Tribunal Supremo de Justicia Interventor: Síntoma de una Grave Enfermedad

30 de Noviembre de 2023
Tribunal Supremo de Justicia Interventor: Síntoma de una Grave Enfermedad
Crédito foto: Minuto 30

El Tribunal Supremo de Justicia ordenó la intervención de la Cruz Roja venezolana ¿Qué representa esta decisión para el Estado?

En Venezuela, las intervenciones de partidos políticos y asociaciones civiles por parte del máximo tribunal se han vuelto recurrentes. Tras la intervención de más de diez organizaciones políticas desde el 2012, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) adoptó una nueva decisión en agosto de 2023, que marca un peligroso precedente. En un contexto marcado por el cierre del espacio cívico en Venezuela, la Sala Constitucional del TSJ ha seguido la misma fórmula en todos los casos, designando juntas directivas ad hoc a partidos que han sido abiertamente opositores o que eran cercanas al chavismo, pero que se han manifestado en contra del gobierno. Esta vez fue el turno de la Cruz Roja Venezolana, una asociación civil que hace parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y cuya naturaleza es humanitaria. Este hecho marca un nuevo hito en el cierre del espacio cívico en Venezuela. Como a menudo sucede cuando se usan las normas y el poder judicial para socavar las bases de la democracia, hay quienes tratan de justificar o matizar estos hechos, haciendo necesario brindar algunas reflexiones que permitan comprender su gravedad.

¿Qué pasó exactamente?

Diosdado Cabello, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, se refirió en varias oportunidades durante el mes de julio a presuntas actividades ilícitas y “mafiosas” de la Cruz Roja Venezolana en su programa semanal “Con El Mazo Dando”. Días después de las declaraciones de Cabello, el Fiscal General de la República interpuso una demanda ante el TSJ citando los testimonios de varias personas que acusaban a miembros de la junta directiva de la Cruz Roja Venezolana de corrupción y abuso de poder. Cabe destacar que el Fiscal, Tarek William Saab, fue designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente y ha demostrado carecer de independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, tal como ha sido documentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En esa demanda, el Fiscal solicitó como medida cautelar que se ordenara “la intervención administrativa y la conformación de la junta interventora de la Cruz Roja Venezolana”. Tan solo dos días después, la Sala Constitucional del TSJ emitió una sentencia con ponencia de la magistrada Tania D’Amalio ordenando la medida cautelar solicitada y dándole un año -prorrogable- a esa junta para efectuar una reorganización interna. Lo más curioso es que se estableció la constitución de una “junta reestructuradora ad hoc” presidida por una persona proveniente del sector privado, sin explicar por qué él o de dónde surgió su nombre.

¿Por qué este tipo de intervención es problemática para una sociedad?

El derecho internacional protege el derecho de las personas a asociarse libremente, sin intervención de autoridades públicas que limiten o entorpezcan su ejercicio, lo que a su vez implica la obligación de los Estados de no presionar o entrometerse de tal forma que se pueda alterar o desnaturalizar su finalidad.

El derecho de asociación no es un derecho absoluto. Siempre que se cometan irregularidades o incluso delitos, debe haber una debida investigación y mecanismos de rendición de cuentas. Ahora bien, las medidas que restrinjan el derecho a la libre asociación deben ser legales, perseguir un fin legítimo, ser necesarias y proporcionales, conforme a estándares internacionales.

En este caso, las medidas asociadas a la reestructuración de una asociación civil y constitución de una junta directiva designando a dedo a una persona escogida por el propio tribunal, es una medida que no solo es desproporcionada, sino que además viola el derecho al debido proceso y a la libre asociación. Esto a su vez crea un grave precedente, que podría ser aplicado para la intervención de otras organizaciones de sociedad civil, como una herramienta más en el constante cierre del espacio cívico en Venezuela.

Una nueva intervención que no ocurre en el vacío

Lo ocurrido con la Cruz Roja Venezolana no es un acto aislado, sino que ocurre en un contexto de incremento de la represión y de cierre del espacio cívico, tal como lo ha señalado la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, cuyo mandato es el de investigar la comisión de graves violaciones a los derechos humanos desde 2014. Es en ese mismo contexto que seis sindicalistas fueron condenados a 16 años en prisión por protestar. Más aún, esta intervención siguió el mismo patrón que ha empleado el TSJ en el caso de organizaciones gremiales, sindicales y políticas, incluyendo a la Federación Campesina Bolivariana de Venezuela, el Partido Comunista, Acción Democrática, Primero Justicia y demás, que componen una larga lista.

También es importante notar que en enero de 2023 la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la “Ley para la Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales en Venezuela”, hecho que encendió inmediatamente todas las alertas internacionales por su potencial para criminalizar y desarticular – aún más – el trabajo de las organizaciones de sociedad civil. Si bien esta ley no ha sido aprobada en segunda y final discusión, paso necesario a nivel parlamentario, el proyecto normativo sigue siendo una amenaza que pesa sobre la sociedad civil como una espada de Damocles.

Una alerta para la región

La falta de independencia e imparcialidad del poder judicial, el uso de fórmulas jurídicas (que no es lo mismo legales) para criminalizar y cercenar el derecho a la libre asociación, y la estigmatización de las organizaciones de la sociedad civil, son un síntoma de una grave enfermedad. Se trata de una enfermedad que padece hoy un número importante de los países de las Américas: el debilitamiento de las democracias. Lo que atraviesa Venezuela es una muestra, quizá una de las más extremas, de tendencias que ya se vislumbran en otros países. Estas tendencias no distinguen ideología, pues están tan presentes en la Nicaragua de Daniel Ortega como en El Salvador de Nayihb Bukele. De allí la importancia de identificar a tiempo estos hechos, buscar herramientas para contrarrestar el cierre del espacio cívico y defender el ejercicio de los derechos humanos como elemento fundamental de la democracia.

Citación académica sugerida: Jiménez Sandoval, Carolina y Dib Ayesta, Laura. Tribunal Supremo de Justicia Interventor: Síntoma de una Grave Enfermedad. Agenda Estado de Derecho. 2023/11/30. Disponible en:

Palabras clave: espacio cívico, derecho a la asociación, Venezuela

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ACERCA DE LOS AUTORES
Carolina Jiménez Sandoval

Defensora de derechos humanos y presidenta de la Oficina de Washington para Asuntos de América Latina (WOLA). Antes se desempeñó como Directora de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional.

Laura Cristina Dib Ayesta

Directora del programa para Venezuela de la Oficina de Washington para Asuntos de América Latina (WOLA). Previamente, dirigió la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.