17 de Junio de 2026
El largo brazo del régimen y la represión transnacional en Nicaragua
El artículo analiza la represión transnacional ejercida por el régimen nicaragüense contra personas exiliadas, mediante desnacionalización, vigilancia, persecución, ataques a familiares y abuso de mecanismos internacionales de control.
Desde 2018, más de 373 000 nicaragüenses han sido desplazados por la fuerza, entre ellos, opositores, sociedad civil, etc. Aunque muchos creían estar a salvo en el extranjero, el largo brazo del régimen los alcanzó. Pero el régimen de Ortega-Murillo no se detiene en las fronteras de Nicaragua.
Hallazgos recientes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU (GHREN) confirman que la represión transnacional sistemática es un pilar central de la estrategia del régimen para silenciar la disidencia y afianzar su poder.
En este análisis se aborda la multitud de instrumentos de represión, desde la violencia abierta hasta mecanismos sutiles y sofisticados. Con ello se constata que Nicaragua no es un fenómeno aislado, sino que apunta a la urgencia de encontrar protecciones internacionales ante la complejidad que los regímenes autoritarios implican. Empiezo con los mecanismos documentados de la represión transnacional.
La privación de la nacionalidad se perfila como una de las técnicas más extremas de represión transnacional. Además de los antiguos presos políticos expulsados a Estados Unidos (en 2023) y a Guatemala (en 2024), y de los 94 intelectuales cuya privación de la nacionalidad se había legalizado retroactivamente, otros nicaragüenses en el exterior también han corrido la misma suerte. Habían sido desnaturalizadas sin previo aviso ni resolución judicial.
Varios nicaragüenses se enteraron de su desnaturalización al solicitar documentos oficiales, como actas de nacimiento, o al intentar renovar sus pasaportes ante las autoridades consulares. Otros sufren una privación de facto de la nacionalidad, lo que les prohíbe la entrada a su país o les niega los servicios consulares para la renovación de sus documentos. Esto los deja en una situación de extrema vulnerabilidad y los convierte, de facto, en apátridas. Sin pruebas o documentación de su desnaturalización, les resulta aún más difícil mantener su condición de migrantes o solicitar asilo y protección internacional.
El régimen suele combinar la desnacionalización de quienes considera «traidores» con la modificación o eliminación de los registros civiles del Registro Civil Central (por ejemplo, certificados de nacimiento y matrimonio) y la revocación de títulos académicos y profesionales. Estas medidas suelen tener un impacto directo en los familiares de las personas afectadas, especialmente en los niños. El régimen busca erradicar su propia existencia, una forma de «muerte civil».
A esta muerte civil se suman la expropiación y la confiscación de pensiones y activos de los exiliados y también de sus familiares que aún residen en Nicaragua. Estos fondos se asignan a instituciones estatales dirigidas por militantes del FSLN, tal como en la piñata de los ochenta. Estas formas de represión tienen como consecuencia privar a las víctimas no solo de sus medios de subsistencia, ya sea en forma de bienes, ingresos o pensiones, sino también de su identidad jurídica, de su reconocimiento como personas ante la ley y de su libertad de circulación.
Los organismos coercitivos y de inteligencia nacionales, junto con los servicios diplomáticos, los actores no estatales, las extensas «granjas de trolls» y el software de vigilancia, como SORM-3 y Pegasus, proporcionan al régimen un conjunto de herramientas para extender su persecución.
Especialmente en Centroamérica, el régimen nicaragüense se dedicó desde el principio a perseguir a los opositores exiliados. Los intentos de intimidación van desde mensajes amenazantes procedentes de números desconocidos, que incluyen fotos de ellos mismos o de sus familiares, hasta la presencia de personas sospechosas en motocicletas cerca de sus hogares o lugares de trabajo, pasando por amenazas de muerte. En 2022, el exguerrillero sandinista Rodolfo Rojas Cordero fue hallado muerto con signos de tortura en Honduras, asesinado por un hombre que presuntamente se había infiltrado en la comunidad de exiliados. En Costa Rica, el periodista exiliado Joao Macdonaldo y su pareja sobrevivieron a dos intentos de asesinato. En junio de 2025, el mayor retirado Roberto Samcam fue asesinado por un sicario, con la participación del ejército, en la puerta de su casa en Costa Rica. Una acción probablemente relacionada con su activismo para informar a organismos internacionales sobre la participación militar en la represión de las protestas de 2018.
La represión digital transnacional incluye la vigilancia de las redes sociales y la interceptación de comunicaciones. Esta práctica no solo dificulta el contacto con familiares y amigos, sino que también afecta el trabajo de los activistas exiliados y los miembros de la oposición. La oposición en el exilio opera mediante sofisticados mecanismos de verificación. Aun así, se han reportado pruebas de espías del régimen infiltrados en grupos de nicaragüenses en el exilio en Costa Rica, Guatemala, y los Estados Unidos.
Conscientes del alcance del régimen en Centroamérica, muchos pensaron en buscar refugio en Estados Unidos o en Europa. Pero ni Europa es segura. Hay al menos un ataque confirmado contra un expreso político nicaragüense, perpetrado por un sicario en Madrid, mientras que otras pruebas indican que la represión nicaragüense ha llegado a España y Bélgica.
Especialmente en respuesta a las declaraciones públicas de los opositores exiliados, sus familiares o amigos se enfrentan a acoso, intimidación, vigilancia o incluso a detenciones arbitrarias, confiscaciones o restricciones a su libertad de movimiento. Si bien en algunas ocasiones la represión de familiares puede considerarse colateral, los casos mencionados pueden caracterizarse claramente como represión o castigo colectivo. La GHREN considera que esta forma de represión se está extendiendo cada vez más debido al gran número de exiliados.
Más allá de la represión directa y digital, el régimen ha instrumentalizado o abusado cada vez más de los mecanismos internacionales. Uno es el abuso de INTERPOL: las autoridades nicaragüenses reportan pasaportes como robados o revocados en la base de datos de Documentos de Viaje Robados y Perdidos de INTERPOL – (con lo que) muchos nicaragüenses fueron detenidos en los cruces fronterizos de terceros países o en los mostradores de facturación de los aeropuertos. Del mismo modo, el régimen utiliza las notificaciones rojas de INTERPOL, solicitudes para localizar y arrestar a personas con fines de extradición, contra opositores bajo acusaciones falsas de delitos comunes.
En segundo lugar, hay una explotación del derecho internacional en materia de lavado de dinero y de financiación del terrorismo. Para la oposición que ha sido acusada de ese delito como estrategia política y legal, con frecuencia se enfrenta a dificultades para abrir o mantener cuentas bancarias, a veces porque se les designa como «personas políticamente expuestas». Los mecanismos internacionales diseñados para proteger la seguridad se están convirtiendo en armas contra las mismas personas que necesitan protección.
Ya no hay duda: la represión de Nicaragua no se detiene en sus fronteras. La comunidad internacional y los países de acogida deben reconocer y aplicar medidas de seguridad para las personas que buscan refugio en sus territorios. Los mecanismos internacionales, como la INTERPOL y los marcos contra el lavado de dinero, necesitan urgentemente salvaguardias contra los abusos autoritarios. La represión transnacional no es solo un problema de Nicaragua. Es una prueba para el sistema de protección internacional en su conjunto.
Palabras claves: Exilio; Nicaragua; represión transnacional; derechos humanos; desnacionalización.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
