El 16 de marzo de 2020, cuando la pandemia aún se encontraba en su etapa inicial, el presidente en disputa Nicolás Maduro Moros —“en disputa” porque habría que considerar que 55 países reconocen a Juan Guaidó como Presidente interino de Venezuela— anunció que, a partir del día siguiente, a las 5:00 A.M., “Venezuela entera entra en cuarentena social”. Este confinamiento temprano, según lo sostiene la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, pareciera haber retardado el desarrollo de la epidemia. De acuerdo con el Boletín Nacional de la Covid-19, desde el 13 de marzo hasta el 23 de junio de 2020, se registraron 35 fallecimientos y 4.186 casos de coronavirus en el país.

Ante esa curva de contagio “benevolente” en comparación con otros países, algunas voces han criticado la “estructura draconiana” de la cuarentena, “que en definitiva ha supuesto un toque de queda, sin horarios ni límites precisos”, como lo señala este artículo de Alí Daniels, y que mantiene suspendida toda actividad laboral, salvo en sectores esenciales como alimentación y salud. Todo esto en un país que padece una aguda crisis social, económica y política desde varios años antes de la aparición del virus respiratorio, y en el que mucha gente sobrevive día a día, con ingresos cada vez más mermados.

En atención a lo anotado, voceros del área económica han sugerido que se permita “que sectores donde hay poca interacción social se abran bajo ciertas normas” o que se diseñen “cuarentenas regionales, focalizadas, dependiendo de donde están los brotes”. Sin embargo, apuntan acto seguido que las razones para mantener inamovible la cuarentena van más allá de la pandemia: control social y una agravada escasez de gasolina.

Con todo, millones de venezolanos se han visto forzados a romper el confinamiento. Así lo muestra un estudio independiente referido por Enrique López-Loyo, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, que señala que el acatamiento de la cuarentena social ha venido cayendo desde un 75% los primeros días, hasta un 48% a mediados de mayo  

Por otra parte, causa enorme preocupación que en el Decreto de Estado de Alarma se confiera a los organismos de seguridad pública la potestad de inspeccionar establecimientos, personas y vehículos, y que queden igualmente autorizados a tomar las acciones necesarias para el manejo de la crisis sanitaria. Este resquemor es comprensible dado los antecedentes de uso de tácticas arbitrarias, punitivas y represivas por parte de las fuerzas públicas venezolanas, con violación de los derechos humanos, que se ha denunciado y documentado incluso por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un informe del 4 de julio de 2019.

Particularmente, es preocupante la persecución y censura contra el personal de la salud, por exigir mejores condiciones para atender la emergencia sanitaria, advertir situaciones particulares en el contexto de la pandemia e informar la detección de casos positivos de COVID-19. La ONG Centro de Justicia y Paz publicó un informe al respecto, en el que da cuenta de varias detenciones arbitrarias de médicos, enfermeros y otros trabajadores de la salud, identificándolos con sus nombres y apellidos.

Asimismo, es motivo de alarma la represión y las privaciones a la libertad personal de comunicadores sociales y trabajadores de la prensa, por informar sobre la evolución de la pandemia en el país o sobre su manejo. El Observatorio de Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios, creado por el Colegio Nacional de Periodistas de la sección de Caracas, ha denunciado que, durante la primera quincena de abril de 2020, se produjeron 7 detenciones arbitrarias de periodistas, un cierre de emisoras de radio, un decomiso de equipos, 7 amenazas a periodistas y medios, un bloqueo de medios de comunicación, 4 intimidaciones, 2 eliminaciones de información y 5 impedimentos de circulación.

Y es que hasta la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales fue objeto de amenazas por indicar, en un estudio al que ya se hizo referencia previamente, que las cifras oficiales de la epidemia en Venezuela podrían no estar del todo claras, y que los casos de SARS-CoV-2 por día, durante el mes de junio, podrían alcanzar los 4 mil, y en septiembre se podrían reportar mil contagios diarios.

Antes bien, las reacciones oficiales que se comentan no solamente parecieran validar la preocupación sobre el continuo uso de la intimidación y la represión como mecanismos de control social y político por parte de las fuerzas públicas venezolanas, sino que también parecieran conceder la razón a denuncias como la formulada en días recientes por una veintena de exgobernantes, reunidos en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), cuando advertían de la censura y la falta de información transparente en Venezuela, que incrementa aceleradamente el riesgo de pérdida de vidas.

Por razones de espacio, finalmente nos referimos brevemente a una medida que, más que preocupación, ha causado verdadera mortificación entre padres y representantes. Se trata del cierre de las instituciones académicas, que se acompaña con la previsión de completar el año escolar mediante clases virtuales. Es una entendible preocupación, vista la dificultad de recibir instrucción por la Internet, en un país donde “encender una luz puede ser un lujo y una buena conexión de Internet un sueño”. En este sentido, según cifras del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, la conexión a Internet falla todos los días en más de la mitad de los hogares venezolanos.    

Si se agrava la epidemia de la COVID-19 en Venezuela, se hará cuesta arriba el manejo de la emergencia sanitaria en un contexto de precarios servicios de luz y agua; de hospitales que carecen de la infraestructura básica y que no cuentan con los equipos e instrumentos de prevención, higiene y protección; de escasez y racionamiento de la gasolina; de hiperinflación y hambre.