El diálogo inter-Cortes regionales: ¿Una oportunidad para la protección integral de los derechos reproductivos?
30 de Marzo de 2023
¿De qué manera una reciente sentencia del TEDH, sobre esterilización de mujeres con discapacidad, dialoga con la jurisprudencia interamericana?
El recién pasado 22 de noviembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictó sentencia en el caso G.M. y otros c. la República de Moldavia. El TEDH consideró que Moldavia era responsable internacionalmente por la violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al reconocer que los abortos y la esterilización de mujeres con discapacidad intelectual, sin consentimiento informado, constituyen tratos crueles inhumanos y degradantes.
El caso se relaciona con tres mujeres pacientes de una institución psiquiátrica, que habían sido violadas sexualmente y maltratadas por un médico jefe de dicha institución. El mismo hombre, participó después en una comisión que decidió -sin el consentimiento de las mujeres- que debían interrumpir su embarazo y someterse a otras intervenciones para no volver a quedar embarazadas. El TEDH reconoció que el ordenamiento jurídico moldavo refleja el sesgo discriminatorio relacionado con que las mujeres con discapacidad intelectual están inhabilitadas para tomar decisiones fundamentales sobre sus cuerpos y que, por tanto, no existe obligación de obtener su consentimiento antes de realizar intervenciones forzadas.
Estos estereotipos, según los cuales las mujeres con discapacidad intelectual “no deben procrear” (párr. 122), son criticados en la sentencia. El Tribunal señaló que el Estado ha perpetuado esta forma de violencia debido a las actitudes prejuiciosas y paternalistas de las autoridades moldavas hacia las mujeres con discapacidad (párr. 121-122), por cuanto según la legislación nacional, la discapacidad intelectual está reconocida como una contraindicación para el embarazo (párr. 123). En un trascendente reconocimiento judicial de la importancia central de la toma de decisiones reproductivas con apoyo, el TEDH concluyó que Moldavia no garantizó la accesibilidad de la información proporcionada a las mujeres y, por tanto, no aseguró las salvaguardias adecuadas contra las prácticas coercitivas, como lo son el aborto forzado y la esterilización forzada (párr. 9).
Para dictar sentencia, el TEDH evaluó una amplia gama de instrumentos internacionales relativos a los derechos de las mujeres con discapacidad y los informes de los órganos de tratados de las Naciones Unidas en relación con Moldavia, incluidas las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) y los informes de los relatores especiales sobre los derechos de las personas con discapacidad y sobre la extrema pobreza.
Sin duda, esta decisión constituye un precedente regional muy importante, en virtud del enfoque acertado adoptado por el TEDH, al evaluar las múltiples e interrelacionadas formas de discriminación a las que se enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad en Moldavia. La sentencia supone un gran avance en este sentido, en tanto afirma el deber del Estado de investigar y sancionar las intervenciones médicas forzadas que atentan contra los derechos reproductivos de las mujeres con discapacidad. Asimismo, el TEDH sostuvo que es un derecho de las mujeres con discapacidad recibir apoyo en la toma de decisiones reproductivas y que, en tal sentido, no pierden su derecho a la capacidad jurídica y a la dignidad como consecuencia de su discapacidad.
Este caso, sin duda, refuerza la importancia de la evolución jurisprudencial interregional y el diálogo entre los distintos mecanismos regionales de derechos humanos en materias que requieren de la aplicación de un análisis interseccional de la discriminación contra las mujeres, así como la puesta en práctica del enfoque de género para la resolución de casos con características similares en contextos particulares. El diálogo entre las Cortes regionales y la evolución progresiva de su jurisprudencia permiten tender puentes entre ellas, ayudan a mejorar y contribuir a sentar precedentes que estén acorde a las (nuevas)realidades sociales y/o científicas del mundo, y al marco jurídico internacional de derechos humanos, para asegurar el ejercicio de tales derechos.
Para poder ejemplificar cómo este diálogo inter-Cortes tiene la capacidad de impactar de manera positiva en la evolución de la jurisprudencia regional, es importante revisar un caso similar al de Moldavia en la región americana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en noviembre de 2016, dictó sentencia en el Caso I.V. vs. Bolivia, el mismo que se relaciona con la esterilización forzada y sin el consentimiento informado de una mujer, luego de que su hija naciera. A la mujer se le practicó una ligadura de las trompas de Falopio, teniendo conocimiento de ello al día siguiente de que se le realizara el procedimiento.
La Corte IDH señaló -a partir del estudio de la jurisprudencia comparada, incluida la del TEDH- que el elemento de la libertad de una mujer para decidir y adoptar decisiones sobre su vida, su cuerpo y su salud reproductiva, específicamente en los casos relacionados con esterilizaciones, puede verse socavado por motivos de discriminación: en el acceso a la salud; por las diferencias en las relaciones de poder, incluidas las del personal médico; por la existencia de factores de vulnerabilidad adicionales, y debido a la existencia de estereotipos de género (párr. 187). Asimismo, enfatizó que factores de discriminación como la raza, la discapacidad o la posición socioeconómica, no pueden ser un fundamento para limitar la libre elección de la mujer sobre la esterilización, ni obviar la obtención de su consentimiento (párr. 185).
En este caso, la Corte IDH declaró la responsabilidad internacional del Estado boliviano al reconocer que la esterilización no consentida a la que fue sometida la mujer constituyó un trato cruel, inhumano y degradante contrario a la dignidad del ser humano y, por lo tanto, configuró una violación, entre otros, de los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Ambos casos, el de la Corte IDH de 2016 y el del TEDH de 2022, explican cómo la naturaleza evolutiva y cambiante de los derechos humanos de conformidad con los contextos actuales y las particularidades regionales, son una oportunidad para mantener una interacción permanente entre los órganos jurisdiccionales y de toma de decisiones en el plano internacional.
El caso boliviano muestra cómo se ha ido abonando el camino hacia el reconocimiento pleno del derecho de las mujeres -que históricamente ha sido transgredido- a la autonomía reproductiva y a que no sean sometidas a prácticas forzadas. El caso moldavo, por su parte, evidencia la tendencia a que la jurisprudencia regional e internacional se refuerza mutuamente, ya que el TEDH estableció que la condición de discapacidad de una mujer -como factor de discriminación en los mismos términos reconocido por la Corte IDH- no constituye la pérdida de la capacidad jurídica ni de la dignidad para la toma de decisiones reproductivas.
Estos precedentes son una demostración de que los tratados internacionales y regionales de derechos humanos son instrumentos vivos, y que las Cortes se enfrentan al enorme desafío de amplificar y extender el alcance de la protección y garantía de los derechos humanos desde una perspectiva evolutiva, actual, integral, integradora, democrática e interseccional. Es así como el diálogo permite nutrir y robustecer la legitimidad de los sistemas jurisdiccionales de derechos humanos en las regiones y el mundo, fortalecer la construcción del Estado de Derecho y una cultura mundial de derechos humanos que admite consensos, así como a la oportunidad de que los sistemas de justicia caminen acorde a las necesidades de justicia y reparación de las víctimas de violencias y de violaciones a los derechos humanos en el mundo.
Citación académica sugerida: Molina Martínez, Estefanny. El diálogo inter-Cortes regionales: ¿Una oportunidad para la protección integral de los derechos reproductivos?. Agenda Estado de Derecho. 2023/03/30. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-proteccion-integral-de-los-derechos-reproductivos/
Palabras clave: Moldavia – Tribunal Europeo de Derechos Humanos – Esterilización forzada – Derechos de mujeres con discapacidad – Corte Interamericana de Derechos Humanos – Bolivia – Diálogo inter-Cortes.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
