Ministerios de Seguridad en América Latina: ¿necesidad o placebo? Algunas luces desde la política criminal y los derechos humanos.

28 de Junio de 2023
Ministerios de Seguridad en América Latina: ¿necesidad o placebo? Algunas luces desde la política criminal y los derechos humanos.
Foto de Maxim Hopman en Unsplash.

¿Cuáles son los elementos que configuran una adecuada agencia gestora de la seguridad ciudadana para América Latina?

Veinte años se cumplirán (28 de octubre de 2003) desde que se firmó, en México, la ‘Declaración sobre Seguridad de las Américas. Por medio de este acto los países suscriptores manifestaron su indeclinable compromiso de abordar los problemas de seguridad que aquejaban la región, pero con la particularidad, desde este hito, de incorporar en el plan de acción un enfoque conceptual novedoso y con pertinencia territorial para toda Latinoamérica. Se trataba de la noción de ‘seguridad multidimensional’. Perspectiva inédita en el sistema internacional y que, para tratar la inseguridad, proponía un abordaje integral de todas las complejidades endémicas de América Latina que remitieran, de una forma u otra, al fenómeno de la criminalidad.

Sin embargo, fue ese mismo afán holístico el que la apresó a una amplitud semántica que entrampó la operacionalización de sus objetivos y diluyó, en la práctica, una auspiciosa oportunidad para definir un marco institucional unívoco para la gestión de los asuntos de seguridad en cada uno de los Estados firmantes. En este último sentido, si bien –en el 2005– se creó la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA (para coordinar la cooperación política y técnica entre los Estados miembros, en conjunto con otras organizaciones internacionales), las realidades locales de desgobierno político-civil en materias de seguridad hicieron sucumbir los esfuerzos por establecer una pauta general para el diseño, implementación y evaluación del marco institucional de cada país de la región.

Por otro lado, la arraigada ‘tradición’ latinoamericana de entregar estos dibujos y baremos a las mismísimas fuerzas de seguridad socavó las capacidades latentes de cada Estado para gobernar democráticamente la prevención y el control de las violencias y el delito.

No obstante, el desvío no es irreversible. Pero, supondría, de entrada, favorecer –con medidas concretas– el control democrático de la ciudadanía sobre el sistema institucional y funcional del Estado en seguridad ciudadana; habilitar y facilitar canales de rendición de cuentas para que el poder político fundamente y se responsabilice por sus decisiones en este plano; y, finalmente, dotar al ministerio o secretaría de Estado en seguridad de la debida autonomía orgánica, así como de una planta de funcionarios altamente profesionalizada y suficiente en capital humano, para dar por superada la necesidad lastrera de poblar las vacantes en seguridad pública con ex personal de las agencias de seguridad.

Ahora bien, ¿cuál es el panorama institucional que ofrece la región?

Un breve sondeo de sus polos de desarrollo (Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile y Costa Rica) acusa un tratamiento dispar, tanto en el plano orgánico como funcional. Reparticiones adscritas a otra secretaría de Estado, como en los casos de Brasil (Ministerio de Justicia) y Chile (Ministerio del Interior. Aunque en actual tramitación –boletín 14614-07– su Ministerio de Seguridad Pública), coexisten con entidades autónomas y especializadas, como en los casos de México (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana), Colombia (Consejo Superior de Política Criminal), Argentina (Ministerio de Seguridad) y Costa Rica (Ministerio de Seguridad Pública). A su turno, labores como la coordinación de las agencias de seguridad y la formulación de políticas en prevención del delito (México, Argentina, Chile y Costa Rica) se alternan, por ejemplo, con tareas prelegislativas sobre los proyectos de ley en tramitación (Colombia), o la administración y planificación del sistema penitenciario (Brasil).

Empero, más allá de las variaciones existentes, ¿efectivamente rinde resultados esta institucionalidad? ¿cuál(es) modelo(s) en mayor medida?

Estas interrogantes quedan resueltas al atender cinco elementos clave para la –óptima– configuración de una agencia gestora de la seguridad ciudadana:

1. Rol de la política criminal del Estado

Entendida como la política pública consagrada a la prevención y el control de las violencias y el delito, la política criminal viene a nutrir de sustancia la arquitectura institucional para el gobierno de estos fenómenos desde cuatro frentes: ejecutivo, legislativo, judicial y penitenciario. Estas cuatro dimensiones del poder público confluyen y construyen las normas, políticas, medidas y prácticas que se disponen por los agentes del Estado para intervenir la problemática de la criminalidad.

Este programa de acción encuentra su rectoría en las oficinas del sector ejecutivo, variando en su nomenclatura, más conservando la responsabilidad de liderar una visión sistémica de la seguridad. En ese contexto, su desafío consiste en elaborar una estructura organizacional que propicie la implementación efectiva de los planes y estrategias del Estado en prevención y control del delito, propendiendo a la ‘unidad de acción’ de sus agencias y garantizando espacios de participación y fiscalización para la sociedad civil.

2. Rol de los derechos humanos

De acuerdo con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la seguridad ciudadana es «aquella situación política y social en la que las personas tienen legal y efectivamente garantizado el goce pleno de sus derechos humanos y en la que existen mecanismos institucionales eficientes para prevenir y controlar las amenazas o coerciones ilegítimas que pueden lesionar tales derechos». En su mérito, asiste al Estado la necesidad de consagrar al gobierno del fenómeno de la seguridad a todas las planas territoriales y funcionales de su administración, observando una estrategia que asegure, ante todo, el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas que resulten sujetas a control.

3. Rol de la intersectorialidad

En línea con los postulados de la seguridad multidimensional, un abordaje integral de la problemática demanda una perspectiva sistémica que articule de manera consistente las diversas políticas sectoriales que, en algún grado, interseccionan los despliegues de la estrategia de seguridad, propiamente dicha. Esa coordinación se suele depositar en un ente gestor premunido de alcance territorial y funcional.

4. Rol de los expertos

La sabiduría convencional aconseja que, para sortear cuestionamientos sobre la racionalidad y razonabilidad de las normas y medidas adoptadas para prevenir y controlar el delito, se debe otorgar foro a la asesoría experta, integrada por especialistas independientes políticamente que informen la toma de decisiones con sus aportes en conocimiento y experiencia. Con el fin de instaurar una instancia que permita ‘meditar’ los designios de la opinión pública, en aras de asegurar una mayor coherencia y prolijidad en los planes de acción del Estado.

5. Perfil funcionario

Resulta aconsejable un aparato institucional provisto de personal con carácter eminentemente técnico y cuyo equipo de trabajo pueda aspirar a desarrollar una carrera funcionaria en la repartición. Esto le brindaría al mentado órgano civil una continuidad y profesionalidad en su gestión, con miras a proyectar en el mediano plazo la conformación de una masa de especialistas en diversos asuntos de la seguridad ciudadana.

Este rejunte de variables revisten consideraciones que no se pueden pasar por alto a la hora de estudiar el diseño organizacional que requiere la institucionalidad en seguridad. Sea una secretaría de Estado autónoma o una oficina adscrita, lo imperioso es prevalerse de un esquema orgánico y funcional que permita afrontar los desafíos que dimanan del fenómeno de la criminalidad, cautelando siempre un marco de gestión democrático y altamente especializado.

Como cierre, y abandonada –momentáneamente– la empresa de coordinar centralizadamente los esfuerzos regionales en seguridad ciudadana, no debe renunciarse, a su turno, al aporte que puede entregar la cooperación internacional, máxime, en un campo exponencialmente transnacionalizado como el delito. Las estructuras institucionales domésticas deben resultar permeables por las directrices y recomendaciones del sistema interamericano, y disponerse en un espíritu colaborativo entre agencias nacionales para hacer frente a una problemática que de ninguna manera se disipará de manera parcelada. Por el contrario, demandará la comunión de sus acciones y su aptitud organizacional para responder con eficacia y eficiencia a la versatilidad del fenómeno criminal. En ese escenario, el específico diseño institucional de la gestión securitaria parece encuadrarse con necesidades técnicas reales, alejadas de la tradicional analgesia de la medicina burocrática. 

Citación académica sugerida: Bravo Correa, Nicolás. Ministerios de Seguridad en América Latina: ¿necesidad o placebo? 2023/06/28. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/ministerios-de-seguridad-en-america-latina/

Palabras clave: América Latina – Ministerios de seguridad – Diseño organizacional – Gobernabilidad democrática – Seguridad multidimensional.

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ACERCA DEL AUTOR
Nicolás Bravo Correa

Abogado (Universidad de Chile). Estudiante de Magíster en Derecho penal (Universidad de Chile). Postitulado en Criminología (Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile).

Investigador asistente del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile.

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