La ruptura del Estado de derecho en El Salvador ha incrementado las expresiones de intolerancia y descalificación estatal en contra de las organizaciones sociales y periodistas independientes, lo que ha abierto un serio riesgo de persecución.

Tras ganar la mayoría parlamentaria en las últimas elecciones, el partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, sorprendió el pasado 1 de marzo al decretar la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República, nombrando ilegalmente a sustitutos afines al oficialismo. 

Se trató de un auto golpe que ha generado el peor retroceso democrático para El Salvador desde el inicio del proceso de paz en 1992, el cual ha sido ampliamente reprochado por la comunidad internacional.  De esta forma, el poder estatal se ha concentrado en la figura de Bukele, quien controla ahora el legislativo y las entidades de mayor jerarquía en el sistema de justicia.

Desde el inicio de su gestión, Bukele ha enfrentado el cuestionamiento de las organizaciones sociales, por lo que estas se han vuelto blanco frecuente del hostigamiento y estigmatización del presidente, sus funcionarios, y el amplio aparato de redes sociales alternas afines que acosan y amenazan a las voces disidentes.

Los ejemplos del activismo civil que ha ejercido contraloría e incomodado a Bukele son numerosos. En febrero de 2020, fue una demanda ciudadana la que promovió la intervención de la Sala de lo Constitucional que terminó frenando las acciones de Bukele contra el poder legislativo (entonces de mayoría opositora); acciones que incluyeron la toma del congreso con fuerzas militares y policiales para obligar a la aprobación de un préstamo, exceso que despertó el estupor internacional (Inconstitucionalidad 6-2020).

Poco después, tras la irrupción de la pandemia por Covid-19, las organizaciones de derechos humanos fueron activas generadoras de demandas ante la misma Sala de lo Constitucional contra las medidas adoptadas por el gobierno, debido a que utilizó sus fuerzas de seguridad para realizar cientos de detenciones arbitrarias de personas bajo la sospecha de violar las medidas de cuarentena domiciliar obligatoria.

Estos litigios de las organizaciones sociales ante la Sala derivaron en medidas cautelares y sentencias definitivas de habeas corpus que establecieron estándares que limitaron los abusos del gobierno en ese contexto, en armonía con la Resolución 1/2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, demandas de organizaciones de derechos humanos y personas ciudadanas culminaron en una sentencia de inconstitucionalidad que dejó sin efecto dos decretos legislativos y cinco decretos ejecutivos que regularon regímenes de excepción que dieron pie a las detenciones arbitrarias durante las cuarentenas obligatorias.

Estas acciones de las organizaciones sociales llevaron a numerosos ataques públicos del presidente y sus aparatos comunicacionales, con el propósito de estigmatizarlas y desprestigiarlas. Bukele llegó a afirmar en su cuenta de twitter – su medio favorito para comunicar decisiones-. “hay algunas organizaciones de ‘derechos humanos’ que solo trabajan para lograr que mueran más humanos”.

Las referencias del presidente en cadenas de radio y tv, así como en conferencias de prensa, para desacreditar a organizaciones de derechos humanos como IDHUCA, Cristosal, Fespad u otras han sido reiteradas, también contra otras organizaciones que monitorean la transparencia en el uso de fondos públicos.

Frente al golpe de estado del 1M, muchas organizaciones de la sociedad civil adoptaron posiciones firmes de rechazo y han exigido a la Secretaría General de la OEA que promueva la aplicación del art. 20 de la Carta Interamericana ante esta ruptura del Estado de Derecho.

Otro tema que ha exacerbado al presidente frente a las organizaciones sociales ha sido la lucha contra la corrupción. Muchas organizaciones han pugnado por la investigación de la corrupción en general, pero también porque se investiguen serias denuncias de gran corrupción atribuidas a funcionarios del actual Gobierno, en relación con fondos de emergencia durante el auge de la pandemia en 2020. 

Uno de los aspectos más álgidos en este tema ha sido el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), creada por el presidente con elrespaldo de la OEA. Pese a las dudas iniciales sobre su independencia, la CICIES generó 12 avisos penales en la fiscalía general sobre actos de corrupción en el actual gobierno; en ese escenario, las organizaciones propusieron reformas tendientes a fortalecer a la CICIES, las cuales fueron descalificadas por Bukele. El desenlace es conocido: el presidente cerró la Comisión y rompió el convenio con la OEA argumentando la falta de credibilidad de esta entidad multilateral y su secretario general, por lo que el avance de las 12 investigaciones de corrupción ya iniciadas carece de certidumbre.

Pero no han sido estos temas los únicos que han generado discursos de intolerancia del gobierno hacia las organizaciones. La minimización de la magnitud de la violencia de género por el presidente y las autoridades de seguridad, incluida la opacidad sobre el hallazgo de una reciente fosa clandestina con más de una decena de víctimas de femicidio han sido fuertemente cuestionadas desde las organizaciones. También el bloqueo a las inspecciones judiciales sobre archivos militares históricos ordenada por el presidente y su ministro de la defensa, en el conocido caso de la Masacre de El Mozote, ha representado otra confrontación de la presidencia y su aparato comunicacional contra personas defensoras de derechos humanos. Existen muchos ejemplos más.

La prensa y las personas periodistas independientes han sido igualmente objeto de descalificación y ataques desde el gobierno. El caso más grave ha sido la persecución al periódico digital El Faro, sometido a acoso fiscal y campañas de desprestigio e, incluso, amenazas que llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a emitir medidas cautelares.

Por otra parte, la tensión de las relaciones del gobierno Bukele con la actual administración de EE. UU. ha generado el retiro de la cooperación de la USAID otorgado a las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia, para redirigirlo a organizaciones de la sociedad civil. Esta decisión ha incrementado el malestar presidencial hacia las organizaciones y la mayoría parlamentaria oficialista ha creado ya una comisión para investigar ONG que en el pasado recibieron subsidios del Estado, acusándolas a priori de corrupción.

No se debe soslayar que el desmantelamiento de la institucionalidad democrática en El Salvador ha sido acompañado por el exacerbamiento de la militarización. Cada vez con más fuerza, el gobierno promueve un rol político y social de la Fuerza Armada, en contravención a las limitaciones constitucionales sobre la materia.

En su discurso del 7 de mayo de 2021, día nacional del “soldado” salvadoreño, Bukele retomó el viejo concepto del “enemigo interno”, típico de la doctrina de seguridad nacional que prevaleció en el s. XX. En esa ocasión, en su calidad de “Comandante General”, identificó como enemigos internos -ante su Alto Mando militar- a las personas que ejercen “voces críticas” contra su gobierno. Evidentemente, este señalamiento del comandante general Bukele coloca a las organizaciones de la sociedad civil, a la prensa libre y a la oposición política, como posibles objetivos de las fuerzas de seguridad.

Las alarmas están encendidas. No sería extraño en El Salvador observar pronto un escenario de persecución hacia las organizaciones sociales y otros sectores que disienten del gobierno, como se observa ya en Guatemala con la aprobación de una ley para cerrar ONG; o en Nicaragua, donde ocurre una persecución directa y abierta contra ellas.