Las observaciones del Comité identifican sus principales motivos de preocupación y empiezan lamentando que el Estado Plurinacional de Bolivia “no haya establecido un procedimiento específico de implementación de los dictámenes adoptados en aplicación del Protocolo Facultativo”.

Asimismo, el Comité de DDHH de manera especial deja sentada su preocupación, en tanto “aún no se han aplicado plenamente  los dictámenes en los que estableció que hubo una violación del Pacto a pesar del tiempo transcurrido desde su adopción”, como son las denuncias de violación a los derechos electorales de Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado Iporre, pendientes de reparación desde el 2015, quienes fueron impedidos de participar como candidatos a Alcaldes Municipales, por supuestamente no cumplir los requisitos de residencia habitual, debido a que cumplían funciones de legisladores, representando a sus respectivos distritos. El Comité reiteró su recomendación al Estado de adoptar las medidas necesarias para aplicar sin demora y en su totalidad estos dictámenes en los que el Comité estableció que hubo una violación de los artículos 14 (derecho ser juzgado con todas las garantías ante un juez independiente) y 25 (derecho a ser elegido en elecciones libres) del Pacto.

Este señalamiento al Estado boliviano ejemplifica el rol del sistema de administración de justicia, no solo en la omisión de sus responsabilidades como garante de derechos, sino también como perpetrador de violaciones a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.

El Comité “observa con satisfacción que el Estado parte se encuentra trabajando en un proceso de reforma del sistema judicial”. Sin embargo, también sostiene que mantiene su preocupación por la situación del sistema de administración de justicia en el Estado parte, “particularmente por los informes que señalan que, durante el período en estudio, a pesar de las medidas adoptadas, la cobertura geográfica de los servicios de justicia continuó siendo inadecuada y se habrían continuado observando casos de injerencia política y corrupción en el Poder Judicial y en el Ministerio Público afectando su independencia”

Con base en ello, el Comité presenta las siguientes recomendaciones al Estado:

a) Redoblar sus esfuerzos para asegurar y proteger la plena autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales y garantizar que su actuación esté libre de todo tipo de presiones e injerencias. Al respecto, debe acelerar el proceso de reforma del sistema de justicia, garantizando que el mismo se adecue plenamente a las obligaciones dimanantes del Pacto y cuente con la participación efectiva de todos los actores relevantes, incluyendo de la sociedad civil;

b) Tomar prontas y contundentes medidas para prevenir, combatir y sancionar con penas adecuadas los actos de corrupción, especialmente entre oficiales judiciales y policiales;

c) Adoptar las medidas necesarias para corregir a la mayor brevedad posible las altas tasas de provisionalidad de jueces y fiscales, así como para asegurar que los procesos de selección, evaluación, disciplina y remoción se hagan de forma transparente por un órgano independiente y se basen en la ley y en criterios públicos y objetivos de idoneidad, mérito y antecedentes profesionales;

Además, el Comité le ha señalado al Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad con el artículo 75 de su reglamento, que facilite mayor información en materia de violencia contra las mujeres, trata de personas y administración de justicia. Es decir que la información presentada por el Estado boliviano en estas materias no fue suficiente o no ha sido actualizada.

Recordemos que de acuerdo al indicado artículo 75, el Comité puede requerir a los Estados bajo observación “que den prioridad a determinados aspectos y, por lo tanto, que proporcione al Comité información de seguimiento”. A esos efectos, el Comité podrá designar a uno o más de sus miembros como relatores para que efectúen un seguimiento con el Estado parte sobre la aplicación de las observaciones finales. El relator o los relatores encargados del seguimiento evaluarán la información proporcionada por el Estado parte y procedente de otras fuentes e informarán al Comité sobre sus actividades. El Comité podrá establecer directrices para esas evaluaciones.

Llama especialmente la atención que el Comité también solicita al Estado de Bolivia que, al preparar el informe, consulte ampliamente a la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales que actúan en el país.