Para las autoras, este caso tiene una víctima más: Dolores Gabriel, un niño que murió en una letrina y que ha sido invisibilizado en el trámite internacional.
En el 144 periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que se está desarrollando actualmente, los jueces de la Corte discutirán tal vez uno de los casos más controversiales del Sistema Interamericano: el caso Manuela y familia vs El Salvador. Con este caso, a partir de la fuerte historia de Manuela se pretende, entre otras, liberalizar el aborto en América Latina.
Sin embargo, este no es solo el caso de Manuela, más bien es el caso de Manuela y Dolores Gabriel, las dos víctimas de esta terrible historia. Aunque en medios de comunicación, en el Informe de Fondo y en la audiencia pública de este caso, se ha pretendido presentar el caso Manuela como uno enmarcado en el supuesto “contexto de criminalización del aborto en El Salvador”, lo cierto es que Manuela no solicitó, ni se practicó un aborto, ni fue investigada, juzgada y sancionada por el delito de aborto.
Pero entonces ¿quién es Dolores Gabriel? Dolores Gabriel es el niño que nació vivo y murió en terribles circunstancias el 27 de febrero de 2008, ahogado por heces fecales en la letrina de la casa de Manuela, y fue encontrado por un grupo de agentes y bomberos de El Salvador en dicha letrina, envuelto en un trapo, después de un día de haber muerto. La autopsia confirmó que Dolores Gabriel nació vivo y respiró, y que era un niño que medía 52 centímetros y pesaba 3650 gramos (peso y talla no controvertidos en el proceso), es decir, tenía el peso de un bebé completamente viable. Y, aunque queda mucho por desentrañar en este caso, y al parecer existieron serios errores en el proceso penal adelantado en El Salvador, lo que es cierto es que lo aquí ocurrido no fue un aborto ni espontáneo, ni provocado.
Ante la Corte IDH se presentan diversas cuestiones jurídicas, relacionadas con los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial, el derecho a la salud, las condiciones carcelarias en El Salvador, entre otros asuntos. Sin embargo, aquí presentaremos dos puntos jurídicos que se encuentran en el centro de la discusión y que deben ser tenidos en cuenta por la Corte para garantizar una decisión justa que atienda a los derechos de Manuela, pero no invisibilice a las demás víctimas del caso.
En primer lugar, como se ha venido señalando, este caso no tiene ninguna relación con la penalización del aborto en El Salvador, ya que Manuela no solicitó ni se practicó un aborto, ni existe prueba de que hubiere querido hacerlo. Tampoco fue condenada por este delito, sino por homicidio agravado. Finalmente, Manuela fue atendida por un parto extrahospitalario, preeclampsia y placenta calcificada, enfermedades que como señaló el propio Doctor Ortiz, perito presentado por los representantes de la presunta víctima en este caso, no ocurren con ocasión a un aborto. Todas estas circunstancias evidencian que ni en el proceso penal, ni en la atención médica de Manuela, la penalización del aborto en El Salvador fue aplicada ni tuvo ningún impacto directo.
Entonces, aunque el caso nada tiene que ver con el delito de aborto ¿puede la Corte Interamericana pronunciarse sobre la penalización de dicha conducta en El Salvador? La respuesta contundente es que no. En casos como Genie Lacayo vs. Nicaragua y López Lone y otros vs. Honduras, los jueces en San José han señalado que “no le corresponde realizar una revisión en abstracto de normas que no fueron aplicadas o no tuvieron algún tipo de impacto en las violaciones declaradas en un caso concreto”, no existiendo ningún antecedente de valoración en abstracto de normas nacionales por parte de la Corte IDH, ya que esto desnaturalizaría el propio modelo de peticiones y casos del Sistema.
En segundo lugar, hacemos un llamado a la comunidad internacional, y en especial a los órganos de protección de los derechos humanos, sobre la necesaria eliminación de discursos deshumanizantes, que niegan los derechos de determinados seres humanos. En este caso, la única parte en el proceso que llamó por su nombre al pequeño Dolores Gabriel fue el Estado. Así las cosas, en la audiencia pública del caso y en comunicados posteriores, la representación de víctimas se ha referido al niño como “el feto”, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) simplemente ha omitido su existencia. El nacimiento de Dolores Gabriel ni siquiera fue presentado como un hecho en controversia en el caso, asunto que vulnera por completo el derecho al nombre de los niños y las niñas contenido en el artículo 18 de la Convención Americana, y en virtud del cual la propia Corte ha señalado que el Estado tiene la obligación de tomar medidas para facilitar su registro “inmediatamente después de su nacimiento”.
Respecto de Dolores Gabriel, la otra víctima, la víctima invisible de este caso, el Estado y la comunidad internacional tienen también obligaciones que no pueden ser por completo desconocidas. Por ejemplo, el Estado tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar los presuntos delitos cometidos contra los niños y las niñas, por lo que resulta necesario que la Corte Interamericana no imponga restricciones que obstaculicen el cumplimiento de esta obligación internacional. También existe el deber de prevenir las violaciones a los derechos humanos de las niñas y los niños, por lo que como ha sido reconocido por UNICEF, el personal médico debe alertar a las autoridades sobre la posible comisión de delitos contra menores de edad, cuestión que sin duda tendrá un impacto en el análisis que realizará la H.Corte sobre el secreto profesional, como bien lo señaló en su amicus curiae European Centre for Law and Justice. Y, finalmente, todos los niños y las niñas tienen derecho a un nombre y al reconocimiento de su personalidad jurídica, por lo que, como expresamos en un amicus curiae presentado ante la Corte IDH, resulta incomprensible la actitud de la Comisión de “negar por completo la existencia de un niño que habiendo nacido murió en terribles circunstancias”.
Para finalizar, no es solo nuestra opinión que este no es un caso sobre aborto. Tanto la CIDH como los representantes de la presunta víctima lo reconocieron en la audiencia pública. En efecto, los representantes señalaron expresamente que entendían que “esto no es un caso de aborto” (minuto 1:32:59) y la CIDH señaló que “no se pronunció específicamente en este caso respecto de la convencionalidad digamos de las leyes que tiene El Salvador en relación con el aborto” (minuto 1:55:24).
Este es el caso de una mujer y un niño, es el caso de Manuela y Dolores Gabriel, ambos seres humanos dignos que merecen todo el respeto y protección de sus derechos humanos. Por lo que, como hemos dicho en otras ocasiones no resulta admisible que neguemos la existencia de un ser humano, de un niño, porque resulta conveniente o inconveniente para los objetivos de un litigio estratégico, pues el gran logro de los derechos humanos es hablar por aquellos que no tienen voz: por Manuela, claro que sí, pero también por Dolores Gabriel, que no tiene quien lo represente y por ese solo hecho, han decidido ignorarlo o peor aún, borrarle su existencia ¿Son para eso los derechos humanos?
Citación académica sugerida: Acosta-López, Juana & Idárraga, Ana. El caso Manuela vs El Salvador y la víctima innombrable. Agenda Estado de Derecho. 12/10/2021. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-caso-manuela-vs-el-salvador-y-la-victima-innombrable/
Palabras clave: Caso Manuela, Corte IDH, El Salvador, derechos del niño, aborto
Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, Magíster en Derechos Humanos de la Universidad Externado, LLM en International Legal Studies de NYU y candidata a Doctora de la UNAM. Ha sido consultora en el sector público y privado, agente en representación de Colombia, y de Bolivia y Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y subdirectora del área temática de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en los diálogos de paz en La Habana, Cuba. Ha sido presidenta de la Academia Colombiana de Derecho Internacional y profesora de pregrado y posgrado en universidades nacionales y extranjeras. Cuenta con numerosas publicaciones en temas de derechos humanos y justicia transicional. Actualmente es directora de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad de La Sabana; co-coordinadora del Observatorio de la Jurisdicción Especial para la Paz; miembro del Comité Editorial del International Review of the Red Cross y consultora en temas de derecho internacional y justicia transicional.
Abogada de la Universidad de la Sabana, Magíster en Derecho Penal y Justicia Internacional de la Universidad de Kennedy (Argentina) y el Instituto interregional de investigación sobre delincuencia y justicia de las Naciones Unidas (UNICRI), y Magister en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana. Fue joven investigadora en la convocatoria de Colciencias “Jóvenes investigadores por la paz”, cuenta con experiencia en investigación en derecho penal internacional, justicia transicional y derecho internacional humanitario. Ha sido asesora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en relación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha sido parte del equipo de defensa del Estado en diversos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es la profesora coordinadora de la Línea de Persona y Familia de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad de La Sabana.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.