Cuando de la justicia solo quedan el edificio y el nombre: Nicaragua y la búsqueda de salidas entre extremos

15 de Junio de 2026
Crédito foto: 4tomono

El texto introduce un especial sobre Nicaragua que reúne nueve análisis dedicados al autoritarismo, la crisis institucional, la represión, el exilio y los desafíos de una eventual transición democrática

En Managua, la capital de Nicaragua, se ubica la Corte Suprema de Justicia. Hoy, básicamente, de esta corte queda el edificio y el nombre. Lo que era el órgano supremo de justicia, con sus salas integrantes como la Constitucional, formalmente prevista para impedir los abusos de poder, se ha convertido en un órgano administrativo. Sirve a la lógica de un régimen denunciado por ser responsable de crímenes de lesa humanidad.

Tal como lo hizo con esta corte, la pareja presidencial Ortega-Murillo y sus aliados han vaciado y abusado de prácticamente todas las instituciones democráticas. A la disidencia se le persigue sistemáticamente. Hoy, Nicaragua es uno de los países más afectados por la autocratización a escala global. Más allá de las categorías analíticas, surgen dudas sobre las implicaciones: ¿Qué ocurre cuando las referencias constitucionales que solían guiar la vida política dejan de existir? ¿Cómo pensar justicia sin cortes? ¿Cómo (re)pensar la democracia sin fundamentos básicos?

Nicaragua en foco: entre derecho y política

En el 2018, Nicaragua vivió un punto de inflexión, con el pueblo entrando en una rebelión pacífica. Hasta entonces, los pasos del régimen para la concentración de poder habían sido meramente institucionales. Ante protestas masivas, surgieron olas de represión abiertas y una multitud de manipulaciones más allá. En 2021, Nicaragua se convirtió en el único país que celebraba elecciones mientras ya ni existían periódicos impresos ni libertades básicas de expresión y pensamiento dados los ataques a la prensa y a la academia.

A lo largo del tiempo, se han cancelado partidos políticos y más de 4600 organizaciones con base en leyes, decretos presidenciales o simplemente sin fundamento legal alguno. Se convirtieron en presas y presos políticos: estudiantes que protestaban, defensores de derechos humanos, periodistas y demás críticos, aspirantes a la presidencia, miembros de la Iglesia católica, y previos aliados de Daniel Ortega.

Hasta hoy hay más de 1000 casos denunciados. En el país, surgen nuevos e inéditos mecanismos de represión, tales como despojar a gran escala a disidentes de su nacionalidad o deportarlos del país, siempre acompañados de ajustes para ‘legalizar’ dichos mecanismos. La prohibición explícita de la tortura se ha eliminado de la Constitución. En total, 11 reformas desde 2020 (y una adición) se registran, tras la reforma de 2014 que facilitó la reelección inconstitucional y la subordinación de los poderes a Ortega.

Tales cambios se producen entre lo institucional y lo invisible, a menudo difíciles de seguir de manera sistemática. Como tal, se han detenido a personas sin orden de captura; se realizaron sentencias sin presencia de los que se condenan; de contraparte, en sentido de defensa de personas afectadas y la democracia, se adelantaron cientos de habeas corpus con el intento de contrarrestar las detenciones ilegales masivas, y, en su momento, unas decenas de amparos y demandas de inconstitucionalidad contra leyes represivas ya referidas (como la de agentes extranjeros). Las denuncias en contra del régimen nunca se responden, quedan en el limbo institucional y se pierden de manera opaca; mientras el régimen se escapa al legalizar o invisibilizar lo ilegal.

La serie de análisis

Ante esa situación de extremos, planteamos una serie de análisis sobre Nicaragua, con ocho contribuciones temáticas.

Juan-Diego Barbarena nos recuerda algo esencial: el derecho siempre ha sido espejo de lo político en Nicaragua. La constitución nicaragüense llevaba un espíritu revolucionario, la democracia surge después de una dictadura. Ahora ha pasado de una a otra dictadura, con una revolución auténtica en medio, y ello en apenas 40 años. Fue con la revolución cuando surgieron como las “banderas más importantes de las luchas sociales,” la autonomía de las municipalidades, la representación, participación ciudadana, a la esperanza de establecer foros de diálogo con la sociedad civil – como lo expone Elvira Cuadra de manera viva. El control político y social del régimen hoy llega a todo rincón, dentro de Nicaragua, y más allá.

Désirée Reder nos recuerda que más de 373 000 nicaragüenses han sido desplazados por la fuerza desde 2018. Con este auge, como aclara, la represión se ha transnacionalizado. Incluye ataques directos y redes de espionaje; abusos de INTERPOL para detectar ubicaciones de disidentes o del derecho internacional en materia de lavado de dinero – un delito con el cual suelen condenar a opositores para crear repercusiones más allá del Estado. Ese elemento transnacional es clave.

X (texto anónimo) lo refuerza: el régimen consagra y se mantiene vinculado a estándares del derecho internacional que lo respaldan, mientras anula el control de poderes y elimina el acceso a la justicia. Nicaragua así optó por apartarse de tratados e instrumentos en materia de derechos humanos y multilateralismo regional.

¿Hasta dónde llegan los autócratas con tales estrategias? Siguiendo la lectura y las observaciones de Ernesto Medina, Nicaragua “se acerca, o ya se encuentra, en un punto de inflexión.” Parece que los extremos no se mantienen, ni de un régimen bastante consolidado: el régimen sobrevive, pero ya no gobierna. Sin embargo, por si llega un momento transformador de post-dictadura, todavía falta una estrategia política clara de transición democrática, según Medina. Además, se sabe de la fragmentación y fragilidad de la oposición política. Aquí volvemos a las tensiones postuladas con mayor detalle: ¿Cómo retomar la democracia desde lo local? ¿Qué papel desempeña el derecho internacional, específicamente en materia penal y de derechos humanos? ¿Cómo pensar un Nunca Más (2.0) – bajo nuevas condiciones?

Alexandro Álvarez nos invita a reflexionar sobre un tal Nunca Más. Parte tanto de la experiencia histórica nicaragüense como de evidencia comparada – la de Chile, Argentina, El Salvador, y Guatemala – para pensar en cómo llegar a la no repetición y a reconstruir capacidades estatales a tales fines. Juan-Diego Barbarena propone una constituyente a nivel doméstico.

William J. Montalván Cornejo explica – aun cuando por el momento falte voluntad política – que hay modos de seguir ante la Corte Internacional de Justicia, específicamente respecto de la apatridia. Y, siguiendo a Eduardo Estrada sobre el rol del exilio, entendemos que la resistencia no ha desaparecido: se adapta, se reorganiza y, cada vez más, se visibiliza en espacios internacionales, ganando legitimidad. Son estas las bases sobre las cuales buscar salidas.

A lo largo, se evidencia que Nicaragua genera nuevos desafíos, pero también impulsa reflexiones y nuevos estándares más allá de sus fronteras, incluyendo en cuanto a la desnacionalización, la cancelación de personalidades jurídicas de organizaciones y partidos políticos, o la reelección presidencial inconstitucional. Tales tensiones interesan en la región y el sistema interamericano, ahora específicamente en cuanto a un posible derecho a la democracia, y más allá, por ejemplo con miras hacia Europa y desafíos similares de regresiones democráticas.

La serie explora precisamente esas tensiones. Sigue aquí para conocer más:

Nota del editor: en esta parte se irán anexando los enlaces de los artículos en la medida en que se vayan publicando.

Artículo introductorio del especial “Nicaragua: autoritarismo, resistencia y desafíos para la reconstrucción democrática”, integrado por nueve contribuciones sobre la situación política, jurídica e institucional del país.

Citación académica sugerida: Ripplinger, Alina Maria, Cuando de la justicia solo quedan el edificio y el nombre: Nicaragua y la búsqueda de salidas entre extremos. Agenda Estado de Derecho. 2026/06/15. Disponible en:  https://agendaestadodederecho.com/cuando-de-la-justicia-solo-quedan-el-edificio-nicaragua/

Palabras clave: Autoritarismo; crisis institucional; Nicaragua; transición democrática; derechos humanos.

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ACERCA DE LA AUTORA
Alina Maria Ripplinger

Es investigadora doctoral en el German Institute for Global and Area Studies (GIGA), Hamburgo, desde 2022. Su trabajo conceptualiza y analiza «legal resistance», entendida como la invocación del derecho para resistir procesos de autocratización, con especial atención a Nicaragua y Guatemala. Fue investigadora y asistente de proyectos en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público (MPIL), Heidelberg, entre 2019 y 2023. Es graduada en Ciencias Sociales (B.A., Universidad de Göttingen) y Ciencias Políticas (M.A., Universidad de Heidelberg).

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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

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Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

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Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

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Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

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Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

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Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

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Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.