La web ya no es tierra de nadie bajo el nuevo fallo de la Corte Constitucional de Colombia
8 de Junio de 2026
Las plataformas digitales ya no deciden solas sobre cuentas y contenidos ¿Qué cambia con el fallo de la Corte Constitucional de Colombia contra Meta?
Tradicionalmente, hemos percibido el ciberespacio como un universo paralelo; un entorno digital que opera bajo sus propias leyes y costumbres, ajeno a la intervención de los Estados nacionales. Esa percepción creó la ilusión de una “zona de exclusión legal”, donde las plataformas imponen sus “normas de la casa” mediante contratos de adhesión difíciles de cuestionar.
La Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia T-256 de 2025, rompió con la idea de un ciberespacio ajeno al control estatal al afirmar que “el Estado no puede renunciar a ejercer su jurisdicción sobre la Internet”. Y pese a que “la existencia de un ‘mundo virtual’ o ciberespacio desborda las fronteras nacionales, nadie podría sostener que, por tratarse de Internet, los usuarios no pueden ver amenazados sus derechos constitucionales” y, por tanto, “el Estado tiene un deber de intervención” (trayendo a colación la C-1147 de 2001).
El mensaje es que la soberanía y la jurisdicción también alcanzan los escenarios digitales. Detrás de cada perfil hay personas reales cuyos derechos fundamentales no se diluyen en la red. Por eso, cualquier afectación a los derechos habilita la intervención de los jueces constitucionales de Colombia.
La Corte —en la T-256-25— ha determinado que la autonomía privada de las plataformas digitales para la moderación de contenido no es absoluta. En sus palabras, «no resulta constitucionalmente aceptable reconocer a las plataformas una potestad sancionatoria absoluta», pues ello dejaría al ciudadano en indefensión, incompatible con el Estado Social de Derecho.
Además, precisó que “cuando una controversia sucede en el ciberespacio, los jueces nacionales deben adaptar el principio de territorialidad para identificar si la controversia tiene una conexión relevante con el país, como la prestación de servicios a usuarios en Colombia o el tratamiento de datos personales en el territorio nacional”. Así, las «normas de la casa» de las Big Tech quedan subordinadas a la Constitución cuando su impacto ocurre en territorio colombiano.
El debate cobró relevancia con el caso de una creadora de contenido —Esperanza Gómez— cuya cuenta, con más de 5 millones de seguidores, fue eliminada de forma repentina por presuntas infracciones relacionadas con desnudos y actividades sexuales fuera de línea, sin explicaciones, sin apelación. Al respecto, la Corte precisó que «si bien Meta puede establecer unas reglas de permanencia de quienes trabajan de forma independiente en esos espacios, tiene que hacerlo respetando los derechos fundamentales de esas personas, incluido el trabajo».
Un aporte novedoso del fallo fue la alerta sobre los sesgos de la inteligencia artificial en la moderación de contenidos, que pueden perpetuar estereotipos, especialmente contra las mujeres. Por ello, la Corte destacó que la eliminación de cuentas debe ser motivada, explicada, garantizando el debido proceso y evitando que la tecnología se convierta en una “caja negra” impenetrable.
Este marco de acción parte de reconocer que los espacios digitales constituyen escenarios esenciales para el ejercicio de la libertad de opinión y expresión. En esa medida, tratándose de discursos que no gozan de una protección reforzada, pero que tampoco se encuentran prohibidos, debe operar una presunción amplia a favor de su protección. Por ello, cualquier decisión orientada a eliminar contenidos o cuentas en esta categoría debe ser sometida al test tripartito aplicable a las restricciones a la libertad de expresión, esto es, debe evaluarse si la medida cumple con los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Asimismo, el tribunal advirtió que el uso de conductas realizadas fuera del entorno digital como criterio para moderar contenidos en línea debe analizarse con cautela, pues no siempre resulta adecuado y, en determinados contextos, puede generar riesgos de discriminación, particularmente contra las mujeres.
Lo más destacable del fallo es la búsqueda de un equilibrio que empodere al usuario sin asfixiar la libertad de empresa ni la de expresión. Bajo esta premisa, la Corte establece que, para consolidar dicho ambiente propicio, el Estado debe observar cuatro deberes fundamentales en materia de intervención y moderación de contenidos:
1. Promover un internet libre y garantizar los derechos en redes sociales.
2. Abstenerse de medidas restrictivas arbitrarias (bloqueos o borrados sin sustento legal).
3. Garantizar la transparencia y el diálogo intersectorial en los sistemas regulatorios.
4. Crear un ambiente propicio que asegure la consistencia en la toma de decisiones de moderación.
Aunado a lo anterior, esta providencia adquiere una relevancia mayúscula en la medida en que traslada formalmente al escenario digital el paraguas de la protección constitucional y las garantías jurisprudenciales. Dicho de otro modo, se ratifica que el ciberespacio no es un territorio ajeno a la ley, sino un ámbito justiciable donde los jueces deben intervenir para salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La trascendencia de esta sentencia desborda las fronteras colombianas para integrarse en una incipiente tendencia latinoamericana, al encontrar puntos de convergencia con experiencias jurídicas como la de Brasil. Al ser la Corte Constitucional colombiana uno de los tribunales más influyentes de la región, su doctrina se constituye como una guía jurisprudencial esencial para que otros jueces del continente cuenten con un soporte sólido al enfrentar la asimetría de poder entre los ciudadanos y las corporaciones tecnológicas.
Un punto revelador, es la eficacia material de la decisión. Lejos de quedar como una declaración retórica, Meta Platforms Inc. dio cumplimiento a lo ordenado por la Corte, ejecutando acciones concretas de gran calado, porque creó un centro de transparencia y simplificó sus condiciones de uso para que los procedimientos de eliminación de cuentas sean de fácil acceso; habilitó un canal específico para ser notificada formalmente por las autoridades judiciales de Colombia y remitió un informe cumplimiento.
Este escenario pone en evidencia que un juez nacional, incluso fuera de la sede principal de una compañía norteamericana, tiene la facultad de emitir órdenes vinculantes en defensa de los derechos fundamentales. El hecho de que estas órdenes fueran satisfechas ratifica que las Big Tech no son inmunes a la soberanía estatal; por el contrario, están subordinadas a la legislación nacional cuando su operación impacta en el territorio y en la dignidad de sus usuarios.
De todo lo anterior resulta que el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos no es una concesión de las empresas, sino que es exigible ante los jueces constitucionales. Colombia con este fallo ha reafirmado que su deber primordial es “garantizar la vigencia del orden constitucional y los derechos fundamentales de las personas”, sin importar si la vulneración ocurre en una plaza pública o en una pantalla.
Citación académica sugerida: Pérez Hernández, Santiago. La web ya no es tierra de nadie: la Corte Constitucional de Colombia pone límites a las Big Tech.. Agenda Estado de Derecho. 2026/06/08. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-web-ya-no-es-tierra-de-nadie/
Palabras clave sugeridas: Corte Constitucional, Moderación de contenidos
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
