Nuevo Plan Estratégico de la CIDH: una oportunidad para mantener los vasos llenos y rellenar algunos vacíos. Parte 2

14 de Junio de 2022
Nuevo Plan Estratégico de la CIDH: una oportunidad para mantener los vasos llenos y rellenar algunos vacíos. Parte 1
Foto: Presidencia - El Salvador

SACROI, seguimiento a denuncias funcionales, página web y redes sociales de la CIDH. El autor aborda las oportunidades de un nuevo plan estratégico.

Este artículo se publica como producto de la alianza de Agenda Estado de Derecho y el blog de DPLF

Alianza

DPLF es una organización regional integrada por profesionales de diversas nacionalidades, cuyo mandato es promover el Estado de derecho en América Latina a través del análisis y propuesta, la cooperación con organizaciones e instituciones públicas y privadas, el intercambio de experiencias y las acciones de cabildeo e incidencia.

DPLF

Tal como fue mencionado en la Parte 1 de este artículo, la CIDH llevó a cabo una serie de medidas vinculadas a sus pilares de monitoreo y promoción en los últimos cinco años que deberían ser reforzadas y, en algunos casos, matizadas, en el próximo quinquenio. En esta segunda parte, abordaremos algunos mecanismos, políticas y medidas que ameritan más bien una reflexión crítica por parte del organismo regional de derechos humanos.

1) Los vasos medio vacíos

Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI)

A diferencia de los mecanismos especiales de seguimiento comentados en la Parte 1, cuyo éxito es incuestionable, las SACROIs han sido creadas para un sinnúmero de países y temas, sin que haya mucha claridad sobre su valor agregado en la respuesta de la Comisión a las situaciones que fundamentan su creación. Se trata de una división interna de la Secretaría Ejecutiva (SE) que, desde que fue contemplada en el Plan Estratégico 2017-2021, se instaló en torno a las crisis en Nicaragua (2018); Venezuela, Brasil, Haití, Chile y Bolivia (2019); Guatemala, Honduras, Colombia, Perú, Ecuador y Estados Unidos (2020) y El Salvador (2021), además de una SACROI temática para monitorear y responder a las violaciones de derechos humanos relacionadas con la respuesta de los Estados al Covid-19 (2020). Algunas SACROIs llegaron a operar sin un comunicado u otro tipo de mensaje público aclarando el alcance de sus funciones. En otras, la información sobre su instalación y/o desactivación se comunicó a través de redes sociales o, por ejemplo, en los informes de la implementación del Plan Estratégico, en los años 2020 y 2021.

Por la propia cantidad de SACROIs creadas en los últimos tres años, la ausencia de información pública sobre las funciones, inicio y término de funcionamiento y personal de la SE que conforman varias de ellas, pareciera que se han convertido en una respuesta mediática prefabricada para todo y cualquier estallido social y crisis de derechos humanos. En ocasiones, los comunicados de prensa y mensajes en redes sociales de la CIDH frente a tales crisis son acompañados de consignas del tipo “en el marco de su SACROI COVID-19, la CIDH presenta la serie de guías prácticas…” o “la CIDH, a través de su SACROI-COVID, solicitó información…” La “sacroización” de la labor de monitoreo confiere un protagonismo hiperbólico a una estructura interna de la SE, cuando el centro de las atenciones debería ser las obligaciones estatales exigibles o incumplidas, y el contenido de los pronunciamientos emitidos desde los diferentes pilares de trabajo de la CIDH. 

Ante este escenario, la Comisión debería reflexionar sobre la conveniencia de crear mecanismos menos reactivos de cara a situaciones que requieren una respuesta ágil y especializada y la importancia de orientar sus pronunciamientos hacia las obligaciones estatales, al margen de la estructura interna de apoyo en su SE. Una opción sería la creación de una sección permanente en la SE, con un grupo de profesionales con experticia en el monitoreo a crisis sociopolíticas, alertas y respuestas tempranas en los temas recurrentes que han fundamentado la creación de las SACROIs hasta la fecha. Entre tales temas, destacan la injerencia de gobiernos en la independencia judicial e instancias de control del Estado, el uso de las Fuerzas Armadas para fines de seguridad ciudadana, la violencia institucional generalizada y la criminalización sistemática a movimientos cívicos y/o personas defensoras de derechos humanos.

Comunicados de prensa y redes sociales

La Comisión se ha vuelto particularmente activa en sus comunicados de prensa y mensajes en redes sociales en los últimos años, lo cual, indudablemente, ha aumentado la visibilidad y el impacto de sus pronunciamientos. Sin embargo, y quizás más que en cualquier otra actividad de la CIDH, la cantidad, calidad y pertinencia no siempre caminan juntas. Un vistazo a los comunicados y tweets de la CIDH arrojan unos cuantos que se apartan de los estándares del Derecho Internacional o del propio mandato del organismo interamericano.

A modo de ejemplo, el 10 de diciembre de 2021, la CIDH emitió un comunicado de prensa felicitando a Barbados por su transición hacia un régimen republicano. El comunicado fue acompañado de una serie de tweets que, entre otras, aseveraron que “la democracia es esencial para las libertades fundamentales y los derechos humanos, la transición de Barbados a República contribuye a su fortalecimiento.” Tanto el comunicado como los tweets emitidos sugieren que en una monarquía parlamentaria, la participación política se encuentra constreñida y que la transición hacia la república tiende a fortalecer dicho derecho. A pesar de lo anterior, ni la Carta Democrática Interamericana, ni otro instrumento análogo, ni los órganos internacionales de adjudicación de controversias, incluyendo la Corte IDH, sostienen que un régimen republicano es más democrático que una monarquía parlamentaria. Si así fuera, una buena parte de Europa occidental, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y casi la totalidad del Caribe anglófono estarían incumpliendo una presunta obligación internacional. A contrario sensu, la República Popular Democrática de Corea (alias, Corea del Norte) y otras dictaduras de larga data que se adhieren al régimen republicano habrían cumplido al menos una de las obligaciones internacionales en materia de derechos políticos.

En esta y otras ocasiones, la CIDH ha opinado de forma rápida y contundente, cuando era más prudente guardar silencio. En cambio, son varios los ejemplos en que tardó algunas semanas y, en algunos casos, meses para emitir comunicados de prensa frente a graves retrocesos en la independencia judicial en Guatemala, al uso arbitrario de los estados de excepción en El Salvador, al goce del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en Perúreformas legislativas dirigidas a suprimir el derecho a la protesta en Honduras, entre otras. Por otro lado, graves retrocesos para el Estado de Derecho pasaron inadvertidos, tales como la captura del Poder Judicial por parte de los gobiernos de Honduras (2015 y 2016) y Bolivia (2017), con el fin de asegurar la reelección indefinida del presidente de turno, sin que la CIDH haya emitido comunicados de prensa en su momento.

Con relación a las redes sociales, de una rápida mirada a la cuenta de twitter de la CIDH en lo que va del año, destaco algunos ejemplos en los que la superficialidad jurídica y comunicacional son evidentes:

7 de abril: #CIDH condena las restricciones a derechos fundamentales ante las protestas en #Perú y los hechos de violencia registrados. Insta al Estado a respetar y garantizar los #DerechosHumanos de quienes participan de las movilizaciones y de quienes no lo hacen

3 de marzo: #MesMujeres #CIDH | La violencia por razón de género es una violación a los #DerechosHumanos de las mujeres

14 de enero: Se busca #SolidaridadInteramericana | Para erradicar y prevenir la xenofobia, los Estados deben promover sociedades multiculturales y sensibilizar a sus poblaciones, impulsando la solidaridad

No es mi propósito hacer una auditoria de la política de comunicación de la CIDH, pero me parece necesario una dosis mínima de austeridad frente a hechos que no atañen a su mandato, como la adhesión de Barbados al régimen republicano, comentada líneas arriba; un esfuerzo para pronunciarse rápidamente sobre retrocesos democráticos y decisiones estatales contrarias a los estándares interamericanos y un mejor criterio y rigor jurídico en sus comunicados y mensajes en redes sociales.

2) Consideraciones finales (Parte 1 y 2): el vaso roto que requiere una especial atención por parte de la CIDH y de la OEA

Entre agosto y noviembre de 2020, la CIDH y el Secretario General de la OEA protagonizaron un enfrentamiento público, luego de que Luis Almagro se negara a aceptar la renovación del mandato de Paulo Abrão como titular de la SE de la Comisión. Almagro justificó su postura en “la existencia de decenas de denuncias de carácter funcional que han sido presentadas ante los mecanismos institucionales encargados de garantizar y promover los derechos de las y los funcionarios de la Organización…”. A su vez, la CIDH denunció el atropello a su autonomía y, con relación a las denuncias de carácter funcional, manifestó su disposición a coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, siempre y cuando las instancias competentes de la OEA observaran las garantías de un debido proceso y se respetara la facultad de la Comisión para nombrar el titular de su Secretaría sin ningún tipo de interferencia. (Recomendado: La crisis de la OEA que hace tambalear a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos)

Aunque el impase fue parcialmente superado con la designación de la jurista mexicana Tania Reneaum como nueva Secretaria Ejecutiva, la ausencia de esclarecimiento sobre las denuncias funcionales presentadas por varios/as funcionarios/as a la Inspectoría General y a otros órganos competentes de la OEA; así como la falta de claridad sobre las políticas implementadas por la CIDH y por la OEA para garantizar un ambiente laboral seguro; son un vaso roto cuyos pedazos deben ser debidamente recogidos, so pena de seguir lastimando la imagen institucional de la CIDH y de la OEA.

Tal como sugieren dos artículos publicados en la revista AportesDPLF titulada “Logros y desafíos del SIDH”, la Inspectoría General de la OEA tiene la obligación de esclarecer las denuncias funcionales recibidas, de forma rápida y diligente. Por otro lado, la Comisión Interamericana debería realizar un diagnóstico transparente de lo ocurrido y del ambiente laboral en general, e implementar algunas medidas internas que —en armonía con los mecanismos institucionales de la OEA— puedan responder de forma inmediata a situaciones como las que tuvieron lugar antes de la crisis desatada en agosto de 2020. Tal como han hecho otras organizaciones internacionales y de la sociedad civil que atravesaron crisis similares, la CIDH podría aprobar un código de conducta y establecer algún punto de contacto dentro de la institución que se encargue de orientar de manera confidencial a miembros del personal frente a este tipo de situaciones.

El presente artículo busca incentivar una reflexión crítica pero constructiva de la labor de la CIDH, de cara a la elaboración de su nuevo Plan Estratégico. Los comentarios aquí vertidos abordan exclusivamente algunas actividades y políticas institucionales vinculadas a sus pilares de monitoreo y promoción, por lo que organizaciones litigantes y estudiosos/as del SIDH tendrán una mirada más precisa sobre lo que debería ser reforzado y/o revisado con relación al sistema de casos y medidas cautelares. Finalmente, pese a la necesidad de dedicar una especial atención a los vasos rotos y vacíos, es innegable que los vasos llenos son los que más han lucido en los últimos cinco años y desde que los Estados del hemisferio decidieron crear, en 1959, un organismo internacional encargado de promover y defender los derechos humanos en las Américas.

Citación académica sugerida: Cerqueira, Daniel. Nuevo Plan Estratégico de la CIDH: una oportunidad para mantener los vasos llenos y rellenar algunos vacíos (parte 2). Agenda Estado de Derecho. 2022/06/09. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/nuevo-plan-estrategico-de-la-cidh-una-oportunidad-para-mantener-los-vasos-llenos-y-rellenar-algunos-vacios-parte-2/

Palabras clave: CIDH, plan estratégico, DDHH

Comparte este artículo en...
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
ACERCA DEL AUTOR
Daniel Cerqueira

Magíster en Estudios Legales Internacionales con distinción honorífica por la Universidad de Georgetown, Estados Unidos y licenciado en Derecho por la Universidad Federal de Minas Gerais y en Relaciones Internacionales por la Pontifícia Universidad Católica de Minas Gerais, ambas en Brasil. De enero de 2006 a enero de 2014 trabajó como abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.