La capacidad de resistencia de las democracias

8 de Julio del 2020
La capacidad de resistencia de las democracias

La democracia se convirtió en el último medio siglo en la forma de organización dominante en los sistemas políticos de diversas regiones del mundo. En un estudio reciente de IDEA International, se sostiene que mientras en 2008 había 90 democracias, en 2018 esa cifra se había incrementado a 97, que equivale al 62% de los países. Siguiendo esos datos, el 57% de la población mundial vive hoy en una democracia mientras que en 1975 sólo lo hacía el 36%. La gráfica da cuenta de ese crecimiento y de cómo ésta es la etapa de mayor proliferación de la democracia, en su dimensión procedimental, en la historia moderna.

Gráfica 1. Fuente: elaboración propia con información de la categorización dicotómica de Boix, Miller y Rosato (2018) y el Índice de Democracia Electoral de la versión 10 de Proyecto Varieties of Democracy (V-Dem 10) (Coppedge et al. 2020). El cuadrante 1 muestra el porcentaje de países con regímenes democráticos de acuerdo con la primera fuente y el cuadrante 2 la media anual a nivel mundial del Índice de Democracia Electoral.

Esto, que parece sencillo y obvio para muchos, no lo es. La lucha histórica por la democracia ha dado sus frutos. Aún así, a pesar del acuerdo sobre su expansión, la evaluación de aquella no genera los mismos consensos. Un sector de la academia especializada y la opinión pública es pesimista y ha llamado la atención sobre los problemas y los retrocesos que enfrentan los sistemas democráticos en la actualidad (Bermeo 2016Diamond 2020Ginsburg y Huq 2018). Otro, en cambio, aunque reconoce que existen problemas, destaca aspectos positivos incluso en los sistemas que se han democratizado recientemente como la ampliación de derechos individuales políticos y civiles, la celebración de elecciones cada vez mejor organizadas, autoridades electorales autónomas y cada vez más profesionales, la ampliación de los controles sobre quienes ejercen el poder, la reducción de la brecha de género en la representación, la inclusión de grupos históricamente subrepresentados (Levitsky y Way 2015Przeworski 2019aSchmitter, 2015) y la aceptación casi generalizada de la ciudadanía y las élites de la idea de que, aunque la democracia no es perfecta, es “el único juego posible en la ciudad” (Przeworski, 2019a; Linz, 1987).

Somos conscientes de que quienes identifican problemas en el funcionamiento de la democracia están preocupados -y con razón- por las limitaciones a los derechos individuales, la impunidad y la corrupción, las debilidades estatales y el ejercicio autoritario del poder. Es cierto que en diversos países del mundo el funcionamiento de la democracia se ha vuelto cada vez más tenso por la presencia de líderes personalistas que acceden al poder a través de las elecciones, pero que lo ejercen de manera autocrática, ignorando límites constitucionales y polarizando con sus discursos las diferencias entre seguidores y opositores. Esas pulsiones autoritarias, sumadas a los altos niveles de desigualdad y pobreza -agravadas por la presente crisis- y el cada vez mayor descontento de la ciudadanía con los resultados de la democracia, están poniendo a prueba a las mismas democracias.

No queremos rechazar lo obvio ni ser ingenuos o inocentes. Pero tampoco podemos negar los rasgos positivos que han alcanzado esas mismas democracias en las últimas décadas. Los datos son igualmente evidentes cuando se observa la rutinización de las elecciones, el aprendizaje de la ciudadanía a votar de las rutinas electorales y la posibilidad de que la gente pueda utilizar el voto para quitar a gobernantes que ya no les representan. Dicho de otro modo, la democracia procedimental -aquella que siguiendo a Przeworski (2019b) supone la combinación de certeza en las reglas de juego e incertidumbre en los resultados- continúa siendo una opción real en muchas partes del mundo. Eso no quiere decir que las democracias estén libres de enfrentar desafíos importantes pero también implica que son capaces de continuar haciendo lo que ya saben hacer: elecciones competitivas, justas y (más o menos) plurales de manera ininterrumpida, facilitando la alternancia entre diversas opciones competitivas y garantizando cada vez más el acceso igualitario, de hombres y mujeres, a los cargos de representación política.

Un aspecto positivo que es evidente en cuanto a la salud de las democracias tiene que ver con el incremento de la representación legislativa de las mujeres. Si bien este es solo un dato, la ausencia de mujeres en el poder cuestiona la existencia misma de la democracia. Entre 1919 y 2019, la media anual del porcentaje de legisladoras de las Cámaras Bajas se incrementó en el mundo de 0.18 a 23.3%. De hecho, como se aprecia en la siguiente gráfica, la etapa en el que este crecimiento ha sido más intenso y constante corresponde a las últimas tres décadas. En los países de América Latina el cambio en la representación descriptiva fue aún más veloz pues se incrementó 30 puntos porcentuales desde 1991, cuando se comenzaron a adoptar medidas de acción afirmativa y/o el principio de la paridad de género, tal y como fue reportado recientemente por CEPAL. Este incremento constituye un avance significativo, que tiene el potencial de marcar un cambio profundo -y favorable- en las relaciones sociales, la manera de hacer política y la construcción de democracias paritarias (Bareiro y Soto 2015). Una mayor inclusión de los grupos históricamente excluidos de la representación y participación política -mujeres, indígenas, afros, personas de la diversidad sexual- que se está dando en los países de la región es clave para la profundización de la democracia.  

Gráfica 2. Fuente: elaboración propia con información del Proyecto Varieties of Democracy (V-Dem 10) (Coppedge et al. 2020).

Esto, que parece sencillo y obvio para muchos, no lo es. La lucha histórica por la democracia ha dado sus frutos. Aún así, a pesar del acuerdo sobre su expansión, la evaluación de aquella no genera los mismos consensos. Un sector de la academia especializada y la opinión pública es pesimista y ha llamado la atención sobre los problemas y los retrocesos que enfrentan los sistemas democráticos en la actualidad (Bermeo 2016Diamond 2020Ginsburg y Huq 2018). Otro, en cambio, aunque reconoce que existen problemas, destaca aspectos positivos incluso en los sistemas que se han democratizado recientemente como la ampliación de derechos individuales políticos y civiles, la celebración de elecciones cada vez mejor organizadas, autoridades electorales autónomas y cada vez más profesionales, la ampliación de los controles sobre quienes ejercen el poder, la reducción de la brecha de género en la representación, la inclusión de grupos históricamente subrepresentados (Levitsky y Way 2015Przeworski 2019aSchmitter, 2015) y la aceptación casi generalizada de la ciudadanía y las élites de la idea de que, aunque la democracia no es perfecta, es “el único juego posible en la ciudad” (Przeworski, 2019a; Linz, 1987).

Somos conscientes de que quienes identifican problemas en el funcionamiento de la democracia están preocupados -y con razón- por las limitaciones a los derechos individuales, la impunidad y la corrupción, las debilidades estatales y el ejercicio autoritario del poder. Es cierto que en diversos países del mundo el funcionamiento de la democracia se ha vuelto cada vez más tenso por la presencia de líderes personalistas que acceden al poder a través de las elecciones, pero que lo ejercen de manera autocrática, ignorando límites constitucionales y polarizando con sus discursos las diferencias entre seguidores y opositores. Esas pulsiones autoritarias, sumadas a los altos niveles de desigualdad y pobreza -agravadas por la presente crisis- y el cada vez mayor descontento de la ciudadanía con los resultados de la democracia, están poniendo a prueba a las mismas democracias.

No queremos rechazar lo obvio ni ser ingenuos o inocentes. Pero tampoco podemos negar los rasgos positivos que han alcanzado esas mismas democracias en las últimas décadas. Los datos son igualmente evidentes cuando se observa la rutinización de las elecciones, el aprendizaje de la ciudadanía a votar de las rutinas electorales y la posibilidad de que la gente pueda utilizar el voto para quitar a gobernantes que ya no les representan. Dicho de otro modo, la democracia procedimental -aquella que siguiendo a Przeworski (2019b) supone la combinación de certeza en las reglas de juego e incertidumbre en los resultados- continúa siendo una opción real en muchas partes del mundo. Eso no quiere decir que las democracias estén libres de enfrentar desafíos importantes pero también implica que son capaces de continuar haciendo lo que ya saben hacer: elecciones competitivas, justas y (más o menos) plurales de manera ininterrumpida, facilitando la alternancia entre diversas opciones competitivas y garantizando cada vez más el acceso igualitario, de hombres y mujeres, a los cargos de representación política.

Un aspecto positivo que es evidente en cuanto a la salud de las democracias tiene que ver con el incremento de la representación legislativa de las mujeres. Si bien este es solo un dato, la ausencia de mujeres en el poder cuestiona la existencia misma de la democracia. Entre 1919 y 2019, la media anual del porcentaje de legisladoras de las Cámaras Bajas se incrementó en el mundo de 0.18 a 23.3%. De hecho, como se aprecia en la siguiente gráfica, la etapa en el que este crecimiento ha sido más intenso y constante corresponde a las últimas tres décadas. En los países de América Latina el cambio en la representación descriptiva fue aún más veloz pues se incrementó 30 puntos porcentuales desde 1991, cuando se comenzaron a adoptar medidas de acción afirmativa y/o el principio de la paridad de género, tal y como fue reportado recientemente por CEPAL. Este incremento constituye un avance significativo, que tiene el potencial de marcar un cambio profundo -y favorable- en las relaciones sociales, la manera de hacer política y la construcción de democracias paritarias (Bareiro y Soto 2015). Una mayor inclusión de los grupos históricamente excluidos de la representación y participación política -mujeres, indígenas, afros, personas de la diversidad sexual- que se está dando en los países de la región es clave para la profundización de la democracia.

Gráfica 2. Fuente: elaboración propia con información del Proyecto Varieties of Democracy (V-Dem 10) (Coppedge et al. 2020).

¿Por qué frente a una misma realidad hay opiniones tan diferentes? Nuestra respuesta, discutida más ampliamente en Freidenberg y Saavedra (2020), es que la evaluación de la democracia depende del concepto que se emplee para observarla, pues ello incide de manera directa en el diseño e instrumentación de la estrategia de investigación y de verificación empírica que se emplee y da pistas respecto a la dimensión que el autor/a prioriza en su análisis. Aunque a primera vista podría parecer una cuestión obvia, en realidad no lo es, si se considera la falta de atención que muchas veces se presta al vínculo entre lo conceptual y lo empírico (Przeworski 2019aBunce 2000) Sabemos que esa respuesta no va a gustar a muchos y entendemos la relevancia teórica y práctica de emplear mediciones diferentes. De esta manera, los problemas que enfrenta la democracia se hacen evidentes cuando se pasa de una definición de democracia electoral a otra más amplia, donde se incluyen atributos que tienen que ver no sólo con el acceso al poder sino con el ejercicio de la ciudadanía (dimensión de derechos), con el ejercicio del poder (dimensión de prácticas) y, en particular, con las evaluaciones que las personas realizan del sistema político (dimensión actitudinal).

No es para menos. Que la ciudadanía no esté conforme con la democracia hace peligrar su persistencia. ¿Cómo va a sobrevivir un sistema político si su gente no cree en ella o si sus resultados no impactan en el bienestar de la comunidad? La insatisfacción con la democracia ha crecido de manera sostenida en las últimas décadas y, según los resultados de un reporte reciente de Centro para el Futuro de la Democracia de la Universidad de Cambridge, llegó a su pico a nivel mundial en 2019. Este proceso ha sido especialmente grave en América Latina donde el deterioro de los últimos diez años alcanzó niveles críticos, según los datos del Latinobarómetro del 2018.

La ciudadanía apoya cada vez menos a la democracia, se manifiesta cada vez más insatisfecha con el régimen político e incluso, en 2018, manifestaba su mayor caída respecto a los periodos anteriores. Los niveles de confianza hacia las instituciones (Gobierno, Congreso, Poder Judicial) y los actores políticos (partidos y Fuerzas Armadas) ha ido en descenso desde la década de 1990 (Zovatto 2018). Precisamente, el hecho de que la ciudadanía se encuentre inconforme con la democracia y desconfíe de su clase política -sumado a los magros resultados respecto al bienestar y la seguridad- ha llevado a recientes movilizaciones en algunos países y a que mucha personas votaran por líderes que prometen transformaciones radicales para mejorar el bienestar y que en muchos casos exacerban la confrontación con aquellos a quienes la ciudadanía responsabiliza (al menos simbólicamente) por la falta de resultados de la democracia en materia económica o social.

Aún así, los retos continúan. Todavía queda mucho por hacer para vivir en democracias plenas, en particular, con relación a la vigencia del Estado de derecho y el desarrollo de capacidades estatales, a partir de poder cumplir con las funciones básicas que se espera que haga el Estado; con la posibilidad de canalizar el descontento social y de que las elecciones sean capaces de procesar dicha conflictividad; con la exigencia de generar bienestar para la ciudadanía y de garantizar de manera pacífica el respeto a las diferencias y erradicar las desigualdades de cada sociedad. La pregunta que nos aqueja a todes es en qué medida estas condiciones democráticas resistirán a los embates de la pandemia del COVID-19.

La mejor respuesta a esta cuestión provendrá de la capacidad de las élites políticas para hacer frente a las causas del descontento y la desafección de la ciudadanía. Los riesgos para las democracias, sobre todo para las más débiles, se incrementarán respecto a las posibilidades que tengan los gobiernos de innovar, ser resilientes y empáticos para hacer frente a los retos sociales, económicos y políticos que esta crisis está generando. En los próximos años, las democracias actuales deberán demostrar su capacidad de resistencia para seguir siendo la mejor opción para la ciudadanía. Las democracias tienen -efectivamente- muchos retos de cara a facilitar la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos sociales, pero por el momento no son enfermos terminales que requieran de respiración artificial sino que, en muchos lugares, gozan (aún) de buena salud.

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Citación académica sugerida: Freidenberg, Flavia; Saavedra Herrera, Camilo: La capacidad de resistencia de las democracias, 2021/05/31. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-capacidad-de-resistencia-de-las-democracias/

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ACERCA DE LOS AUTORES
Flavia Freidenberg

Investigadora Titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México y Profesora del Posgrado de la misma Universidad. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Coordinadora General del “Observatorio de Reformas Políticas de América Latina”, de la Organización de los Estados Americanos y del II-UNAM y del #LaboratorioMujeresPolíticas” del IIJ-UNAM. Investigadora Principal del Proyecto PAPIIT “Reformas Electorales y Democracia en América Latina” (2020-2021) y fundadora, junto a un grupo de colegas, de la Red de Politólogas – #NoSinMujeres.

Camilo Saavedra Herrera.

Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y docente de la misma Universidad. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel I). Investigador del “Observatorio de Reformas Políticas en América Latina” y del Proyecto PAPIIT-UNAM “Reformas Electorales y Democracia en América Latina” (2020-2021). Especialista en investigación sobre cambio e interpretación constitucional, instituciones y procesos judiciales y democracia y elecciones. 

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Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

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Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.