La autocratización de la Fiscalía mexicana

21 de Mayo del 2021
La autocratización de la Fiscalía mexicana

El 29 de abril, el Congreso mexicano aprobó la nueva ley de la Fiscalía General de la República (FGR), conocida como la “Ley Gertz”. Esta ley fue impulsada por el actual fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, afín al presidente Andrés Manuel López Obrador. La ley busca concentrar el poder en el fiscal general y permitirle actuar sin rendición de cuentas, lo cual consolidaría un retroceso en algunos avances conseguidos en los últimos años en materia de procuración de justicia en el país. 

Gertz Manero debería haber sido el primer fiscal autónomo de México. Entre 2014 y 2018, se aprobó un nuevo marco constitucional y legal que permitiría, al menos en el papel, que el país tenga una Fiscalía autónoma al Poder Ejecutivo por primera vez en su historia, con un fiscal designado a través de un procedimiento con participación ciudadana, por una mayoría calificada en el Senado y para un periodo transexenal. Sin embargo, el partido en el poder, Morena, anuló la participación ciudadana y eligió a un fiscal cercano al presidente López Obrador, cuya autonomía ha sido reprobada: según la organización México Evalúa, tiene  un puntaje de 27.7 puntos de 100 posibles en ese rubro.

Como es común en este país, la realidad se rebeló contra las leyes, y la autonomía de quien encabeza la Fiscalía, así como el buen funcionamiento de la procuración de justicia, se quedaron en meros buenos deseos. Peor aún, la Ley Gertz consolidará un retroceso legal y construirá una fiscalía más cerrada ante la sociedad y más autocrática hacia el interior. Estos son los puntos más preocupantes.

Los primeros artículos de la nueva ley son elocuentes. En ellos, se elimina el principio de “accesibilidad” que regía a la Fiscalía General. También desaparecen las finalidades institucionales de garantizar el derecho a la verdad, a la reparación integral y a la no repetición de las víctimas. Aunque esto no tiene una consecuencia inmediata, revela las intenciones del cambio: construir una Fiscalía inaccesible para las personas. De hecho, uno de los puntos más graves de la propuesta inicial—que después logró corregir la oposición en el Congreso—era la desaparición de varias obligaciones de la FGR hacia las víctimas, como proporcionarles información clara y permanente, garantizarles asistencia y brindarles intérpretes y traductores.

La nueva ley tiene otras formas de construir una Fiscalía inaccesible. Elimina la participación ciudadana en los nombramientos de las fiscalías especializadas, y habilita al fiscal para designarlos y removerlos libremente, sin control del Senado—excepto en los casos de la fiscalía anticorrupción y la fiscalía en materia electoral, ya que la participación y control del Senado se encuentra prevista a nivel constitucional—. 

La reforma oscurece los nombramientos de todos los funcionarios de la fiscalía. Antes, todas las designaciones de sus funcionarios estaban sujetas “a los principios de máxima transparencia y publicidad desde su convocatoria hasta su designación”; ahora, “la información y los documentos que conformen el expediente de los procesos de evaluación, tendrán el carácter de confidencial y reservado”. 

Otro punto preocupante es que el fiscal podrá evadir las reglas que rigen las contrataciones públicas. Según la nueva ley, las contrataciones públicas de la FGR deberán sujetarse a las leyes en la materia, “sin perjuicio” de las normas particulares que emita el fiscal general. Con esto, el fiscal podría evadir cualquier regla de contratación que le estorbe o incomode, para así asignar dinero público a su antojo.  

Estos y otros cambios contribuyen a construir una Fiscalía, no más autónoma, sino más autocrática frente la sociedad. Los defectos de la nueva FGR también se construyen hacia el interior, al concentrar poder en el fiscal general, quien estará libre de mecanismos de control, podrá manejar a su gusto el funcionamiento de la Fiscalía y estará equipado con facultades autoritarias. 

En primer lugar, el fiscal tendrá un control arbitrario sobre todos los funcionarios al interior de la Fiscalía, lo cual impide que haya una burocracia profesionalizada y ministerios públicos independientes a los intereses del fiscal, como lo han señalado los investigadores de México Evalúa Marco Fernández y Roberto de la Rosa. A pesar de que hay un órgano con autonomía técnica para el servicio profesional de carrera, el fiscal designará a su titular y emitirá los estatutos que regulan el servicio de carrera. 

Además, a pesar de la supuesta autonomía de los ministerios públicos, el fiscal puede intervenir de varias formas en su trabajo. Por ejemplo, tendrá la facultad de regular la forma en que se utilizan los criterios de oportunidad—una figura utilizada por este gobierno para liberar a políticos o empresarios importantes con la excusa de obtener información, que en la práctica ha servido de poco—. 

En segundo lugar, la ley crea un nuevo régimen de responsabilidades y procedimientos especiales para sancionar los funcionarios de la FGR que permite sancionar a los y las servidoras públicas sin que se siga un juicio en su contra, como lo ordena la Constitución (artículo 23), y duplica las faltas por las que pueden ser sancionadas, ya que las mismas faltas se encuentran previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas—lo cual viola el derecho a no ser sancionada dos veces por el mismo ilícito—. Más grave aún, la reforma permite que cualquier superior jerárquico arreste hasta por 24 horas a los analistas de la Fiscalía y a los policías ministeriales, por el simple hecho de desobedecer una orden. Así, pretende legalizar medidas anacrónicas y autoritarias en contra de sus propios funcionarios.

Así mismo, el Órgano Interno de Control encargado de auditar a la Fiscalía estará subordinado al fiscal general. Según la ley, este órgano cuenta con autonomía “por lo que refiere a su régimen interior, pero sujeta en todo momento a la jerarquía” de la FGR. Esto podría permitir que el fiscal controle al encargado de vigilarlo, lo cual impide un control interno real. 

Por último, la nueva ley contribuye a crear una Fiscalía más autoritaria y militarizada. En este gobierno, se han aprobado varias leyes y reformas constitucionales que normalizan la presencia militar en funciones de seguridad pública. La Ley Gertz define a los militares como parte de su policía, con funciones para investigar delitos, entre otras. 

Otro punto preocupante es que la reforma faculta al fiscal para solicitar directamente a las empresas de telefonía la geolocalización y datos de cualquier persona, lo cual podría prestarse para el espionaje ilegal—un fenómeno que ya ha ocurrido con el actual fiscal—. 

La Ley Gertz aleja a México de una procuración de justicia que sirva realmente. Aunque las y los mexicanos no pudimos ver nuestras nuevas—y mejores—leyes hechas realidad, ahora retrocedimos otro paso, y tendremos que volver a luchar por mejores leyes que, más allá de la retórica jurídica, generen una buena maquinaría institucional capaz de generar instituciones útiles y reducir la impunidad en el país. En cuanto la ley sea publicada, puede ser impugnada a través de acciones de inconstitucionalidad presentadas por la minoría de los legisladores en cualquiera de las Cámaras del Congreso o por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Citación académica sugerida: Meza, Miguel Alfonso: La autocratización de la Fiscalía mexicana, 2021/05/21, https://agendaestadodederecho.com/la-autocratizacion-de-la-fiscalia-mexicana

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ACERCA DEL AUTOR
Miguel Alfonso Meza

Integrante del Despacho de Investigación y Litigio Estratégico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, escritor en Letras Libres y Nexos.

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.