La Comisión se ha vuelto particularmente activa en sus comunicados de prensa y mensajes en redes sociales en los últimos años, lo cual, indudablemente, ha aumentado la visibilidad y el impacto de sus pronunciamientos. Sin embargo, y quizás más que en cualquier otra actividad de la CIDH, la cantidad, calidad y pertinencia no siempre caminan juntas. Un vistazo a los comunicados y tweets de la CIDH arrojan unos cuantos que se apartan de los estándares del Derecho Internacional o del propio mandato del organismo interamericano.

A modo de ejemplo, el 10 de diciembre de 2021, la CIDH emitió un comunicado de prensa felicitando a Barbados por su transición hacia un régimen republicano. El comunicado fue acompañado de una serie de tweets que, entre otras, aseveraron que “la democracia es esencial para las libertades fundamentales y los derechos humanos, la transición de Barbados a República contribuye a su fortalecimiento.” Tanto el comunicado como los tweets emitidos sugieren que en una monarquía parlamentaria, la participación política se encuentra constreñida y que la transición hacia la república tiende a fortalecer dicho derecho. A pesar de lo anterior, ni la Carta Democrática Interamericana, ni otro instrumento análogo, ni los órganos internacionales de adjudicación de controversias, incluyendo la Corte IDH, sostienen que un régimen republicano es más democrático que una monarquía parlamentaria. Si así fuera, una buena parte de Europa occidental, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y casi la totalidad del Caribe anglófono estarían incumpliendo una presunta obligación internacional. A contrario sensu, la República Popular Democrática de Corea (alias, Corea del Norte) y otras dictaduras de larga data que se adhieren al régimen republicano habrían cumplido al menos una de las obligaciones internacionales en materia de derechos políticos.

En esta y otras ocasiones, la CIDH ha opinado de forma rápida y contundente, cuando era más prudente guardar silencio. En cambio, son varios los ejemplos en que tardó algunas semanas y, en algunos casos, meses para emitir comunicados de prensa frente a graves retrocesos en la independencia judicial en Guatemala, al uso arbitrario de los estados de excepción en El Salvador, al goce del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en Perú,  reformas legislativas dirigidas a suprimir el derecho a la protesta en Honduras, entre otras. Por otro lado, graves retrocesos para el Estado de Derecho pasaron inadvertidos, tales como la captura del Poder Judicial por parte de los gobiernos de Honduras (2015 y 2016) y Bolivia (2017), con el fin de asegurar la reelección indefinida del presidente de turno, sin que la CIDH haya emitido comunicados de prensa en su momento.

Con relación a las redes sociales, de una rápida mirada a la cuenta de twitter de la CIDH en lo que va del año, destaco algunos ejemplos en los que la superficialidad jurídica y comunicacional son evidentes:

7 de abril: #CIDH condena las restricciones a derechos fundamentales ante las protestas en #Perú y los hechos de violencia registrados. Insta al Estado a respetar y garantizar los #DerechosHumanos de quienes participan de las movilizaciones y de quienes no lo hacen

3 de marzo: #MesMujeres #CIDH | La violencia por razón de género es una violación a los #DerechosHumanos de las mujeres

14 de enero: Se busca #SolidaridadInteramericana | Para erradicar y prevenir la xenofobia, los Estados deben promover sociedades multiculturales y sensibilizar a sus poblaciones, impulsando la solidaridad

No es mi propósito hacer una auditoria de la política de comunicación de la CIDH, pero me parece necesario una dosis mínima de austeridad frente a hechos que no atañen a su mandato, como la adhesión de Barbados al régimen republicano, comentada líneas arriba; un esfuerzo para pronunciarse rápidamente sobre retrocesos democráticos y decisiones estatales contrarias a los estándares interamericanos y un mejor criterio y rigor jurídico en sus comunicados y mensajes en redes sociales.