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS).

Más dudas que certezas

A tres años desde que el Estado respondiera a la protesta social con una extendida brutalidad contra los cuerpos de las víctimas, no se conoce la existencia de Proyectos de ley ni de medidas estatales concretas destinadas a asegurar la persecución penal especializada en DD.HH. Asimismo, tampoco hay medidas que garanticen la imprescriptibilidad penal y civil de los delitos originados por la violencia institucional, ni de formas de protección a la protesta destinadas a salvaguardar la integridad de las personas defensoras.

Si bien son muchos los pendientes en materia de reparación integral que se pueden mencionar, y cuya ausencia da origen a continuas vulneraciones adicionales  —tales como las infracciones al acceso a la justicia o el acceso a información pública—, tras el tiempo transcurrido desde el inicio del estallido vale la pena centrarse en el hecho de que ninguna autoridad estatal ha sido concretamente sancionada. Tal impunidad contrasta con la extensión y gravedad de los crímenes perpetrados y se expresa, por ejemplo, en el hecho de que varios de los integrantes del Alto Mando de Carabineros, principal institución estatal involucrada en los crímenes contra la población civil, permanecen en cargos de especial relevancia, y ninguno fue desvinculado por las nuevas autoridades.

En cuanto a      las sanciones administrativas que el Contralor impuso contra cuatro Generales e incluso el General Director de Carabineros no se presentó a declarar ante el Ministerio Público, aun cuando él y el gobierno habían comprometido toda la colaboración en el proceso penal seguido contra el Alto Mando institucional. Por el contrario, a escasos días del 18 de octubre sentenció que las autoridades deben esforzarse “para que los responsables de quienes agreden a los que tienen que defender a la ciudadanía, estén en la cárcel y no al revés».

Esta situación nos obliga a recordar lo que el profesor Juan Méndez señala como una obligación indispensable para alcanzar los fines de la justicia transicional en una sociedad que aspira a reparar integralmente a sus víctimas, esto es, el deber estatal de “separar a los verdugos plenamente identificados de los cuerpos de seguridad y otras posiciones de autoridad”. Así, ha de resguardarse el derecho de las víctimas a contar con “instituciones nuevas, reorganizadas y responsables”, y es que no se puede alcanzar una reparación integral mientras los perpetradores se mantengan en el poder, este es, en sí mismo, el requisito esencial de la no repetición y, en el caso del Chile actual, se alza como el principal obstáculo para iniciar el urgente y necesario tránsito hacia procesos que aseguren la reparación integral de las víctimas.

Citación académica sugerida: Fernández, Karinna. El tránsito hacia la reparación de las víctimas del estallido social en Chile: más dudas que certezas. Agenda Estado de Derecho. 2022/10/18. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/reparacion-de-las-victimas-del-estallido-social-en-chile/

Palabras clave: Chile, estallido social, reparación, derechos humanos.

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ACERCA DE LA AUTORA
Karinna Fernández Neira

Abogada defensora de derechos humanos.

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Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

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Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

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Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.