Voltear la mirada hacia los Derechos Ambientales: Venezuela

14 de Febrero de 2023
Voltear la mirada hacia los Derechos Ambientales: Venezuela
Crédito foto: Flicker

En el 2022, se reportaron 86 derrames de petróleo en Venezuela ¿Qué retos y oportunidades tiene el Estado suramericano en materia de protección del ambiente?

El concepto de interdependencia de los derechos humanos es quizás una de las mejores herramientas que da la técnica jurídica para explicar problemas sociales complejos. Al hablar de derechos humanos en Venezuela, se debe hablar necesariamente de una crisis compleja, puesto que el efecto expansivo que tiene dicha crisis en derechos fundamentales deriva de múltiples causas que confluyen en diversos factores políticos, económicos y socioculturales.

La pérdida de institucionalidad en el país ha generado graves violaciones a derechos humanos que han sido ampliamente descritas por organismos internacionales de protección, Cortes, organizaciones de sociedad civil, la academia, entre otras. Sin embargo, hay derivaciones de esa pérdida de institucionalidad, que no han tenido la resonancia o impacto deseado en el área de las garantías de no repetición. Es el caso de los derechos ambientales y de cómo las afectaciones del derecho a un ambiente sano tienen consecuencias presentes y futuras en personas y en su acceso a otros derechos humanos, de conformidad al principio de interdependencia de los derechos fundamentales.

¿El problema está en la regulación?

Venezuela consagra en los artículos 128 y 129 de su Constitución un desarrollo adecuado sobre los derechos ambientales. Adicionalmente, firmó el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene obligaciones internacionales de carácter regional en esta materia y de conformidad con el bloque constitucionalidad al que da cabida el derecho venezolano, incorpora en sus disposiciones constitucionales, las normas internacionales que protegen el ambiente en dichos tratados relativos a los derechos humanos.

En Venezuela la regulación ambiental es prolija. De hecho, existen más de setenta cuerpos normativos de distinta jerarquía, que pasan por los tratados internacionales, tocan la Constitución, disposiciones legislativas y normas de rango sublegal, en las que se procura la protección del derecho que tienen todas las personas que habitan en Venezuela, de tener un ambiente sano y en consecuencia de conservar su flora y su fauna.

Visto lo anterior, pareciera que el cumplimiento de estándares ambientales no es un problema de la falta de regulación, si no, por el contrario, de la falta de aplicación de esa regulación con verdadera vocación de protección de los seres humanos. Cobra acá especial relevancia nuevamente la interdependencia un valor esencial en este análisis, ya que una consecuencia directa del incumplimiento de obligaciones de respeto y garantía de derechos ambientales tiene un efecto negativo de cascada en otros derechos humanos como lo son la vida, la salud, la integridad personal, la protección de territorios ancestrales, debido proceso, libertad de expresión, alimentación, agua, entre otros.

Venezuela debe voltear la mirada hacia el cumplimiento de sus obligaciones en materia ambiental. Son varias las aristas en la materia que pueden ser desarrolladas en el ámbito territorial venezolano y algunas de ellas son: la tala indiscriminada, el efecto de la minería, la pesca de arrastre, la contaminación de causes fluviales y marinos, la ocupación de territorios indígenas, por solo citar cinco de ellas.  

Derrames petroleros: un “accidente” repetitivo

En el marco de las situaciones descritas hay un tema recurrente y es el de los derrames petroleros en costas venezolanas, o en oleoductos que atraviesan el territorio continental del país. De acuerdo con el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, solo en 2022, se reportaron 86 derrames petroleros en el territorio nacional. El transporte de combustibles y sustancias peligrosas está altamente reglado en Venezuela, por tanto, la cifra mencionada hace pensar que el reciente y conocido derrame petrolero ocurrido durante diciembre de 2022 en las costas del estado Anzoátegui, no es un hecho aislado y, es, por el contrario, un episodio más de un patrón que se repite con mucha frecuencia.

Los estados de Zulia, Falcón y Carabobo, acompañan al estado Anzoátegui como los lugares en los que recientemente se han reportado pérdidas de crudo que han generado contaminación y daños ambientales. La contaminación y el daño ambiental a simple vista pueden no ser tan alarmantes, pero la afectación que producen en vidas humanas en plazo inmediato y a largo plazo, sin duda que sí lo son.

Desde el punto de vista jurídico, existe en Venezuela legislación especializada y técnica en materia de hidrocarburos respecto al tema de derrames. Ejemplo de ello son: las leyes aprobatorias de la Convención Internacional para impedir la Contaminación de las Aguas del Mar por los Hidrocarburos y su enmienda, aprobadas según gacetas oficiales venezolanas Nos. 884 y 2.314, respectivamente; o las leyes aprobatorias del Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos y el protocolo que lo enmienda, aprobadas según gacetas oficiales venezolanas 4.802 y 36.457.

El que ocurran derrames con la periodicidad citada es causa de preocupación, ya que no hay dimensiones claras sobre los impactos ambientales y los potenciales daños a personas que pueden ocasionar. Por ejemplo, el derrame ocurrido en diciembre de 2022 en el estado Anzoátegui ha tenido efectos en la actividad turística y pesquera. 

Parte del inconveniente, resulta ser la opacidad con la que las autoridades locales, regionales y nacionales atienden e informan sobre este tipo de eventos. Los accidentes pueden ocurrir, pero es una obligación estatal prevenirlos y en caso de que ocurran, atenderlos, corregir la situación hasta llevarla, si es posible, al estado anterior a la ocurrencia del evento, e igualmente, mantener informada a la población sobre la situación para evitar mayores daños colaterales sobre seres humanos y vivos en general

Respecto al acceso a la información, Venezuela tiene pendiente su incorporación al Acuerdo de Escazú, el cual, entre otras cosas, tiene como uno de sus objetivos fundamentales la implementación plena y efectiva en América Latina y El Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental. Es en casos como el de los recurrentes derrames petroleros en Venezuela, en donde cobra vital valor la aplicación en pleno del Acuerdo de Escazú, pero en particular, en su vertiente del acceso a la información.

Hay que voltear la mirada hacia el medioambiente. La crisis del cambio climático pone en peligro la vida humana tal como la conocemos en el tiempo presente, por tanto, el cuidado del ambiente es una herramienta vital para garantizar la subsistencia de la especie humana a largo plazo.

Esta es una lucha por los que viven hoy, pero realmente se trata del uso de la ciencia del derecho con efecto transformador, para garantizar la vida del ser humano en el planeta, es decir, para las generaciones futuras de personas que habitarán en la tierra. Hay que fijar la mirada hacia el medioambiente, ya que la interdependencia de los derechos humanos muestra como la afectación de este derecho, genera también un negativo efecto cascada sobre otros derechos fundamentales.

Algunas formas de abordar este asunto son: a) ratificar el protocolo de Escazú; b) priorizar la ejecución de políticas públicas de preservación del ambiente; c) informar adecuadamente a la población sobre la ocurrencia de hechos que puedan menoscabar derechos ambientales y d) realizar consultas informadas sobre proyectos que puedan afectar territorios ancestrales indígenas –entre otras–..

Citación académica sugerida: Trujillo Ariza, Eduardo. Voltear la mirada hacia los derechos ambientales: Venezuela. Agenda Estado de Derecho, 2023/02/14. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/voltear-la-mirada-hacia-los-derechos-ambientales-venezuela/

Palabras clave: Venezuela, ambiente, derrame petróleo

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ACERCA DEL AUTOR
Eduardo Trujillo Ariza

Graduado en la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas-Venezuela); especialista en derechos humanos y derecho constitucional. Director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y abogado litigante en derecho privado.

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Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

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Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

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Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.