¿Un estado de cosas inconstitucional para personas líderes?

13 de Mayo del 2021
Un estado de cosas inconstitucional para personas líderes

Una de las principales cuestiones que deberá resolver la Corte Constitucional de Colombia, en los meses por venir, es la siguiente: ¿la grave situación de irrespeto y desprotección a los derechos fundamentales de líderes y lideresas sociales justifica la declaración de un estado de cosas inconstitucional (ECI)? Varias acciones de tutela seleccionadas para revisión por el alto tribunal, plantean el debate. Por supuesto, es un tema de gran importancia por el impacto que tal declaración tendría en el diseño, concepción e implementación de las políticas públicas pertinentes. No obstante, sin importar si la Corte resuelve declararlo o no, parece inevitable que se deban amparar los derechos invocados, mediante órdenes capaces de enfrentar tan compleja situación. Ahora se sabe que todo estado de cosas inconstitucional implica enfrentar una violación estructural de derechos, pero no lo contrario, ese tipo de violación no siempre implica tener que recurrir a declarar este tipo de estado. 

La figura (el ECI) permite a los jueces constitucionales asumir una perspectiva macro, no limitada al caso específico, por violaciones masivas y sistemáticas a derechos fundamentales, en razón a fallas de carácter generalizado o estructural. Como dijera la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, el estado de cosas inconstitucional es un “término acuñado por la jurisprudencia constitucional colombiana y de ahí esparcido por el constitucionalismo latinoamericano.”. En Colombia, la figura ha sido empleada, por ejemplo, para graves demoras en el pago de sueldos a docentes (1997), para enfrentar la anomia institucional del sistema carcelario (1998, 2013 y 2015) o para proteger los derechos de las personas víctimas de desplazamiento forzado (2004). En Brasil, se ha usado para enfrentar las violaciones sistemáticas que genera el sistema carcelario (2015). Por supuesto, como ha insistido la jurisprudencia, estas facultades deben ejercerse respetando las competencias establecidas en la Constitución y la ley, así como los principios de separación de poderes, democrático y de frenos y contrapesos.

Declarar judicialmente un estado de cosas contrario a la constitución, tiene un impacto simbólico y positivo en el debate así como en los derechos a proteger. En primer lugar, se probaría una situación y un contexto determinado, pues se estaría verificando, en sede judicial, ‘cómo están las cosas’. Sería una constatación pública y oficial, a la cual pueden acudir todas las personas e instituciones en los debates públicos, tanto nacionales como internacionales. La declaratoria haría más fácil demostrar que la violación o la amenaza a los derechos de una persona líder no provienen de una simple y sencilla actuación de un funcionario o de alguna entidad, sino de un conjunto sistemático de omisiones y acciones de diversos funcionarios e instancias. 

En segundo lugar, la declaratoria de estado de cosas inconstitucional daría fuerza jurídica a los reclamos de respeto, protección y garantía a los derechos de las personas líderes. Al reconocer la gravedad de la violación y amenaza a los principios básicos de un estado social y democrático que conlleva la situación que enfrentan, se despolitiza en gran medida la cuestión. Quedaría resuelto, en derecho, algo que parece obvio: se está ante el incumplimiento de una obligación constitucional imperiosa y no ante la ausencia de medidas convenientes, a juicio de algunos sectores políticos o sociales. Así, se lograría fijar el tema en la agenda pública como un tema constitucional determinante y darle fuerza a todas las entidades del Estado para poder tomarse plenamente en serio la implementación de las políticas requeridas. Incluso el propio Gobierno, teniendo que cumplir un claro y expreso mandato judicial, ganaría margen de acción frente a posturas más críticas al interior de su coalición política. 

No obstante, y este es un aspecto axial, la declaratoria de estado de cosas inconstitucional no es necesaria para que se puedan, y deban, adoptar órdenes complejas y estructurales. Quizá en un momento lo fue, pero eso ha cambiado. Ciertamente las decisiones judiciales adoptadas en Colombia en los años finales del siglo XX tuvieron una función destacada y novedosa para la época: permitir que el juez tomara decisiones y resolviera adoptar remedios más allá del caso concreto. Así, puede ser que la declaratoria explícita y formal del estado de cosas inconstitucional, por parte de una autoridad judicial, se haya entendido como una suerte de requisito previo para poder impartir órdenes estructurales, más allá del caso concreto. Pero esto, claramente, no es cierto en la actual jurisprudencia constitucional.

Desde finales de la primera década del siglo XXI, se han adoptado medidas de carácter estructural en casos concretos sin que se hubiese dictado formalmente un estado de cosas inconstitucional. Uno de los ejemplos más notorios es quizá la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional de Colombia, que garantizó de forma estructural el derecho a acceder a servicios de salud que se requieran con necesidad, como uno de los ámbitos de protección del derecho fundamental a la salud. En aquella oportunidad no se declaró formalmente la existencia de un ECI. Es más, la Corte reconoció importantes avances alcanzados por el sistema de salud para entonces. Aunque el Tribunal cuestionó el trato desigual entre regímenes (el contributivo y el subsidiado), reconoció los importantes logros en inclusión, con políticas orientadas a garantizar el acceso universal al Sistema de Salud. Por eso, aunque el estado de cosas del acceso a los servicios de salud no era en sí mismo contrario al orden constitucional, si tenía fallas estructurales que reclamaban remedios estructurales. Por eso la Corte no declaró un ECI, pero sí adoptó órdenes estructurales. 

De hecho, este tipo de órdenes estructurales han aumentado, no sólo en la Corte Constitucional, sino en otras cortes, tribunales y juzgados de Colombia, a la vez que las declaratorias de ‘estados de cosas inconstitucionales’ siguen siendo muy excepcionales. De forma similar, recientemente, la Corte Constitucional del Ecuador, en el 2020, a propósito de la protección del derecho a acceder a medicamentos, dictó una serie de órdenes estructurales, sin necesidad de calificar expresa y formalmente el estado de cosas como inconstitucional en su totalidad.

 Así, se insiste, es claro que todo estado de cosas inconstitucional supone una violación estructural de derechos, pero no toda violación estructural implica un estado de cosas inconstitucional. Por eso, la declaratoria formal y expresa que la Corte Constitucional de Colombia pueda hacer sobre el estado de la protección de los derechos a la vida, la integridad, la libertad y, en general, a la dignidad humana de personas líderes, tendría una importancia jurídica significativa. Pero en cualquier caso, se dé o no dicha declaración, parece inevitable que se deban impartir órdenes de carácter estructural para enfrentar tan cruenta crisis humanitaria, que atenta contra los fundamentos y principios del orden constitucional vigente.

Es en este debate sobre los límites constitucionales que específicamente han sido vulnerados y amenazados y sobre las herramientas concretas para superar esos ataques, que reposa la esperanza de contar, por fin, con un estado que respete, proteja y garantice efectivamente los derechos de toda persona líder en Colombia. 

Citación académica sugerida: Arrieta, Aquiles: ¿Un estado de cosas inconstitucional para personas líderes?, 2021/05/13, https://agendaestadodederecho.com/un-estado-de-cosas-inconstitucional-para-personas-lideres

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ACERCA DEL AUTOR
Aquiles Arrieta

Abogado y filósofo. Profesor universitario de cátedra (Universidad del Norte, Barranquilla; Universidad de los Andes, Bogotá). Exmagistrado Auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia.

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