En marzo de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la “Corte IDH”) hizo del conocimiento la Opinión Consultiva OC 30-25 sobre la responsabilidad de los Estados en materia de derechos humanos frente al tráfico ilícito de armas de fuego, solicitada por México desde noviembre de 2022, en medio del litigio que el país latinoamericano emprendió contra diversas empresas estadounidenses productoras y comercializadoras de armas, por su presunta responsabilidad respecto de la violencia que el país enfrenta por parte de distintos grupos del crimen organizado.

El criterio emitido por la Corte IDH fue contundente, y es que no es suficiente que los Estados actúen sólo de forma reactiva ante la delincuencia, los homicidios y/o enfrentamientos armados, sino que éstos deben necesariamente prevenirlos mediante regulación, supervisión, sanción y cooperación internacional, para actualizar el mandato de debida diligencia en materia de derechos humanos que los Estados poseen.

La OC 30-25 resulta de gran trascendencia para la región, pues no solo amplió los estándares de prevención del delito, la procura del Estado de derecho y la tutela efectiva de los derechos humanos, sino que además destaca por un elemento innovador que no debe pasar inadvertido: la incursión del Compliance en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La World Compliance Association define al Compliance como el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.

Esta figura, desde su incorporación en la década de los setenta gracias al Derecho anglosajón con la promulgación en 1977 de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en los Estados Unidos, ha ido ganando reconocimiento en el Derecho Constitucional y en los Derechos Humanos, a pesar de ser una figura gestada en el Derecho Privado e Internacional.

Así como la OC 30-2025, trasladó el Compliance al ámbito de tutela de los derechos humanos desde el Derecho Internacional, en América Latina destacan ejemplos de cortes domésticas, como la de Argentina y México, que han reconocido en su jurisprudencia al Compliance como un medio de protección del Estado de Derecho y los derechos fundamentales, particularmente en el contexto de casos de corrupción.

El primero de ellos fue la sentencia emitida en la Causa. P-35623/0 por el Tribunal Penal Colegiado de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, en Argentina, en noviembre de 2022. La empresa transnacional Stroyproject propuso contratar aeronaves, pilotos y radaristas de la paraestatal Aeronáutica de Mendoza S.A. (AEMSA) para replicar en Bulgaria el sistema de lucha antigranizo utilizado en Mendoza.

Tras evaluar la viabilidad de la propuesta, el gerente general de AEMSA emitió un informe negativo debido a la imposibilidad técnica y regulatoria de trasladar los aviones. Posteriormente, un representante de Stroyproject ofreció al funcionario público un soborno de 100 mil dólares para revertir la decisión, lo cual fue reportado por este al área jurídica para la adopción de las medidas correspondientes.

En la sentencia, el tribunal argentino señaló los efectos nocivos de la corrupción sobre la sociedad, advirtiendo la importancia de trasladar los principios de control que surgen del Compliance corporativo (private compliance) al sector público (public compliance). Además, este alto tribunal destacó que “la existencia de políticas de prevención desincentiva la comisión de delitos al interior de las empresas y estimula el comportamiento ético de todos los miembros de una organización”, reconociendo que el Compliance constituye un instrumento eficaz para combatir la corrupción pública y privada, además de contribuir a la construcción de una competencia leal y honesta en el mercado.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México emitió en marzo de 2025 la sentencia relativa al Amparo Directo 11/2025. Una empresa mexicana alegó que su contraparte violó su propio programa de Compliance (código de conducta, políticas de integridad y reglas de selección de proveedores), provocando la terminación injustificada de la relación comercial. Ésta demandó el incumplimiento del contrato y solicitó el pago de una indemnización.

La parte demandada argumentó que los programas de Compliance eran normas internas de carácter unilateral, no obligaciones contractuales exigibles en un juicio civil, argumentando que la demandante no probó conductas concretas ni su efecto directo en el cumplimiento del contrato.

En su sentencia, el tribunal constitucional mexicano concluyó que los programas de Compliance, si bien tienen valor jurídico como estándares de integridad y prevención, éstos no se traducen automáticamente en obligaciones civiles exigibles frente a terceros. Asimismo, señaló que el incumplimiento de las políticas de Compliance puede tener efectos administrativos, regulatorios o incluso penales, pero no basta por sí mismo para generar responsabilidad civil.

Finalmente, reconoció el valor funcional de esta figura, advirtiendo que sirve para implementar normas autorregulatorias de carácter interno que permiten una buena organización, al tiempo de prevenir riesgos en diferentes materias como la penal, laboral, tributaria o ambiental.

La reciente emisión de la OC 30/2025 amplía la dimensión funcional del Compliance al incorporarlo como medio de tutela del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esto no es menor, constituye un hito regulatorio relevante, pues ubica en la misma discusión tanto a las empresas como a los Estados respecto de una obligación común con efectos diferenciados, la procura de los derechos humanos. Por su parte, los Estados deben proteger a la ciudadanía de cualquier violación a éstos, mientras que las empresas están obligadas a garantizar su respeto irrestricto.

El documento referido advierte que: