Venezuela y Siria son dos países muy distantes, sin embargo, comparten una misma desgracia: gran parte de sus habitantes se ven en la necesidad de huir al extranjero debido a que su vida o integridad física corre peligro y sus gobiernos no pueden –o no quieren– protegerlos. En principio, estas personas deberían estar protegidas, respectivamente, por la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Dos tratados regionales que prohíben a los Estados deportar o extraditar a individuos a países en los cuales se verían expuestos a un riesgo para su vida o integridad física. Este es el conocido como principio de no devolución. A pesar de ello, tanto venezolanos como sirios deben enfrentarse a un importante obstáculo para poder acogerse a la protección que ambos Convenios otorgan. Y es que, en términos generales, tan solo aquellos que logran alcanzar o atravesar la frontera del Estado de destino pueden solicitar protección internacional.

Para muchos, el camino es arduo y está lleno de nuevos riesgos para su salud y su vida, puesto que no cuentan con los recursos económicos o legales (visados) para llegar al país en el que encontrar seguridad. Las noticias sobre hundimientos de pateras en el Mediterráneo o secuestros de inmigrantes centroamericanos en México están a la orden del día. Si, mediante la firma de la CADH y del CEDH, los Estados se han comprometido a proteger la vida de estas personas… ¿no tendrían, acaso, la obligación de asegurarles también una forma de llegar al país de destino sin que se expongan a nuevos peligros durante el viaje?

Precisamente esta pregunta es la que han resuelto, de manera diferente, la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, máximos garantes de los derechos humanos en sus respectivos continentes. Ambos tribunales han emitido resoluciones sobre la cuestión de si una persona que huye de la violencia puede solicitar protección directamente en la embajada o consulado del país al que desea emigrar. Si ello fuera posible, millones de refugiados y desplazados podrían llegar al país de acogida de manera segura con la ayuda del personal diplomático ante el cual solicitan protección.

Por un lado, la Corte Interamericana ha considerado en su Opinión Consultiva sobre Asilo de 25 de octubre de 2018  que, efectivamente, el diplomático o cónsul que se encuentre ante esta situación tiene una serie de obligaciones hacia el solicitante de protección internacional. Pongamos, por ejemplo, que un venezolano entra al consulado de Uruguay en Caracas y afirma que está siendo perseguido debido a su opinión política. Según la Corte, el cónsul uruguayo tendrá el deber de: (1) entrevistar a esa persona y hacer una evaluación preliminar de si existe un riesgo real para su vida, integridad o libertad si esa persona saliera del consulado; (2) si se determina que ese riesgo es real, esa persona no podrá ser obligada a salir del consulado (principio de no devolución); y (3) el cónsul tendrá que adoptar medidas diplomáticas para que esa persona pueda salir de forma segura de Venezuela, ya sea en dirección a Uruguay o a otro Estado que esté dispuesto a recibirlo y darle protección.

Por su parte, en la reciente sentencia M.N. c. Bélgica de 13 de febrero de 2020, el Tribunal Europeo declaró inadmisible la demanda de una familia siria que había solicitado un “visado humanitario” en la embajada de Bélgica en Beirut (Líbano). Este visado permitiría a la familia viajar de manera legal a Bélgica y solicitar protección en ese país. Según el Tribunal, el hecho de solicitar un visado humanitario en una embajada no obligaba a Bélgica a otorgarles protección. El razonamiento es el siguiente: el CEDH sólo se aplica en embajadas y consulados cuando el diplomático ejerce un control físico sobre la persona que solicita protección. Esto ocurriría, por ejemplo, si el personal diplomático belga detuviera a la familia en una sala de la embajada, o si llamara a la policía libanesa para que sacaran a esas personas por la fuerza de la embajada. Dado que estas circunstancias excepcionales no estaban presentes en el caso de la familia siria, no tenían derecho a que el embajador belga les entrevistara y les ayudara a salir de Líbano –a diferencia del venezolano en nuestro ejemplo anterior.

Vemos, por tanto, que ambos tribunales toman una posición muy distinta frente al tema, siendo la Corte Interamericana más protectora que el Tribunal Europeo. Esta no es la primera vez que la jurisprudencia interamericana otorga una mayor protección a los refugiados que el Derecho europeo. En la sentencia de 2013 Familia Pacheco Tineo c. Bolivia la Corte Interamericana estableció que la condición de refugiado tiene validez extraterritorial. Esto significa que, si un venezolano que ha obtenido el estatuto de refugiado en Colombia emigra a Argentina y solicita asilo allí de nuevo, Argentina tiene la obligación de examinar su solicitud de asilo con especial precaución. Es decir, al ser ya refugiado en Colombia, el venezolano tiene muchas posibilidades de obtener también protección en Argentina. Por el contrario, en el contexto europeo, cuando una persona con el estatuto de refugiado en España emigra a Alemania y solicita asilo allí de nuevo, el Derecho de la Unión Europea incentiva a Alemania a no tramitar su solicitud por tratarse de una solicitud repetida.

Un ejemplo final de la alta protección ofrecida por la Corte Interamericana es la afirmación, incluida en la Opinión sobre Asilo, según la cual los Estados no pueden ejercer acciones con el fin de impedir que las personas que se ven forzadas a huir de sus países acudan a otros territorios en búsqueda de protección. Esto es justamente lo que está haciendo EEUU (que no es parte de la CADH) al enviar a docenas de agentes a la frontera norte de Guatemala con México para frenar el éxodo de migrantes –entre los cuales se encuentran solicitantes de protección internacional–, una práctica que ya ha sido denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De manera similar, en el contexto de la migración hacia Europa, Italia financia y entrena a la guarda costera de Libia (país del Norte de África) para que intercepte barcos de migrantes que intentan llegar a territorio europeo. Una vez devueltos a Libia, estos migrantes son detenidos en condiciones inhumanas. Muy pronto el Tribunal Europeo tendrá que pronunciarse sobre la cuestión, decidiendo si Italia es responsable de estas violaciones de derechos humanos. ¿Adoptará la misma postura que la Corte y la Comisión Interamericana, condenando las llamadas “prácticas de externalización de las fronteras”? En vista de la decisión tomada en M.N. vs Bélgica, las perspectivas no son muy esperanzadoras.