El procedimiento contra Lafarge y su filial LCS se inició en noviembre de 2016, a través de una querella presentada por once antiguos empleados sirios junto con el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) y Sherpa. La querella acusaba a Lafarge de negociar con el grupo terrorista Daesh, así como con otros grupos armados, para mantener el funcionamiento de su planta de cemento Jalabiya, en el noreste de Siria, y compensar a estos grupos por el paso seguro de trabajadores y productos. En este sentido, Lafarge habría comprado materias primas, como petróleo y puzolana, al Daesh y resto de grupos, pagando dichas tarifas a cambio de permisos. Como reveló el procedimiento judicial, Lafarge transfirió 15 millones de dólares a grupos armados e intermediarios, incluido el Daesh. Por tanto, la cuestión que se presenta es que, al financiar a estos grupos y poner en peligro a sus trabajadores, Lafarge podría ser cómplice de crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado Islámico en Siria, convirtiéndose así en la primera empresa multinacional en ser imputada por la comisión de crímenes internacionales.

En un primer momento, el Tribunal de Apelación desestimó los cargos de complicidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad, manteniendo el resto de los cargos. Interesa resaltar aquí que la motivación del tribunal fue la inexistencia de dolo o mens rea, imprescindible para considerar la complicidad en la comisión de un crimen internacional, al entender que las negociaciones con el Daesh no manifestaban una intención de involucrarse con los crímenes cometidos, sino simplemente mantener la planta en funcionamiento. Sin embargo, el 7 de septiembre de 2021, el Tribunal Supremo francés anuló dicha decisión, argumentando que una empresa no puede esconderse tras sus objetivos comerciales para eludir su responsabilidad, y que Lafarge

tenía conocimiento preciso de las acciones de la organización, las cuales probablemente constituían crímenes de lesa humanidad. Por tanto, el Tribunal Supremo francés entendió que:

“81. En efecto, en primer lugar, el pago a sabiendas de una suma de varios millones de dólares a una organización cuyo objeto es puramente criminal es suficiente para caracterizar la complicidad como asistencia y encubrimiento (aiding and abetting).

82 En segundo lugar, es irrelevante si el cómplice actua con miras a realizar una actividad comercial, circunstancia relacionada con el móvil y no con el elemento intencional” (traducción propia).

De acuerdo con los integrantes de Sherpa y ECCHR, esta decisión representa un precedente histórico a la hora de aclarar los criterios por los cuales las entidades corporativas pueden ser declaradas cómplices de crímenes de lesa humanidad. Posteriormente, el 18 de mayo de 2022, la Sala de Instrucción del Tribunal de Apelaciones de París confirmó los cargos de complicidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad, así como el hecho de que la empresa —deliberadamente—puso en peligro la vida del personal de la empresa. El procedimiento se encuentra actualmente en curso y habrá que esperar a la decisión final del tribunal.