El derecho a la reparación de las víctimas de corrupción en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

9 de Agosto de 2023
El derecho a la reparación de las víctimas de corrupción en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Crédito foto: Pexels

¿Cómo puede impulsarse el derecho a la reparación de las víctimas de la corrupción en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos?

El Grupo de Trabajo sobre Víctimas de la Corrupción

El artículo 35 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC)  establece el deber de los Estados Parte de implementar medidas que permitan a las personas “perjudicadas como consecuencia de un acto de corrupción”, iniciar acciones legales para la reparación de esos daños y perjuicios.

Precisamente, para impulsar la efectiva implementación de este artículo, fue creado el Grupo de Trabajo sobre Víctimas de la Corrupción, como parte de la Coalición de la CNUCC, que reúne a diversas organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil, para acompañar y promover el cumplimiento de la Convención.

Tal y como explica Juanita Olaya, quien preside el Grupo, las políticas contra la corrupción deben ser valoradas como un medio para incidir en el desarrollo orientado al bien común, de lo cual resulta que el costo de la corrupción no es solo económico. Muy en especial, la corrupción tiene un efecto adverso en las condiciones de vida de las personas (Recomendado: ¿Por qué la corrupción viola derechos humanos?). Por ello, ha venido surgiendo, como parte del litigio estratégico, una creciente práctica en la cual las víctimas y representantes de la sociedad civil se organizan para impulsar y participar en procesos sobre casos de corrupción y, así, obtener una reparación al daño causado.

A nivel comparado, uno de los principales obstáculos del acceso a la justicia ha sido insertar el derecho a la reparación de las víctimas de la corrupción en los sistemas criminales que regulan la participación y reparación a las víctimas del delito. El alcance del derecho a la reparación varía de acuerdo con el sistema criminal adoptado en cada país, pero lo cierto es que los instrumentos ordinarios de este sistema sobre participación de las víctimas son claramente insuficientes para hacer valer el derecho a la reparación integral. Tales obstáculos son especialmente evidentes en casos de corrupción sistemática, en los cuales la corrupción se relaciona con efectos adversos sobre el desarrollo y, más en concreto, sobre los derechos económicos y sociales. Lo propio sucede en la corrupción indirecta, cuando el Estado se abstiene de actuar para prevenir políticas abusivas y oportunistas relacionadas con los derechos económicos y sociales. En estos casos, el daño de la corrupción no es individual o directo. En realidad, el daño es más bien colectivo e incluso indirecto. Por ejemplo, las pacientes que sufren daños por la deficiente prestación de los servicios públicos de salud, causados por la corrupción.

En contraste, en los sistemas de reparación de las víctimas en los sistemas penales parten de la compensación de daños directos e individuales, como por ejemplo, la persona que sufre un daño por el robo de su vehículo. De esa manera, hay dos particularidades en el caso de las víctimas de la corrupción que requieren adecuar estos sistemas penales ordinarios: (i) el problema de establecer la relación de causalidad entre la corrupción y la violación de derechos humanos, y (ii) la determinación del monto de la reparación.

En tal sentido, la intención del artículo 35 de la CNUCC es garantizar el derecho a remedios judiciales efectivos -civiles o criminales- para hacer efectiva la reparación, incluso, en caso de corrupción sistemática o indirecta. Es por ende necesario explorar remedios expeditos y eficaces que, además, se ajusten a la especial naturaleza de los casos de corrupción sistemática e indirecta. 

Las víctimas de la corrupción en el Derecho Interamericano

Como es sabido, el primer tratado dictado en materia de corrupción es la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC), de 1996. No existe, en la CICC, una norma idéntica al artículo 35 de la CNUCC, aun cuando sí existe una previsión que promueve la cooperación en materia de medidas sobre los activos derivados de corrupción (artículo XV).  Pero ello no quiere decir que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), las víctimas de la corrupción no tengan el derecho a la reparación.

En efecto, hay que recordar la conexión que existe entre corrupción, desarrollo y derechos humanos. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha abordado  la corrupción desde la perspectiva de los derechos humanos, y en especial, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

Así, en la sentencia de 9 de marzo de 2018, frente al caso Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala (Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 351), la Corte destacó “las consecuencias negativas de la corrupción y los obstáculos que representa para el goce y disfrute efectivo de los derechos humanos, así como el hecho de que la corrupción de autoridades estatales o prestadores privados de servicios públicos afecta de una manera particular a grupos vulnerables”. De esta afirmación se desprende que las consecuencias negativas de la corrupción en los derechos humanos, puede además traducirse en daños que deben ser reparados.

Este enfoque aplica, de manera especial, a la violación de los DESCA derivados de casos de corrupción sistemática que deterioran la calidad de vida de las personas.

La principal consecuencia de este enfoque es que las víctimas de violaciones de derechos humanos derivados de actos de corrupción son titulares del derecho a la reparación integral que, como es sabido, es uno de los pilares del Sistema Interamericano. Con lo cual, el derecho a la reparación, en el ámbito de la CICC, deriva especialmente de los artículos 1.1 y 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), y en general, del derecho a la reparación integral (restitutio in integrum), que como reconoce la Corte Interamericana, es un principio general del Derecho Internacional y piedra angular de la protección internacional de los derechos humanos.

La perspectiva de los derechos humanos otorga herramientas para solucionar, en especial, los dos grandes problemas señalados, a saber, (i) la relación de causalidad entre la corrupción y la violación de derechos humanos, y (ii) la determinación del monto de la reparación. Para estos fines, es útil trabajar en la definición de estándares interamericanos, como explicamos en la siguiente sección.

Hacia la definición de estándares interamericanos para la reparación de las víctimas de la corrupción

La interpretación del derecho a la reparación de las víctimas de la corrupción desde el prisma de los derechos humanos,  tiene diversas implicaciones prácticas, de las cuales destaco la que, creo, es la más relevante: el derecho a la reparación de las víctimas no puede depender, solo, de las normas de Derecho positivo que regulan el proceso criminal, sino que deben ser parte de la aplicación preferente de la Convención y de la interpretación del ordenamiento jurídico en el sentido más favorable a los derechos humanos, o sea, el principio pro persona. En otros términos, en el ámbito interamericano, la aplicación del artículo 35 de la CNUCC encuentra un punto de apoyo importante en el derecho a la reparación integral de las víctimas de violaciones de derechos humanos causadas por la corrupción y, especialmente, por violaciones de los DESCA. Para ello, hay que recordar que la CICC es parte del corpus iuris interamericano, y debe interpretarse desde la preferente aplicación de la Convención.

Así lo ha interpretado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al concluir -con base en el citado artículo 63 de la Convención- que los Estados tienen el deber de reparar íntegramente a las víctimas de la corrupción que constituyan violaciones de derechos humanos, lo que incluye medidas de compensación. El derecho a la reparación, además, contribuye a articular acciones colectivas que permitan erradicar la corrupción sistemática o estructural, como sucede en especial en América Latina y el Caribe.

A los fines de incrementar la efectividad del derecho a la reparación de las víctimas de derechos humanos por casos de corrupción en el SIDH, convendría proponer la inclusión de este tema, de manera expresa, en la agenda del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), que es la instancia técnica para monitorear el cumplimiento de la CICC.

 El propósito final sería la elaboración de estándares interamericanos del derecho a la reparación de las víctimas de la corrupción, que faciliten la efectiva implementación de este derecho en el ámbito del artículo 35 de la CNUCC, con especial énfasis en los casos de corrupción sistemática. Para estos efectos, el Grupo de Trabajo sobre Víctimas de la Corrupción podría promover el diálogo con el MESISIC, a los fines de avanzar en la elaboración de estos estándares, de la mano de la CIDH y, en especial, la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) y Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador (GTPSS).

Estos estándares abordarían las dos cuestiones prácticas más importantes, a las cuales hemos hecho ya mención. La primera es cómo determinar la relación de causalidad entre las violaciones a derechos humanos y los actos de corrupción, especialmente, sistemática e indirecta. Aquí un elemento clave es la causa eficiente, interpretada desde el principio pro persona: en la medida en que la corrupción incida en la violación de derechos económicos y sociales, deteriorando la calidad de vida, habría un elemento de conexión que permitiría invocar la responsabilidad del Estado. La segunda es cómo determinar la compensación, que tendría que ser colectiva. Una forma de procurar esa compensación es mediante el uso de activos confiscados por la corrupción para el financiamiento de proyectos sociales, como por ejemplo ha sucedido en Guinea Ecuatorial.  

La propuesta de enfocar el derecho a la compensación de las víctimas de la corrupción desde el prisma del derecho a la reparación derivada de violaciones de derechos humanos deja muchas aristas prácticas que deben ser precisadas mediante la sistematización de estándares interamericanos.  Pero estas aristas no pueden llevar a negar el derecho a la reparación reconocido en el artículo 35 de la CNUCC. Más bien, este artículo obliga a interpretar los sistemas procesales penales de reparación de víctimas desde la óptica del derecho a la reparación por violaciones de derechos humanos, en el ámbito de los artículos 1.1 y 63 de la Convención Americana.

Citación académica sugerida: Hernández, José Ignacio. El derecho a la reparación de las víctimas de corrupción en el derecho interamericano. Agenda Estado de Derecho. 2023/08/09. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-derecho-a-la-reparacion-de-las-victimas-de-corrupcion-en-el-sistema-interamericano-de-derechos-humanos/

Palabras clave: Corrupción, víctimas, reparación

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ACERCA DEL AUTOR
José Ignacio Hernández G.

Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Central de Venezuela

Fellow, Growth Lab-Harvard Kennedy School

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

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Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.