¿La Covid-19 puede ser un riesgo para la democracia en América Latina?

24 de Junio del 2020

América Latina se presenta actualmente como el epicentro de la pandemia provocada por la COVID-19. Con semanas de retraso en relación con Asia y Europa, los efectos ya comienzan a sentirse y las perspectivas son muy poco alentadoras. Ante el temor y miedo tanto a la enfermedad como a sus efectos negativos en lo económico y social, ¿podrá América Latina verse tentada a debilitar sus sistemas democráticos?

Para contestar esta pregunta debemos partir por una constatación que no por evidente deja de ser importante: el subcontinente es diverso y presenta grandes diferencias dependiendo de los países a los que nos estemos refiriendo. No todos tienen las mismas condiciones sanitarias, margen fiscal, fortaleza de sus instituciones o sistemas políticos o formas de Estado.

Sin embargo, en comparación con Estados desarrollados, evidentemente los países latinoamericanos presentan debilidades estructurales y coyunturales importantes. Junto a presiones sociales que se transformaron en estallidos sociales o grandes manifestaciones contra sus gobiernos o sistemas en 2019, sus economías se venían viendo afectadas por la baja del precio de las materias primas en los mercados internacionales. La baja del precio del petróleo, del cobre y de otros commodities ya venían ralentizando las economías que vivieron previamente un boom que les permitió tener fuertes ingresos. Las desigualdades, si bien no presentan los mismos índices en todos los países, siguen siendo una realidad cuyos Estados están al debe.

En este escenario azota la pandemia. Como en Europa y otros lugares del mundo, las estrategias adoptadas por los diferentes países han sido heterogéneas y de resultados diversos. Confinamientos voluntarios, cuarentenas totales o “dinámicas”, declaración de Estados de Excepción Constitucional con restricción de libertades, como la de movimiento o reunión, despliegue de fuerzas armadas, cordones sanitarios, cierres de fronteras o toques de queda, han sido algunas de las medidas adoptadas.

Los resultados de estas estrategias han sido también diferentes. Si bien los datos y comparaciones en cuanto a contagios y muertes deben ser considerados con mucha atención dada la diversidad de factores que cada Estado adopta para emitir su información oficial, hoy hay dos Estados que preocupan no sólo por el impacto de la pandemia en cuanto a víctimas, sino también en cuanto a mensajes y decisiones políticas se refiere. Estos países son Brasil y México.

Al inicio de la pandemia, tanto Jair Bolsonaro como Andrés Manuel López Obrador (AMLO), adoptaron una actitud que minimizaba los riesgos de los efectos negativos de la Covid-19, llegando en el caso de Bolsonaro a negarlos. Su actitud lo ha llevado a enfrentarse a gobernadores de los estados federados brasileños y alcaldes que habían adoptado medidas de confinamiento o cuarentena. Disputas con dos Ministros de Salud provocó la salida de éstos y en su lugar nombró a un militar como interino. Llamados expresos del mandatario a desafiar las cuarentenas decretadas y a volver a la brevedad a la actividad económica han llevado al país más poblado de América Latina a encabezar los números de muertes y contagios, por lo que queda detrás de Estados Unidos. El llamado directo a enfrentar a las autoridades estaduales y locales no solamente han puesto en riesgo la salud de la población, sino también las propias instituciones democráticas del país. Con un discurso que busca polarizar a la ciudadanía, que niega la ciencia, desprecia las instituciones democráticas y separa en “pueblo” y “élite” (el primero virtuoso y del cual se presenta como su expresión, y la segunda acusada de corrupta y explotadora del primero), Bolsonaro es ejemplo de populismo de ultraderecha. Para éste no son las instituciones democráticas quienes tienen que adoptar las decisiones, menos en base a datos, estadísticas o estudios científicos. Es el “sentido común” que debe guiar dichas decisiones y éste debe estar prioritariamente orientado por la economía y la seguridad.          

Por su parte, AMLO también desconoció en un inicio las advertencias del mundo científico y de la Organización Mundial de la Salud. Llamó a seguir abrazándose y reuniéndose, se fotografió cenando cuando ya los datos de contagios empezaban a mostrar cifras alarmantes. Utilizó imágenes religiosas para que la ciudadanía se sintiera protegida y también tuvo conflictos con autoridades de estados federados y locales. A diferencia de Bolsonaro, AMLO cambió de estrategia ante la evidencia del impacto de la crisis y su ambigüedad ha causado una pérdida de tiempo en la lucha contra la pandemia en el país. México hoy es el cuarto país de América Latina con negras cifras.

Por otra parte, la inestabilidad política de algunos países (como Bolivia, Ecuador y Perú), la crisis política y social que viven otros desde el año pasado (principalmente Chile), la grave crisis económica de Argentina o la profunda descomposición democrática, política, social y económica de Venezuela, han provocado una preocupante desconfianza en las instituciones. Cuando para enfrentar una crisis se necesitan instituciones legitimadas y estables, el problema de la toma de decisión se complica. Cierto es que ningún Estado estaba totalmente preparado para afrontar esta pandemia con las características que ha presentado el SARS-CoV-2, pero más difícil es aún con una ciudadanía temerosa, desconfiada y que siente que la desigualdad se acrecentará.

En algunos países ya ha habido disturbios en las calles o en las cárceles como efecto de la pandemia. Es el caso de Chile, Brasil y Perú. Esta inestabilidad podría verse acentuada cuando los efectos económicos se empiecen a percibir con más fuerza en el subcontinente. Ante este riesgo, bien podrían surgir las tentaciones antidemocráticas y populistas de limitar los derechos civiles y políticos para garantizar el orden y la seguridad. Aprovechar el natural sentimiento de angustia, miedo o desesperanza que la incertidumbre genera en las personas. Alentar sentimientos racistas o clasistas en la población que polaricen aún más la ya dividida sociedad.

Es por lo anterior que necesitamos hoy gobiernos que actúen con eficiencia y rapidez, que adopten las medidas excepcionales necesarias que una situación también excepcional obliga. Necesitamos gobiernos que tomen medidas apoyados en la comunidad científica, empáticos con el sufrimiento de la gente, conscientes de las desigualdades y vulnerabilidad de gran parte de su población. Gobiernos que sean inclusivos al momento de la toma de decisión, que se validen por sus resultados, con medidas transparentes y ajenos a la corrupción. América Latina tiene un porcentaje de población muy vulnerable que, a falta de acción del Estado, puede caer rápidamente en las redes de mafias y narcotráfico que ya operan en varios países.

El desafío es enorme y la tarea no es fácil. La receta mágica no existe y hay aun mucho desconocimiento en cuanto al virus y su comportamiento. No sabemos cuándo se descubrirá la vacuna o su tratamiento ni tampoco si será un bien público mundial o quedará en manos de laboratorios privados y ciertos Estados. Frente a esto, es hoy cuando debemos proteger no sólo la vida de las personas, la economía y la salud mental. También debemos poner atención en fortalecer o restablecer confianzas, reforzar las instituciones democráticas y luchar por el cumplimiento del Estado de Derecho y los derechos humanos.

Citación académica sugerida: Astroza, Paulina: ¿La Covid-19 puede ser un riesgo para la democracia en América Latina?, 2020/06/24. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-covid-19-puede-ser-un-riesgo-para-la-democracia-en-america-latina/

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ACERCA DE LA AUTORA
Paulina Astroza

Es profesora asociada de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Concepción, Chile, y Directora del Programa de Estudios Europeos de la misma universidad. Tiene un diplomado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas; un Máster en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y un Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, todos de la UC de Lovaina, Bélgica. Ha sido beneficiada con un Módulo Jean Monnet (2010-2013), la Cátedra Jean Monnet (2017-2020) y un proyecto Jean Monnet (2018-2020).

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

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Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.