De nuevo elecciones presidenciales en Venezuela sin respeto ni garantía en materia de derechos humanos

22 de Febrero de 2024
De nuevo elecciones presidenciales en Venezuela sin respeto ni garantía en materia de derechos humanos
Crédito foto: Wola

Venezuela se aproxima a las elecciones presidenciales de 2024 y se plantean serías dudas en relación con el respeto del Estado de Derecho.

Venezuela se dirige a la celebración de elecciones presidenciales no competitivas, que podrán agravar el deterioro de los derechos humanos y el impacto regional de la crisis humanitaria. Desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es preciso evitar este colapso, a partir de la primacía de los derechos humanos.

Venezuela: una democracia que murió desde adentro

Entre 2000 y 2022, el Índice de Democracia Liberal (V-Dem Institute) en la región cayó casi un 10%. Es decir, que el proceso de democratización alcanzado en el siglo XX no solo se detuvo, sino que retrocedió. Frente a los autoritarismos militares del siglo XX, el retroceso democrático en América Latina ha sido, ante todo, un proceso movido desde las propias instituciones democráticas, lo que ha dado lugar a los llamados regímenes híbridos, o autoritarismos competitivos. En otras palabras: las democracias están muriendo desde adentro, a manos de los ganadores de las elecciones.

El mejor ejemplo de este retroceso democrático es Venezuela. Ello no deja de ser paradójico pues, durante la segunda mitad del siglo XX, este país fue considerado como un modelo democracia en la región. Ello fue así hasta diciembre de 1998, cuando en elecciones libres y justas el pueblo venezolano eligió presidente a Hugo Chávez. Entre 1998 y 2022, el Índice de Democracia Liberal colapsó 90%. De esa manera, en 2022 la democracia en Venezuela está al mismo nivel que estaba en la década de los cincuenta, bajo la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez.

Lo notable de este colapso es que él no estuvo impulsado por acciones externas de fuerza. En realidad, la democracia constitucional fue desmantelada en Venezuela a través de un lento proceso promovido desde la Presidencia de la República, por medio de abusivos medios constitucionales que socavaron la separación de poderes. Como resultado de ello, el régimen político venezolano pasó a ser un autoritarismo competitivo, bajo el cual, y de manera fraudulenta, Nicolás Maduro fue electo presidente en 2013, en un proceso cuyas violaciones a los derechos humanos están siendo actualmente conocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Desde entonces, la condición de los derechos humanos se agravó. Así, desde la Presidencia de la República y la Sala Constitucional, se desconocieron las atribuciones de la IV legislatura de la Asamblea Nacional electa en 2015, lo que llevó a la represión sistemática de las protestas celebradas en 2017, en hechos actualmente en investigación por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Finalmente, Nicolás Maduro fue reelecto en 2018, en un proceso carente de garantías electorales mínimas, lo que llevó a su cuestionamiento por decenas de países y la Organización de los Estados Americanos.

El caso de Venezuela coloca en evidencia tres lecciones. Así, (i) la degeneración de la democracia puede ser alcanzadas a través de abusivas acciones simuladas tras formas constitucionales; (ii) las elecciones pueden ser manipuladas a favor de la estabilidad de regímenes autoritarios y (iii) elecciones no competitivas crean condiciones favorables para un círculo vicioso de violación a derechos humanos.

Las elecciones presidenciales de 2024: la sombra de las inhabilitaciones

En 2024 deberían celebrarse elecciones presidenciales en Venezuela. Pero conforme con las condiciones actuales, esas elecciones no serán competitivas.

Así, con la expectativa de aliviar algunos de los efectos adversos de las sanciones adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Maduro negoció en octubre de 2023 con la Plataforma Unitaria (la coalición de la oposición venezolana) un conjunto de reformas electorales, que incluyeron un mecanismo de revisión, ante el Tribunal Supremo de Justicia, de las inhabilitaciones administrativas por medio de las cuales se han cercenado derechos políticos. En parte, los acuerdos de octubre llevaron a Maduro a tolerar las primarias organizadas por la oposición, y en la cual resultó ganadora María Corina Machado, con más de dos millones de votos. (Recomendado: Inhabilitaciones políticas por vía administrativa: otro atentado a la democracia en Venezuela)

Pero estas reformas no se han materializado y, por el contrario, continúan las violaciones a derechos humanos, como la Comisión Interamericana ha denunciado.

Así, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de 30 de octubre de 2023, suspendió fraudulentamente las primarias. Tal y como hemos concluido, esta sentencia es un caso de judicialización de los derechos políticos, o sea, de abuso de los mecanismos de control judicial para atentar en contra de la democracia constitucional.

Para tratar de garantizar sus derechos políticos, y atendiendo al acuerdo negociado entre el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria, el 15 de diciembre de 2023, Machado presentó una demanda contencioso-administrativa con solicitud de amparo cautelar ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal. El 26 de enero, y sin previo proceso, la demanda fue declarada improcedente y, además, se “ratificó” la inhabilitación de Machado por quince años.

La sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa -de la cual solo se conoce un extractodeclaró constitucional la potestad de la Contraloría para inhabilitar derechos políticos mediante actos administrativos. Sin embargo, la Constitución de Venezuela, en su artículo 42, es muy clara: el ejercicio de los derechos políticos “sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la Ley”.

Tanto más importante, la Corte Interamericana ha señalado en los casos Leopoldo López vs. Venezuela y Gustavo Petro vs. Colombia que los órganos ejecutivos no pueden suspender derechos políticos, en tanto ello solo es posible mediante “condena, por juez competente, en proceso penal” (artículo 23, Convención Americana de Derechos Humanos).

La inhabilitación de la candidata escogida mediante primarias es, por ello, una grave violación a la Convención Americana y a las condiciones de integridad electoral que derivan del Sistema Interamericano. Esas violaciones son simuladas tras las formas del acto administrativo y de procesos contencioso-administrativos.

La respuesta frente al legalismo autocrático electoral: la primacía de los derechos humanos

Al estudiar el deterioro democrático en Venezuela, Javier Corrales ha empleado el concepto de legalismo autocrático, o sea, el uso, abuso y desuso de la Ley para socavar las bases de la democracia constitucional. Ello es reflejo del Derecho Constitucional abusivo, esto es, del uso de formas constitucionales para encubrir decisiones contrarias a los valores de la democracia constitucional.

Precisamente, desde el 2018, Venezuela celebra elecciones que simulan procesos competitivos pero que, en el fondo, violan valores esenciales de la democracia constitucional -como el pluralismo- así como derechos humanos. Con ello, se coloca en evidencia cómo las formas constitucionales pueden ser utilizadas para eludir decisiones autoritarias e incluso, simular el respeto a los derechos humanos.

La respuesta frente al legalismo autocrático es la primacía del fondo sobre la forma, y la interpretación del ordenamiento jurídico a través de la centralidad de los derechos humanos. Las elecciones no son simples procedimientos formales sometidos a ciertas reglas. Por el contrario, como ha explicado Pippa Norris, las elecciones deben ser procesos que permitan la libre expresión de la voluntad de los electores (Artículo 23, Convención Americana), de acuerdo con los principios resumidos en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana.

Es conforme con el prisma de los derechos humanos que debe concluirse que, en las condiciones actuales, cualquier elección presidencial que se celebre en Venezuela en el 2024 no será ni libre ni justa, y por el contrario, agravará más todavía la violación a derechos humanos, así como la emergencia humanitaria compleja, incluyendo la crisis humanitaria de migrantes y refugiados, que tiene ya escala regional.

Para estos efectos, los orgános de la Organización de los Estados Americanos, de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Carta, tienen la responsabilidad de actuar para prevenir nuevas violaciones a derechos humanos en el marco de la convocatoria de elecciones no competitivas.

Citación académica sugerida: Hernández, José Ignacio. La elección presidencial de 2024 en Venezuela y los derechos humanos. Agenda Estado de Derecho, 2024/02/22: https://agendaestadodederecho.com/elecciones-presidenciales-en-venezuela/

Palabras clave: Venezuela, elecciones, derechos humanos

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ACERCA DEL AUTOR
José Ignacio Hernández G.

Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Central de Venezuela.

Fellow, Growth Lab-Harvard Kennedy School

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.