Caso El Mozote: la información militar secreta sobre crímenes de la guerra en El Salvador

10 de Noviembre del 2020
Caso El Mozote: la información militar secreta sobre crímenes de la guerra en El Salvador

En septiembre de 2016 se reabrió el proceso judicial por la masacre de El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981 en El Salvador. Esta matanza se considera el mayor acto de violencia contra población civil y muy probablemente el peor crimen en América Latina en décadas pasadas. De acuerdo con el registro oficial de víctimas, 986 civiles fueron ejecutados de manera indiscriminadamás de la mitad eran niños y niñas. También se cometieron violaciones  y otros actos de violencia sexual de forma sistemática contra mujeres, niñas y niños.

Desde el inicio se supo que soldados élites del ejército salvadoreño habían ejecutado la masacre, pero los detalles se conocieron años después. Los sobrevivientes y testigos fueron silenciados por sucesivos gobiernos, mientras que los militares involucrados, tanto material como intelectualmente, han permanecido libres por décadas. 

Hasta el momento, 16 altos jefes militares están siendo acusados en este juicio sin precedentes en El Salvador. Originalmente la causa penal inició en 1991 por denuncia de los sobrevivientes, pero fue cerrada ilegalmente tan solo dos años después, al aplicársele la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. La Ley se aprobó inmediatamente después que la Comisión de la Verdad (CV-ES) de ese país emitiersu informe en marzo de 1993, en franco rechazo a sus hallazgos y recomendaciones. La Comisión llegó a la conclusión que la mayoría de las masacres, desapariciones forzadas y torturas, habían sido cometidas por miembros de las fuerzas armadas o por paramilitares, y en menor medida, por los grupos de guerrilla, alentadas por un sistema de justicia cómplice que hacía parte de un patrón de impunidad institucionalizada.

Esta amnistía estuvo vigente hasta 2016, cuando fue declarada inconstitucional, despejando así el camino para el juicio. Cuatro años antes, en 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sentenciaba el caso El Mozote, ordenando al Estado avanzar en las investigaciones y dejar sin efecto la amnistía por transgredir la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

El primer crimen internacional juzgado en casa

La causa penal de El Mozote se ventila ante un tribunal penal ordinario, en Morazán, un remoto departamento en el noreste de El Salvador. Allí no hay salas especializadas, ni tribunales híbridos, ni internacionales. Ni siquiera hay fiscales activos, el liderazgo lo tienen abogados privados de dos organizaciones, Cristosal y Tutela Legal María Julia Hernández, quienes representan a las víctimas.

La Fiscalía General repetidamente defendió la ley de amnistía y alegó inicialmente que el caso era “cosa juzgada” y que, por tanto, debía ser rechazado. No obstante, el juez a cargo, Jorge Guzmán, no estuvo de acuerdo y dio trámite al proceso.

El juez Guzmán en varias oportunidades requirió a la Fuerza Armada entregar registros relacionados con el crimen. Esta institución informó que los registros no existían o habían sido destruidos. Sin embargo, en febrero de 2018, dos oficiales militares testificaron en el proceso arrojando nuevos datos. Señalaron que la información de valor histórico no se destruye por política institucional, y que los registros sobre la masacre de El Mozote podrían existir en archivos no buscados anteriormente. Además, indicaron que las operaciones, como las acciones en El Mozote, no se llevan a cabo sin el conocimiento y la autorización de los máximos jefes militares.

En este caso, la jerarquía militar de los imputados es un aspecto importante en las investigaciones judiciales. Al centrarse en la responsabilidad de los oficiales de alto rango, el juez Guzmán Urquilla está tratando de determinar el contexto en el que se insertó el caso, como crimen de sistema, proveniente de un plan o política que explicaría el exterminio masivo de civiles. En Estados Unidos, el juez que ordenó la deportación de uno de los acusados, el ex Ministro de Defensa Guillermo García, declaró que la masacre fue parte de una «política militar deliberada». Por su parte, la CV-ES, la Corte IDH y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), de forma coincidente, han concluido que se trataría de un crimen planificado al más alto nivel, y no de hechos aislados.

Como era de esperarse, el avance judicial del caso ha provocado el descontento de sectores cercanos a los militares acusados, quienes han argumentado que sería mejor dejar este caso en el pasado; piden perdón y olvido, sin siquiera mostrar arrepentimiento ni reconocimiento público de las culpas.

Por su parte, los testimonios proporcionados por 43 sobrevivientes y testigos durante el proceso han sido desgarradores. Los sobrevivientes han hablado de los brutales asesinatos de sus seres queridos, incluidos ancianos, mujeres embarazadas y bebés. Han compartido cómo sobrevivieron huyendo y escondiéndose en cuevas y colinas a medida que avanzaba el ejército. Está claro que muchos tienen cicatrices emocionales por haber presenciado semejante barbarie y haber sufrido la pérdida, en algunos casos, de toda su familia.

Los abogados defensores han tratado de desacreditar a las víctimas al dar a entender que en realidad no fueron testigos presenciales, sino que repiten relatos compartidos por otros. También han tratado de invalidar testimonios convincentes, únicamente por tratarse de personas que no pueden leer y escribir. Asimismo, la defensa ha argumentado que lo que sucedido en El Mozote no fue una masacre sino un enfrentamiento armado entre militares y guerrilleros. Ninguna de estas estrategias ha progresado.

En junio pasado, en un hecho sin precedentes el juez de la causa ordenó la realización de inspecciones judiciales en los archivos militares vinculados con el caso. No exenta de controversias y tras una serie de preparativos se programó el inicio de esta diligencia judicial a partir del 21 de septiembre. Sin embargo, en esa fecha, al juez Guzmán se le impidió ingresar a los recintos militares, sin más explicación que la no existencia de “instrucciones” que permitieran ese acceso. 

Esta obstrucción a la justicia era previsible, ya que días antes, se supo que el Ministro de Defensa solicitó a la Corte Suprema –sin ningún fundamento legal– que detuviera dicha diligencia judicial, alegando que dar acceso a planes militares pone en peligro la seguridad nacional.  Más tarde el Presidente Nayib Bukele, en cadena nacional trató de justificar lo ocurrido, argumentando que el juez no tenía “jurisdicción” para inspeccionar archivos militares y que el mismo gobierno enviaría la “única información existente” sobre el caso al proceso penal. Académicos y organizaciones civiles rechazaron estas declaraciones, ya que la Constitución y otras leyes, claramente le otorgan facultades al juez para allanar cualquier entidad pública, más cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, como los de El Mozote, que reclaman una respuesta firme y son de interés de toda la comunidad nacional e internacional.

Sin duda este significativo caso ha puesto a prueba el sistema de justicia nacional y su capacidad para enfrentar a los más poderosos de ayer y hoy. Antes de poder pasar la página del conflicto armado y su legado, El Salvador debe mostrar que nadie está por encima de la ley y que las atrocidades no se toleran ni deben repetirse. El país aun está a tiempo.

Nota del equipo editorial: 

Este artículo es una adaptación y actualización de la nota “El juicio por la masacre de El Mozote continúa” publicada por la Fundación para el Debido Proceso, institución en la que la autora se desempeña como directora del Programa de Impunidad y graves violaciones de derechos humanos

Citación académica sugerida: Arteaga, Leonor: Caso El Mozote: la información militar secreta sobre crímenes de la guerra en El Salvador, 2020/11/10, https://agendaestadodederecho.com/el-mozote-informacion-militar-secreta/

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ACERCA DE LA AUTORA
Leonor Arteaga

Abogada salvadoreña de la Fundación para el Debido Proceso. Dirige el Programa de Impunidad y graves violaciones de derechos humanos. Desde 2018 es Comisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado en El Salvador (CONABÚSQUEDA), cargo que ejerce ad-honorem.

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Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

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Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

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Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.