Juicio histórico en Alemania contra un alto mando sirio de la guerra civil: ¿triunfo en la lucha contra la impunidad?

26 de Enero de 2022
Juicio histórico en Alemania contra un alto mando sirio de la guerra civil: ¿triunfo en la lucha contra la impunidad?
Crédito foto: Alexander Suttor - HRW

Un Tribunal de Alemania aplicó la jurisdicción universal y condenó a un alto mando de la guerra civil siria ¿Qué avances y límites surgen de esta decisión?

Al inicio de 2022 Coblenza (Koblenz), una ciudad tranquila y poco conocida en el sur-occidente de Alemania, atrajo atención global. Por primera vez se dictó en Alemania una sentencia penal contra un “pez gordo”, responsable por atrocidades cometidas en la guerra civil siria. El Tribunal Regional Superior de Coblenza condenó a Anwar R. a cadena perpetua por la comisión de varios casos de asesinato, tortura, privación grave de la libertad y toma de rehenes, violación y agresión sexual, entre otros. La sentencia lo declaró responsable de la tortura de al menos 4.000 personas. Cometió los crímenes en 2011 y 2012, en las primeras etapas de la devastadora guerra; esto en calidad de interrogador de la División 251 en una prisión del Servicio General de Inteligencia al-Khatib en Damasco. Hasta ahora, según las cifras oficiales más recientes de NNUU, al menos 350.209 personas perdieron su vida en más de 10 años de guerra civil en el país medio oriental. Al menos 102.000 están desaparecidos y se han documentado más de 14.000 casos de tortura.

En más de 100 días de audiencias, los jueces de Coblenza interrogaron a más de 80 testigos, escucharon a peritos y analizaron por primera vez fotografías de los llamados archivos Caesar. Estos archivos están compuestos de 28.000 fotos que muestran imágenes desgarradoras de más de 6000 cadáveres torturados y maltratados marcados con números, tomadas por un exfotógrafo militar sirio como prueba de la actuación de los distintos servicios secretos. En la actualidad, los fiscales alemanes están tratando de averiguar qué unidades del régimen de Assad participaron en los asesinatos. Según la Fiscalía Federal de Alemania, al menos 30 de estos prisioneros murieron en la División 251 durante el periodo de mando de Anwar R. 29 supervivientes de estos sufrimientos fueron testigos en Coblenza, asistidos por el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR).

Jurisdicción universal

¿Cómo llegó este proceso a Coblenza, si el derecho penal alemán, según el artículo 3 del Código Penal (StGB), sólo se aplica a los actos cometidos en el país? En el derecho internacional, además de este principio de territorialidad, se reconocen otros principios de conexión que legitiman la aplicación de la jurisdicción penal nacional. Entre ellos se encuentra el principio de jurisdicción universal. Este prevé la jurisdicción de un Estado para perseguir crímenes internacionales, aunque los actos no hayan sido cometidos en su territorio, por uno de sus ciudadanos o contra uno de sus ciudadanos. Dado que los crímenes cometidos por Anwar R. se califican como crímenes de lesa humanidad, podrían ser juzgados ante cualquier tribunal del mundo que reconoce la jurisdicción universal. 

Generalmente, para perseguir crímenes internacionales, según el principio de complementariedad, contemplado en el Estatuto de Roma, se da prioridad al poder judicial del propio país. Solo en casos de inacción estatal o de su ausencia de voluntad o capacidad para adelantar enjuiciamientos por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o agresión, hay espacio para la intervención (subsidiaria) de la jurisdicción internacional, es decir la Corte Penal International (CPI). Sin embargo, esta tiene jurisdicción sólo en aquellos países que han firmado el Estatuto de Roma o, en ausencia de la ratificación, en caso de una remisión por parte del Consejo de Seguridad de la ONU.

Dado que el régimen tiránico de Bashar Al-Assad continua en el poder, cualquiera investigación contra el régimen sirio por su poder judicial está excluido. A su vez, Siria no ha ratificado el Estatuto de Roma. Y China y Rusia vetaron una remisión de la situación por el Consejo de Seguridad en 2014. Desde entonces, Moscú también se opone constantemente a la creación de un tribunal ad hoc, como se creó para Yugoslavia y Ruanda.

Como resultado de lo anterior, cada vez más países están investigando los crímenes en Siria, a pesar de los vientos políticos en contra en el Consejo de Seguridad. España, Francia, Gran Bretaña, Noruega y Suiza, entre otros, también han contemplado en sus códigos penales el principio de jurisdicción universal. De esta manera, en los últimos años se han celebrado juicios en varios países sobre todo en Europa contra personas acusadas de crímenes internacionales cometidos en otros países del mundo. Esto no solo respecto a victimarios de Siria. Otro ejemplo latinoamericano es el juicio histórico que se dictó hace un poco más que un año ante un Tribunal español contra un oficial militar de alto rango de El Salvador en el caso de los jesuitas.

Sin embargo, las investigaciones nacionales siguen siendo una construcción auxiliar en comparación con un enjuiciamiento por un tribunal internacional especializado en derecho penal internacional o -por ejemplo, tras un cambio de régimen- en el país de origen del victimario. Además de la falta de recursos humanos y financieros y la falta de experiencia para investigar crímenes internacionales, no se puede garantizar la uniformidad de la jurisprudencia. Para dar un ejemplo, mientras en EE.UU. por delitos capitales los jueces conocen condenas de prisión hasta 200 años, en Alemania la condena más alta, aunque se llama cadena perpetua, en realidad solo prevé 15 años de prisión, si no se demuestra la especial gravedad de la culpa. Por ende, en estos casos de jurisdicción universal la duración de la pena depende un poco del azar y del país de residencia o de la aprehensión del victimario.

Volviendo al caso de Anwar R., se aplicó el derecho penal y procesal penal alemán como si fuera cualquier proceso penal contra un alemán. La visibilidad del juicio y el efecto reparatorio para las víctimas que están a miles de kilómetros de Coblenza son limitados. Expertos hablan de un “outreach gap” de estos procesos penales que se llevan a cabo lejos del lugar del crimen. Hay diferencias culturales enormes. El juez no habla la misma lengua que el victimario y –aun más importante- que las víctimas buscando justicia. Incluso la traducción simultánea -el proceso en Coblenza fue traducido al inglés y árabe- no aniquila estas diferencias. Además, es difícil reunir pruebas lejos de los lugares de los hechos.

Y, por último, los más altos mandos, los jefes de Estado en funciones -como Assad- gozan de inmunidad; ya que sólo pueden ser procesados por tribunales internacionales y después de la terminación de su mandato. El precedente recientemente más sonado, se trató de la detención del ex presidente chileno Augusto Pinochet, que fue arrestado en 1998 con una orden de detención española durante una visita al Reino Unido. La detención de Pinochet marcó el inicio de la era de la jurisdicción universal.

Y se percibió otro punto de crítica contra la sentencia: En 2013 Anwar R. había dado la espalda al sistema sirio y se había unido activamente a la oposición. Huyó de siria y en 2014 se le concedió asilo en Alemania. Desde el inicio habló abiertamente sobre los acontecimientos en Siria y sobre su papel en estos y colaboró con la justicia alemana. Pero solo en el 2019 fue detenido y procesado. ¿Por qué debe ser un disidente colaborativo con la justicia el primero en ser condenado? ¿No tiene esto un efecto disuasorio para otros autores que estén dispuestos a huir y declarar? En cualquier caso, otros testigos sirios se pensarán dos veces lo que revelarán en el futuro.

Conclusiones

Desesperada por la rigidez de las posiciones en el Consejo de Seguridad, la Asamblea General de la ONU tomó una decisión insólita en diciembre de 2016: Se creó su propio órgano de investigación de los crímenes de guerra en Siria. El «Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente» (MII), debe asegurar las pruebas contra los autores, complementarlas y asignarlas a los autores individuales y, de esta manera, evitar la dispersión de las investigaciones sobre los mismos crímenes. ¿Quién recibirá los archivos? Hasta ahora solo las autoridades judiciales nacionales, “pero también esperamos que los expedientes que estamos preparando conduzcan a un tribunal internacional en un futuro próximo», dijo la jueza francesa Catherine Marchi-Uhel, primera directora de la IIIM en base a su experiencia en Kosovo y Camboya. Hasta ahora el MII no está facultado para llevar a cabo procedimientos legales y sólo puede recopilar información de forma pasiva.

Así, hasta hoy, la única vía prometedora para las víctimas del conflicto sirio sigue siendo un juicio ante los tribunales nacionales. Visto de esta manera, la sentencia del Tribunal Regional Superior de Coblenza contra Anwar R. es una señal histórica en la lucha mundial contra la impunidad. Es un tremendo logro de este juicio haber iluminado los monstruosos crímenes del servicio secreto sirio. Además, la sentencia relativiza la anterior certeza de los criminales de guerra sirios de creerse a salvo tras la soberanía del Estado-nación de acogida. Sin embargo, el veredicto sigue siendo una gota en el océano.

Citación académica sugerida: Fuchs, Marie-Christine. Juicio histórico en Alemania contra un alto mando sirio de la guerra civil: ¿triunfo en la lucha contra la impunidad?. Agenda Estado de Derecho. 2022/26/01. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/juicio-historico-en-alemania-contra-un-alto-mando-sirio-de-la-guerra-civil/

Palabras clave: jurisdicción universal, crímenes internacionales, Siria

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ACERCA DE LA AUTORA
Marie-Christine Fuchs

Abogada alemana y Doctora en Derecho de la Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Alemania. Realizó sus estudios de Maestría en Derecho Internacional Público, Derecho de la Unión Europea y Derechos Humanos en el Europainstitut de Universität des Saarlandes, Alemania. Cursó estudios de licenciatura en derecho francés. Ha sido investigadora asociada al Instituto Max Planck de Derecho Privado Extranjero y Derecho Internacional Privado en Hamburgo. Fue directora del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad-Adenauer.

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