La causa penal de El Mozote se ventila ante un tribunal penal ordinario, en Morazán, un remoto departamento en el noreste de El Salvador. Allí no hay salas especializadas, ni tribunales híbridos, ni internacionales. Ni siquiera hay fiscales activos, el liderazgo lo tienen abogados privados de dos organizaciones, Cristosal y Tutela Legal María Julia Hernández, quienes representan a las víctimas.

La Fiscalía General repetidamente defendió la ley de amnistía y alegó inicialmente que el caso era “cosa juzgada” y que, por tanto, debía ser rechazado. No obstante, el juez a cargo, Jorge Guzmán, no estuvo de acuerdo y dio trámite al proceso.

El juez Guzmán en varias oportunidades requirió a la Fuerza Armada entregar registros relacionados con el crimen. Esta institución informó que los registros no existían o habían sido destruidos. Sin embargo, en febrero de 2018, dos oficiales militares testificaron en el proceso arrojando nuevos datos. Señalaron que la información de valor histórico no se destruye por política institucional, y que los registros sobre la masacre de El Mozote podrían existir en archivos no buscados anteriormente. Además, indicaron que las operaciones, como las acciones en El Mozote, no se llevan a cabo sin el conocimiento y la autorización de los máximos jefes militares.

En este caso, la jerarquía militar de los imputados es un aspecto importante en las investigaciones judiciales. Al centrarse en la responsabilidad de los oficiales de alto rango, el juez Guzmán Urquilla está tratando de determinar el contexto en el que se insertó el caso, como crimen de sistema, proveniente de un plan o política que explicaría el exterminio masivo de civiles. En Estados Unidos, el juez que ordenó la deportación de uno de los acusados, el ex Ministro de Defensa Guillermo García, declaró que la masacre fue parte de una “política militar deliberada”. Por su parte, la CV-ES, la Corte IDH y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), de forma coincidente, han concluido que se trataría de un crimen planificado al más alto nivel, y no de hechos aislados.

Como era de esperarse, el avance judicial del caso ha provocado el descontento de sectores cercanos a los militares acusados, quienes han argumentado que sería mejor dejar este caso en el pasado; piden perdón y olvido, sin siquiera mostrar arrepentimiento ni reconocimiento público de las culpas.

Por su parte, los testimonios proporcionados por 43 sobrevivientes y testigos durante el proceso han sido desgarradores. Los sobrevivientes han hablado de los brutales asesinatos de sus seres queridos, incluidos ancianos, mujeres embarazadas y bebés. Han compartido cómo sobrevivieron huyendo y escondiéndose en cuevas y colinas a medida que avanzaba el ejército. Está claro que muchos tienen cicatrices emocionales por haber presenciado semejante barbarie y haber sufrido la pérdida, en algunos casos, de toda su familia.

Los abogados defensores han tratado de desacreditar a las víctimas al dar a entender que en realidad no fueron testigos presenciales, sino que repiten relatos compartidos por otros. También han tratado de invalidar testimonios convincentes, únicamente por tratarse de personas que no pueden leer y escribir. Asimismo, la defensa ha argumentado que lo que sucedido en El Mozote no fue una masacre sino un enfrentamiento armado entre militares y guerrilleros. Ninguna de estas estrategias ha progresado.

En junio pasado, en un hecho sin precedentes el juez de la causa ordenó la realización de inspecciones judiciales en los archivos militares vinculados con el caso. No exenta de controversias y tras una serie de preparativos se programó el inicio de esta diligencia judicial a partir del 21 de septiembre. Sin embargo, en esa fecha, al juez Guzmán se le impidió ingresar a los recintos militares, sin más explicación que la no existencia de “instrucciones” que permitieran ese acceso. 

Esta obstrucción a la justicia era previsible, ya que días antes, se supo que el Ministro de Defensa solicitó a la Corte Suprema –sin ningún fundamento legal– que detuviera dicha diligencia judicial, alegando que dar acceso a planes militares pone en peligro la seguridad nacional.  Más tarde el Presidente Nayib Bukele, en cadena nacional trató de justificar lo ocurrido, argumentando que el juez no tenía “jurisdicción” para inspeccionar archivos militares y que el mismo gobierno enviaría la “única información existente” sobre el caso al proceso penal. Académicos y organizaciones civiles rechazaron estas declaraciones, ya que la Constitución y otras leyes, claramente le otorgan facultades al juez para allanar cualquier entidad pública, más cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, como los de El Mozote, que reclaman una respuesta firme y son de interés de toda la comunidad nacional e internacional.

Sin duda este significativo caso ha puesto a prueba el sistema de justicia nacional y su capacidad para enfrentar a los más poderosos de ayer y hoy. Antes de poder pasar la página del conflicto armado y su legado, El Salvador debe mostrar que nadie está por encima de la ley y que las atrocidades no se toleran ni deben repetirse. El país aun está a tiempo.