Veinte años se cumplirán (28 de octubre de 2003) desde que se firmó, en México, la ‘Declaración sobre Seguridad de las Américas’. Por medio de este acto los países suscriptores manifestaron su indeclinable compromiso de abordar los problemas de seguridad que aquejaban la región, pero con la particularidad, desde este hito, de incorporar en el plan de acción un enfoque conceptual novedoso y con pertinencia territorial para toda Latinoamérica. Se trataba de la noción de ‘seguridad multidimensional’. Perspectiva inédita en el sistema internacional y que, para tratar la inseguridad, proponía un abordaje integral de todas las complejidades endémicas de América Latina que remitieran, de una forma u otra, al fenómeno de la criminalidad.

Sin embargo, fue ese mismo afán holístico el que la apresó a una amplitud semántica que entrampó la operacionalización de sus objetivos y diluyó, en la práctica, una auspiciosa oportunidad para definir un marco institucional unívoco para la gestión de los asuntos de seguridad en cada uno de los Estados firmantes. En este último sentido, si bien –en el 2005– se creó la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA (para coordinar la cooperación política y técnica entre los Estados miembros, en conjunto con otras organizaciones internacionales), las realidades locales de desgobierno político-civil en materias de seguridad hicieron sucumbir los esfuerzos por establecer una pauta general para el diseño, implementación y evaluación del marco institucional de cada país de la región.

Por otro lado, la arraigada ‘tradición’ latinoamericana de entregar estos dibujos y baremos a las mismísimas fuerzas de seguridad socavó las capacidades latentes de cada Estado para gobernar democráticamente la prevención y el control de las violencias y el delito.

No obstante, el desvío no es irreversible. Pero, supondría, de entrada, favorecer –con medidas concretas– el control democrático de la ciudadanía sobre el sistema institucional y funcional del Estado en seguridad ciudadana; habilitar y facilitar canales de rendición de cuentas para que el poder político fundamente y se responsabilice por sus decisiones en este plano; y, finalmente, dotar al ministerio o secretaría de Estado en seguridad de la debida autonomía orgánica, así como de una planta de funcionarios altamente profesionalizada y suficiente en capital humano, para dar por superada la necesidad lastrera de poblar las vacantes en seguridad pública con ex personal de las agencias de seguridad.

Ahora bien, ¿cuál es el panorama institucional que ofrece la región?

Un breve sondeo de sus polos de desarrollo (Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile y Costa Rica) acusa un tratamiento dispar, tanto en el plano orgánico como funcional. Reparticiones adscritas a otra secretaría de Estado, como en los casos de Brasil (Ministerio de Justicia) y Chile (Ministerio del Interior. Aunque en actual tramitación –boletín 14614-07– su Ministerio de Seguridad Pública), coexisten con entidades autónomas y especializadas, como en los casos de México (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana), Colombia (Consejo Superior de Política Criminal), Argentina (Ministerio de Seguridad) y Costa Rica (Ministerio de Seguridad Pública). A su turno, labores como la coordinación de las agencias de seguridad y la formulación de políticas en prevención del delito (México, Argentina, Chile y Costa Rica) se alternan, por ejemplo, con tareas prelegislativas sobre los proyectos de ley en tramitación (Colombia), o la administración y planificación del sistema penitenciario (Brasil).

Empero, más allá de las variaciones existentes, ¿efectivamente rinde resultados esta institucionalidad? ¿cuál(es) modelo(s) en mayor medida?

Estas interrogantes quedan resueltas al atender cinco elementos clave para la –óptima– configuración de una agencia gestora de la seguridad ciudadana: