Resistencia al autoritarismo: el ejemplo de la sociedad civil Venezolana

13 de Julio de 2021
Resistencia al autoritarismo: el ejemplo de la sociedad civil Venezolana
Flickr_Rodrigo Suárez

En un contexto hostil hacia la sociedad civil, un nuevo registro estatal puede dificultar aún más la labor de defensa de los derechos humanos en Venezuela

Entre los primeros pasos de los procesos de autocratización, los regímenes autoritarios suelen desmantelar instituciones del Estado y atacar a miembros de la sociedad civil. Esto también ha ocurrido en Venezuela, donde desde hace más de dos décadas el gobierno ha implementado una serie de estrategias represivas violentas y no violentas para debilitar y fragmentar a sus oponentes. 

La providencia como elemento de cierre del espacio cívico

Un ejemplo del clima adverso que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela es la publicación de la reciente providencia administrativa 001-2021, emitida por la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo venezolana (ONCDOFT), a través de la cual el Estado venezolano, en desarrollo de la Ley contra la Delincuencia Organizada, ha creado un registro especial obligatorio para sociedades mercantiles y ONG.

El contenido de la normativa es particularmente peligroso para organizaciones de derechos humanos y para las que realizan atención humanitaria, ya que, con base en el texto, el organismo regulador pretende que este tipo de organizaciones revelen la identidad de sus financistas, en el marco fáctico de una política de persecución, hostigamiento y criminalización de este tipo de trabajo en el país. 

El Estado venezolano ya cuenta con herramientas suficientes para determinar las actividades de organizaciones de derechos humanos y humanitarias, a través del registro que deben hacer este tipo de agrupaciones para su constitución conforme al derecho venezolano y, además, la supervisión que hace el órgano administrativo tributario nacional (SENIAT), respecto de las rentas y el tratamiento fiscal de las donaciones. Este nuevo registro especial puede generar un efecto inhibitorio en la materialización de actos registrales de organizaciones de derechos humanos, ante el temor fundado de persecución. 

Adicionalmente, conforme con la Constitución venezolana, puede afirmarse que este nuevo registro previsto por la ONCDOFT atenta contra el derecho humano a la libertad de asociación, ya que en la práctica, de no realizarse, se crea una presunción de falsa ilegalidad de las ONG frente a las autoridades. 

Ante la ausencia de Estado de Derecho en Venezuela, consideramos que este registro obligatorio servirá como un elemento de persecución selectivo por parte de fuerzas de seguridad del Estado venezolano, que se podrá usar contra algunas organizaciones de derechos humanos y humanitarias en Venezuela, con el ánimo de materializar el efecto inhibitorio en la labor de denuncia, activismo y atención a la población venezolana en materia de derechos humanos y aspectos humanitarios. 

Persecución y criminalización desde el poder

A lo largo de estos años, desde el Poder Ejecutivo se han controlado todas las instituciones del Estado y se ha perseguido a dirigentes y partidos políticos, personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y ciudadanos. Además, como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja, la crisis económica, entre otros factores, más de 5.5 millones de personas venezolanas se han visto forzadas a abandonar el país. Venezuela, adicionalmente, ha perdido capacidad de Estado en cuanto al control sobre el territorio nacional, proceso que se ha evidenciado con la presencia de grupos irregulares y enfrentamientos entre estos y el Estado en múltiples ocasiones. 

Pudiéramos pensar que, en contextos hostiles y antidemocráticos como estos, los grupos de la sociedad civil pierden capacidad para luchar por el retorno de la democracia. Pero no tiene que ser necesariamente así. A pesar de los retos impuestos por el contexto político, económico, social, ambiental y cultural, diferentes sectores de la sociedad organizada venezolana siguen operando y buscando oportunidades para presionar al Estado para que cumpla con sus obligaciones. El caso venezolano es particularmente interesante por los logros importantes que han alcanzado sectores de la sociedad civil, en especial el movimiento de derechos humanos. Por ejemplo, en el plano internacional, estos grupos han conseguido pronunciamientos significativos, entre ellos el de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH; así como la activación de medidas regionales e internacionales, como el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE-CIDH), el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias (GTDA), la Misión de Determinación de los Hechos (MDH) y el Examen Preliminar de la Corte Penal Internacional. 

Estrategias de resiliencia de la sociedad civil venezolana

¿Cómo ha logrado resistir la sociedad civil organizada? ¿Qué estrategias ha implementado para alcanzar sus metas en este contexto autoritario? Estas preguntas las hemos abordado en nuestra investigación Developing Resilience in Authoritarian Contexts: Lessons from Venezuela in Comparative Perspective, para la cual desarrollamos una encuesta y condujimos entrevistas semiestructuradas con activistas y defensores en Venezuela. Además, incorporamos una breve sección comparada en la cual abordamos dichas interrogantes en los casos de Cuba, Bolivia y Nicaragua. 

En esta investigación identificamos los obstáculos creados por el aumento de las prácticas no democráticas y especificamos cómo estas han impactado el trabajo de las organizaciones de derechos humanos. Luego, analizamos los datos recogidos a través de nuestra encuesta respondida por 39 organizaciones y 32 entrevistas semiestructuradas para explicar cómo estos grupos han podido desarrollar su capacidad de resiliencia y acción en estas condiciones adversas. En síntesis, encontramos que las organizaciones en contextos autoritarios son capaces de llevar a cabo la labor en materia de derechos humanos desplegando principalmente tres estrategias: i) aprender e implementar prácticas del pasado democrático; ii) crear fuertes redes de resiliencia; y iii) establecer vínculos con aliados internacionales. 

La sociedad civil venezolana como referente

La disminución o supresión total del Estado de Derecho en Venezuela ha hecho que se incremente el autoritarismo. En el marco de ese proceso, ha sido loable la actividad de resistencia de las organizaciones de la sociedad civil venezolanas que, en ese contexto hostil, han venido incrementando su labor de atención a poblaciones vulnerables. 

La pugna entre organizaciones defensoras de derechos humanos y el Estado es algo que no puede acabar en tanto y en cuanto siga vigente la teoría de responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos, ya que la razón de existencia de estas organizaciones es servir como dique de contención ante las arbitrariedades por acción y omisión de agentes estatales frente a las personas. 

Teniendo como norte un alto estándar de calidad de vida para las personas, la supresión casi total de violaciones a derechos civiles y políticos, la seguridad y las conexiones globales, debe continuar la labor de defensa de derechos humanos y acción humanitaria en Venezuela

La ejecución de la citada providencia administrativa 001-2021 en organizaciones de la sociedad civil seguramente tendrá efectos inmediatos en la generación de resiliencia y resistencia por parte de estas organizaciones sociales, habida cuenta del peligro que una ejecución caprichosa de este instrumento normativo tendrá sobre ellas.  

El actual contexto adverso se mantendrá, empeorará o se superará. De la investigación realizada, lo que ha quedado claro es que, ante las adversidades para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, la sociedad civil venezolana puede considerarse un referente útil para otros países en la región u otras partes del mundo, en las que el autoritarismo intente cerrar las brechas de su actuación.

Citación académica sugerida: Jiménez, Maryhen; Trujillo, Eduardo. Resistencia al autoritarismo: el ejemplo de la sociedad civil venezolana, Agenda Estado de Derecho, 2021/07/13. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/ resistencia-al-autoritarismo-el-ejemplo-de-la-sociedad-civil-venezolana/

Palabras clave: derechos humanos, sociedad civil, ONG, Venezuela

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ACERCA DE LOS AUTORES
Maryhen Jiménez, PhD

Es Postdoctoral Research Associate en el Latin American Centre en la Universidad de Oxford.

Eduardo Trujillo

Profesor y director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.