Desafíos persistentes: La corrupción endémica en México y Centroamérica, propuestas para su abordaje

11 de Abril de 2024
Desafíos persistentes: La corrupción endémica en México y Centroamérica, propuestas para su abordaje
Foto. IPC 2023

En México y Centroamérica la corrupción se ha arraigado más      profundamente durante los últimos 10 años. ¿Qué salidas existen?

En el índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023 de Transparencia Internacional se evidenció que México y los países de Centroamérica – con la excepción de Costa Rica – sufren de niveles de corrupción muy altos que se han agudizado significativamente en comparación con el año 2012.

Los países se ubican en posiciones entre 108 (Panamá) y 172 (Nicaragua) entre los 180 países evaluados. Sus puntuaciones bajaron entre 3 (México y Panamá) y 12 posiciones (Nicaragua). Aunque los países tienen sus propias características, se puede constatar que en la década pasada no fue posible en ningún país reducir la corrupción, por los menos no de una forma sostenible.    

El bajo nivel de las puntuaciones durante muchos años indica que el fenómeno de la corrupción se ha vuelto endémico, también conocida como corrupción sistémica.

En estos casos la corrupción se ha vuelto la norma y no la excepción, formando así parte integrante del sistema económico, social y político de los Estados. Al mismo tiempo, en estos países el crimen organizado precisamente en su forma de narcotráfico se ha fortalecido.

Incluso, en Costa Rica que es el único país de la región con niveles de corrupción relativamente bajos (posición 45 con una puntuación de 55), se observa un aumento en actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de narcóticos.

Corrupción, derechos humanos y Estado de Derecho. Una relación intrínseca

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó en 2019 un informe trascendental      en el cual se ha analizado profundamente el vínculo entre corrupción y derechos humanos. La conclusión central es: la corrupción viola derechos humanos.      

No se trata de una infracción trivial; la corrupción tiene un sinnúmero de víctimas en los países contagiados.

La comparación del Índice de Estado de Derecho 2023 con el IPC 2023 pone de relieve una fuerte correlación: los países con estructuras débiles de Estado de Derecho tienen un alto nivel de corrupción.         

Al mismo tiempo se puede observar que la corrupción, precisamente en su forma endémica y con el involucramiento del crimen organizado socava progresivamente los fundamentos del Estado de Derecho, especialmente la independencia e integridad del poder judicial, así como las otras autoridades del Estado.

La necesidad de un enfoque integral

Reconociendo la gravedad y la complejidad de la problemática, no existe una estratégica única para reducir la corrupción endémica. Existen varios instrumentos y estratégicas para el abordaje, que se desarrollan en los diferentes países según las circunstancias concretas. Generalmente es recomendable un enfoque integral con diferentes medidas en las dos áreas principales, que son la prevención y la persecución penal.

i. Un sistema de justicia robusto e independiente

En las Américas se necesitan urgentemente poderes judiciales más sólidos e independientes para mejorar la justicia, abordar la impunidad y hacer frente al crecimiento de las redes transnacionales de corrupción.

Asimismo, los nombramientos y destituciones de juezas y jueces y fiscales deben ser transparentes basándose en la experiencia y el desempeño para evitar cualquier interferencia de afuera.      

Las persecuciones exitosas en el conocido caso Odebrecht han indicado que instituciones judiciales relativamente fuertes como se las tiene en Brasil, Perú o la República Dominicana son esenciales para enfrentar la corrupción de gran escala.

ii. ¿Misiones híbridas, son la solución?

En Centroamérica misiones híbridas como la CICIG en Guatemala y la MACCIH en Honduras han probado ser instrumentos eficaces contra la corrupción y la impunidad. Sin  embargo, la voluntad política en los dos países no estaba suficientemente arraigada para que los éxitos de las misiones fueran sostenibles. Actualmente en Honduras reside mucha esperanza en una posible misión nueva, la CICIH. Pero todavía no se sabe si se puede movilizar la necesaria convicción política en el gobierno, en el congreso nacional y en la jurisdicción.

iii. Aspirar una masa crítica de integridad

También en situaciones de corrupción endémica se puede contar con una cierta cantidad de personas íntegras en las instituciones. Por eso tiene mucho sentido fortalecerlas en sus capacidades y su independencia. De esta forma se puede transformar las islas de integridad existentes en una masa crítica de integridad en los sistemas judiciales.

iv. La sociedad civil puede tener gran impacto

La ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil pueden desempeñar un rol clave. En Honduras en las elecciones del año 2021 se votó para un cambio de gobierno no tanto por inclinaciones ideológicas sino como un rayo de esperanza en cuanto a la lucha contra la corrupción. En 2023 el actual presidente de Guatemala ganó las elecciones con una agenda anticorrupción muy pronunciada.

En los años anteriores en los dos países manifestaciones persistentes y las organizaciones de la sociedad civil hicieron posible el establecimiento de las misiones híbridas mencionadas. La sociedad civil también puede acompañar las acciones concretas, idealmente de una forma coordinada.

Con el  Sistema de Observatorios de la Justicia Penal de la MACCIH se ha tratado de organizar una cooperación enfocada entre las diferentes organizaciones de la sociedad civil. La gran credibilidad de muchas organizaciones no gubernamentales puede ayudar significativamente en los procesos de reforma.

v. Medidas contra el lavado de dinero apuntan al talón de Aquiles

Para reducir el atractivo de actos corruptos, medidas contra el lavado de dinero incluyendo la extinción de dominio tienen mucho sentido. Con estas medidas se apunta al talón de Aquiles de los actores corruptos puesto que impiden que gocen de sus ingresos ilícitos.  

Otras opciones prometedoras son la aceleración de los procesos judiciales y una cooperación mejorada entre las distintas autoridades judiciales y otras agencias. La colaboración eficaz se ha probado un instrumento bastante útil.  La protección de jueces/fiscales íntegros y testigos es un elemento imprescindible para un poder judicial eficiente.

¿Existe la suficiente voluntad política?

Siempre hay que tener en cuenta que todas las propuestas necesitan una cierta voluntad política para implementarlas con éxito. Se trata de un requisito previo que puede cuestionarse en los casos concretos.      

Por  ejemplo, se puede tener dudas de si los gobiernos y parte de la ciudadanía de los países con corrupción endémica realmente están dispuestos a evitar los flujos financieros ilícitos, puesto que es muy probable que una parte relevante de la economía depende de dichos flujos conectados a la corrupción o al crimen organizado.

La necesaria voluntad política debe ubicarse en las instituciones que serán protagonistas en el caso dado. En este sentido la Unidad de Inteligencia Financiera de la superintendencia de Bancos y Seguros en Perú es un ejemplo de una institución íntegra, sólidamente financiada y comprometida, pues su independencia y su financiamiento son garantizados constitucionalmente. Además, la unidad ha desempeñado un rol clave en la investigación de casos de corrupción de varios expresidentes, incluso de la presidenta actual, demostrando su independencia del poder político.

En México y en Centroamérica la corrupción endémica se caracteriza por organizaciones poderosas del crimen organizado y del narcotráfico transnacional que en muchos aspectos funcionan muy similar a empresas y redes económicas internacionales. Por eso se necesita redes nacionales y transnacionales de operadores y operadoras  de justicia íntegros para establecer un contrapeso a las redes de corrupción.

La búsqueda de la varita mágica

Resumiendo, se puede constatar que no existe una varita mágica que se pueda aplicar sin más y que el problema quede resuelto. Hay que analizar cuáles de las herramientas prometedoras  presentadas pueden servir en la situación actual y cómo se puede realizar un enfoque integral.

Citación académica sugerida: Kempken, Daniel. Desafíos persistentes: La corrupción en México y Centroamérica, propuestas para su abordaje. Agenda Estado de Derecho. 2024/04/03. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/corrupcion-endemica-en-mexico-y-centroamerica/

Palabras clave: Centroamérica; corrupción; impunidad; derechos humanos; Estado de Derecho

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ACERCA DEL AUTOR
Daniel Kempken

Consultor independiente en temas de Estado de Derecho y Anticorrupción. De 2017 a 2019, fue jefe de la Unidad de Gobernanza, Democracia y Estado de Derecho en el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Previamente desempeñó varias funciones en la cooperación y la diplomacia del gobierno alemán.

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Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

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Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.