De conformidad con el artículo 42 de la Constitución venezolana de 1999, la suspensión de los derechos políticos –como el derecho a ser electo- solo procederá mediante la emisión de una sentencia judicial firme, dictada por un juez competente y en los casos que la ley determine. No obstante, el Estado venezolano de forma sistemática y reiterada, incurre en una práctica arbitraria para impedir que políticos opositores –especialmente aquellos que cuentan con apoyo popular- puedan participar en cualquier tipo de elección para ejercer cargos públicos: las inhabilitaciones administrativas emitidas por la Contraloría General de la República. 

Ello no solo es inconstitucional, sino que también resulta una práctica contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) por la que el Estado venezolano ya ha sido encontrado responsable internacionalmente.

El artículo 23.1.b) de la CADH consagra el derecho de toda persona a ser elegida “en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”. El mismo artículo en su numeral segundo indica que toda restricción a los derechos políticos  –en caso de ser el resultado de una sanción- debe ser emitida por un juez competente en un proceso penal.

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso “López Mendoza vs. Venezuela” –relativa a una inhabilitación política arbitrariamente emitida por un acto administrativo de la Contraloría General en perjuicio de Leopoldo López, un político opositor venezolano- sostuvo que:

107 […] En el presente caso, que se refiere a una restricción impuesta por vía de sanción, debería tratarse de una “condena, por juez competente, en proceso penal”. Ninguno de esos requisitos se ha cumplido, pues el órgano que impuso dichas sanciones no era un “juez competente”, no hubo “condena” y las sanciones no se aplicaron como resultado de un “proceso penal”, en el que tendrían que haberse respetado las garantías judiciales […] [Subrayados añadidos].

Finalmente, la Corte determinó que las inhabilitaciones políticas impuestas por la Contraloría General son contrarias al artículo 23 de la CADH y que en virtud de ello, el Estado venezolano tenía que asegurar que esa “sanción” de inhabilitación administrativa –a todas luces arbitraria- fuese dejada sin efecto, permitiendo la postulación del Sr. López Mendoza en el proceso electoral al que se hacía referencia en ese entonces.

Las autoridades venezolanas no solo desacataron esta decisión de la Corte IDH emitida en el      2011, sino que sistemática y arbitrariamente han incurrido por más de una década en la imposición de inhabilitaciones políticas por vía administrativa, siendo un reflejo de ello que entre 2002 y 2015, la Contraloría General inhabilitó a 1.401 funcionarios y exfuncionarios públicos con posturas críticas al gobierno. Todo ello, en clara violación de la Constitución venezolana y de la CADH con una evidente finalidad: perseguir y eliminar la disidencia política en Venezuela, suprimiendo los derechos de las personas opositoras al gobierno, empleando para ello de forma abusiva el control de los poderes públicos, los cuales están todos supeditados y a disposición del Ejecutivo Nacional.