Esta es una reflexión sobre las garantías con las que cuentan niños, niñas y adolescentes para la protección del derecho fundamental de habeas data contemplado en el artículo 15 de la Constitución Política de 1991. Dicha reflexión adquiere vigencia debido a la acción conjunta que presentaron 29 estados federados de Estados Unidos contra el gigante tecnológico Meta por prácticas consideradas dañinas o engañosas, es decir, por diseñar las redes sociales de Facebook e Instagram para hacerlas adictivas.

Para Colombia, la importancia de este asunto no es menor. El tratamiento transfronterizo de los datos de las personas que se conectan desde Colombia no es una cuestión zanjada, ni libre de discusión, particularmente frente a los gigantes tecnológicos sin domicilio en Colombia. Esto se debe a que no es claro el alcance transfronterizo de la ley de protección de datos, los medios para su exigibilidad y el diseño de mecanismos constitucionales para su protección. Más aún, no son claras las herramientas de defensa que tienen los niños, niñas y adolescentes en su calidad de sujetos de especial protección constitucional, tal como se establece tanto en el artículo 44 de la Constitución Política de 1991, como en la Observación general no. 25 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas que establece en sus párrafos 69-71, entre otras cosas, que la injerencia en la vida privada de un niño solo es admisible si no es arbitraria o ilegal.

Esto lleva a plantear una tensión entre el diseño clásico de la protección de datos personales y la realidad de las plataformas digitales transnacionales. Pero parece que la cuestión va más allá del asunto estrictamente constitucional, lo que se haya en el trasfondo de esta discusión es una cuestión de soberanía digital frente a los actores transnacionales en la que la ciudadanía, en general, y los niños, niñas y adolescentes quedan desprotegidos frente a los gigantes tecnológicos.

La Ley 1581 de 2012 fue concebida como el eje del régimen colombiano de habeas data, pero su aplicación se enfrenta hoy a escenarios en los que el tratamiento de datos (incluida su recolección) es realizado por empresas tecnológicas sin domicilio en Colombia. Ellas operan mediante la captura de datos de usuarios ubicados en el país sin una presencia jurídica tradicional. La tensión, por lo tanto, no se limita solamente a la verificación de la existencia del derecho, sino a su efectividad frente a actores globales del ecosistema digital que pone en entredicho la soberanía digital del Estado colombiano.