16 de Junio de 2026
Fundamentos de la transición en Nicaragua
El artículo analiza los desafíos de una eventual transición democrática en Nicaragua, destacando la necesidad de articular justicia transicional, oposición política y reformas institucionales para garantizar democracia, verdad y no repetición.
En Nicaragua, desde el regreso al poder de Daniel Ortega en 2007 y, especialmente a partir de 2018, ha ocurrido un proceso de desmontaje sistemático y un uso instrumental de las instituciones; y una progresiva eliminación de controles al poder. Al mismo tiempo se han hecho reformas a la Constitución y al marco legal del país para justificar y dar visos de legalidad a la instauración de una dictadura totalitaria.
Para que esta dictadura sea posible y sostenible, se han hecho desaparecer todos los partidos políticos que el régimen no puede controlar, se han eliminado más de cuatro mil quinientas organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, se han clausurado y expropiado universidades, se ha despojado de la nacionalidad y de todos sus derechos civiles a los principales dirigentes de la oposición.
Nicaragua se acerca, o ya se encuentra, en un punto de inflexión – sobre ello hay bastante consenso de parte de analistas políticos y de los observadores que siguen de cerca el proceso que se desarrolla en Nicaragua. En lo que no hay acuerdo es en la naturaleza y profundidad de los cambios que se podrían producir, ni en cómo se podrían gestionar. Una clave es encontrar consonancia entre un plan político y uno legal.
En ausencia de tal consonancia, se pone en riesgo que los dos no solo se produzcan de forma desvinculada, sino que también se contrapongan. En la práctica, esto implicaría: Trabajar en una estrategia para poner en marcha los mecanismos de la Justicia Transicional, a través de foros y equipos de trabajo en los que participen el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, GHREN, la CIDH, abogadas/os expertos en derecho penal/constitucional, defensores de derechos humanos, grupos que representan a las víctimas (como la Asociación Madre de Abril, AMA).
Al mismo tiempo deberá trabajarse en foros con partidos políticos, grupos opositores, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en procesos de transición, para consensuar una estrategia política que aborde los cambios que deben darse a nivel político para iniciar la transición.
Hoy en día, el régimen Ortega-Murillo ha consolidado el control total del poder a costa de violaciones de los derechos humanos. Estas violaciones han llegado a ser calificadas de crímenes de lesa humanidad. Paralelamente ha logrado el desmantelamiento total de las estructuras que sostienen un régimen democrático.
Después del secuestro de Nicolás Maduro, los escenarios para un posible cambio en Nicaragua se han ampliado. Ahora debe contemplarse desde la posible repetición de un operativo similar al realizado en Venezuela, hasta un estallido social descontrolado. Entre ambos extremos se encuentran diferentes variantes de lo que podríamos llamar salidas democráticas que conllevan la realización de negociaciones políticas y de elecciones.
La oposición nicaragüense debería enfocar sus esfuerzos en la búsqueda de una salida democrática. Lo que está claro es que el escenario que finalmente abrirá el proceso de transición en Nicaragua dependerá en gran medida de la capacidad que tengan las fuerzas de oposición para incidir en este proceso, tanto en términos de cohesión interna como de apoyos internacionales. Por ahora nada parece indicar que exista una oposición capaz de tener algún grado de incidencia en la definición del desenlace de la crisis.
En los ocho años transcurridos desde las protestas masivas de abril de 2018, la oposición no ha sido capaz de dar forma a un movimiento cohesionado, con una estrategia compartida y con planteamientos claros y coherentes que aglutinen a todas las fuerzas opositoras dentro y fuera del país.
Ante el riesgo cada día más real de que los acontecimientos en Nicaragua se precipiten, es urgente que la oposición de pasos concretos para unificar criterios y formas de lucha alrededor de los temas fundamentales para una transición: justicia y democracia.
En el caso de Nicaragua donde las violaciones de derechos humanos están documentadas, pero la impunidad se ha convertido en una política de estado es preciso hablar ya de justicia transicional como una tarea prioritaria de la oposición.
Hasta ahora este tema se ha abordado principalmente en los círculos especializados, tales como el GHREN, la CIDH y organizaciones defensoras de derechos humanos. Por parte de los grupos de oposición, no se conocen planteamientos oficiales sobre el tema. La Asociación de Madres de Abril AMA ha ratificado recientemente su posición de “aunar esfuerzos para avanzar en la ruta de acceso a la justicia de las más de 355 víctimas sin condicionarla a la estrategia política del fin del régimen”. Este sigue siendo un punto crucial para el diálogo con los grupos de oposición.
Como señaló recientemente Jan Michel Simon, presidente del grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de Naciones Unidas (GHREN), no puede haber cambio sostenible sin justicia. Pero tampoco puede haber justicia efectiva sin comprender las realidades políticas del poder.
En el mismo escrito el presidente del GHREN señala que la experiencia comparada y la historia reciente de Nicaragua muestran que la justicia absoluta inmediata, en el presente, no siempre es viable. Es por ello por lo que se hace imprescindible iniciar un proceso de discusión, con el acompañamiento de los expertos en la materia mencionados antes, para llegar a un consenso sobre lo que es posible y deseable con relación a la justicia en las circunstancias actuales, en las que no existe todavía una estrategia política clara que deberá estar en sintonía con la estrategia de justicia transicional. Si no logramos esto, será muy grande el riesgo de que una y otra se entorpezcan mutuamente o, peor aún, que se contradigan y obstaculicen.
Las experiencias recientes nos muestran que al momento de resolver grandes conflictos sociales prevalecen intereses económicos y políticos que se anteponen a la búsqueda de justicia y al restablecimiento del respeto a los derechos humanos. Por ello es muy importante que en el caso de Nicaragua los grupos de oposición asuman como principio fundamental que sin justicia no habrá confianza y sin confianza no habrá estabilidad, lo que hace que el futuro siga siendo incierto. La garantía de estabilidad es fundamental además para lograr el involucramiento de la comunidad internacional en la búsqueda del cambio.
En este contexto deberán alcanzarse acuerdos concretos y claros sobre lo que se demanda y lo que se espera con relación a los elementos fundamentales de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y no repetición.
Es incuestionable que Nicaragua está sometida actualmente a una dictadura totalitaria y sangrienta con pretensiones de establecer una dinastía en el control del poder. Ante esta realidad, cualquier proyecto de transición democrática debe partir de crear las condiciones para que pueda ser posible la participación libre y justa de todos los sectores de la población en un proceso verdaderamente democrático.
Cualquier diálogo o negociación debe tener como objetivo crear estas condiciones y mientras esto no se logre no es posible pensar en la realización de elecciones justas y libres que abran las puertas a una transición democrática.
La lucha por la justicia transicional y la lucha por la restauración de los fundamentos esenciales de un proceso democrático deben ser parte de un mismo plan estratégico para hacer posible la transición de Nicaragua. Este es el gran reto que tiene por delante la oposición nicaragüense.
Palabras claves: Democracia; justicia transicional; Nicaragua; oposición política; transición democrática
Citación académica sugerida: Justicia y democracia: fundamentos de la transición en Nicaragua. Agenda Estado de Derecho. 2026/06/16. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/minerales-esenciales-para-la-transicion-energetica/
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Doctor den Química de la Universidad de Göttingen, Alemania.
Rector de la Universidad Nacional Aiutónoma de Nicaragua-León (UNAN-León) 1994-2006
Rector de la Universidad Americana en Managua 2007-2018
Presidente del consejo superior Universitarios Centroamericano (CSUCA) 1995-1996
Despojado de su nacionalidad por la dictadura Ortega Murillo en febrero de 2023.
Actualmente vive en el exilio en España.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
