¿Cómo evitar la repetición de más casos en Latinoamérica como el de Paola Guzmán Albarracín?

9 de Diciembre del 2020
¿Cómo evitar la repetición de más casos en Latinoamérica como el de Paola Guzmán Albarracín?

El día de hoy, 9 de diciembre de 2020, el Presidente de Ecuador, Lenin Moreno, estará encabezando un acto público de reconocimiento de responsabilidad por las violaciones a derechos humanos perpetradas en contra de la niña-adolescente Paola Guzmán Albarracín. Esto ocurre el día antes de lo que sería el cumpleaños de Paola, que coincide con el día de los derechos humanos, y tres días antes del aniversario de su lamentable muerte en el año 2002.

La Sentencia

Luego de un litigio interamericano, representado por el Centro de Derechos Reproductivos y CEPAM-Guayaquil, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Ecuador es responsable por las violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, honra y dignidad, educación, y el incumplimiento de la obligación de prevenir, sin discriminación, la violencia de género en perjuicio de Paola, como consecuencia de los actos de acoso y abuso sexual perpetrados por parte del vicerrector de la escuela pública donde estudiaba, quien se aprovechó de su posición de autoridad para ejercer esos actos. El cúmulo de estas conductas y los graves sufrimientos que le generaron, conllevaron a que el 12 de diciembre de 2002 Paola consumiera diablillos de fósforo blanco justo antes de abordar el bus que la llevaría a la escuela. A pesar de que las autoridades escolares tuvieron conocimiento de ello fallaron en adoptar medidas diligentes para intentar salvar su vida, causándose así su muerte.

Entre los aspectos más relevantes, la sentencia avanzó de forma definitiva en la necesidad de garantizar a niñas y adolescentes una educación libre de violencia de género, incluyendo abuso y acoso sexual, procurando un ambiente educativo seguro. Para garantizar esto, y asegurar que niñas, niños y adolescentes tengan la capacidad de comprender los supuestos de violencia sexual que puedan sufrir en la escuela, la Corte Interamericana determinó que es igualmente una obligación estatal garantizar que se brinde educación sexual y reproductiva integral, como parte del derecho a la educación. La Corte Interamericana fue clara en sostener que la situación de violencia sexual que sufrió Paola estuvo directamente vinculada con la relación de poder que existía entre el vicerrector y la víctima, cuando, por el contrario, existía un deber de cuidado del primero a favor de Paola. 

Igualmente, la Corte desarrolló que niñas, niños y adolescentes gozan de una capacidad evolutiva para el ejercicio de su derecho a la autonomía. Precisó que con ese concepto se refiere a la “capacidad emocional y social para asumir comportamientos sexuales en conformidad con las responsabilidades y los roles que ello conlleva” y también a “su capacidad fisiológica de reproducirse [así como] su capacidad psicológica para tomar decisiones informadas sobre consejería y atención en salud reproductiva”. Este es un punto fundamental a partir del cual se reconoce que esta población goza de un derecho a la autonomía sobre su cuerpo y cuenta con la capacidad de decidir sobre su sexualidad y salud reproductiva. En consecuencia, niñas, niños y adolescentes, en la medida que desarrollan la capacidad y madurez para hacerlo, tienen un derecho al ejercicio de su libertad sexual y al control sobre su propio cuerpo.

Finalmente, otro avance importante de la sentencia fue la identificación de estereotipos de género que impactaron negativamente en los procesos de búsqueda de justicia. En particular, la falta de investigación de los hechos de los cuales fue víctima Paola estuvo directamente vinculada con la preconcepción estereotipada de la adolescente seductora, que inculpó, entonces, a la ‘víctima’ y como la provocadora de las violaciones que sufrió. Estos estereotipos “facilitaron el ejercicio del poder y el aprovechamiento de la relación de confianza, para naturalizar actos que resultaron indebidos y contrarios a los derechos de la adolescente”. Es fundamental destacar que la Corte Interamericana reconoció que, como parte de la lucha contra estos estereotipos, son necesarias acciones que busquen el: “empoderamiento de las niñas e impugnen las normas y los estereotipos patriarcales y otras normas y estereotipos de género perjudiciales, así como en reformas jurídicas, para hacer frente a la discriminación directa e indirecta contra las niñas”.

El próximo reto: la no-repetición

Con el acto público de reconocimiento de responsabilidad, Ecuador avanza de forma importante en el cumplimiento de las medidas de reparación dispuestas en la Sentencia. Ahora bien, este acto debe entenderse como el punto de partida para la adopción de medidas estructurales dirigidas a corregir un contexto de acoso y abuso sexual en el Ecuador y que fue verificado durante el litigio del caso y luego en la Sentencia. La Corte Interamericana dispuso como medida de no repetición que Ecuador:

identifique medidas adicionales a […] para lograr corregir y subsanar las insuficiencias identificadas, en relación con: a) contar en forma permanente con información estadística actualizada sobre situaciones de violencia sexual contra niñas o niños en el ámbito educativo; b) la detección de casos de violencia sexual contra niñas o niños en ese ámbito y su denuncia, c) la capacitación a personal del ámbito educativo respecto al abordaje y prevención de situaciones de violencia sexual, y d) la provisión de orientación, asistencia y atención a las víctimas de violencia sexual en el ámbito educativo y/o a sus familiares

La Corte además dispuso la necesidad de que se comenzaran a implementar estas medidas dentro del plazo de 18 meses, contados a partir de la notificación de la Sentencia, el 14 de agosto de 2020.

De esta forma, la Sentencia, y la implementación de las órdenes contempladas en aquella, deben generar un impacto real, a fin de prevenir que hechos como los perpetrados en contra de Paola se repitan. Cualquier política pública dirigida a cumplir con esta medida presupone como punto de partida que se asegure que niñas, niños y adolescentes gocen de una educación sexual integral, de forma tal que tengan la capacidad para detectar y denunciar los hechos de violencia sexual que ocurren en el contexto educativo. Además, en la medida en que se promueva una política de pedagogía y de denuncia, se facilitará la disponibilidad de información estadística real sobre el impacto de la sentencia y de las medidas que Ecuador adopte.

Adicionalmente, la Corte invitó a Ecuador, entre uno de los puntos más novedosos de la sentencia, a acudir a organizaciones como la Comisión Interamericana de Mujeres o el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, a fin de que tales entidades brinden asesoramiento o asistencia que pudiere resultar de utilidad en el cumplimiento de la medida ordenada”. Asimismo, en concordancia con pronunciamientos del Comité de los Derechos del Niño, la Corte destacó “la importancia de la participación de las niñas y niños en la formulación de las políticas públicas de prevención”.

De esta forma, será pertinente que cualquier articulación intersectorial en el seno del Poder Público de Ecuador dirigida a cumplir con la sentencia de la Corte, se cuente con la participación de la sociedad civil organizada, de las niñas y los niños, así como con los mecanismos interamericanos mencionados. Así, el caso ecuatoriano podría convertirse en un modelo exitoso para la región, y de esta forma, prevenir la repetición de hechos de esta naturaleza a lo largo del continente americano.

Citación académica sugerida: Martínez Coral, Catalina - Martínez, Lita: ¿Cómo evitar la repetición de más casos en Latinoamérica como el de Paola Guzmán Albarracín?, 2020/12/09, https://agendaestadodederecho.com/como-evitar-la-repeticion-de-mas-casos-en-latinoamerica-como-el-de-paola-guzman-albarracin/

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ACERCA DE LAS AUTORAS
Catalina Martínez Coral

Feminista colombiana y Directora Regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. Anteriormente trabajó en la CIDH y en el ACNUR y PNUD como oficial jurídica. Tiene dos Maestrías en derecho internacional público y relaciones internacionales de las Universidades Paris I Panthéon Sorbonne y el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po).

Lita Martínez

Directora Ejecutiva de CEPAM Guayaquil desde el 2017. Abogada feminista y activista por los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Su primera formación académica y profesional es como Trabajadora Social, teniendo como labor principal el desarrollo social de grupos en situaciones de vulnerabilidad con énfasis en niñas, niños, adolescentes y mujeres; siguiendo ese mismo propósito obtiene el título como abogada y el 28 de enero del 2020, presentó alegatos como parte de la defensa del Caso Paola Guzmán Albarracín y otros v. Ecuador ante la Corte IDH.

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