Mas allá de la letra del decreto, en las primeras dos semanas de vigencia del estado de excepción, ha quedado claro que la administración de Bukele lo han usado con fines de populismo punitivo, generalizando un discurso que defiende la expansión del catálogo de delitos, el aumento de penas y el uso de la cárcel como las medidas más apropiadas para resolver el problema de la criminalidad.

Al amparo de este decreto, las fuerzas de seguridad han aumentado el asedio a comunidades pobres, inundando las calles con policías y militares. El presidente Bukele asegura que los asesinatos han disminuido drásticamente y celebra la detención de más de 13.000 “pandilleros”, una cifra escandalosa para un país muy pequeño, con tan solo 6,5 millones de habitantes.

La masividad de estas capturas plantea problemas serios para la individualización y la investigación eficientes. Además, se ha denunciado la práctica de detener a cualquier persona considerada sospechosa de pertenecer a estas estructuras, sin mediar ninguna orden de detención. Aunado a que, cientos de personas buscan información sobre sus seres queridos capturados en los centros de detención, muchas veces con poca suerte y sufriendo estigmatización. A estas acciones le siguió un paquete de reformas regresivas a 6 leyes penales, el aumento del presupuesto para seguridad y una normativa que crea un esquema de recompensas para quienes aporten información que lleve a la captura de miembros de pandilla.

Estos cambios legislativos, además de aumentar los años de cárcel para el delito de “agrupaciones ilícitas” que es básicamente la mera pertenencia a pandilla, (de 40 a 45 años de prisión por dirigir una pandilla, mientras antes eran 14 años, y de 20 a 30 años por ser solo un miembro, y previamente eran de 3 a 5 años), disminuir la edad límite de 16 a 12 años para la responsabilidad penal juvenil e incrementar indefinidamente el plazo de la detención provisional, de un plazo máximo de dos años se extendió hasta que finalice el proceso penal, también crean figuras como la de “jueces sin rostro”, cuya identidad no será revelada durante el proceso, y habilita el uso de testigos de referencia que, hasta la fecha, se usan solo como última opción.

En otra medida problemática, el presidente Bukele anunció que los presos pandilleros “terroristas” estarán bajo aislamiento prolongado, con comida y agua racionada, lo cual contradice los estándares internacionales que señalan que el aislamiento o confinamiento solitario de una persona privada de libertad sólo se permitirá como una medida “estrictamente limitada en el tiempo”, como último recurso y bajo supervisión judicial, e incluso podría ser considerado como tortura según el derecho internacional.

Queda claro que El Salvador se encuentra es una espiral autoritaria, que no tiene una salida fácil, cualquier solución deberá pensarse con creatividad, y asumirse como compromiso con alianzas estratégicas entre actores nacionales e internacionales, de todos sectores. (Te puede interesar: ¿Camino a una dictadura millenial? De Katya Salazar)