CICIH, la nueva Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras ¿Lo bueno se hace esperar?
27 de Abril de 2023
La CICIH en Honduras enfrenta desde ya diversos retos y cuestionamientos en su tarea de combatir la corrupción y la impunidad en el país ¿Cuáles son?
El anterior gobierno hondureño de Juan Orlando Hernández aprobó la MACCIH, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, en 2016. Sin embargo, el mandato de la misión no se renovó en 2020 debido a falta de voluntad política. Además, se promulgaron varias “leyes de impunidad” que obstaculizan la labor de los organismos de persecución penal. Por ejemplo, se rebajó las penas para delitos de corrupción y crimen organizado, se redujo las competencias de investigación del Ministerio Público y se aumentó la inmunidad parlamentaria.
Durante la campaña electoral de 2021, la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro prometió que, de ganar las elecciones, tomaría medidas contundentes contra la corrupción y acordaría una nueva misión con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En diciembre de 2022, o sea un poco menos de un año después de la toma de posesión de su gobierno, se firmó un memorándum de entendimiento con la ONU, que regula el envío de una misión de evaluación y asesoramiento, que tiene por objeto preparar un mecanismo híbrido comparable a la MACCIH.
Esta fase preparatoria incluye la revisión de las leyes sobre los poderes del Ministerio Público, de las normas sobre lavado de dinero, la colaboración eficaz y la independencia del poder judicial. Las “leyes de impunidad” promulgadas bajo el gobierno anterior deberán ser derogadas. Sobre la base de estos cambios en la ley, se negociará un acuerdo entre el gobierno hondureño y la ONU sobre la propia Misión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
Además del memorándum, dentro de Honduras existe un acuerdo entre el partido gobernante LIBRE, el Partido Nacional y el Partido Liberal sobre la composición de la nueva Corte Suprema y sobre el establecimiento de la CICIH. Según dicho acuerdo la misión debe ser legitimada por una reforma constitucional. El segundo partido de gobierno, Salvador de Honduras, no está involucrado en este acuerdo.
La anterior misión, MACCIH, había funcionado con mucho éxito durante su corto tiempo de permanencia. Con investigaciones y condenas emblemáticas se demostró que la lucha contra la impunidad sí que puede resultar y dejó un modelo para el éxito. Se judicializaron 14 casos con más de 130 personas imputadas, entre ellas diputados, exministros y funcionarios públicos de alto rango.
Los factores clave del éxito fueron un mandato claro, incluyendo el derecho de determinar los casos que se investigarán, y el establecimiento de un circuito anticorrupción nacional especial con personal íntegro y seleccionado según criterios objetivos. La sociedad civil hondureña estaba involucrada en el trabajo de la misión a través un observatorio de la justicia penal.
La MACCIH también contó con la protección de un tratado formal con la Organización de Estados Americanos, así como un importante apoyo internacional incluyendo financiamiento y seguimiento diplomático de parte de los países y organizaciones interesados.
Los elementos centrales de esta fórmula para el éxito todavía no se han establecido en el caso de la CICIH. El memorándum entre el gobierno hondureño y la ONU solo estipula que el mecanismo híbrido previsto debe ser independiente e imparcial. Aún está pendiente un reglamento sobre la selección de casos y del personal. No existe ninguna disposición sobre la participación de la sociedad civil y el rol que debe desempeñar.
La comunidad internacional en principio está dispuesta de respaldar una CICIH; pero hasta ahora ha mantenido un perfil bajo, probablemente debido a las incertidumbres conceptuales. La demora en el proceso de la creación de la CICIH puede jugar un papel también. Las medidas legislativas necesarias para una lucha exitosa contra la corrupción, tales como una ley de colaboración eficaz, cambios en el Código Penal o la derogación de las “leyes de impunidad”, todavía no se han efectuado. La misión preparatoria aún no está en el país.
También se critica la intención de cambiar la Constitución como base para el trabajo futuro de la CICIH. Específicamente, se trata del Art. 232, que regula el monopolio del Ministerio Público en la acusación penal. La modificación constitucional requiere una mayoría de 2/3 en el Congreso Nacional y no puede entrar en vigor antes del comienzo del año 2024, ya que debe aprobarse en dos legislaturas consecutivas. Jurídicamente es bastante controvertido si la misión realmente requiere una modificación constitucional o no.
Los críticos del Partido Salvador de Honduras y de la sociedad civil ven el procedimiento de modificar la Constitución como una mera táctica dilatoria y tienen dudas sobre la voluntad política del gobierno y de los partidos involucrados en dicha propuesta.
Se requiere cierta voluntad política anticorrupción para que misiones híbridas puedan tener éxito. La CICIG en Guatemala y la misión antecesora en Honduras, la MACCIH, funcionaron porque las respectivas sociedades civiles exigieron enérgicamente la lucha contra la corrupción, entre otras a través de protestas continuas.
En continuación surgió una dinámica positiva, llegando tan lejos en Guatemala que empresarios influyentes se han disculpado por sus acciones corruptas. Sin embargo, al mismo tiempo los éxitos impresionantes de la CICIG fueron tan traumáticos para los perpetradores involucrados que la subsiguiente contra reacción se mostró extremadamente drástica.
La misión no solo se terminó sino que Los actores corruptos lograron infiltrarse en el Estado a tal punto que jueces/zas y fiscales nacionales honesto/as quienes habían trabajado con la CICIG hoy en día son objeto de amenazas. En consecuencia, muchos de ellos tienen que vivir en el exilio. Actualmente, en Guatemala la voluntad política para combatir la corrupción es prácticamente inexistente.
Honduras también se ve afectada por corrupción endémica y normalizada. Parte de las élites políticas y económicas están involucradas en la corrupción o vinculadas al crimen organizado. De ello se deduce que las personas íntegras del gobierno, del parlamento y del Poder Judicial deben proceder con poder de convicción, estrategia política y precaución para evitar contra reacciones demasiado drásticas como las que se observaron en Guatemala.
En este contexto delicado se necesita también precauciones para garantizar la protección al personal que va a involucrarse en este proceso para evitar que se pueda repetir la tragedia que ocurre en Guatemala contra los operadores de justicia que lucharon con la misión internacional CICIG contra la corrupción en dicho país.
Además, la voz de la sociedad civil actualmente no es muy fuerte y poco coordinada.
La nueva Corte Suprema todavía tiene que encontrar su papel independiente en el lado de la integridad judicial. El procedimiento relativamente correcto para seleccionar a los nuevo/as juece/zas fue esperanzador. El nuevo gobierno hondureño será consciente que fue elegido no tanto por sus inclinaciones ideológicas sino como un rayo de esperanza en cuanto a la lucha contra la corrupción.
La CICIH por sí sola no podrá resolver el problema generalizado de la corrupción debido a su enfoque a la persecución penal. Pero la misión es un elemento clave con gran poder emblemático. Por lo tanto, cuanto más se demora la instalación de la CICIH, aumentará más la incertidumbre sobre la voluntad política del gobierno y del parlamento.
Citación académica sugerida: Kempken, Daniel: CICIH, la nueva Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras ¿Lo bueno se hace esperar? Agenda Estado de Derecho. 2023/04/27. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/cicih-la-nueva-comision-internacional-contra-la-corrupcion-y-la-impunidad-en-honduras/
Palabras clave: CICIH, Honduras, corrupción, impunidad, misión internacional.
Consultor independiente en temas de Estado de Derecho y Anticorrupción. De 2017 a 2019, fue jefe de la Unidad de Gobernanza, Democracia y Estado de Derecho en el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Previamente desempeñó varias funciones en la cooperación y la diplomacia del gobierno alemán.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
