México ha avanzado decididamente en el camino de una justicia más abierta. Estos avances pueden observarse en dos grandes hitos: una reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) en julio de 2020 y un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ambos relativos a la obligación de los poderes judiciales de publicar todas sus sentencias. 

Una de las razones por las cuáles la publicación de sentencias podría haber sido relegada por los poderes judiciales en México es porque aquí, a diferencia de países anglosajones dónde las sentencias funcionan como precedentes, las y los jueces solamente están obligados a seguir la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito, la cual se publica periódicamente en la página del Semanario Judicial de la Federación.

Que la sociedad en pleno tenga la posibilidad de conocer las sentencias es vital para el fortalecimiento de la democracia, ya que éstas son una ventana a la labor de las juezas y jueces, que permiten conocer cómo se imparte justicia y los motivos por los cuales se decide un asunto en cierto sentido. Además, ofrece la posibilidad de analizar hasta qué punto las decisiones judiciales replican estereotipos, si están libres de sesgos y si contienen indicios de arbitrariedades o corrupción. 

La publicación de sentencias, es una herramienta que permite al poder judicial blindarse contra posibles intentos de presión o corrupción, como lo ha dicho María Silva Rojas, magistrada de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así, la transparencia también contribuye a la independencia judicial. En última instancia, someter las sentencias al escrutinio público podría contribuir a fortalecer la confianza de la ciudadanía en los poderes judiciales, en especial en un país como México, donde más de 43% de los ciudadanos confían poco o nada en los jueces, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2020.

Por todo lo anterior, queda claro que estos avances vienen a ser un rayo de luz en la opacidad que ha caracterizado hasta hace poco el actuar de la rama judicial en México. De acuerdo con el Diagnóstico de Verificación de la Obligación de Transparentar Sentencias Judiciales, elaborado por Equis Justicia para las Mujeres en 2015, 15 de los 32 poderes judiciales estatales del país no publicaban ninguna sentencia. En otro de sus informes, (In)justicia abierta, publicado en 2019, la organización citada identificó que sólo un poder judicial estatal publicaba la totalidad de sus sentencias, y que 18 poderes judiciales ni siquiera reportaban cuántas sentencias habían emitido.

Una de las justificaciones que los poderes judiciales esgrimían para no publicar sus sentencias, era que la redacción anterior del artículo 73, fracción II de la LGTAIP solamente los obligaba a publicar la versión publica (es decir, la versión que omite los datos personales) de las sentencias que fueran de “interés público”. Esto dejaba un gran margen de discrecionalidad a la hora de definir el significado de la norma y los parámetros que las sentencias debían cumplir para ser consideradas como parte de esta categoría. 

Con la reforma a la LGTAIP se eliminó esta discrecionalidad, al establecer que se deben publicar “las versiones públicas de todas las sentencias emitidas”. Aunque esta reforma desvincula el concepto de interés público con el de la publicación de las sentencias, la Suprema Corte de Justicia, en el amparo en revisión 271/2020, fue clara al determinar que todas las sentencias son de interés público y se deben publicar por varias razones. Primero, porque es una manera de comprobar que los casos se resuelven conforme a derecho y respeten los derechos de las personas. Segundo, porque el fácil acceso a las sentencias es una manera de asegurar el principio de seguridad jurídica, ya que de esta manera la ciudadanía puede conocer qué conductas están permitidas y cuáles están prohibidas, además de saber cómo las juezas y los jueces individualizan las normas. Y tercero, porque conocer las sentencias permite corroborar la imparcialidad.