La resurrección de Abella v. Argentina de la CIDH: la aplicación interpretativa del Derecho Internacional Humanitario a la ejecución extrajudicial de Oscar Pérez en Venezuela

1 de Febrero de 2024
La resurrección de Abella v. Argentina de la CIDH: la aplicación interpretativa del Derecho Internacional Humanitario a la ejecución extrajudicial de Oscar Pérez en Venezuela
Crédito foto: DW - R. Pena

¿El operativo adelantado contra Óscar Pérez en Venezuela cumple con los elementos de un conflicto armado? ¿Aplica el DIH?    

Al pensar en el DIH, la primera imagen que tengo es en una guerra. Un conflicto armado enorme donde se pierden vidas y toda gira en torno a ventajas militares e infligir daño al enemigo. Pero ¿y si fuera posible aplicar el DIH a situaciones que aparentemente no son un conflicto armado sino enfrentamientos aislados que se caracterizan por una relativa organización de las partes y donde hay altos niveles de intensidad y violencia? La respuesta es que no solo es posible, sino que una correcta aplicación del DIH en conjunto con las normas de derechos humanos (DDHH) debe conducir a ese resultado. El caso de Oscar Pérez en Venezuela permite estudiar esta rara, pero fascinante, aplicación del DIH a escenarios poco convencionales.

¿Quién era Oscar Pérez y que le paso?

Oscar Pérez fue un inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICP) y jefe de Operaciones Aéreas en Venezuela que se hizo conocido en 2017 durante masivas protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Los timelines en Twitter e Instagram estaban plagados de sus videos dando ultimátums al Gobierno, calificándolo de dictadura. Se trataba de una de las primeras personas ligada a las fuerzas armadas que públicamente cuestionaban a Maduro, amenazándole con el uso de la fuerza. En dos oportunidades, sustrajo armamento militar de resguardos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y sobrevoló peligrosamente el edificio del Tribunal Supremo con un helicóptero policial. Oscar desafiaba a las autoridades al aparecer en manifestaciones de la oposición ofreciendo ruedas de prensa.

Pero la campaña de Pérez fue tan espontánea como efímera. En la madrugada del 15 de enero de 2018 tuvo lugar la “Operación Gedeón”, un operativo donde participaron cuerpos policiales y militares, incluyendo la Fuerza Armada Nacional. Alrededor de 500 efectivos fueron desplegados en una casa donde se refugiaba Pérez con otros civiles armado en “El Junquito”. Llegada la mañana, los militares comenzaron a disparar. En redes sociales, Oscar Pérez publicó videos notablemente herido, donde manifestaba su intención de entregarse pacífica y voluntariamente. La Fuerza Armado Nacional Bolivariana (FANB) utilizó vehículos militares rusos BTR-80 los cuales, llegado el mediodía, dieron la estocada final, destruyendo parte de la casa con una súbita explosión. Investigaciones independientes demostraron que Oscar fue asesinado con un tiro de gracia luego de la explosión. Sus compañeros corrieron la misma suerte. Una mujer embarazada y un niño también murieron. Las investigaciones sobre las muertes no fueron transparentes, impidiendo a los familiares y el público ver el cadáver de Oscar.

El 26 de diciembre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso 14.178 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), referente a Pérez.  La CIDH concluyó que el uso de la fuerza letal fue incompatible con las obligaciones internacionales del Estado ya que se incumplió con el principio de absoluta necesidad en el marco de la Operación Gedeón sin adoptarse medidas menos lesivas.

Desempolvando a Abella v. Argentina

No he leído el Informe de Fondo. Es confidencial. Pero los principios de absoluta necesidad y medida menos lesiva son las típicas normas de uso de la fuerza en tiempos de paz de los DDHH. Lo corroboran manuales de Naciones Unidas, y la jurisprudencia interamericana. El motivo por el cual la CIDH optó por este camino prescindiendo del DIH lo desconozco. Pudiera ser porque las partes no lo alegaron. Pero no es nada que el iura novit curia no hubiese solucionado.

Así, considero que la Comisión perdió la oportunidad de revisitar un precedente histórico propio que revolucionó la relación entre DIH y DDHH: Juan Carlos Abella y otros v. Argentina y que abre el espectro frente a lo que puede ser considerado como un conflicto armado no internacional (CANI). El caso versa sobre la toma de la base militar “General Belgrano” por un grupo de civiles armados en enero de 1989. Como Pérez, los atacantes tomaron armamento militar, produciéndose enfrentamientos por más de 30 horas con el ejército. 29 civiles armados murieron. Los sobrevivientes capturados fueron torturados y algunos hasta ejecutados. La CIDH concluyó que, a pesar de la brevedad de los enfrentamientos, el grado de violencia y enfrentamiento de las partes justificaba la aplicación del artículo 3 común de forma concurrente con la Convención Americana.

Hablemos del grado de intensidad en Abella y la Operación Gedeón. Ni en Argentina de 1989 ni en la Venezuela de 2018 hubo conflicto armado declarado, no así una existencia común de Gobiernos antidemocráticos. De dictaduras. Algunos argumentarán que las actividades de Pérez se enmarcaron en las protestas de 2017, lo que haría que constituyeran meros disturbios internos los cuales el CICR ha excluido de la aplicación del DIH. Sin embargo, dudo mucho que un ataque con vehículos BTR-80 donde participó la Armada sea simplemente un “disturbio”, como tampoco lo fue la toma de la base Belgrano ¿Entonces, en el caso de El Junquito se configuran los elementos de un CANI y, por lo tanto, aplicaba el DIH?

A pesar de que el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra (CG) no define que es un “conflicto armado sin carácter internacional” (CANI) la doctrina y jurisprudencia han definido su alcance. En Abella la CIDH indicó que un CANI se refiere a  confrontaciones armadas abiertas y de poca intensidad entre fuerzas armadas o grupos relativamente organizados. El articulo 3 no requiere la existencia de confrontaciones generalizadas o de gran escala. El CICR ha señalado que el artículo 3 común aplica de la manera más extensa y flexible posible. El comentario del CICR de 2020 al artículo 3 ha precisado que una situación de violencia que cruza el umbral de un CANI es una determinación que se hace con base a los hechos concretos de cada situación. Igualmente, desde el caso Tadić del Tribunal Penal ad hoc para la antigua Yugoslavia, se puntualizó que un CANI existe cuando hay relativa organización de las partes y cierto nivel de intensidad en las hostilidades.

Así, un oxímoron como el de Abella, donde civiles armados relativamente organizados confrontaron al ejército por horas y con altos niveles de violencia, activa al artículo 3 común, el cual los órganos del Sistema Interamericano pueden interpretar bajo el artículo 29 de la CADH. Mutatis mutandis, Oscar Pérez reclutó ex-policías y ex-militares, atacando resguardos de la GNB y creando un grupo de desertores relativamente organizado. El día de la Masacre de “El Junquito”, respondió con la fuerza utilizando armamento pesado, pero fue sobrepasado por la ventaja militar de la FANB. El grado de violencia que hubo dado el deceso de civiles armados, una mujer embarazada y un niño son indicadores adicionales. En definitiva, Abella y la Operación Gedeón son casos similares: un grupo de civiles armados relativamente organizados enfrentados durante un periodo de tiempo considerable con militares y donde el grado de violencia es tan alto que se cobra la vida de varios de los civiles, cumpliéndose así con el estándar de intensidad de un CANI a una operación armada concreta que no era generalizada en toda Venezuela. Por tanto, la CIDH debió haber acudido al DIH en este caso siguiendo sus propios precedentes.

Habrá quien no se explique porqué en lugar de usar un caso de la Corte IDH, hayamos elegido un precedente de la CIDH de los 90’, y algo de razón tienen: la Corte ha consolidado una jurisprudencia coherente que, a diferencia del Tribunal Europeo, no ha escatimado en usar el DIH como la lex specialis en casos donde los DDHH se han quedado cortos porque no fueron diseñados para lidiar con guerras. Empero, esto no siempre fue así.      

En febrero del 2000, la Corte descartó utilizar los CG en Las Palmeras v. Colombia al determinar que carecía de competencia para aplicar normas distintas a la CADH. Esta decisión fue rectificada en noviembre del mismo año cuando en Bámaca Velázquez v. Guatemala concluyó que el DIH funge como un instrumento interpretativo que define el alcance de las obligaciones de los Estados durante los conflictos armados. Por eso Abella es especial: la CIDH arribó a esa misma conclusión cuatro años antes.

Además, los casos más icónicos de la Corte relacionados con DIH, acaecen en conflictos armados de gran escala sobre los que no hay duda de su naturaleza, como en la Colombia que combatía a las FARC o en el Perú de Alberto Fujimori y Sendero Luminoso, pero habrá quien dude de esa misma realidad en la Argentina del 89’ o en la Venezuela de hoy. Abella resuelve esos problemas al fijar: (i) el uso interpretativo del DIH por órganos de DDHH, y (ii) la aplicabilidad de los CG a conflictos aislados altamente violentos. De allí su resurrección más de 20 años después.

El DIH no es un capricho intelectual: conclusiones

De la misma manera que aplicar normas de derecho civil o penal a un mismo hecho conducen a conclusiones diferentes, el DIH y los DDHH conllevan a análisis diferenciados. Oscar Pérez expresó muy claramente su intención de entregarse a las autoridades, y la FANB no solo lo ignoró, sino que continuó el ataque hasta matarlo. Bajo el articulo 3 común de los CG, un combatiente que ha depuesto las armas debe ser tratado con humanidad. Adquiere estatus de “hors de combat”. Ejecutarlo es una infracción grave al DIH, lo cual pueden entrañar crímenes de guerra o de lesa humanidad. Como lo ha dicho la Corte IDH en Herzog v. Brasil, una debida caracterización de las violaciones repercute en las reparaciones, incluidos los juicios domésticos de los responsables. Por eso el uso del DIH no es de menor importancia. Cambiar las reglas de juego altera el resultado. Muchos mirarán con escepticismo el invocar el DIH para el caso de Oscar y eso me parece una buena noticia: así habremos empezado el debate sobre la relevancia del DIH en Venezuela. La presencia de la guerrilla en estados sureños y las actuales tensiones entre Maduro y Guyana por un conflicto territorial en el Esequibo hacen pensar que esta no será la última vez que lo discutamos.

Citación académica sugerida: Ortiz, Gabriel. La resurrección de Abella v. Argentina de la CIDH: la aplicación interpretativa del Derecho Internacional Humanitario a la ejecución extrajudicial de Oscar Pérez en Venezuela. Agenda Estado de Derecho. 2024/02/01. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/ejecucion-extrajudicial-de-oscar-perez-en-venezuela/

Palabras clave: Venezuela; Derechos Humanos; Derecho Internacional Humanitario

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ACERCA DEL AUTOR
Gabriel J. Ortiz Crespo

Abogado venezolano con LL.M en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de American University Washington College of Law. Ha sido asesor jurídico de comisiones de DDHH, ONG’s, cuerpo diplomático ante la OEA y visitante profesional de la Corte IDH. Actualmente es Coordinador de Programa del Concurso Interamericano de DDHH en American University Washington College of Law.

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.