Proyecto de ley de cooperación: una nueva amenaza al derecho a defender Derechos Humanos en Venezuela

2 de Agosto de 2022
Proyecto de ley de cooperación: una nueva amenaza al derecho a defender Derechos Humanos en Venezuela
Crédito foto: Kira Kariakin / Flickr

Según la autora, en Venezuela se han usado propuestas normativas para sentar las bases legales de una política de criminalización de la defensa de derechos humanos.

La cooperación internacional es un elemento esencial para la promoción de los derechos humanos y el desarrollo sostenible a nivel mundial. Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Organización de Estados Americanos (OEA) la han definido e identificado como un mecanismo para afrontar problemas de diversa índole y de ese modo propiciar cambios y promover el progreso de la sociedad.

La Asamblea General de Naciones Unidas ha determinado la importancia de la cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos, destacando que esta supone “mejorar las condiciones de vida de todas las personas en todos los países” y pone de relieve el papel que ésta desempeña “en el apoyo a la labor nacional y el aumento de la capacidad de los Estados en la esfera de los derechos humanos”, promoviendo un interés general mediante el involucramiento de distintos actores en el cumplimiento de sus compromisos internacionales generando espacios que permitan el acceso y disponibilidad de recursos, incluida la prestación de asistencia técnica, en el marco del diálogo y entendimiento, conforme con la Carta de Naciones Unidas.

En este sentido, observamos que la cooperación internacional se convierte en un derecho para la sociedad civil y en consecuencia genera obligaciones para los Estados, que tienen el deber de garantizar que todos los actores inmersos en los procesos de cooperación puedan hacerlo de forma libre y sin limitaciones arbitrarias o requisitos excesivos que dificulten su ejercicio.

En el caso de Venezuela, la emergencia humanitaria compleja ha hecho más necesaria la cooperación internacional en todos sus ámbitos, pero el Estado se ha sofisticado en las acciones para limitar y controlar la cooperación internacional, incluso criminalizando a organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil que la ejerce.

Un ejemplo de ello es el nuevo Proyecto de Ley de Cooperación (PLCI) que circuló a inicios de mayo en Venezuela, representando una nueva amenaza para la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos en el país. Asimismo, de acuerdo con información difundida de forma oficial por la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, el ente se encuentra debatiendo la propuesta normativa y avanzó en la aprobación de la exposición de motivos de la Ley; además, el Vicepresidente de la Comisión informó que “esta propuesta de ley se encuentra en la fase de revisión por parte de la instancia a objeto de someterla a consulta pública nacional”.

Antecedentes de aprobación de una Ley de Cooperación

La ley de cooperación ha sido una amenaza constante para la sociedad civil en Venezuela. El Estado venezolano ha propuesto su aprobación en al menos cuatro oportunidades (2005, 2006, 2010 y 2015). El momento en el cual presentó más impulso y apoyo de sectores pro gubernamentales fue en 2006, cuando un primer proyecto fue aprobado en primera discusión en el parlamento nacional, sin que se concretara su promulgación como resultado de la presión que distintos actores de la comunidad internacional ejercieron para que no avanzara debido a diversas preocupaciones.

La organización Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) denunció en un reporte reciente que entre los años 2019 y 2021 documentó al menos 15 amenazas en torno a la posible promulgación de una ley destinada a regular la cooperación. Alertó que el Estado ha promovido la aprobación del texto normativo por medio de justificativos en los que se pretende asociar a la cooperación con actividades contrarias a la ley, así como al interés y la seguridad nacional, criminalizando la cooperación internacional

Por otra parte, señaló que a inicios de 2022, el representante del Ejecutivo Nacional, Nicolás Maduro, determinó en reunión de Consejo de Ministros que debía incorporarse en el plan legislativo de ese año una Ley de Cooperación Internacional. En abril de ese mismo año, la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional anunció haber avanzado en la preparación de un proyecto de ley, que sería posteriormente presentado ante la plenaria de la Asamblea Nacional.

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Política de criminalización a la defensa, promoción y exigencia de respeto a los derechos humanos

La propuesta de Ley de Cooperación que ha estado circulando demuestra la intención del Estado de seguir avanzando en nuevas acciones tendientes a la criminalización de la defensa, promoción y exigencia de respeto a los derechos humanos, incluida la cooperación internacional. Desde 2002 se han establecido distintos obstáculos y limitaciones por vías de hecho y de derecho,  que pretenden vincular el trabajo de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de derechos humanos, con actividades relacionadas a la delincuencia organizada o el terrorismo, por considerarlas “injerencistas” o “desestabilizadoras”. Evidenciando la existencia de una política de criminalización, se ha basado en la tesis del enemigo interno, cuyo resultado ha sido un aumento preocupante de los ataques en contra de las personas defensoras de derechos humanos, con al menos 1.352 agresiones documentadas entre 2019 y mayo de 2022, según registros del CDJ.

En este contexto de aumento de amenazas, intimidación, hostigamiento y agresiones se retoma el intento de aprobar una ley de cooperación internacional. El proyecto difundido en el año en curso se enmarca en la profundización de una Política de Criminalización, en tanto, de acuerdo con su exposición de motivos, fundamenta su existencia en argumentos de preservación de la soberanía, la autodeterminación y la protección de la seguridad de la nación.

Proyecto de Ley de Cooperación y cierre del espacio cívico y democrático

El análisis del texto normativo demuestra que el Estado busca imponer nuevos controles, excesivos, arbitrarios y discrecionales, a las actividades de las organizaciones y asociaciones en Venezuela, específicamente las relativas a la cooperación internacional en todos sus ámbitos, lo que pone en riesgo la operatividad legal de las organizaciones.

La propuesta normativa se plantea en términos restrictivos y desapegados a los estándares internacionales. Comenzando por la pretensión de condicionar el funcionamiento de las organizaciones con la sujeción a un nuevo sistema de registro, además de someter la cooperación a una serie de nuevos requisitos, incluyendo la creación de un fondo de administración de los recursos provenientes de la cooperación, centralizado en el Estado.

Otro elemento de preocupación se desprende del artículo 26 del proyecto, el cual prevé sanciones como la “prohibición, suspensión, restricción o eliminación” de aquellas organizaciones que “de manera directa o indirecta, promuevan o participen con otras asociaciones, organizaciones, gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República en especial cuando dichas medidas atenten o afecten el desarrollo integral de la nación”. En función de los intereses del Estado, pudiera ser aplicada la norma como una clara forma de castigo o retaliación en contra de las organizaciones o actores cuyas actividades resultaren contrarias a esos intereses.

De forma general, en los términos en los que se ha planteado, podría afectar aún más el trabajo de la sociedad civil en un entorno de cierre del espacio cívico y democrático, al pretender imponer nuevos controles excesivos y restricciones al desarrollo de actividades de la sociedad civil.

Una amenaza al derecho a defender derechos humanos en Venezuela

Siguiendo los preceptos establecidos por la ONU y la OEA en relación con la cooperación internacional, en un contexto como el venezolano es esencial garantizar las distintas vías y posibilidades de ayuda para proteger los derechos humanos, incluyendo la cooperación internacional.

Avanzar con el proyecto significaría una grave amenaza al derecho a defender derechos humanos en el país, en la medida en que atenta contra la libertad de asociación, y transgrede los principios democráticos y de un Estado de Derecho.

La sociedad civil tiene derecho a buscar, recibir y utilizar recursos financieros, técnicos y de cualquier tipo para la promoción y protección efectiva de los derechos humanos y el desarrollo sostenible, por lo que el Estado debe abstenerse y cesar la criminalización de la defensa, promoción y exigencia de derechos humanos, así como también poner fin a los intentos de limitar la operatividad legal de las organizaciones mediante el control discrecional de la cooperación internacional.

Citación académica sugerida: Romero Mosqueda, Marianna Alexandra. Proyecto de Ley de Cooperación: una nueva amenaza al derecho a defender derechos humanos en Venezuela, Agenda Estado de Derecho, 2022/08/02. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/proyecto-de-ley-de-cooperacion-una-nueva-amenaza-al-derecho-a-defender-derechos-humanos-en-venezuela/

Palabras clave: cooperación internacional, criminalización, democracia,  derechos humanos, espacio cívico, sociedad civil, Venezuela.

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ACERCA DE LA AUTORA
Marianna Alexandra Romero Mosqueda

Abogada, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello – Venezuela (2014). Honor Code: International Human Rights. Universidad Católica de Louvain y edX. Programa de Estudios Avanzados en Derechos Humanos, mención Acceso a la Justicia, UCAB 2016. Gestión del riesgo y fortalecimiento de la protección, Universidad de York – 2017. Verified HarvardX: Humanitarian Response to Conflict and Disaster. Aspirante a Magister de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la American University. Directora del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ). Coordinadora Académica y profesora investigadora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB.

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