¿La Covid-19 puede ser un riesgo para la democracia en América Latina?

24 de Junio del 2020

América Latina se presenta actualmente como el epicentro de la pandemia provocada por la COVID-19. Con semanas de retraso en relación con Asia y Europa, los efectos ya comienzan a sentirse y las perspectivas son muy poco alentadoras. Ante el temor y miedo tanto a la enfermedad como a sus efectos negativos en lo económico y social, ¿podrá América Latina verse tentada a debilitar sus sistemas democráticos?

Para contestar esta pregunta debemos partir por una constatación que no por evidente deja de ser importante: el subcontinente es diverso y presenta grandes diferencias dependiendo de los países a los que nos estemos refiriendo. No todos tienen las mismas condiciones sanitarias, margen fiscal, fortaleza de sus instituciones o sistemas políticos o formas de Estado.

Sin embargo, en comparación con Estados desarrollados, evidentemente los países latinoamericanos presentan debilidades estructurales y coyunturales importantes. Junto a presiones sociales que se transformaron en estallidos sociales o grandes manifestaciones contra sus gobiernos o sistemas en 2019, sus economías se venían viendo afectadas por la baja del precio de las materias primas en los mercados internacionales. La baja del precio del petróleo, del cobre y de otros commodities ya venían ralentizando las economías que vivieron previamente un boom que les permitió tener fuertes ingresos. Las desigualdades, si bien no presentan los mismos índices en todos los países, siguen siendo una realidad cuyos Estados están al debe.

En este escenario azota la pandemia. Como en Europa y otros lugares del mundo, las estrategias adoptadas por los diferentes países han sido heterogéneas y de resultados diversos. Confinamientos voluntarios, cuarentenas totales o “dinámicas”, declaración de Estados de Excepción Constitucional con restricción de libertades, como la de movimiento o reunión, despliegue de fuerzas armadas, cordones sanitarios, cierres de fronteras o toques de queda, han sido algunas de las medidas adoptadas.

Los resultados de estas estrategias han sido también diferentes. Si bien los datos y comparaciones en cuanto a contagios y muertes deben ser considerados con mucha atención dada la diversidad de factores que cada Estado adopta para emitir su información oficial, hoy hay dos Estados que preocupan no sólo por el impacto de la pandemia en cuanto a víctimas, sino también en cuanto a mensajes y decisiones políticas se refiere. Estos países son Brasil y México.

Al inicio de la pandemia, tanto Jair Bolsonaro como Andrés Manuel López Obrador (AMLO), adoptaron una actitud que minimizaba los riesgos de los efectos negativos de la Covid-19, llegando en el caso de Bolsonaro a negarlos. Su actitud lo ha llevado a enfrentarse a gobernadores de los estados federados brasileños y alcaldes que habían adoptado medidas de confinamiento o cuarentena. Disputas con dos Ministros de Salud provocó la salida de éstos y en su lugar nombró a un militar como interino. Llamados expresos del mandatario a desafiar las cuarentenas decretadas y a volver a la brevedad a la actividad económica han llevado al país más poblado de América Latina a encabezar los números de muertes y contagios, por lo que queda detrás de Estados Unidos. El llamado directo a enfrentar a las autoridades estaduales y locales no solamente han puesto en riesgo la salud de la población, sino también las propias instituciones democráticas del país. Con un discurso que busca polarizar a la ciudadanía, que niega la ciencia, desprecia las instituciones democráticas y separa en “pueblo” y “élite” (el primero virtuoso y del cual se presenta como su expresión, y la segunda acusada de corrupta y explotadora del primero), Bolsonaro es ejemplo de populismo de ultraderecha. Para éste no son las instituciones democráticas quienes tienen que adoptar las decisiones, menos en base a datos, estadísticas o estudios científicos. Es el “sentido común” que debe guiar dichas decisiones y éste debe estar prioritariamente orientado por la economía y la seguridad.          

Por su parte, AMLO también desconoció en un inicio las advertencias del mundo científico y de la Organización Mundial de la Salud. Llamó a seguir abrazándose y reuniéndose, se fotografió cenando cuando ya los datos de contagios empezaban a mostrar cifras alarmantes. Utilizó imágenes religiosas para que la ciudadanía se sintiera protegida y también tuvo conflictos con autoridades de estados federados y locales. A diferencia de Bolsonaro, AMLO cambió de estrategia ante la evidencia del impacto de la crisis y su ambigüedad ha causado una pérdida de tiempo en la lucha contra la pandemia en el país. México hoy es el cuarto país de América Latina con negras cifras.

Por otra parte, la inestabilidad política de algunos países (como Bolivia, Ecuador y Perú), la crisis política y social que viven otros desde el año pasado (principalmente Chile), la grave crisis económica de Argentina o la profunda descomposición democrática, política, social y económica de Venezuela, han provocado una preocupante desconfianza en las instituciones. Cuando para enfrentar una crisis se necesitan instituciones legitimadas y estables, el problema de la toma de decisión se complica. Cierto es que ningún Estado estaba totalmente preparado para afrontar esta pandemia con las características que ha presentado el SARS-CoV-2, pero más difícil es aún con una ciudadanía temerosa, desconfiada y que siente que la desigualdad se acrecentará.

En algunos países ya ha habido disturbios en las calles o en las cárceles como efecto de la pandemia. Es el caso de Chile, Brasil y Perú. Esta inestabilidad podría verse acentuada cuando los efectos económicos se empiecen a percibir con más fuerza en el subcontinente. Ante este riesgo, bien podrían surgir las tentaciones antidemocráticas y populistas de limitar los derechos civiles y políticos para garantizar el orden y la seguridad. Aprovechar el natural sentimiento de angustia, miedo o desesperanza que la incertidumbre genera en las personas. Alentar sentimientos racistas o clasistas en la población que polaricen aún más la ya dividida sociedad.

Es por lo anterior que necesitamos hoy gobiernos que actúen con eficiencia y rapidez, que adopten las medidas excepcionales necesarias que una situación también excepcional obliga. Necesitamos gobiernos que tomen medidas apoyados en la comunidad científica, empáticos con el sufrimiento de la gente, conscientes de las desigualdades y vulnerabilidad de gran parte de su población. Gobiernos que sean inclusivos al momento de la toma de decisión, que se validen por sus resultados, con medidas transparentes y ajenos a la corrupción. América Latina tiene un porcentaje de población muy vulnerable que, a falta de acción del Estado, puede caer rápidamente en las redes de mafias y narcotráfico que ya operan en varios países.

El desafío es enorme y la tarea no es fácil. La receta mágica no existe y hay aun mucho desconocimiento en cuanto al virus y su comportamiento. No sabemos cuándo se descubrirá la vacuna o su tratamiento ni tampoco si será un bien público mundial o quedará en manos de laboratorios privados y ciertos Estados. Frente a esto, es hoy cuando debemos proteger no sólo la vida de las personas, la economía y la salud mental. También debemos poner atención en fortalecer o restablecer confianzas, reforzar las instituciones democráticas y luchar por el cumplimiento del Estado de Derecho y los derechos humanos.

Citación académica sugerida: Astroza, Paulina: ¿La Covid-19 puede ser un riesgo para la democracia en América Latina?, 2020/06/24. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-covid-19-puede-ser-un-riesgo-para-la-democracia-en-america-latina/

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ACERCA DE LA AUTORA
Paulina Astroza

Es profesora asociada de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Concepción, Chile, y Directora del Programa de Estudios Europeos de la misma universidad. Tiene un diplomado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas; un Máster en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y un Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, todos de la UC de Lovaina, Bélgica. Ha sido beneficiada con un Módulo Jean Monnet (2010-2013), la Cátedra Jean Monnet (2017-2020) y un proyecto Jean Monnet (2018-2020).

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Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

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Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

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Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

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Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.