23 de Junio de 2026
La reorganización política del exilio nicaragüense
El artículo analiza cómo el exilio nicaragüense se ha convertido en un actor político transnacional que documenta violaciones de derechos humanos, preserva la memoria e impulsa una futura transición democrática.
Nicaragua hoy en día combina la cooptación de instituciones, el cierre del espacio cívico y la persecución sistemática de opositores. Ello ha llevado a que el exilio nicaragüense se convierta en el principal espacio político transnacional, no por elección, sino por necesidad.
Cuando el Estado deja de lado la democracia y concentra su poder político en la represión, ciertos grupos de personas forzadas al exilio asumen ciertas funciones como la representación y documentación ante la incapacidad del Estado de llevarlas a cabo. El exilio nicaragüense es una esfera decisiva donde se busca redefinir la democracia para Nicaragua.
Desde la llegada al poder de Daniel Ortega a Nicaragua en 2007, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) a través de sus órganos principales: Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han documentado un debilitamiento institucional y retroceso democrático en el país, que se vio agravado en 2018 con el estallido social y las continuas protestas por parte de la ciudadanía.
El SIDH (2021, 2023) y la Organización de las Naciones Unidas mediante el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN-ONU) han expuesto, con el apoyo de la sociedad civil nicaragüense, la concentración de poder y el cierre del espacio cívico prácticamente en su totalidad. Se ha identificado el cierre de más del 80% de ONG, de medios de comunicación y de su representación legal, así como del detrimento de la libertad de expresión y de asociación.
El GHREN a través de sus informes recientes de (2025, 2026), ha indicado que existe una política de Estado deliberada para silenciar cualquier forma de disidencia, incluso dentro de sus propias bases, con el objetivo de disuadir cualquier surgimiento de resistencia. Un claro ejemplo de ello es la privación arbitraria de la nacionalidad a 452 nicaragüenses por ser declarados “traidores a la patria”.
En paralelo, el régimen nicaragüense ha formalizado su retirada de seis organismos internacionales de la ONU dentro de los cuales figura el Consejo de Derechos Humanos en donde se expone el Examen Periódico Universal (EPU) para evaluar la situación de derechos humanos del país cada 4 años. Además, se retiró oficialmente de la Organización de Estados Americanos en 2023.
A efectos de claridad, el término ‘exilio’ es referido a la separación de una persona de la tierra en la que vive por motivos políticos u de otra índole por ser consideradas opositoras al régimen actual de Nicaragua. Entre ellas se incluyen a diversos actores de la sociedad civil tales como periodistas, defensores de derechos humanos, empresarios, académicos, grupos religiosos, entre otros, según lo documentado por el GHREN-ONU.
El SIDH a través de sus informes y casos contenciosos como el Caso Chavarría Morales y otros Vs. Nicaragua, ha expuesto el cierre casi completo del espacio cívico nicaragüense. Este hecho ha obligado a los opositores del régimen a trasladarse al exterior. Entre las y los que se encuentran en exilio, varios siguen con actividades para ejercer presión. Esto ha consolidado el espacio del exilio como una fuerza política transnacional que lucha día con día para mantener interlocución y visibilidad ante la comunidad internacional.
Cabe destacar que ciertos grupos del exilio nicaragüense han adquirido reconocimiento y visibilidad ante organismos internacionales, gobiernos y cuerpos jurisdiccionales como la Corte IDH. El exilio ha dado espacio donde se asumen funciones como el monitoreo, investigación y documentación de violaciones graves de derechos, y la deliberación sobre cómo organizar oposición y representación.
Los interlocutores provienen de iniciativas de auto-organización desde el exilio por medio de plataformas de personas desnacionalizadas, redes de periodistas, colectivos de víctimas, centros de documentación de violaciones de derechos, y organizaciones de la sociedad civil. Algunas de las iniciativas colaboran con organismos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, sin embargo, su trabajo nace desde la articulación interna.
A su vez, mediante la interlocución jurídica y política diversas organizaciones y colectivos de víctimas ejercen visibilidad ante organismos internacionales como el GHREN-ONU, y participan en audiencias de la Corte IDH para exhibir violaciones graves sistemáticas de derechos.
Por ejemplo, el Colectivo Nicaragua Nunca Más es un grupo de personas exiliadas que buscan documentar violaciones de derechos, acompañar a las víctimas y presentar informes de incidencia ante la ONU y el SIDH. También, existen grupos de periodistas que trabajan desde el exilio como Confidencial o Divergentes, así como, otras plataformas que representan a las personas exiliadas por medio del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), entre otros.
Ante el fuerte debilitamiento de la institucionalidad nicaragüense según el GHREN, el sistema judicial ya no ofrece ninguna garantía ni protección de derechos. El Ministerio Público y el poder judicial después de las reformas constitucionales de 2024 están bajo mandato del ejecutivo y se usan como armas de persecución política.
Con ello, el exilio ha asumido un rol procesal, en donde presenta pruebas ante el SIDH, participa en las audiencias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y colabora con el Grupo de Expertos, que son quienes recaudan las pruebas de las violaciones sistemáticas de derechos. Además de aportar testimonios en casos de la Corte IDH.
Es importante destacar, lo que deja entrever el GHREN y el SIDH, que sin el apoyo del exilio nicaragüense, la documentación y registro de los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido sería prácticamente imposible.
Desde 2018, cuando surgió el estallido social en Nicaragua y se intensificó de manera drástica la represión sistemática de opositores, diversos grupos del exilio han creado instituciones paralelas, tales como observatorios, centros de documentación, archivos para preservar la memoria, entre otros. Todo ello con el fin de sostener tareas que dentro del país se volvieron inviables ante la cooptación institucional.
Estas iniciativas, por parte del exilio, buscan documentar violaciones de derechos, preservar memoria de los hechos, articular agendas políticas y mantener canales comunicativos con actores externos. Por ejemplo, la organización Pbi Nicaragua trabaja de la mano con la ONU Derechos Humanos para incidir en sus informes presentados ante el Consejo de Derechos Humanos y sus resoluciones del EPU.
En esa misma línea, la representación que ejerce el exilio no depende per se de contar con un territorio, sino de la capacidad de articular derechos, exigir justicia y preservar la memoria de los hechos. También, el exilio por medio de sus redes impulsa la diplomacia ciudadana, participando en reuniones con diversos actores de la ONU y CIDH. Además, de participar en audiencias de casos contenciosos de la Corte IDH.
La evidencia es clara: el exilio nicaragüense es hoy el principal actor político en contra del gobierno de Nicaragua; no es un actor solo de denuncia, sino que ha pasado a ser de acción y resultados. El SIDH, la ONU y organizaciones afines han resaltado el papel fundamental que cumplen en cuanto a documentar y registrar violaciones sistemáticas de derechos, vital para preservar la memoria y promover agendas políticas de cambio.
Ante un espacio cívico cerrado y donde la concentración de poder se usa para reprimir, el exilio nicaragüense busca sostener tareas de documentación, incidencia y memoria, que permitan mantener la visibilidad internacional. El uso de la justicia internacional, la reorganización del exilio y la diplomacia ciudadana son claves para lograrlo. El reto ahora recae en el futuro proceso de transición democrática y que su reconstrucción incluya a aquellos que han mantenido viva la democracia nicaragüense.
Palabras claves: Exilio, Nicaragua, derechos humanos
Citación académica sugerida: Estrada, Eduardo A. La reorganización política del exilio nicaragüense, Agenda Estado de Derecho. 2026/06/23. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/minerales-esenciales-para-la-transicion-energetica/
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Es Doctor en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Università degli Studi di Palermo (Italia). Se desempeña como consultor e investigador en derechos humanos y políticas públicas. Ha colaborado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ONU Derechos Humanos y el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional, donde participó en el proyecto Ius Constitutionale Commune en América Latina (ICCAL).
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
