Las personas intersex y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Parte 2)
12 de Mayo de 2023
¿Qué rol le cabe al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para luchar en contra de la discriminación de las personas intersex?
Este artículo continúa la discusión, iniciada en la parte 1 de esta serie, sobre el trabajo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en cuanto a las personas intersex. En el presente artículo, primero, destacaré el potencial transformador de los avances en los derechos de las personas intersex. En segundo lugar, señalaré los riesgos de instrumentalización de la identidad intersex, para, finalmente, considerar el ejemplo de las cirugías de afirmación de género y violencia médica, con el fin de ilustrar tanto este potencial transformador como los riesgos asociados.
Los avances en la promoción y protección de los derechos humanos de las personas intersex, tienen el potencial de transformar el trabajo del SIDH incluso más allá de los temas propios de este grupo. Esto es porque esta población, de una u otra forma, desnaturaliza y desestabiliza el sistema binario de sexo/género.
En su Opinión Consultiva 24/17 (OC-24/17), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) observó que el sistema binario del sexo/género no toma en cuenta las identidades trans e intersex. En la misma línea, en su informe temático sobre Violencia contra personas LGBTI, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseveró que la mera existencia de personas intersex releva el sistema binario de sexo/género como una construcción social.
El rechazo del sistema binario de sexo/género es clave para la igualdad de sexo/género para todo el mundo. Como argumenté en mi artículo “Not Hers Alone: Victim Standing Before the CEDAW Committee After M.W. v. Denmark”, el sistema binario de sexo/género obstaculiza la igualdad transformadora porque impide la eliminación de discriminación estructural que perjudica principalmente a las mujeres y personas LGBTI. Por lo tanto, un enfoque centrado en las personas intersex, cuya misma existencia pone en duda las divisiones sociales basadas en sexo/género, podría avanzar hacia la igualdad de sexo/género para el beneficio de todes.
Al mismo tiempo, existe el riesgo de instrumentalización de la identidad intersex. Es posible que el SIDH utilice el hecho de que existen personas intersex para apoyar esta teoría del sexo como construcción social en casos de violaciones de los derechos de mujeres y LGBT, sin prestar suficiente atención a las experiencias y necesidades concretas de las personas intersex. Esto es un riesgo genuino, dado la frecuente marginalización de temas de interés a las personas intersex dentro de los movimientos LGBTI y la falta de aceptación de los argumentos de las personas intersex, en cuanto a sus derechos, dentro de los movimientos de mujeres.
Para hacer más concreto el potencial transformador y los riesgos de instrumentalización presentados anteriormente, expondré el tema vinculado a las cirugías, como un ejemplo que ilustra estos dos aspectos de avances en los derechos de las personas intersex.
En su informe temático sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en el cual (como mencioné en la parte 1 de esta serie) no se consideró la situación de las personas intersex, la CIDH determinó que el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las personas trans, no binarias y de género diverso incluye un derecho al acceso a la cirugía de afirmación de género. Este derecho les permite conformar el cuerpo con la identidad autopercibida.
El derecho al acceso a la cirugía de afirmación de género, depende del entendimiento del sexo como una construcción social. Como ya he mencionado, la CIDH y la Corte IDH señalan a las personas intersex como el ejemplo clásico que demuestra que el sexo es una construcción social. Por lo tanto, los avances en los derechos humanos de las personas intersex han sido un elemento implícito, pero clave, para el derecho al acceso a la cirugía de afirmación de género en el SIDH hasta el momento y, probablemente, continuará siendo en casos e informes futuros.
Sin embargo, el hecho de que la consideración de las personas intersex haya sido implícita o no expresa en los análisis del derecho al acceso a la cirugía de afirmación de género, dificulta la implementación de una perspectiva interseccional y presenta el riesgo de que la CIDH y la Corte IDH expongan a las personas intersex a riesgos de violencia médica, desfilando bajo el disfraz de la cirugía de afirmación de género. Estas dificultades y riesgos están presentes, y solo parcialmente abordados, en las medidas cautelares ordenadas por la CIDH en 2021 a favor de una adolescente intersexual que buscaba acceder a cirugías por motivos de salud y, al mismo tiempo, buscaba información sobre “disforia de género”. Para evitar estos riesgos, será importante que el SIDH explique la relación entre sus estándares y observaciones sobre las cirugías de afirmación de género y aquellos sobre la violencia médica contra personas intersex.
Tomar en consideración los intereses y necesidades de las personas intersex en el desarrollo de estándares sobre el derecho al acceso a las cirugías de afirmación de género, también ayudaría al SIDH a tomar en cuenta a todas las personas trans, no binarias y de género diverso. Eso es porque los derechos enfatizados por el SIDH en casos de violencia médica contra personas intersex, los del consentimiento informado y la integridad personal, también son importantes en casos de cirugías de afirmación de género. Como la Corte IDH notó en la OC-24/17, no todas las personas trans pueden o quieren tener acceso a la cirugía de afirmación de género para conformar el cuerpo a la identidad autopercibida, por lo que cuando es exigida por el Estado, viola el derecho a la integridad personal, así como varios otros derechos.
Tomar en cuenta las personas intersex además podría resultar en un mayor enfoque en la relación entre las modificaciones del cuerpo y los estereotipos de sexo/género. El SIDH ha iluminado el papel preocupante de los estereotipos en el caso de violencia médica contra personas intersex, pero este enfoque también es relevante en caso de cirugías de afirmación de género (especialmente en las mujeres trans, cuyas experiencias de discriminación de este tipo han sido mencionadas brevemente por la CIDH) y al caso de cirugías plásticas experimentadas por mujeres cis. Aunque el SIDH no ha desarrollado estándares sobre cirugía plástica, otros mecanismos de derechos humanos han empezado a considerarla como una práctica tradicional nociva, porque deja de lado la lógica médica a favor de conformar a las normas de género y las presiones sociales, un argumento que recuerda a las discusiones del SIDH sobre la violencia médica contra personas intersex.
Enfocarse en los derechos de las personas intersex puede facilitar el trabajo del SIDH sobre los derechos de las personas trans, no binarias y de género diverso, así como los derechos de las mujeres. Sin embargo, la CIDH y la Corte IDH deben evitar el uso de la identidad intersex como mera herramienta para facilitar el rechazo el sistema binario de sexo/género. La instrumentalización de su identidad, no sólo ignora los urgentes intereses y necesidades de las personas intersex, sino también podría poner en riesgo sus derechos. Hacia adelante, habrá oportunidades para fortalecer sus análisis, no solo en el caso de cirugías de afirmación de género, también en varios otros casos como, por ejemplo, las “terapias de conversión”. La CIDH y la Corte IDH deben conocer y aprovechar estas oportunidades, para el beneficio de todes.
Citación académica sugerida: Tueller, Jessica. Las personas intersex y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Parte 2). 2023/05/12. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/las-personas-intersex-y-el-sistema-interamericano-de-derechos-humanos-parte-2/
Palabras clave: Derechos humanos, personas intersex, Sistema Interamericano de Derechos Humanos
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
