Desafíos persistentes: La corrupción endémica en México y Centroamérica, propuestas para su abordaje
11 de Abril de 2024
En México y Centroamérica la corrupción se ha arraigado más profundamente durante los últimos 10 años. ¿Qué salidas existen?
En el índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023 de Transparencia Internacional se evidenció que México y los países de Centroamérica – con la excepción de Costa Rica – sufren de niveles de corrupción muy altos que se han agudizado significativamente en comparación con el año 2012.
Los países se ubican en posiciones entre 108 (Panamá) y 172 (Nicaragua) entre los 180 países evaluados. Sus puntuaciones bajaron entre 3 (México y Panamá) y 12 posiciones (Nicaragua). Aunque los países tienen sus propias características, se puede constatar que en la década pasada no fue posible en ningún país reducir la corrupción, por los menos no de una forma sostenible.
El bajo nivel de las puntuaciones durante muchos años indica que el fenómeno de la corrupción se ha vuelto endémico, también conocida como corrupción sistémica.
En estos casos la corrupción se ha vuelto la norma y no la excepción, formando así parte integrante del sistema económico, social y político de los Estados. Al mismo tiempo, en estos países el crimen organizado precisamente en su forma de narcotráfico se ha fortalecido.
Incluso, en Costa Rica que es el único país de la región con niveles de corrupción relativamente bajos (posición 45 con una puntuación de 55), se observa un aumento en actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de narcóticos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó en 2019 un informe trascendental en el cual se ha analizado profundamente el vínculo entre corrupción y derechos humanos. La conclusión central es: la corrupción viola derechos humanos.
No se trata de una infracción trivial; la corrupción tiene un sinnúmero de víctimas en los países contagiados.
La comparación del Índice de Estado de Derecho 2023 con el IPC 2023 pone de relieve una fuerte correlación: los países con estructuras débiles de Estado de Derecho tienen un alto nivel de corrupción.
Al mismo tiempo se puede observar que la corrupción, precisamente en su forma endémica y con el involucramiento del crimen organizado socava progresivamente los fundamentos del Estado de Derecho, especialmente la independencia e integridad del poder judicial, así como las otras autoridades del Estado.
Reconociendo la gravedad y la complejidad de la problemática, no existe una estratégica única para reducir la corrupción endémica. Existen varios instrumentos y estratégicas para el abordaje, que se desarrollan en los diferentes países según las circunstancias concretas. Generalmente es recomendable un enfoque integral con diferentes medidas en las dos áreas principales, que son la prevención y la persecución penal.
En las Américas se necesitan urgentemente poderes judiciales más sólidos e independientes para mejorar la justicia, abordar la impunidad y hacer frente al crecimiento de las redes transnacionales de corrupción.
Asimismo, los nombramientos y destituciones de juezas y jueces y fiscales deben ser transparentes basándose en la experiencia y el desempeño para evitar cualquier interferencia de afuera.
Las persecuciones exitosas en el conocido caso Odebrecht han indicado que instituciones judiciales relativamente fuertes como se las tiene en Brasil, Perú o la República Dominicana son esenciales para enfrentar la corrupción de gran escala.
En Centroamérica misiones híbridas como la CICIG en Guatemala y la MACCIH en Honduras han probado ser instrumentos eficaces contra la corrupción y la impunidad. Sin embargo, la voluntad política en los dos países no estaba suficientemente arraigada para que los éxitos de las misiones fueran sostenibles. Actualmente en Honduras reside mucha esperanza en una posible misión nueva, la CICIH. Pero todavía no se sabe si se puede movilizar la necesaria convicción política en el gobierno, en el congreso nacional y en la jurisdicción.
También en situaciones de corrupción endémica se puede contar con una cierta cantidad de personas íntegras en las instituciones. Por eso tiene mucho sentido fortalecerlas en sus capacidades y su independencia. De esta forma se puede transformar las islas de integridad existentes en una masa crítica de integridad en los sistemas judiciales.
La ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil pueden desempeñar un rol clave. En Honduras en las elecciones del año 2021 se votó para un cambio de gobierno no tanto por inclinaciones ideológicas sino como un rayo de esperanza en cuanto a la lucha contra la corrupción. En 2023 el actual presidente de Guatemala ganó las elecciones con una agenda anticorrupción muy pronunciada.
En los años anteriores en los dos países manifestaciones persistentes y las organizaciones de la sociedad civil hicieron posible el establecimiento de las misiones híbridas mencionadas. La sociedad civil también puede acompañar las acciones concretas, idealmente de una forma coordinada.
Con el Sistema de Observatorios de la Justicia Penal de la MACCIH se ha tratado de organizar una cooperación enfocada entre las diferentes organizaciones de la sociedad civil. La gran credibilidad de muchas organizaciones no gubernamentales puede ayudar significativamente en los procesos de reforma.
Para reducir el atractivo de actos corruptos, medidas contra el lavado de dinero incluyendo la extinción de dominio tienen mucho sentido. Con estas medidas se apunta al talón de Aquiles de los actores corruptos puesto que impiden que gocen de sus ingresos ilícitos.
Otras opciones prometedoras son la aceleración de los procesos judiciales y una cooperación mejorada entre las distintas autoridades judiciales y otras agencias. La colaboración eficaz se ha probado un instrumento bastante útil. La protección de jueces/fiscales íntegros y testigos es un elemento imprescindible para un poder judicial eficiente.
Siempre hay que tener en cuenta que todas las propuestas necesitan una cierta voluntad política para implementarlas con éxito. Se trata de un requisito previo que puede cuestionarse en los casos concretos.
Por ejemplo, se puede tener dudas de si los gobiernos y parte de la ciudadanía de los países con corrupción endémica realmente están dispuestos a evitar los flujos financieros ilícitos, puesto que es muy probable que una parte relevante de la economía depende de dichos flujos conectados a la corrupción o al crimen organizado.
La necesaria voluntad política debe ubicarse en las instituciones que serán protagonistas en el caso dado. En este sentido la Unidad de Inteligencia Financiera de la superintendencia de Bancos y Seguros en Perú es un ejemplo de una institución íntegra, sólidamente financiada y comprometida, pues su independencia y su financiamiento son garantizados constitucionalmente. Además, la unidad ha desempeñado un rol clave en la investigación de casos de corrupción de varios expresidentes, incluso de la presidenta actual, demostrando su independencia del poder político.
En México y en Centroamérica la corrupción endémica se caracteriza por organizaciones poderosas del crimen organizado y del narcotráfico transnacional que en muchos aspectos funcionan muy similar a empresas y redes económicas internacionales. Por eso se necesita redes nacionales y transnacionales de operadores y operadoras de justicia íntegros para establecer un contrapeso a las redes de corrupción.
Resumiendo, se puede constatar que no existe una varita mágica que se pueda aplicar sin más y que el problema quede resuelto. Hay que analizar cuáles de las herramientas prometedoras presentadas pueden servir en la situación actual y cómo se puede realizar un enfoque integral.
Citación académica sugerida: Kempken, Daniel. Desafíos persistentes: La corrupción en México y Centroamérica, propuestas para su abordaje. Agenda Estado de Derecho. 2024/04/03. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/corrupcion-endemica-en-mexico-y-centroamerica/
Palabras clave: Centroamérica; corrupción; impunidad; derechos humanos; Estado de Derecho
Consultor independiente en temas de Estado de Derecho y Anticorrupción. De 2017 a 2019, fue jefe de la Unidad de Gobernanza, Democracia y Estado de Derecho en el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Previamente desempeñó varias funciones en la cooperación y la diplomacia del gobierno alemán.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
