La crisis de las prisiones como factor de riesgo para el Estado de Derecho en Ecuador

2 de Marzo de 2022
La crisis de las prisiones como factor de riesgo para el Estado de Derecho en Ecuador
Crédito foto: robert-klank-lnyleGoROLY-unsplash

¿Qué significa la reciente crisis de inseguridad para el Estado de Derecho en Ecuador? ¿Qué ocurre con las prisiones en este país?

¿Puede el ascenso de la tasa de homicidios derrumbar la noción de Estado de Derecho? La definición de Estado de Derecho se desprende de la misma raíz conceptual del Estado en cuanto ficción jurídico-política. Al margen de los matices lingüísticos entre la definición anglosajona (rule of law) y germana (Rechtsstaat) —que marcan el acento en las libertades civiles o el programa social de los derechos—, el derecho deviene en sí como una expresión del orden cuya función es garantizar la paz fuera y dentro de los muros de las prisiones. De ahí que, contrario sensu, dejar a sus ciudadanos a merced de la violencia no solo equivale a desprotegerlos, sino también a regresar a la sociedad a su estado de naturaleza.

La imagen del Estado de Derecho (EdD) como garante del orden permite recordar la pregunta de por qué las sociedades modernas aún se organizan en Estados. De este modo, puede decirse entonces que la noción de EdD en China se relaciona con la existencia de un gran aparato burocrático-militar que protege a sus ciudadanos —nada extraño si se hurga en las raíces de la definición europea—. Por ello, incluso desde una contemporánea teorización, si un EdD no es capaz de garantizar a través del Estado la salud, educación y seguridad de sus habitantes, su organización jurídico-política habría implosionado para devenir en un Estado fallido.

Pero la pandemia pone en tela de juicio el papel de los Estados de Derecho. La ausencia de inversión pública y falta de previsión para los servicios de salud provocó en poco tiempo que las muertes por Covid-19 se hayan multiplicado, a la vez que generaciones de estudiantes aún aguardan para acudir a sus escuelas. Aunque esta grave afectación a los derechos como la salud y la educación puede ser atribuida a la “anormalidad” de la pandemia, no existe excusa alguna para bajar la guardia en las políticas de seguridad ciudadana, en especial porque ningún país del mundo ha decidido abolir y privatizar sus policías.

Criminalidad y prisiones en Ecuador

A nivel mundial se observa un incremento de la criminalidad, como lo muestra el Informe Mundial sobre Drogas 2021 de UNODC. En regiones donde la desigualdad social todavía es un denominador común, la criminalidad también adquiere componentes de violencia estructural. La delincuencia es un fenómeno de múltiples causas que, no obstante, se representa como un riesgo a la propia supervivencia de la especie humana, en especial cuando sus acciones amenazan con destruir el derecho a la vida. Esta característica se presenta en países como México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Venezuela o Colombia, que comparten una escalada de asesinatos sin poder ser revertidos de forma sostenible.

En estos casos, el sentimiento de inseguridad es un criterio importante para evaluar la calidad de sus democracias, al tiempo que aparecen en escena nuevas estrategias y tácticas de gobierno para enfrentar la delincuencia, como la inclusión de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y la cooperación internacional mediante la extradición de nacionales e implantación de bases militares extranjeras.

La tasa de prisionización media en América Latina está marcada por la comisión de delitos relacionados con las drogas y contra la propiedad; claramente, los homicidios no figuran entre las primeras causas de encarcelamiento. En este sentido, Ecuador fue bautizado a lo largo de su vida republicana como una “isla de paz”, un país que no ha mantenido en su territorio cultivos ilícitos ni ha servido de base para estructuras criminales. A pesar de la serie de condenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su Estado había garantizado —con todas sus deficiencias— la seguridad ciudadana de sus habitantes. Sin embargo, las recientes estadísticas confirman lo contrario. Desde cualquier ángulo que se vea, la tasa de homicidios en Ecuador aumentó de manera importante: entre 2016 (5,81) y 2021 (14,06) se triplicó la media de asesinatos por cada cien mil habitantes. Y ni hablar de lo que va de 2022, cuando se han reportado 180 asesinatos apenas en las primeras semanas de enero. A la luz de estos datos, Ecuador se ha convertido en uno de los lugares más inseguros del planeta.

Dentro de esta ola de violencia, ¿qué característica pondría en cuestión al EdD en Ecuador? A diferencia de los países que también reportan un incremento en la tasa de homicidios, el nervus rerum de la gubernamentalidad está determinado por el control de las prisiones. A pesar de que la mayoría de las cárceles latinoamericanas sean precarias, corruptas y permanezcan hacinadas, los gobiernos aún mantienen el “control”, aunque sea de forma discursiva. Ninguna administración pública estatal reconoce que sus prisiones devinieron en territorios para-estatales, es decir, en no-lugares donde prima la administración del crimen organizado bajo sus propios códigos y normas, pues al hacerlo confirmarían que el EdD simplemente no existe. 

Paradójicamente, las prisiones del Ecuador son el vector de letalidad de su democracia y EdD. Durante 2021 fueron asesinadas 324 personas privadas de la libertad bajo el dominio de organizaciones abiertamente criminales, pero también por la parsimonia del Estado. En una de las últimas masacres la policía no intervino de forma inmediata para interrumpir el curso de las ejecuciones entre internos, representadas por acciones de decapitación, degollamiento y quema de cuerpos que trascendieron en redes sociales. A ello se suman las declaraciones de los funcionarios estatales encargados formalmente de administrar las cárceles, así como del propio presidente de la República, reconociendo que las prisiones habrían sido tomadas por criminales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos —que realizó una visita in loco a finales de 2021— no ha logrado dimensionar semejante situación en su adeudado informe. Tampoco el gobierno ecuatoriano, que decretó varios estados de excepción y creó una comisión de pacificación, acompañada del pedido de un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo para mejorar la seguridad carcelaria, así como de la presentación de una propuesta de ley para otorgar inmunidad —como flexibilización a los criterios jurídicos de la legítima defensa— a las actuaciones de las agencias de seguridad. Con un elevado grado de improvisación política, las medidas del gobierno siguen siendo desarticuladas.

El aumento de asesinatos en Ecuador coincide con el desmantelamiento de las políticas sociales e inversión pública en el marco de las recetas de corte neoliberal. En ese sentido, dada la posición geográfica de un país cuya economía está dolarizada, el surgimiento y radicalización de la violencia a cargo de bandas vinculadas al crimen internacional se agudiza con la pobreza. De ahí que, ante cualquier medida o plan de política criminal, debe partirse por quitarle la base social al narcotráfico que, sin duda, subyace en el deterioro de la estructura social de oportunidades.

La violencia homicida en las calles del Ecuador es un reflejo del estado de sus prisiones. Además del hacinamiento, la forma en la que se han desencadenado los hechos convierte a los centros de privación legal de la libertad en espacios donde reina precisamente la ilegalidad, ahí donde la línea entre la vida y la muerte se vuelve más tenue. Así, mientras la definición de EdD aún está a prueba, las cárceles ecuatorianas confirman la existencia de nuestro estado de naturaleza.

Citación académica sugerida: Paladines, Jorge Vicente. La crisis de las prisiones como factor de riesgo para el Estado de Derecho en Ecuador, Agenda Estado de Derecho, 2022/03/02. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-crisis-de-las-prisiones-como-factor-de-riesgo-para-el-estado-de-derecho-en-ecuador/

Palabras clave: Ecuador, Estado de Derecho, homicidios, inseguridad, prisiones.

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ACERCA DEL AUTOR
Jorge Vicente Paladines

Profesor de la Universidad Central del Ecuador, Becario de la Friedrich Ebert Stiftung y Doctorando por la Universität Bremen.

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