Magnífica Humanitas: una defensa de la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial
18 de Junio de 2026
El artículo analiza la encíclica Magnífica Humanitas como una defensa de la dignidad humana frente a la inteligencia artificial, reivindicando la falibilidad, la autenticidad y la centralidad de la persona.
La encíclica Magnífica Humanitas, publicada por el papa León XIV el 15 de mayo de 2026, constituye una obra imprescindible desde diversos ámbitos: ético, cultural, jurídico, político etc. Dicho texto, sitúa a la persona humana al centro desbaratando la mística construida alrededor de la inteligencia artificial, IA.
Frente a un discurso público que oscila entre la idolatría —la IA como nuevo dios— y la satanización —la IA como demonio—, el texto sostiene que ni una cosa ni la otra. La IA es una herramienta poderosa pero limitada; la humanidad, en cambio, es magnífica, y no debería rebajarse ante ella.
El documento desmitifica la metáfora de la “inteligencia” artificial, recordando que es un equívoco equipararla a la humana (n. 99). Estos sistemas procesan datos, pero “no viven una experiencia, no poseen un cuerpo, no pasan por la alegría y el dolor, no maduran en las relaciones”. Pueden simular empatía o comprensión, pero “no conocen lo que producen”. De ahí una consecuencia jurídica y cultural: la IA no es un alter ego ni un interlocutor; no es un sujeto al que reconocer derechos ni responsabilidades. Si por hipótesis se la pensara como persona, sería alguien sin empatía: un perfil cercano al de un psicópata, capaz de imitar afectos sin sentirlos.
Solo el ser humano tiene experiencias humanas. Solo nosotros podemos custodiar y transmitir el patrimonio simbólico y cultural de una sociedad, esa “magnífica humanidad” a la que apela la encíclica. Por eso es especialmente arriesgado delegar en máquinas las decisiones que afectan la vida concreta de las personas en ámbitos como la justicia, la salud o la educación. En esos espacios no basta con procesar datos: hay que ponderar contextos no explicitados, metatextos y subtextos, esa “ecología del habitar” que solo entiende un ser humano.
El ámbito judicial lo ilustra con claridad. Una sentencia que afecta la libertad, la familia o el patrimonio no es el resultado de un cálculo: exige escuchar al otro, sopesar circunstancias que no caben en el expediente y asumir la responsabilidad de la decisión.
Una segunda idea que aborda la encíclica y debería atravesar también el derecho de la IA: es la falibilidad. Magnífica Humanitas recuerda que estos sistemas son “más cultivados que construidos” (n. 98): sus desarrolladores no diseñan cada detalle, sino una arquitectura sobre la cual el modelo “crece”. Cabe aquí recurrir a Karl Popper: como la ciencia, la IA debe asumirse como esencialmente refutable. Ningún resultado puede considerarse definitivo; siempre cabe el error, el sesgo, la alucinación. De allí una obligación permanente —jurídica y ética— de supervisar lo que de ella se genera, mediante auditorías independientes, trazabilidad y vías efectivas de impugnación. Una IA que se presenta como infalible no es solo un mal producto: es un peligro para el Estado de Derecho.
La tercera idea explica el efecto cultural de esta tecnología sobre el trabajo humano: el síndrome del impostor inducido por la publicidad de la IA. El marketing tecnológico repite que la IA hace mejor el trabajo —y más rápido— lo que hace el médico, el profesor, el juez o el periodista. Por proyección, instala en quienes ejercen esos oficios la sospecha de que su trabajo, hecho con esfuerzo y tiempo humano, es de calidad inferior. Es la dinámica clásica del “impostor”: creer que uno no merece estar donde está. La encíclica opera en sentido contrario desde el título mismo: llama a la humanidad “magnífica” y la coloca por encima de la IA, no por capricho confesional, sino por evidencia antropológica: la persona piensa, siente, decide y se arrepiente; la máquina, no.
De esa inversión deriva, quizá, el aporte más prospectivo del documento. En el futuro la autenticidad será un valor crítico y, posiblemente, un nuevo derecho humano. Si la perfección formal —el texto pulido, la imagen impecable, la pieza musical limpia— se vuelve un producto barato y trivialmente disponible, lo escaso y, por tanto, lo valioso será otra cosa: la experiencia genuina, el gesto imperfecto, la creación donde conste la huella humana. Veremos crecer la demanda de certificaciones de autoría humana, de registros de procedencia de obras y datos, y de un derecho efectivo a saber si quien nos atiende, escribe o evalúa es una persona o un sistema.
Detrás de estos estándares, y frente a la pretensión de supremacía de la tecnología sobre el ser humano, Magnífica Humanitas establece un puente ideal con la Doctrina social fundada por el homónimo predecesor del Papa actual, León XIII, a través de su carta encíclica “Rerum Novarum” de 135 años atrás. En ese documento, como en el que hoy se comenta, se quiere proveer “principios para pensar, criterios para discernir y juzgar, y orientaciones concretas para actuar”, para leer en diálogo con las ciencias, los desafíos del presente. León XIV destaca el papel crucial de principios éticos y jurídicos como la solidaridad, que consiste en “el reconocimiento concreto de que el destino de cada uno está ligado al destino de todos; realmente ‘nadie se salva solo’ (n. 73); la subsidiariedad que exige que comunidades, cuerpos intermedios y Estados no sean meros destinatarios de decisiones adoptadas por un puñado de actores privados transnacionales; la transparencia —con sus correlatos de trazabilidad, auditoría y rendición de cuentas— es la condición sin la cual no hay supervisión humana posible.
A la luz de los principios éticos y jurídicos, la encíclica afirma con fuerza la necesidad de “desarmar” la IA (n. 110). Tres movimientos lo definen. Primero, sustraerla a la lógica de la competencia armamentística —hoy ya no solo militar sino económica y cognitiva—, esa carrera por el algoritmo más eficaz y el mayor banco de datos para asegurar ventajas comerciales o geopolíticas. Segundo, romper la falsa equivalencia entre poder tecnológico y derecho a gobernar: impedir que la técnica domine a lo humano. Tercero, sacarla de los monopolios y volverla discutible, refutable y, por tanto, “habitable”, recuperando la pluralidad de las culturas. No es tarea solo técnica ni únicamente ética: es “ecológica en el sentido más radical”. La IA es un ambiente en el que ya estamos inmersos; no basta con regularla: hay que hacerla acogedora.
La encíclica comparte la visión humanista y antropocéntrica de la regulación de la ciencia y de la tecnología afirmada por la legislación europea (el Reglamento de Inteligencia Artificial del 2024) y Latinoamericana (vid. por ejemplo la constitucionalización de los neuroderechos en Chile) y destacada en los documentos de las organizaciones internacionales (por ejemplo en la Recomendación de la UNESCO sobre la Ética de la IA del 2021 y en el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre IA del 2024).
Esa visión se distancia de otros modelos, muy difusos en la narrativa política de las potencias, centrados en el tecno-capitalismo o en el tecno-autoritarismo.
La encíclica a través de dos imágenes bíblicas pone en evidencia la contraposición entre “dos lógicas opuestas…: por un lado, la tentación de construir la torre de Babel, confiando en el poder y en el orgullo; por otro, la paciencia de reconstruir Jerusalén, como en los tiempos de Nehemías, “pieza por pieza”, cuidando lo humano y el bien común” (n. 184). La lógica de Babel aparece imperante en las dinámicas mundiales donde “la Babel moderna no es sólo el paradigma tecnocrático globalizado, sino también el enfrentamiento a distancia entre imperialismos contrapuestos, entre potencias que quieren conservar su primacía y potencias que aspiran a conquistarla, con una multiplicidad de conflictos locales” (n. 185).
La encíclica no rechaza la IA; pide medirla por una pregunta sencilla, ya formulada por Juan Pablo II (n. 129): ¿hace la vida más humana? Custodiar la “magnífica humanidad” no es un eslogan piadoso: es la tarea civil y jurídica de no rebajar nuestra dignidad ante una herramienta que, por extraordinaria que sea, no sabe lo que hace.
Citación académica sugerida: Cornejo-Plaza, María Isabel y Cippitani, Roberto. Magnífica Humanitas: una defensa de la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial. Agenda Estado de Derecho. 2026/06/18. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/magnifica-humanitas-la-dignidad-humana/
Palabras clave sugeridas: Inteligencia artificial, Dignidad humana, Solidaridad
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Catedrática Jean Monnet y académica de la Universidad Autónoma de Chile, donde dirige el LisaLab (Laboratorio de Innovación, Tecnología y Frontera de las Ciencias Jurídicas). Especialista en ética de la IA, neuroderechos y regulación de las neurotecnologías.
Profesor de Bioderecho y Cátedratico Jean Monnet. Codirector de la Cátedra ISAAC (Individual Rights in Scientific Cooperation), en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid), e investigador asociado al Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italia). Profesor de la Escuela Judicial del Poder Judicial de Oaxaca (México).
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.