El propósito del constituyente de repartir atribuciones o funciones del Estado, en distintos órganos, es lograr un equilibrio o balance de poderes en el cual cada uno sirva de freno y control a los demás, lo cual es denominado doctrinariamente como la teoría de frenos y contrapesos, que junto al principio de legalidad tienen como principal propósito el de asegurar a los ciudadanos contra los abusos del poder.

En la actualidad esa tri-división no ha perdido validez como fórmula para lograr la desconcentración y racionalización del poder de la administración pública, mediante la separación, distinción y equilibrio de las ramas del poder, en orden a impedir la concentración absoluta y totalitaria de las potestades públicas, lo cual debe ser garantizado en todo Estado de derecho.

La  función legislativa es la realizada por los congresos, parlamentos y asambleas de diputados consistente en la promulgación de las leyes; por su parte la función ejecutiva realizada por el gobierno central, se refiere a la actividad estatal que tiene por objeto ejecutar los actos necesarios para el cumplimiento de las leyes, así como los objetivos del bien común a través de las políticas de gobierno; y  la función judicial cuya finalidad es la de ejercer control jurídico sobre los actos de los gobernantes, dirimir los conflictos que se suscitan entre los particulares o entre estos y el Estado, la cual es realizada por jueces y tribunales a la hora de impartir justicia, considerando que el órgano judicial es el guardián natural de la legalidad no solo entre particulares, sino también frente al Estado mismo.

Actualmente hemos sido testigos de una arremetida en contra de jueces y magistrados quienes, por cumplir con su función de garantes de la ley y la Constitución, se han vuelto objeto de una serie de ataques y acusaciones por parte del presidente de la República, sus funcionarios, seguidores y correligionarios, cuestionando su independencia con el propósito deslegitimar lo actuado en sus resoluciones y sentencias. (ver Cajura y Salazar)

Al respecto es importante aclarar que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha declarado  inconstitucionales por conexión, de un modo general y obligatorio, de los Decretos Ejecutivos n° 5, 12, 18, 22, 24 y 25 (normas de desarrollo de los decretos legislativos emitidos en el contexto de la pandemia por COVID-19 con efectos de cuarentena domiciliar obligatoria en todo el país) y los Decretos Ejecutivos n° 14, 19, 21 y 26, así como la Resolución Ministerial n° 101 (normas autónomas que producen efectos de cuarentena domiciliar obligatoria en todo el país), por violación al art. 131 ord. 27° Cn., el Decreto Ejecutivo n° 29, y sus reformas, por violación al art. 131 ord. 27° Cn.; y el Decreto Ejecutivo del Presidente de la República n° 19, de 19 de mayo de 2020. Sin embargo, hemos sido testigos de una actitud reiterada por parte de las autoridades del ejecutivo en continuar con una producción normativa que transgrede parámetros constitucionales, no obstante haber sido expulsadas dichas normas del ordenamiento jurídico por parte del Tribunal Constitucional.

Lo anterior debe ser visto como un fraude reiterado a la Constitución por parte del Gobierno, pues éste ha implementado como estrategia parajurídica la emisión de nuevos decretos de corta duración, para evitar de esta forma el posible control de constitucionalidad sobre éstos por parte de la Sala de lo Constitucional. Respecto de esto el Tribunal Constitucional ha establecido que  “Constituye fraude a la Constitución que, por medio de la emergencia, se afecten el núcleo esencial de los derechos fundamentales de los habitantes sujetos a un régimen de excepción, pues ello  no  puede  hacerse  ni  por  la  ley  que  regule  la  emergencia,  muchos  menos  por  los  decretos ejecutivos que la desarrollen por vía de remisión” (Pág.25), es decir, el  fraude a la Constitución opera como una deformación artificial de los que serían elementos relevantes del supuesto fáctico ( hechos) de la norma infringida, que al revestirlos de otras apariencias escapan de la asignación jurídica (supuesto normativo)  que les corresponde por esencia (por su condición real y verificable).

En honor a la verdad debe destacarse la importante labor realizada actualmente por la Sala de lo Constitucional, cumpliendo con su “función de contención” resguardando el ordenamiento constitucional, frente a las reiteradas embestidas por parte del Poder Ejecutivo que ha pretendido por medio de interpretaciones retorcidas de la norma, invadir facultades del órgano legislativo y restringir arbitrariamente derechos fundamentales de los ciudadanos. Los cuestionamientos y ataques a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, constituyen un riesgo de llevarnos a un conflicto sin solución, que no sólo sirve para eludir responsabilidades y para apartar principios que hacen a las más elementales garantías republicanas, sino que terminan destruyendo la independencia judicial, porque después del descrédito contra los magistrados, la intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial provoca mucha menos resistencia pública o hasta es recibida con beneplácito por la opinión por parte de sus afines.

El relator especial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, criticó la actuación del presidente de El Salvador Nayib Bukele, expresando su preocupación por la “amenaza a la vida e integridad” de los magistrados. El relator de ONU agregó que “es inaceptable el ataque a la independencia y dignidad judicial”. Al respecto es importante recordar que en América Latina cualquier tentativa de independencia real de los poderes judiciales fue desacreditada como acto de injerencia política, particularmente cuando se traducía en defensa de derechos individuales y sociales. Incluso se apeló a la propia destrucción física de sus operadores, como en el triste caso del Palacio de Justicia de Bogotá.

En conclusión, es importante que la Administración Pública deje de actuar con intención de sacar provecho político, de la coyuntura actual, que los funcionarios se comporten dentro de los límites de la ética gubernamental y sobre todo dentro del principio de constitucional de legalidad actuando dentro de sus facultades. Debe de fomentarse el dialogo para llegar a acuerdos de nación, pero esto no se puede con actitudes irracionales que rayan en la inmoralidad absoluta. El ejecutivo debe de abstenerse de seguir promulgando falsos criterios jurídicos, pretendiendo defender la legalidad de sus actuaciones, sobre todo cuando ya existen resoluciones judiciales que han declarado la inconstitucionalidad de las mismas. 

En toda República la concentración del poder constituye un alto riesgo al Estado de derecho y principalmente a la Democracia, es por esto que la independencia inter orgánica debe ser considerada como piedra angular para el respeto y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es necesario que quienes conducen hoy en día la nación apelen a la racionalidad para tomar decisiones que lejos de dividir fomenten la unidad en el país, en beneficio del pueblo y para salvaguardar sus derechos, descartando la confrontación y la represión del discurso y acciones del gobierno, teniendo como eje principales la transparencia, la probidad y cumplir la Constitución por encima de cualquier ley y sobre todo de cualquier decreto ejecutivo fraudulento.