Resistencia al autoritarismo: el ejemplo de la sociedad civil Venezolana
13 de Julio de 2021
En un contexto hostil hacia la sociedad civil, un nuevo registro estatal puede dificultar aún más la labor de defensa de los derechos humanos en Venezuela
Entre los primeros pasos de los procesos de autocratización, los regímenes autoritarios suelen desmantelar instituciones del Estado y atacar a miembros de la sociedad civil. Esto también ha ocurrido en Venezuela, donde desde hace más de dos décadas el gobierno ha implementado una serie de estrategias represivas violentas y no violentas para debilitar y fragmentar a sus oponentes.
Un ejemplo del clima adverso que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela es la publicación de la reciente providencia administrativa 001-2021, emitida por la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo venezolana (ONCDOFT), a través de la cual el Estado venezolano, en desarrollo de la Ley contra la Delincuencia Organizada, ha creado un registro especial obligatorio para sociedades mercantiles y ONG.
El contenido de la normativa es particularmente peligroso para organizaciones de derechos humanos y para las que realizan atención humanitaria, ya que, con base en el texto, el organismo regulador pretende que este tipo de organizaciones revelen la identidad de sus financistas, en el marco fáctico de una política de persecución, hostigamiento y criminalización de este tipo de trabajo en el país.
El Estado venezolano ya cuenta con herramientas suficientes para determinar las actividades de organizaciones de derechos humanos y humanitarias, a través del registro que deben hacer este tipo de agrupaciones para su constitución conforme al derecho venezolano y, además, la supervisión que hace el órgano administrativo tributario nacional (SENIAT), respecto de las rentas y el tratamiento fiscal de las donaciones. Este nuevo registro especial puede generar un efecto inhibitorio en la materialización de actos registrales de organizaciones de derechos humanos, ante el temor fundado de persecución.
Adicionalmente, conforme con la Constitución venezolana, puede afirmarse que este nuevo registro previsto por la ONCDOFT atenta contra el derecho humano a la libertad de asociación, ya que en la práctica, de no realizarse, se crea una presunción de falsa ilegalidad de las ONG frente a las autoridades.
Ante la ausencia de Estado de Derecho en Venezuela, consideramos que este registro obligatorio servirá como un elemento de persecución selectivo por parte de fuerzas de seguridad del Estado venezolano, que se podrá usar contra algunas organizaciones de derechos humanos y humanitarias en Venezuela, con el ánimo de materializar el efecto inhibitorio en la labor de denuncia, activismo y atención a la población venezolana en materia de derechos humanos y aspectos humanitarios.
A lo largo de estos años, desde el Poder Ejecutivo se han controlado todas las instituciones del Estado y se ha perseguido a dirigentes y partidos políticos, personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y ciudadanos. Además, como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja, la crisis económica, entre otros factores, más de 5.5 millones de personas venezolanas se han visto forzadas a abandonar el país. Venezuela, adicionalmente, ha perdido capacidad de Estado en cuanto al control sobre el territorio nacional, proceso que se ha evidenciado con la presencia de grupos irregulares y enfrentamientos entre estos y el Estado en múltiples ocasiones.
Pudiéramos pensar que, en contextos hostiles y antidemocráticos como estos, los grupos de la sociedad civil pierden capacidad para luchar por el retorno de la democracia. Pero no tiene que ser necesariamente así. A pesar de los retos impuestos por el contexto político, económico, social, ambiental y cultural, diferentes sectores de la sociedad organizada venezolana siguen operando y buscando oportunidades para presionar al Estado para que cumpla con sus obligaciones. El caso venezolano es particularmente interesante por los logros importantes que han alcanzado sectores de la sociedad civil, en especial el movimiento de derechos humanos. Por ejemplo, en el plano internacional, estos grupos han conseguido pronunciamientos significativos, entre ellos el de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH; así como la activación de medidas regionales e internacionales, como el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE-CIDH), el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias (GTDA), la Misión de Determinación de los Hechos (MDH) y el Examen Preliminar de la Corte Penal Internacional.
¿Cómo ha logrado resistir la sociedad civil organizada? ¿Qué estrategias ha implementado para alcanzar sus metas en este contexto autoritario? Estas preguntas las hemos abordado en nuestra investigación Developing Resilience in Authoritarian Contexts: Lessons from Venezuela in Comparative Perspective, para la cual desarrollamos una encuesta y condujimos entrevistas semiestructuradas con activistas y defensores en Venezuela. Además, incorporamos una breve sección comparada en la cual abordamos dichas interrogantes en los casos de Cuba, Bolivia y Nicaragua.
En esta investigación identificamos los obstáculos creados por el aumento de las prácticas no democráticas y especificamos cómo estas han impactado el trabajo de las organizaciones de derechos humanos. Luego, analizamos los datos recogidos a través de nuestra encuesta respondida por 39 organizaciones y 32 entrevistas semiestructuradas para explicar cómo estos grupos han podido desarrollar su capacidad de resiliencia y acción en estas condiciones adversas. En síntesis, encontramos que las organizaciones en contextos autoritarios son capaces de llevar a cabo la labor en materia de derechos humanos desplegando principalmente tres estrategias: i) aprender e implementar prácticas del pasado democrático; ii) crear fuertes redes de resiliencia; y iii) establecer vínculos con aliados internacionales.
La disminución o supresión total del Estado de Derecho en Venezuela ha hecho que se incremente el autoritarismo. En el marco de ese proceso, ha sido loable la actividad de resistencia de las organizaciones de la sociedad civil venezolanas que, en ese contexto hostil, han venido incrementando su labor de atención a poblaciones vulnerables.
La pugna entre organizaciones defensoras de derechos humanos y el Estado es algo que no puede acabar en tanto y en cuanto siga vigente la teoría de responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos, ya que la razón de existencia de estas organizaciones es servir como dique de contención ante las arbitrariedades por acción y omisión de agentes estatales frente a las personas.
Teniendo como norte un alto estándar de calidad de vida para las personas, la supresión casi total de violaciones a derechos civiles y políticos, la seguridad y las conexiones globales, debe continuar la labor de defensa de derechos humanos y acción humanitaria en Venezuela.
La ejecución de la citada providencia administrativa 001-2021 en organizaciones de la sociedad civil seguramente tendrá efectos inmediatos en la generación de resiliencia y resistencia por parte de estas organizaciones sociales, habida cuenta del peligro que una ejecución caprichosa de este instrumento normativo tendrá sobre ellas.
El actual contexto adverso se mantendrá, empeorará o se superará. De la investigación realizada, lo que ha quedado claro es que, ante las adversidades para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, la sociedad civil venezolana puede considerarse un referente útil para otros países en la región u otras partes del mundo, en las que el autoritarismo intente cerrar las brechas de su actuación.
Citación académica sugerida: Jiménez, Maryhen; Trujillo, Eduardo. Resistencia al autoritarismo: el ejemplo de la sociedad civil venezolana, Agenda Estado de Derecho, 2021/07/13. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/ resistencia-al-autoritarismo-el-ejemplo-de-la-sociedad-civil-venezolana/
Palabras clave: derechos humanos, sociedad civil, ONG, Venezuela
Comparte tu trabajo o perspectiva con nosotros, sigue las opciones dando clic en el siguiente botón.
Para saber a profundidad lo que pasa con los derechos humanos en América Latina y el Estado de Derecho suscríbete a nuestro boletín digital.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
