De nuevo elecciones presidenciales en Venezuela sin respeto ni garantía en materia de derechos humanos
22 de Febrero de 2024
Venezuela se aproxima a las elecciones presidenciales de 2024 y se plantean serías dudas en relación con el respeto del Estado de Derecho.
Venezuela se dirige a la celebración de elecciones presidenciales no competitivas, que podrán agravar el deterioro de los derechos humanos y el impacto regional de la crisis humanitaria. Desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es preciso evitar este colapso, a partir de la primacía de los derechos humanos.
Entre 2000 y 2022, el Índice de Democracia Liberal (V-Dem Institute) en la región cayó casi un 10%. Es decir, que el proceso de democratización alcanzado en el siglo XX no solo se detuvo, sino que retrocedió. Frente a los autoritarismos militares del siglo XX, el retroceso democrático en América Latina ha sido, ante todo, un proceso movido desde las propias instituciones democráticas, lo que ha dado lugar a los llamados regímenes híbridos, o autoritarismos competitivos. En otras palabras: las democracias están muriendo desde adentro, a manos de los ganadores de las elecciones.
El mejor ejemplo de este retroceso democrático es Venezuela. Ello no deja de ser paradójico pues, durante la segunda mitad del siglo XX, este país fue considerado como un modelo democracia en la región. Ello fue así hasta diciembre de 1998, cuando en elecciones libres y justas el pueblo venezolano eligió presidente a Hugo Chávez. Entre 1998 y 2022, el Índice de Democracia Liberal colapsó 90%. De esa manera, en 2022 la democracia en Venezuela está al mismo nivel que estaba en la década de los cincuenta, bajo la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez.
Lo notable de este colapso es que él no estuvo impulsado por acciones externas de fuerza. En realidad, la democracia constitucional fue desmantelada en Venezuela a través de un lento proceso promovido desde la Presidencia de la República, por medio de abusivos medios constitucionales que socavaron la separación de poderes. Como resultado de ello, el régimen político venezolano pasó a ser un autoritarismo competitivo, bajo el cual, y de manera fraudulenta, Nicolás Maduro fue electo presidente en 2013, en un proceso cuyas violaciones a los derechos humanos están siendo actualmente conocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde entonces, la condición de los derechos humanos se agravó. Así, desde la Presidencia de la República y la Sala Constitucional, se desconocieron las atribuciones de la IV legislatura de la Asamblea Nacional electa en 2015, lo que llevó a la represión sistemática de las protestas celebradas en 2017, en hechos actualmente en investigación por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Finalmente, Nicolás Maduro fue reelecto en 2018, en un proceso carente de garantías electorales mínimas, lo que llevó a su cuestionamiento por decenas de países y la Organización de los Estados Americanos.
El caso de Venezuela coloca en evidencia tres lecciones. Así, (i) la degeneración de la democracia puede ser alcanzadas a través de abusivas acciones simuladas tras formas constitucionales; (ii) las elecciones pueden ser manipuladas a favor de la estabilidad de regímenes autoritarios y (iii) elecciones no competitivas crean condiciones favorables para un círculo vicioso de violación a derechos humanos.
En 2024 deberían celebrarse elecciones presidenciales en Venezuela. Pero conforme con las condiciones actuales, esas elecciones no serán competitivas.
Así, con la expectativa de aliviar algunos de los efectos adversos de las sanciones adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Maduro negoció en octubre de 2023 con la Plataforma Unitaria (la coalición de la oposición venezolana) un conjunto de reformas electorales, que incluyeron un mecanismo de revisión, ante el Tribunal Supremo de Justicia, de las inhabilitaciones administrativas por medio de las cuales se han cercenado derechos políticos. En parte, los acuerdos de octubre llevaron a Maduro a tolerar las primarias organizadas por la oposición, y en la cual resultó ganadora María Corina Machado, con más de dos millones de votos. (Recomendado: Inhabilitaciones políticas por vía administrativa: otro atentado a la democracia en Venezuela)
Pero estas reformas no se han materializado y, por el contrario, continúan las violaciones a derechos humanos, como la Comisión Interamericana ha denunciado.
Así, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de 30 de octubre de 2023, suspendió fraudulentamente las primarias. Tal y como hemos concluido, esta sentencia es un caso de judicialización de los derechos políticos, o sea, de abuso de los mecanismos de control judicial para atentar en contra de la democracia constitucional.
Para tratar de garantizar sus derechos políticos, y atendiendo al acuerdo negociado entre el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria, el 15 de diciembre de 2023, Machado presentó una demanda contencioso-administrativa con solicitud de amparo cautelar ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal. El 26 de enero, y sin previo proceso, la demanda fue declarada improcedente y, además, se “ratificó” la inhabilitación de Machado por quince años.
La sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa -de la cual solo se conoce un extracto– declaró constitucional la potestad de la Contraloría para inhabilitar derechos políticos mediante actos administrativos. Sin embargo, la Constitución de Venezuela, en su artículo 42, es muy clara: el ejercicio de los derechos políticos “sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la Ley”.
Tanto más importante, la Corte Interamericana ha señalado en los casos Leopoldo López vs. Venezuela y Gustavo Petro vs. Colombia que los órganos ejecutivos no pueden suspender derechos políticos, en tanto ello solo es posible mediante “condena, por juez competente, en proceso penal” (artículo 23, Convención Americana de Derechos Humanos).
La inhabilitación de la candidata escogida mediante primarias es, por ello, una grave violación a la Convención Americana y a las condiciones de integridad electoral que derivan del Sistema Interamericano. Esas violaciones son simuladas tras las formas del acto administrativo y de procesos contencioso-administrativos.
Al estudiar el deterioro democrático en Venezuela, Javier Corrales ha empleado el concepto de legalismo autocrático, o sea, el uso, abuso y desuso de la Ley para socavar las bases de la democracia constitucional. Ello es reflejo del Derecho Constitucional abusivo, esto es, del uso de formas constitucionales para encubrir decisiones contrarias a los valores de la democracia constitucional.
Precisamente, desde el 2018, Venezuela celebra elecciones que simulan procesos competitivos pero que, en el fondo, violan valores esenciales de la democracia constitucional -como el pluralismo- así como derechos humanos. Con ello, se coloca en evidencia cómo las formas constitucionales pueden ser utilizadas para eludir decisiones autoritarias e incluso, simular el respeto a los derechos humanos.
La respuesta frente al legalismo autocrático es la primacía del fondo sobre la forma, y la interpretación del ordenamiento jurídico a través de la centralidad de los derechos humanos. Las elecciones no son simples procedimientos formales sometidos a ciertas reglas. Por el contrario, como ha explicado Pippa Norris, las elecciones deben ser procesos que permitan la libre expresión de la voluntad de los electores (Artículo 23, Convención Americana), de acuerdo con los principios resumidos en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana.
Es conforme con el prisma de los derechos humanos que debe concluirse que, en las condiciones actuales, cualquier elección presidencial que se celebre en Venezuela en el 2024 no será ni libre ni justa, y por el contrario, agravará más todavía la violación a derechos humanos, así como la emergencia humanitaria compleja, incluyendo la crisis humanitaria de migrantes y refugiados, que tiene ya escala regional.
Para estos efectos, los orgános de la Organización de los Estados Americanos, de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Carta, tienen la responsabilidad de actuar para prevenir nuevas violaciones a derechos humanos en el marco de la convocatoria de elecciones no competitivas.
Citación académica sugerida: Hernández, José Ignacio. La elección presidencial de 2024 en Venezuela y los derechos humanos. Agenda Estado de Derecho, 2024/02/22: https://agendaestadodederecho.com/elecciones-presidenciales-en-venezuela/
Palabras clave: Venezuela, elecciones, derechos humanos
Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Central de Venezuela.
Fellow, Growth Lab-Harvard Kennedy School
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
