El Acuerdo de Escazú crece y se fortalece

18 de Junio de 2024
El Acuerdo de Escazú crece y se fortalece
Foto. Cepal

El artículo reflexiona sobre la importancia del Acuerdo de Escazú y las decisiones significativas que se han tomado desde su entrada en vigor.

El pasado 24 de abril finalizó la Tercera Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú. Se realizó en las instalaciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en Santiago, Chile, sede de la Secretaría del Acuerdo.

Revisando los datos de asistencia a las COP previas se puede identificar un indicador de crecimiento, tanto en Estados parte como de participantes de diferentes sectores que dan seguimiento al desarrollo, a la aplicación y cumplimiento de este instrumento internacional.

Es importante analizar en forma comparativa cómo el Acuerdo de Escazú se ha desarrollado y fortalecido desde su entrada en vigor en el año 2021, para ello se han identificado tres criterios.

Más Estados Parte

El Acuerdo tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso, tríada compuesta por el derecho de acceso a la información, a la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

La región está compuesta por 33 países, de los cuales 16 ya son Estados parte.  El proceso para llegar a este acuerdo internacional se inició con una Declaración en la Conferencia de Río +20 en el año 2012, en la cual se reconocía que los avances en la región eran insuficientes en el cumplimiento del Principio 10 de la Declaración de Río, que reconoce los derechos de acceso como la mejor forma de tomar decisiones en materia ambiental.  Se desarrolló entonces una etapa previa del 2012-2014 y una fase de negociación del 2014 al 2018.

Ha sido un proceso bastante corto para un instrumento internacional que reúne tanto los derechos ambientales como los derechos humanos.  Entró en vigor con 12 Estados parte en abril del 2021, un Estado más de los que requería el artículo 22.

Para la primera COP participaron 12 Estados parte, para la segunda se sumaron 3 más para un total de 15 Estados Parte y para la tercera reunión ya eran 16. 

La significativa participación del público

Una de las características de este proceso ha sido la significativa participación del público.  Por público se enciente una o varias personas físicas o jurídicas, asociaciones, organizaciones o grupos.

Desde el inicio, el público ha estado participando activa y significativamente junto con los Estados de la región, se ha considerado que lograr una participación lo más amplia posible fortalece la inclusividad y legitimidad del proceso.

La participación del público se ha dado desde la fase preliminar, la negociación y ahora en la fase de aplicación y cumplimiento, tanto en los eventos virtuales como presenciales. Ésta también ha ido aumentando, conforme hay más interés en el proceso y se identifica como un instrumento útil.

En la primera COP del 20 al 22 de abril del 2022 participaron 780 delegados, 290 en forma virtual y 120 periodistas.  Hay que considerar que esta reunión se celebró justo después de la pandemia.

En la segunda COP en el 2023, una reunión extraordinaria celebrada en Buenos Aires, participaron 600 personas en total, 357 del público, 110 delegados de Gobierno y 74 representantes de Naciones Unidas.

En la tercera COP recientemente celebrada en el 2024, participaron 700 personas en forma presencial, 15 Estados parte, 9 países como observadores, y cientos de personas en forma virtual. 

Hay que reconocer el esfuerzo de la sociedad civil de organizar la Primera PreCop en el proceso del Acuerdo de Escazú con más de 500 personas de organizaciones ambientalistas, en derechos humanos, la academia, pueblos indígenas, afrodescendientes, defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, quienes durante 3 días debatieron temas relacionados.

Decisiones sustantivas

Las COP celebradas hasta la fecha se han orientado a establecer la gobernanza del Acuerdo de Escazú.  La primera COP aprobó las Reglas de Procedimiento de las COP que incluyen las modalidades para la participación significativa del público, el nombramiento de una Mesa Directiva integrada por los Estados Parte: una Presidencia, cuatro Vicepresidencias y una de las personas representantes electas del público, con voz, pero sin voto. 

Se acordaron las reglas de composición y funcionamiento Comité de Apoyo para la Aplicación y Cumplimiento (CAAC) y se decidió que el Fondo de Contribuciones Voluntarias sería un fondo fiduciario de conformidad con las normas de Naciones Unidas.

También se estableció un grupo de trabajo ad hoc de composición abierta sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, para elaborar un plan de acción y celebrar un foro anual con especialistas reconocidos en el tema para recoger insumos.

La COP extraordinaria del 2023 se convocó con el objetivo de designar a los integrantes del CAAC.  Durante el 2021 se convocó a las personas de la región con integridad moral y reconocida competencia en los derechos de acceso, que quisieran presentar su candidatura para este nombramiento ad-honorem, por un plazo de 4 años.

De las candidaturas recibidas la Mesa Directiva escogió una lista de 10 personas.  Los 7 integrantes del CAAC se escogieron por consenso por los Estados parte y con la participación del público, por medio de los representantes electos. 

En la COP III recientemente celebrada se aprobó el Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, resultado de un proceso abierto y participativo que contó con procesos de consulta, presenciales y virtuales.

Entre 2022 y 2024, y que se enriqueció con los insumos resultantes de los foros anuales sobre la materia que tuvieron lugar en Quito en noviembre de 2022 y en Panamá en septiembre de 2023. 

Además, se solicitó a la Secretaría que elabore, con el apoyo de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, así como de otros organismos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas, una guía para la transversalización de la perspectiva de género en la implementación del Acuerdo de Escazú, para ser presentada en la próxima COP.

En el marco de esta COP el CAAC aprobó en su sesión presencial, las modalidades de trabajo, que son las regulaciones internas que permitirán cumplir con sus objetivos de aplicación e implementación del Acuerdo.

Cada una de estas decisiones son el resultado de procesos abiertos y participativos, que logran concretarse con el trabajo de los Estados parte, la Mesa Directiva, la Secretaría, los órganos subsidiarios, los representantes electos del público, el público en general, en un complejo sistema de gobernanza basado en la búsqueda del consenso y animado por la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso, la creación y fortalecimiento de capacidades, para que cada persona pueda vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, de las generaciones presentes y futuras.

Citación académica sugerida: Madrigal Cordero, Patricia. El Acuerdo de Escazú crece y se fortalece. Agenda Estado de Derecho. 2024/06/18. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-acuerdo-de-escazu-crece-y-se-fortalece/

Palabras clave: Escazú; Medio ambiente; derechos ambientales; defensoras y defensores de derechos humanos

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ACERCA DE LA AUTORA
Patricia Madrigal Cordero

Presidente del Comité de Apoyo para la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú.

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Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

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Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

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Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

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Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.