Una nueva oportunidad para la justicia en El Salvador: la histórica condena del caso Jesuitas en España

18 de Diciembre del 2020
Una nueva oportunidad para la justicia en El Salvador: la histórica condena del caso Jesuitas en España

Tras más de 30 años esperando justicia y 12 desde que se presentara la querella ante la Audiencia Nacional española, el pasado 11 de septiembre de 2020 se dictó sentencia condenatoria por una de las masacres más representativas de la historia reciente latinoamericana; en la cual seis padres jesuitas, una empleada doméstica y su hija menor de edad fueron asesinados en El Salvador.

Esta masacre fue perpetrada por un pelotón del Batallón Atlacatl, una unidad de élite de las fuerzas militares salvadoreñas cumpliendo órdenes del Alto Mando del ejército. Soldados entraron durante la noche en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), donde residían y realizaban su actividad docente los padres jesuitas, y allí los asesinaron sin dejar testigos, cobrándose la vida de los padres Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Amando López, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y Joaquín López; pero también la de su empleada doméstica Julia Elba Ramos y la de su hija, Celina Mariceth Ramos, de tan solo 16 años.

Los jesuitas asesinados eran pioneros de la teología de la liberación para América Central, consagraron sus vidas no solo a levantar conciencias sobre los problemas de la pobreza y la desigualdad, sino a impulsar la paz y el fin de la guerra salvadoreña por la vía negociada. El padre Ignacio Ellacuría especialmente jugó un papel clave, ya que era quien lideraba la mediación entre el gobierno del entonces presidente Alfredo Cristiani y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, más conocido como el FMLN.

Las posturas vitales e ideológicas de los padres jesuitas y sus avances en las conversaciones de paz les valieron una amplia enemistad entre la derecha militar más represiva de El Salvador, que veía peligrar sus privilegios y su impunidad ante un cada vez más probable acuerdo de paz que implicaría su desalojo del poder. Ello preocupaba particularmente a “La Tandona”, una tanda de oficiales militares especialmente numerosa, corrupta y sanguinaria, que había logrado cooptar todos los puestos de mando en las fuerzas armadas y que fue quien dio la orden conjunta de cometer la masacre para boicotear una salida negociada al conflicto.

Sin embargo, la ejecución de los padres jesuitas, lejos de suprimir sus voces, revolvió las entrañas del mundo entero, truncando los objetivos de sus victimarios y materializando sus anhelos de paz. La conmoción de la comunidad internacional forzó por la vía diplomática el fin de la guerra en El Salvador tras más de diez años de terror y represión patrocinada por el Estado contra la población civil.

A pesar del cese de las hostilidades, las demandas de justicia se perdieron en las concesiones de las partes negociadoras lo que privó a las víctimas salvadoreñas de su reconocimiento y de su derecho a la verdad y a la justicia, que no han cesado de demandar.

Esfuerzos para obtener Justicia

El proceso penal que se celebró en El Salvador en 1991 para enjuiciar la masacre fue fraudulento y diseñado para encubrir a los autores intelectuales, como así lo reconoció la Comisión de la Verdad para El Salvador de la ONU en su informe de 1993. A pesar del importante esfuerzo de la Comisión de la Verdad y de un informe valiente, tan solo cinco días después de su publicación, fue aprobada la Ley de Amnistía General para la consolidación de la Paz, bajo la falsa doctrina de que una paz frágil se evapora en el resplandor de la verdad y la responsabilidad. Este instrumento de impunidad amnistió a los únicos condenados por la masacre e impidió posteriores investigaciones efectivas de las graves violaciones cometidas durante los 12 años de guerra, en la que se estima que 75.000 salvadoreños perdieron la vida y un tercio de la población se vio forzado al exilio.

La sociedad civil salvadoreña impulsó un último intento de conseguir justicia en el país en el año 1999, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su informe sobre la masacre fallando contra el Estado salvadoreño y a favor de los derechos de las víctimas. Ello desembocó, años después, en una esperanzadora sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993 en cuanto a su aplicación a violaciones de derechos humanos. Sin embargo, y a pesar de esta decisión, el juez de lo penal negó la reapertura del caso alegando la prescripción del delito y poniendo punto final a la vía de la justicia salvadoreña.

Por todo ello, la celebración del juicio en la Audiencia Nacional española ha sido un hito histórico para las víctimas, que durante décadas han tratado de llevar ante la justicia a los miembros del Alto Mando militar por su responsabilidad criminal en la masacre. Esta vez, lo consiguieron tras un proceso iniciado en 2008 por los abogados Almudena Bernabeu, autora de este artículo, y Manuel Ollé, quienes representaban como acusación popular y particular a la Compañía de Jesús y a los familiares del jesuita fallecido, Ignacio Martín Baró.

El tribunal juzgador sentenció al excoronel y exviceministro de seguridad pública de El Salvador, Inocente Orlando Montano, a una condena de más de 133 años de prisión –de los cuales cumplirá 30 años de pena efectiva–, como coautor intelectual de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista. La responsabilidad como coautor intelectual se basó en que tanto él como el resto de los miembros del Alto Mando militar tomaron la decisión de común acuerdo de ejecutar a los padres jesuitas a través del Batallón Atlacatl, quienes obedecerían sus órdenes de forma automática en cumplimiento de la cadena de mando en un contexto de conflicto armado interno.

La sentencia representa la primera condena dictada contra un oficial militar de tan alto rango por su responsabilidad en el asesinato. Además, marca el primer juicio en España con base a un concepto reducido de Justicia Universal, que dota de jurisdicción a los tribunales españoles para perseguir fuera del territorio nacional a los autores de graves crímenes, como el terrorismo, cuando las víctimas sean de nacionalidad española. Algo que es aún más extraordinario si se tiene en cuenta que fue Estados Unidos quien accedió a extraditar al militar para que se enfrentase a la justicia española, lo cual no tiene precedentes en un país conocido por su renuencia a participar en causas de Justicia Universal. Sin embargo, este proceso penal solo pudo sentar en el banquillo de los acusados al ex coronel, quien residía en EEUU, pero no a los otros 14 miembros de las fuerzas armadas cuya participación sigue impune, al no haber podido ser traídos ante la justicia por la negativa de las autoridades salvadoreñas a conceder la extradición.

Esta sentencia es a su vez importante pues se hace eco de toda la prueba presentada, prueba capaz de contextualizar lo ocurrido e indirectamente rendir tributo, no solo en cuanto a los hechos criminales y sus víctimas, sino a la historia de todo un pueblo, en unos de sus periodos más oscuros, algo en mi opinión clave en los efectos potencialmente restaurativos de estos esfuerzos de justicia.

La práctica de la prueba incluyó el testimonio de testigos oculares de la masacre; de miembros de las fuerzas armadas, entre ellos un suboficial que participó con el Batallón Atlacatl en el operativo de aquella trágica noche; especialistas académicos en el conflicto armado salvadoreño, miembros de la Comisión de la Verdad para El Salvador de la ONU; así como el acceso a una gran cantidad de informes y documentos desclasificados por las agencias de inteligencia estadounidenses.

Esta verdad no es sólo importante para El Salvador, sino también para los Estados Unidos. Durante la guerra civil, la administración del entonces presidente Reagan practicó el arte del autoengaño. En su mente, El Salvador fue un campo de batalla en la gran guerra global del capitalismo contra el comunismo, donde el gobierno salvadoreño representaba a los primeros y las guerrillas a los segundos. Así, Estados Unidos entregó más de mil millones de dólares a las fuerzas armadas salvadoreñas, a las que entrenó y equipó. El gobierno al que sostuvieron militar, política y financieramente practicó de forma masiva y sistemática el “terrorismo de Estado” contra su población civil, que sufrió las trágicas consecuencias de esta estrategia geopolítica considerada por las autoridades estadounidenses como un desafortunado efecto colateral.

No cabe duda de que el malestar económico y social que sufre hoy en día El Salvador hunde sus raíces en el conflicto armado. Las escasas o nulas oportunidades de su población han llevado a muchos a emigrar o dedicarse a la delincuencia. Las maras hoy son un problema endémico, que se nutre de los hijos de los refugiados que han regresado, al igual que de los antiguos guerrilleros y los soldados retirados, todos ellos desempleados y sin oportunidades. Hasta hoy, el ciclo de violencia e impunidad sigue rampante en El Salvador. En una amarga repetición de la historia, la violencia está obligando a muchos, una vez más, a huir.

Ha pasado mucho tiempo, pero la esperanza permanece. Aun cuando orgullosos, quienes hemos participado en este proceso nos damos cuenta, que lo obtenido es muy importante pero es solo el comienzo. Este esfuerzo de justicia nació en El Salvador donde Elba, Celina, los padres Jesuitas y miles de personas perdieron sus vidas, y su resultado, debe regresar a El Salvador y tras 30 años esperando, servir un proceso nacional de justicia capaz de transformar y sanar a la sociedad salvadoreña.

Citación académica sugerida: Arango Patiño, Catalina & Herencia-Carrasco, Salvador: Una nueva oportunidad para la justicia en El Salvador: la histórica condena del caso Jesuitas en España, 2020/12/18, https://agendaestadodederecho.com/justicia-en-el-salvador-caso-jesuitas-en-espana/

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ACERCA DE LA AUTORA
Almudena Bernabeu García

Cofundadora del Grupo Guernica

Directora del Centro Guernica para la Justicia Internacional y co directora de Guernica 37

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Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

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Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

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Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.