El TEDH, a su vez, cuenta con una ilustre lista de precedentes sobre destituciones de fiscales que han servido de inspiración al Tribunal Interamericano:

No solo porque Laura Kövesi fue nombrada la primera fiscal general europea, el fallo del TEDH de mayo de 2020 Kövesi Vs. Romania marcó un hito en la jurisprudencia del Tribunal respecto a destituciones de fiscales. Tras haber expresado sus críticas públicas contra una controvertida reforma judicial que frenó la lucha anticorrupción, en 2018 el Tribunal Constitucional destituyó a Kövesi de su cargo de fiscal general al frente de la Agencia Anticorrupción de Rumanía (DNA). 

El TEDH calificó esta destitución como violación del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH, derecho a un proceso equitativo) porque Rumanía no aseguró vías de protección jurídica adecuadas contra destituciones ilegales de oficiales jurídicos de alto rango. Además, constató una violación del artículo 10 CEDH (libertad de expresión). Aplicando la argumentación del famoso caso Baka (veáse Parte I de ese artículo), los jueces en Estrasburgo comprobaron prima facie el vínculo causal entre la expresión de las opiniones de Kövesi y la terminación de su mandato. Según ellos, la sociedad rumana y europea tienen interés legítimo de estar informada sobre asuntos de separación de poderes y el funcionamiento de la justicia, ambos objeto de escrutinio por parte del poder judicial. 

Por todo esto, aparte de respaldar la “aplicación equivalente” de las garantías judiciales de jueces a fiscales con diversos instrumentos y pronunciamientos de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa, en Martínez y Casa Nina, San José citó la afirmación del TEDH en el caso Kövesi que el “principio de independencia de los fiscales […] es un elemento clave para el mantenimiento de la independencia judicial”. 

Ya en 2008, en la sentencia Kayasu Vs. Turquía, precedente que el TEDH cita en Kövesi, este Tribunal consideró una violación del artículo 10.1 al detrimento del fiscal turco Kayasu. Como particular, había presentado una denuncia ante la Fiscalía de un Tribunal en Ankara contra dos antiguos militares de alto rango, acusándolos de estar implicados en un golpe militar. Posteriormente fue condenado en un proceso penal y disciplinario. El TEDH aclaró que un fiscal es un garante de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho en virtud de su contribución al buen funcionamiento del poder judicial y, por tanto, a la confianza de los ciudadanos en él. Las declaraciones de Kayasu habían revelado una disfunción del sistema democrático y, como contribución de interés público, gozaba de una protección especial en virtud del artículo 10.2 del CEDH.

Independientemente de que en algunos países como Alemania o Haití las fiscalías se encuentran bajo la autoridad del Poder Ejecutivo -hecho que desató una discusión sobre su debida independencia en Alemania-, a nivel sustancial los fiscales realizan importantes tareas de administración de justicia en materia de investigación y ejecución penal. Por lo tanto, desde sus primeras sentencias el TEDH sistemáticamente aplicó los mismos principios de independencia judicial a jueces y a fiscales, hecho que adoptó la Corte IDH en Martínez y Casa Nina. Esta jurisprudencia no convence del todo porque un fiscal que debe acatar órdenes del Poder Ejecutivo, incluso si estas órdenes son excepcionales, no goza de la misma independencia de un fiscal autónomo o un juez.