Pactar para garantizar: el derecho al cuidado en la agenda global

19 de Agosto de 2026

Nuevos pactos fijan obligaciones para Estados, mercados y sociedad, ¿Puede América Latina y la región andina convertir el derecho al cuidado en garantías reales?

El cuidado ya es un derecho humano autónomo

En América Latina, las mujeres dedican entre dos y tres veces más tiempo que los varones al trabajo de cuidado no remunerado (como limpiar, cocinar, criar a niños, niñas y adolescentes o cuidar a familiares enfermos o personas mayores). Según el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el aporte no reconocido de las mujeres en la economía respecto de estas tareas es trascendente: en promedio, representa el 21.4% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región, una cifra muy superior al 15% registrado en los países de la OCDE. Actualmente, el bienestar de niños, niñas, personas mayores y personas con discapacidad se garantiza mediante trabajos invisibles, sin remuneración o con sueldos muy precarios, y a través de redes de apoyo informales centralmente a cargo de mujeres. A pesar de este enorme esfuerzo de millones de mujeres la región se encuentra atravesando una crisis profunda de los cuidados que sacude a la sociedad, a la economía, a la política y al planeta, pero, sobre todo, representa una grave vulneración de derechos.

Los estudios feministas han sido clave para poner de manifiesto el valor y la centralidad del trabajo de cuidado, su injusta distribución identificando la desigualdad en el ejercicio del derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado.

América Latina abrió el camino

Las tres dimensiones del cuidado fueron puestas en el debate público y político plasmado en consensos, principalmente en el marco de la Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe. Luego se transformaron en agendas políticas de gobierno, impulsadas por las institucionalidades de género (Ministerios o secretarias de las mujeres) o ministerios sectoriales (Desarrollo Social) con la creación de sistemas nacionales de cuidados o políticas locales, que en la actualidad se implementan -con diversos grados de avance- en varios países de América Latina (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela). También el cuidado fue incorporado en reformas constitucionales, leyes y jurisprudencia de altas cortes de Justicia (Ecuador, Colombia y México). En la actualidad los procesos y resultados son disímiles en los países, hablan de una agenda común que se vio refrendada en el plano jurídico. En efecto, en 2023, la República Argentina solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que interprete el alcance del derecho al cuidado en sus tres dimensiones como también sus fundamentos y cómo debe garantizarse.

¿Qué cambia con la Opinión Consultiva 31/25?

En junio de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció -por unanimidad- que el cuidado es un derecho humano autónomo, universal e interdependiente, derivado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos del sistema interamericano y del sistema de protección universal. La Opinión Consultiva 31/25 establece que los Estados deben garantizar las condiciones necesarias que cada persona sea cuidada, pueda cuidar y ejerza su derecho a cuidarse (autocuidado). Para ello establece obligaciones corresponsables (entre Estado, mercados, familias y organizaciones sociales comunitarias) como también estándares e indicadores para su cumplimiento. Es decir, las acciones estatales para garantizar el ejericio de este derecho deben alcanzar a todas las personas (universalidad), sin distinciones de ningún tipo (igualdad y no discriminación) y con base a la “humanidad en común” (solidaridad). El Tribunal señala que el incumplimiento de estas obligaciones compromete el ejercicio efectivo de múltiples derechos interdependientes por lo que los Estados deben generar acciones y medidas específicas para satisfacerlo utilizando el máximo de sus recursos. La opinión consultiva 31/25 no es solo de un pronunciamiento jurídico. Establece pautas y estándares concretos para que todos los actores cumplan sus obligaciones de manera corresponsable,promoviendo la consolidación de sociedades más igualitarias e inclusivas. Sin embargo, este cambio transformador en términos de ejercicio de derechos requiere que la política se comprometa y de respuestas inmediata.

De América Latina a la agenda global

Este proceso sentó las bases para un diálogo interregional que se ha traducido en dos instrumentos de gran relevancia. El primero es el Pacto Birregional de Cuidados firmado en noviembre de 2025 entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe. El segundo, refrendado en julio de 2026 en Avilés (España) es la Carta Iberoamericana de Cuidados y Apoyos. En ambos casos, los acuerdos son intragubernamentales, con colaboración de organismos técnicos especializados de Naciones Unidas (CEPAL; ONU-Mujeres, OIT, entre otros), Unión Europea y acompañamiento de organizaciones sociales de la sociedad civil, particularmente del movimiento feminista. Ambos instrumentos reafirman que el cuidado es una necesidad, un trabajo, un derecho humano y un bien público esencial, posicionando el cambio transformador fundamental en relación con la universalidad y la obligatoriedad en su cumplimiento. Es decir, no es para un grupo de personas determinadas o coyunturas particulares, o si se disponen recursos, sino el alcance integral. Ambos instrumentos Pactos incluyen como principio fundante la corresponsabilidad social para avanzar en que efectivamente se Reconozca (el cuidado no es un acto de amor, es un trabajo no remunerado), Reduzca (si se reorganiza la forma en que se concentra el cuidado, mayoritariamente en las mujeres), Redistribuya efectivamente entre todos quienes deben satisfacerlo (Estado, mercado, familias, y dentro de ellas los varones- y organizaciones sociales y comunitarias). Cuando el cuidado es Remunerado debe garantizarse con salarios dignos y trabajo decente, como tambien promoviendo la Representación sindical. No se agota en este listado, por ejemplo para personas con discapacidad, se establece la necesidad de proveer apoyos para garantizar una vida autónoma de cada persona.

Es decir, no se trata de una serie de preceptos comunes, sino que, en base al enfoque de género y derechos humanos, avanzan en acordar una estrategia de acción, con puntos focales para su impulso para los países firmantes y con una agenda estratégica para su implementación.

Pactar también implica cumplir

La insistencia en la relación con el carácter de obligaciones en relación al cuidado se fundamenta cuando es ineludible. Si no se cuida a una persona recién nacida no va a poder sobrevivir por mucho tiempo, el problema es quien asume efectivamente es la obligación. Estos instrumentos avanzan en reconocer el tipo de obligaciones, las cuales pueden ser positivas (de hacer, de efectivizar, de obligar a terceros) o negativas (no hacer, no interferir). Al ser el cuidado de un derecho autónomo, transforma la voluntad política en un compromiso efectivo.

En términos jurídicos, es un derecho de cada persona, es decir universal que debe ser efectivizado en todas sus dimensiones. Para ello, los estados tienen que disponer, de manera progresiva pero sostenida, del máximo de sus recursos, tanto económicos, como también establecer dispositivos programas, políticas, financiamiento, garantizar el acceso a la justicia y promover del cambio cultural. A su vez, aplicar una prohibición explicita: no retrotraer sobre derechos adquiridos, lo que significa no desfinanciar o desmantelar políticas o institucionalidad existente. Además, la interdependencia del cuidado con el derecho a la seguridad social como lo fija la Carta Iberoamericana de los cuidados, posibilita un campo de exigibilidad conjunta.

El desafío: transformar la organización social del cuidado a escala global

En suma, avanzamos en un marco global común, donde pactar implica garantizar. El desafío de ahora en más es constituirnos en parte activa de los acuerdos, ampliando las fronteras, cooperando enérgicamente, monitoreando las acciones en base a estándares de derechos humanos y con enfoque de género, exigiendo su cumplimiento. No es un camino sencillo ni inmediato, pero hay compromiso político de alto nivel y el alcance jurídico se encuentra delimitado y exigible. Sin embargo, todavía se requiere promover una institucionalidad efectiva o la consolidación de sistemas o políticas integrales que implementen las condiciones para transformar la injusta organización social del cuidado.

A su vez, las empresas y los mercados tienen obligaciones que cumplir, claras y concisas. Del mismo modo los varones, al interior de sus familias como a nivel comunitario, deben asumir el cuidado en plenitud. Disponemos de instrumentos que han reconocido el derecho cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. El siguiente paso es efectivizarlo. Así de sencillo, así de necesario.

Citación académica sugerida:Pautassi, Laura. Pactar para garantizar: el derecho al cuidado en la agenda global. . Agenda Estado de Derecho. 2026/08/19. Disponible en:  https://agendaestadodederecho.com/pactar-para-garantizar-el-derecho-al-cuidado/

Palabras clave sugeridas: Derecho humano al cuidado, Pactos birregionales, Unión Europea, América Latina y el Caribe.

Comparte este artículo en...
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

¿En desacuerdo con este artículo?

¿Es importante profundizar sobre este tema?
Escribe tu artículo/respuesta sobre este tema y déjanos tu texto siguiendo las siguientes instrucciones

ACERCA DE LA AUTORA
Laura C. Pautassi


Doctora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el área de Derecho Social. Abogada, graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales (UBA). Investigadora Principal del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), y del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio Gioja” y Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. Presidenta del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). Directora del Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas.

Artículos Relacionados

Sigue nuestro Newsletter en LinkedIn

Suscribirte en LinkedIn

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.