El caso Manuela vs El Salvador y la víctima innombrable

12 de Octubre de 2021
El caso Manuela vs El Salvador y la víctima innombrable
Crédito foto: Péxels

Para las autoras, este caso tiene una víctima más: Dolores Gabriel, un niño que murió en una letrina y que ha sido invisibilizado en el trámite internacional.

En el 144 periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que se está desarrollando actualmente, los jueces de la Corte discutirán tal vez uno de los casos más controversiales del Sistema Interamericano: el caso Manuela y familia vs El Salvador. Con este caso, a partir de la fuerte historia de Manuela se pretende, entre otras, liberalizar el aborto en América Latina. 

Sin embargo, este no es solo el caso de Manuela, más bien es el caso de Manuela y Dolores Gabriel, las dos víctimas de esta terrible historia. Aunque en medios de comunicación, en el Informe de Fondo y en la audiencia pública de este caso, se ha pretendido presentar el caso Manuela como uno enmarcado en el supuesto “contexto de criminalización del aborto en El Salvador”, lo cierto es que Manuela no solicitó, ni se practicó un aborto, ni fue investigada, juzgada y sancionada por el delito de aborto.

Pero entonces ¿quién es Dolores Gabriel? Dolores Gabriel es el niño que nació vivo y murió en terribles circunstancias el 27 de febrero de 2008, ahogado por heces fecales en la letrina de la casa de Manuela, y fue encontrado por un grupo de agentes y bomberos de El Salvador en dicha letrina, envuelto en un trapo, después de un día de haber muerto. La autopsia confirmó que Dolores Gabriel nació vivo y respiró, y que era un niño que medía 52 centímetros y pesaba 3650 gramos (peso y talla no controvertidos en el proceso), es decir, tenía el peso de un bebé completamente viable. Y, aunque queda mucho por desentrañar en este caso, y al parecer existieron serios errores en el proceso penal adelantado en El Salvador, lo que es cierto es que lo aquí ocurrido no fue un aborto ni espontáneo, ni provocado.

Ante la Corte IDH se presentan diversas cuestiones jurídicas, relacionadas con los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial, el derecho a la salud, las condiciones carcelarias en El Salvador, entre otros asuntos. Sin embargo, aquí presentaremos dos puntos jurídicos que se encuentran en el centro de la discusión y que deben ser tenidos en cuenta por la Corte para garantizar una decisión justa que atienda a los derechos de Manuela, pero no invisibilice a las demás víctimas del caso.

En primer lugar, como se ha venido señalando, este caso no tiene ninguna relación con la penalización del aborto en El Salvador, ya que Manuela no solicitó ni se practicó un aborto, ni existe prueba de que hubiere querido hacerlo. Tampoco fue condenada por este delito, sino por homicidio agravado. Finalmente, Manuela fue atendida por un parto extrahospitalario, preeclampsia y placenta calcificada, enfermedades que como señaló el propio Doctor Ortiz, perito presentado por los representantes de la presunta víctima en este caso, no ocurren con ocasión a un aborto. Todas estas circunstancias evidencian que ni en el proceso penal, ni en la atención médica de Manuela, la penalización del aborto en El Salvador fue aplicada ni tuvo ningún impacto directo.

Entonces, aunque el caso nada tiene que ver con el delito de aborto ¿puede la Corte Interamericana pronunciarse sobre la penalización de dicha conducta en El Salvador? La respuesta contundente es que no. En casos como Genie Lacayo vs. Nicaragua y López Lone y otros vs. Honduras, los jueces en San José han señalado que “no le corresponde realizar una revisión en abstracto de normas que no fueron aplicadas o no tuvieron algún tipo de impacto en las violaciones declaradas en un caso concreto”, no existiendo ningún antecedente de valoración en abstracto de normas nacionales por parte de la Corte IDH, ya que esto desnaturalizaría el propio modelo de peticiones y casos del Sistema. 

En segundo lugar, hacemos un llamado a la comunidad internacional, y en especial a los órganos de protección de los derechos humanos, sobre la necesaria eliminación de discursos deshumanizantes, que niegan los derechos de determinados seres humanos. En este caso, la única parte en el proceso que llamó por su nombre al pequeño Dolores Gabriel fue el Estado. Así las cosas, en la audiencia pública del caso y en comunicados posteriores, la representación de víctimas se ha referido al niño como “el feto”, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) simplemente ha omitido su existencia. El nacimiento de Dolores Gabriel ni siquiera fue presentado como un hecho en controversia en el caso, asunto que vulnera por completo el derecho al nombre de los niños y las niñas contenido en el artículo 18 de la Convención Americana, y en virtud del cual la propia Corte ha señalado que el Estado tiene la obligación de tomar medidas para facilitar su registro “inmediatamente después de su nacimiento”. 

Respecto de Dolores Gabriel, la otra víctima, la víctima invisible de este caso, el Estado y la comunidad internacional tienen también obligaciones que no pueden ser por completo desconocidas. Por ejemplo, el Estado tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar los presuntos delitos cometidos contra los niños y las niñas, por lo que resulta necesario que la Corte Interamericana no imponga restricciones que obstaculicen el cumplimiento de esta obligación internacional. También existe el deber de prevenir las violaciones a los derechos humanos de las niñas y los niños, por lo que como ha sido reconocido por UNICEF, el personal médico debe alertar a las autoridades sobre la posible comisión de delitos contra menores de edad, cuestión que sin duda tendrá un impacto en el análisis que realizará la H.Corte sobre el secreto profesional, como bien lo señaló en su amicus curiae European Centre for Law and Justice. Y, finalmente, todos los niños y las niñas tienen derecho a un nombre y al reconocimiento de su personalidad jurídica, por lo que, como expresamos en un amicus curiae presentado ante la Corte IDH, resulta incomprensible la actitud de la Comisión de “negar por completo la existencia de un niño que habiendo nacido murió en terribles circunstancias”.

Para finalizar, no es solo nuestra opinión que este no es un caso sobre aborto. Tanto la CIDH como los representantes de la presunta víctima lo reconocieron en la audiencia pública. En efecto, los representantes señalaron expresamente que entendían que “esto no es un caso de aborto” (minuto 1:32:59) y la CIDH señaló que “no se pronunció específicamente en este caso respecto de la convencionalidad digamos de las leyes que tiene El Salvador en relación con el aborto” (minuto 1:55:24).  

Este es el caso de una mujer y un niño, es el caso de Manuela y Dolores Gabriel, ambos seres humanos dignos que merecen todo el respeto y protección de sus derechos humanos. Por lo que, como hemos dicho en otras ocasiones no resulta admisible que neguemos la existencia de un ser humano, de un niño, porque resulta conveniente o inconveniente para los objetivos de un litigio estratégico, pues el gran logro de los derechos humanos es hablar por aquellos que no tienen voz: por Manuela, claro que sí, pero también por Dolores Gabriel, que no tiene quien lo represente y por ese solo hecho, han decidido ignorarlo o peor aún, borrarle su existencia ¿Son para eso los derechos humanos?

Citación académica sugerida: Acosta-López, Juana & Idárraga, Ana. El caso Manuela vs El Salvador y la víctima innombrable. Agenda Estado de Derecho. 12/10/2021. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-caso-manuela-vs-el-salvador-y-la-victima-innombrable/

Palabras clave: Caso Manuela, Corte IDH, El Salvador, derechos del niño, aborto

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ACERCA DE LAS AUTORAS
Juana I. Acosta-López

Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, Magíster en Derechos Humanos de la Universidad Externado, LLM en International Legal Studies de NYU y candidata a Doctora de la UNAM. Ha sido consultora en el sector público y privado, agente en representación de Colombia, y de Bolivia y Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y subdirectora del área temática de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en los diálogos de paz en La Habana, Cuba. Ha sido presidenta de la Academia Colombiana de Derecho Internacional y profesora de pregrado y posgrado en universidades nacionales y extranjeras. Cuenta con numerosas publicaciones en temas de derechos humanos y justicia transicional. Actualmente es directora de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad de La Sabana; co-coordinadora del Observatorio de la Jurisdicción Especial para la Paz; miembro del Comité Editorial del International Review of the Red Cross y consultora en temas de derecho internacional y justicia transicional.

Ana Idárraga

Abogada de la Universidad de la Sabana, Magíster en Derecho Penal y Justicia Internacional de la Universidad de Kennedy (Argentina) y el Instituto interregional de investigación sobre delincuencia y justicia de las Naciones Unidas (UNICRI), y Magister en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana. Fue joven investigadora en la convocatoria de Colciencias “Jóvenes investigadores por la paz”, cuenta con experiencia en investigación en derecho penal internacional, justicia transicional y derecho internacional humanitario. Ha sido asesora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en relación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha sido parte del equipo de defensa del Estado en diversos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es la profesora coordinadora de la Línea de Persona y Familia de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad de La Sabana. 

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.