¿Qué significa la reciente crisis de inseguridad para el Estado de Derecho en Ecuador? ¿Qué ocurre con las prisiones en este país?
¿Puede el ascenso de la tasa de homicidios derrumbar la noción de Estado de Derecho? La definición de Estado de Derecho se desprende de la misma raíz conceptual del Estado en cuanto ficción jurídico-política. Al margen de los matices lingüísticos entre la definición anglosajona (rule of law) y germana (Rechtsstaat) —que marcan el acento en las libertades civiles o el programa social de los derechos—, el derecho deviene en sí como una expresión del orden cuya función es garantizar la paz fuera y dentro de los muros de las prisiones. De ahí que, contrario sensu, dejar a sus ciudadanos a merced de la violencia no solo equivale a desprotegerlos, sino también a regresar a la sociedad a su estado de naturaleza.
La imagen del Estado de Derecho (EdD) como garante del orden permite recordar la pregunta de por qué las sociedades modernas aún se organizan en Estados. De este modo, puede decirse entonces que la noción de EdD en China se relaciona con la existencia de un gran aparato burocrático-militar que protege a sus ciudadanos —nada extraño si se hurga en las raíces de la definición europea—. Por ello, incluso desde una contemporánea teorización, si un EdD no es capaz de garantizar a través del Estado la salud, educación y seguridad de sus habitantes, su organización jurídico-política habría implosionado para devenir en un Estado fallido.
Pero la pandemia pone en tela de juicio el papel de los Estados de Derecho. La ausencia de inversión pública y falta de previsión para los servicios de salud provocó en poco tiempo que las muertes por Covid-19 se hayan multiplicado, a la vez que generaciones de estudiantes aún aguardan para acudir a sus escuelas. Aunque esta grave afectación a los derechos como la salud y la educación puede ser atribuida a la “anormalidad” de la pandemia, no existe excusa alguna para bajar la guardia en las políticas de seguridad ciudadana, en especial porque ningún país del mundo ha decidido abolir y privatizar sus policías.
A nivel mundial se observa un incremento de la criminalidad, como lo muestra el Informe Mundial sobre Drogas 2021 de UNODC. En regiones donde la desigualdad social todavía es un denominador común, la criminalidad también adquiere componentes de violencia estructural. La delincuencia es un fenómeno de múltiples causas que, no obstante, se representa como un riesgo a la propia supervivencia de la especie humana, en especial cuando sus acciones amenazan con destruir el derecho a la vida. Esta característica se presenta en países como México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Venezuela o Colombia, que comparten una escalada de asesinatos sin poder ser revertidos de forma sostenible.
En estos casos, el sentimiento de inseguridad es un criterio importante para evaluar la calidad de sus democracias, al tiempo que aparecen en escena nuevas estrategias y tácticas de gobierno para enfrentar la delincuencia, como la inclusión de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y la cooperación internacional mediante la extradición de nacionales e implantación de bases militares extranjeras.
La tasa de prisionización media en América Latina está marcada por la comisión de delitos relacionados con las drogas y contra la propiedad; claramente, los homicidios no figuran entre las primeras causas de encarcelamiento. En este sentido, Ecuador fue bautizado a lo largo de su vida republicana como una “isla de paz”, un país que no ha mantenido en su territorio cultivos ilícitos ni ha servido de base para estructuras criminales. A pesar de la serie de condenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su Estado había garantizado —con todas sus deficiencias— la seguridad ciudadana de sus habitantes. Sin embargo, las recientes estadísticas confirman lo contrario. Desde cualquier ángulo que se vea, la tasa de homicidios en Ecuador aumentó de manera importante: entre 2016 (5,81) y 2021 (14,06) se triplicó la media de asesinatos por cada cien mil habitantes. Y ni hablar de lo que va de 2022, cuando se han reportado 180 asesinatos apenas en las primeras semanas de enero. A la luz de estos datos, Ecuador se ha convertido en uno de los lugares más inseguros del planeta.
Dentro de esta ola de violencia, ¿qué característica pondría en cuestión al EdD en Ecuador? A diferencia de los países que también reportan un incremento en la tasa de homicidios, el nervus rerum de la gubernamentalidad está determinado por el control de las prisiones. A pesar de que la mayoría de las cárceles latinoamericanas sean precarias, corruptas y permanezcan hacinadas, los gobiernos aún mantienen el “control”, aunque sea de forma discursiva. Ninguna administración pública estatal reconoce que sus prisiones devinieron en territorios para-estatales, es decir, en no-lugares donde prima la administración del crimen organizado bajo sus propios códigos y normas, pues al hacerlo confirmarían que el EdD simplemente no existe.
Paradójicamente, las prisiones del Ecuador son el vector de letalidad de su democracia y EdD. Durante 2021 fueron asesinadas 324 personas privadas de la libertad bajo el dominio de organizaciones abiertamente criminales, pero también por la parsimonia del Estado. En una de las últimas masacres la policía no intervino de forma inmediata para interrumpir el curso de las ejecuciones entre internos, representadas por acciones de decapitación, degollamiento y quema de cuerpos que trascendieron en redes sociales. A ello se suman las declaraciones de los funcionarios estatales encargados formalmente de administrar las cárceles, así como del propio presidente de la República, reconociendo que las prisiones habrían sido tomadas por criminales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos —que realizó una visita in loco a finales de 2021— no ha logrado dimensionar semejante situación en su adeudado informe. Tampoco el gobierno ecuatoriano, que decretó varios estados de excepción y creó una comisión de pacificación, acompañada del pedido de un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo para mejorar la seguridad carcelaria, así como de la presentación de una propuesta de ley para otorgar inmunidad —como flexibilización a los criterios jurídicos de la legítima defensa— a las actuaciones de las agencias de seguridad. Con un elevado grado de improvisación política, las medidas del gobierno siguen siendo desarticuladas.
El aumento de asesinatos en Ecuador coincide con el desmantelamiento de las políticas sociales e inversión pública en el marco de las recetas de corte neoliberal. En ese sentido, dada la posición geográfica de un país cuya economía está dolarizada, el surgimiento y radicalización de la violencia a cargo de bandas vinculadas al crimen internacional se agudiza con la pobreza. De ahí que, ante cualquier medida o plan de política criminal, debe partirse por quitarle la base social al narcotráfico que, sin duda, subyace en el deterioro de la estructura social de oportunidades.
La violencia homicida en las calles del Ecuador es un reflejo del estado de sus prisiones. Además del hacinamiento, la forma en la que se han desencadenado los hechos convierte a los centros de privación legal de la libertad en espacios donde reina precisamente la ilegalidad, ahí donde la línea entre la vida y la muerte se vuelve más tenue. Así, mientras la definición de EdD aún está a prueba, las cárceles ecuatorianas confirman la existencia de nuestro estado de naturaleza.
Citación académica sugerida: Paladines, Jorge Vicente. La crisis de las prisiones como factor de riesgo para el Estado de Derecho en Ecuador, Agenda Estado de Derecho, 2022/03/02. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-crisis-de-las-prisiones-como-factor-de-riesgo-para-el-estado-de-derecho-en-ecuador/
Palabras clave: Ecuador, Estado de Derecho, homicidios, inseguridad, prisiones.
Profesor de la Universidad Central del Ecuador, Becario de la Friedrich Ebert Stiftung y Doctorando por la Universität Bremen.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.