La transparencia en las sentencias en México: lecciones aprendidas y siguientes pasos

20 de Abril del 2021
La transparencia en las sentencias en México: lecciones aprendidas y siguientes pasos

México ha avanzado decididamente en el camino de una justicia más abierta. Estos avances pueden observarse en dos grandes hitos: una reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) en julio de 2020 y un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ambos relativos a la obligación de los poderes judiciales de publicar todas sus sentencias. 

Una de las razones por las cuáles la publicación de sentencias podría haber sido relegada por los poderes judiciales en México es porque aquí, a diferencia de países anglosajones dónde las sentencias funcionan como precedentes, las y los jueces solamente están obligados a seguir la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito, la cual se publica periódicamente en la página del Semanario Judicial de la Federación.

Que la sociedad en pleno tenga la posibilidad de conocer las sentencias es vital para el fortalecimiento de la democracia, ya que éstas son una ventana a la labor de las juezas y jueces, que permiten conocer cómo se imparte justicia y los motivos por los cuales se decide un asunto en cierto sentido. Además, ofrece la posibilidad de analizar hasta qué punto las decisiones judiciales replican estereotipos, si están libres de sesgos y si contienen indicios de arbitrariedades o corrupción. 

La publicación de sentencias, es una herramienta que permite al poder judicial blindarse contra posibles intentos de presión o corrupción, como lo ha dicho María Silva Rojas, magistrada de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así, la transparencia también contribuye a la independencia judicial. En última instancia, someter las sentencias al escrutinio público podría contribuir a fortalecer la confianza de la ciudadanía en los poderes judiciales, en especial en un país como México, donde más de 43% de los ciudadanos confían poco o nada en los jueces, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2020.

Por todo lo anterior, queda claro que estos avances vienen a ser un rayo de luz en la opacidad que ha caracterizado hasta hace poco el actuar de la rama judicial en México. De acuerdo con el Diagnóstico de Verificación de la Obligación de Transparentar Sentencias Judiciales, elaborado por Equis Justicia para las Mujeres en 2015, 15 de los 32 poderes judiciales estatales del país no publicaban ninguna sentencia. En otro de sus informes, (In)justicia abierta, publicado en 2019, la organización citada identificó que sólo un poder judicial estatal publicaba la totalidad de sus sentencias, y que 18 poderes judiciales ni siquiera reportaban cuántas sentencias habían emitido.

Una de las justificaciones que los poderes judiciales esgrimían para no publicar sus sentencias, era que la redacción anterior del artículo 73, fracción II de la LGTAIP solamente los obligaba a publicar la versión publica (es decir, la versión que omite los datos personales) de las sentencias que fueran de “interés público”. Esto dejaba un gran margen de discrecionalidad a la hora de definir el significado de la norma y los parámetros que las sentencias debían cumplir para ser consideradas como parte de esta categoría. 

Con la reforma a la LGTAIP se eliminó esta discrecionalidad, al establecer que se deben publicar “las versiones públicas de todas las sentencias emitidas”. Aunque esta reforma desvincula el concepto de interés público con el de la publicación de las sentencias, la Suprema Corte de Justicia, en el amparo en revisión 271/2020, fue clara al determinar que todas las sentencias son de interés público y se deben publicar por varias razones. Primero, porque es una manera de comprobar que los casos se resuelven conforme a derecho y respeten los derechos de las personas. Segundo, porque el fácil acceso a las sentencias es una manera de asegurar el principio de seguridad jurídica, ya que de esta manera la ciudadanía puede conocer qué conductas están permitidas y cuáles están prohibidas, además de saber cómo las juezas y los jueces individualizan las normas. Y tercero, porque conocer las sentencias permite corroborar la imparcialidad. 

El papel de la sociedad civil en la lucha por la transparencia

Estos logros son resultado del trabajo del colectivo #LoJustoesQueSepas, conformado por diversas organizaciones de la sociedad civil (Equis Justicia para las Mujeres, México Evalúa, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, Borde Político, Artículo 19, Controla tu Gobierno y Fundar) interesadas en cambiar el panorama de opacidad latente en los poderes judiciales. 

De acuerdo con Luis Fernando Villanueva, oficial de Equis Justicia para las Mujeres,  se emprendieron tres estrategias paralelas para lograr estos avances: (i)  un litigio estratégico; (ii) un trabajo de incidencia legislativa; y (iii)  una campaña de comunicación que se dio a la tarea de hacer visible la opacidad de los poderes judiciales y sensibilizarlos sobre la importancia de la publicación de sentencias. Estas estrategias condujeron a distintos resultados. En cuanto al litigio estratégico, el colectivo interpuso un amparo en 2018 en contra del Poder Judicial de Zacatecas, el cual no había publicado ninguna sentencia en 2016 y 2017. Este litigio después derivó en el pronunciamiento de la Corte. 

Por su parte, la iniciativa para reformar la LGTAIP, recibió apoyo de legisladores y legisladoras de todas las bancadas parlamentarias. En entrevista con las autoras del presente artículo, la diputada Martha Tagle, una de las principales impulsoras de la iniciativa de ley en la Cámara de Diputados, enfatizó que los factores clave para concretar la reforma fueron la participación del colectivo y la pluralidad de legisladores —y en particular de legisladoras— que, sin intenciones partidistas, se sumaron a la causa. Esta reforma, que entró en vigor el pasado 9 de febrero, dio un plazo a los poderes judiciales federal y estatales hasta el 8 de agosto para iniciar la publicación de todas sus sentencias. 

Por otro lado, la campaña mediática de sensibilización ayudó a obtener este apoyo generalizado y permitió que la iniciativa de reforma fuera aprobada por unanimidad en ambas cámaras. 

Retos y desafíos de las sentencias públicas: los pasos a seguir

Estos avances son sin duda de gran valor. Sin embargo, todavía falta un largo camino por recorrer. Como lo destacó Luis Fernando Villanueva, oficial de Equis Justicia para las Mujeres, en entrevista para la elaboración de este artículo, es necesario dar seguimiento a la implementación de la reforma, pero también acompañar a los poderes judiciales y colaborar con éstos para asegurar que cumplan con esta obligación de la mejor forma posible.

En efecto, si realmente se busca que la ciudadanía tenga acceso a las sentencias, su publicación solamente es el primer paso. Un segundo paso sería publicar no sólo las sentencias, sino todas las determinaciones dictadas por los jueces referentes a un caso específico que pudieran arrojar más información sobre el razonamiento de éstos a lo largo del proceso. Por último, otro avance sería que éstas se redactaran en formato de lectura fácil. En la actualidad, la mayoría de las sentencias, aunque públicas, siguen siendo inaccesibles para gran parte de la ciudadanía, por el simple hecho de estar redactadas en una jerga jurídica y técnica que es imposible comprender para quienes no tienen una formación especializada en derecho.

Aun y cuando ya ha habido avances en el tema, como la sentencia en formato simple dictada por la Corte en 2019 en la que se ordenó a la Secretaría de Salud reglamentar el uso medicinal de la mariguana o la emitida el año pasado referente a la educación inclusiva, la publicación de sentencias en lenguaje claro y accesible sigue siendo la excepción y no la regla. Es tiempo de que estos esfuerzos dejen de ser individuales y se vuelvan institucionales. 

Que la ciudadanía tenga acceso a las sentencias judiciales solamente es una vertiente de la Justicia Abierta. Para el colectivo #LoJustoEsQueSepas y todas las personas que buscan esa apertura, el trabajo está muy lejos de terminar, pero la experiencia exitosa en materia de publicación de sentencias sin duda es un aliciente para no cejar.

Nota: Las autoras agradecen la revisión de Pablo García y la información proporcionada para este artículo por la diputada Martha Tagle y Luis Fernando Villanueva de Equis Justicia para las mujeres.

Citación académica sugerida: Pantin, Laurence - Escamilla, Sandra: La transparencia en las sentencias en México: lecciones aprendidas y siguientes pasos, 2021/04/120, https://agendaestadodederecho.com/transparencia-en-las-sentencias-en-mexico/

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ACERCA DE LAS AUTORAS
Laurence Pantin

Coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de @Mexevalua 

Sandra Escamilla

Investigadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa  

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Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.